Familiares Unidxs de Personas Privadas de su Libertad emitieron un comunicado donde exigieron al titular de la Dirección de Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez, la reubicación sus familiares privados de su libertad que fueron trasladas el pasado 1 de julio del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 “Occidente” (CEFERESO número 2), al Centro Federal de Readaptación Social Número 17 “CPS-Michoacán” en Tomatlán, Michoacán.
Denuncian que no fueron notificadas de esta decisión y que tampoco ninguna de las autoridades penitenciarias en Jalisco o Michoacán les ofrecieron información sobre el paradero de sus seres queridos; advierten que en algunos casos sus familiares privados de la libertad se comunicaron hasta cuatro días después del 1 de julio, fecha del traslado. A la par desconocen con certeza a qué se debió esta decisión.
Si bien, ya han presentado un amparo ante la autoridad judicial, ésta sólo resolvió en favor de las medidas de sanidad para sus familiares, pero no así sobre su reubicación.
Piden con ello, se garantice el acceso a la comunicación y a las visitas, ya que se les ha dicho que sólo después de 30 días podrán volver a comunicarse con sus seres queridos, además de que el “CPS-Michoacán” tiene los accesos restringidos a familiares y personas externas.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
“Exigimos la reubicación inmediata de nuestros familiares privados de su libertad al CEFERESO número 2 de Puente Grande, Jalisco y denunciamos las violaciones a derechos humanos de las que estamos siendo víctimas desde su traslado el pasado 1 de julio al “CPS-Michoacán” en Tomatlán, Michoacán” advirtió la agrupación Familiares Unidxs de Personas Privadas de su Libertad en Jalisco, a través de un comunicado este miércoles.
Según han expresado, se les ha privado de su derecho a tener información sobre el paradero de sus familiares, pues no se les notificó que serían trasladados; incluso, han señalado que sólo pudieron saber de ellos después de que cada uno entrara en contacto de manera individual a través de la llamada de tres minutos que se les permite por ley, aunque en algunos casos esto demoró hasta cuatro días.
“Sólo pudimos saber de ellos después de que nuestros seres queridos se comunicaron con nosotros, en algunos casos hasta cuatro días después del traslado”.
Precisaron además, que gracias a estas llamadas pudieron saber que el traslado “se llevó a cabo con la mayor secrecía” y que “el proceso de ingreso fue muy lento”; expresaron que por esta razón, desconocen si se cumplieron los protocolos para evitar los contagios del COVID-19.
Respecto a la negativa de las autoridades penitenciarias responsables en Jalisco y Michoacán, refieren que el área de Trabajo Social del CEFERESO número 2 de Puente Grande les negó cualquier información sobre sus familiares durante las primeras horas del 1 de julio y que “fue hasta después de que a una de nuestras compañeras le negaran ver a su familiar bajo el argumento de que había sido trasladado, que comenzamos a tener más certeza sobre los múltiples rumores y trascendidos que surgían en los medios de comunicación”.
Una de las familias en entrevista para ZonaDocs, relató que fue hasta las 12:00 del día del 1 de julio que el personal de Trabajo Social les corroboró que habían sido reubicados; sin embargo, no les dieron información sobre a dónde o por qué se los habían llevado. En ese sentido, sólo les dijeron que “hasta que ellos se comunicaran podríamos tener esos datos”.
Hasta ahora, ha pasado una semana y ninguna autoridad o personal de ambos centros penitenciarios se ha comunicado con las familias, ya que, cuando intentaron llamar al “CPS-Michoacán” los funcionarios públicos les aseguraron “no tener esos datos” y que “sólo podrían dárnoslos hasta que nuestros familiares fueran ingresados”.
Por otro lado, precisaron que sólo una de las familias tuvo acceso a un documento oficial que les “permitió corroborar que efectivamente nuestros familiares fueron trasladados a Michoacán”.
Dicho documento, explican en el comunicado público:
“Obedece a un oficio girado por la Coordinación General del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la Ciudad de México, como parte de las medidas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal en el “Acuerdo General 12/2020, que reforma el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia”.
De acuerdo con éste, precisan, se trata de un “traslado excepcional” decretado por la autoridad penitenciaria, que tiene como fin “evitar el peligro de contagio y propagación del virus COVID-19 (SARS-CoV2)” en esta población que fue trasladada, ya que “no presentaban contagio por COVID-19”. Siendo, además “una medida preventiva urgente al estar latente el riesgo de adquirir el citado virus”.
Esta situación, han expresado, les genera dudas sobre la razón real del traslado, ya que en el CEFERESO número 2, “las familias siguen ingresando con regularidad”.
“¿Por qué sigue habiendo visitas? y ¿por qué sólo nuestros familiares?”, cuestionan a la autoridad penitenciaria.
Además, explicaron que el mismo documento establece que “tan luego se disipen las causas que dieron origen o motivo a dicho traslado”, la autoridad penitenciaria deberá reanudar “la reubicación de los justiciables al sitio en que se encontraban” y que, por lo tanto, “SE TRATA DE UN TRASLADO EMERGENTE Y NO DEFINITIVO”.
Informaron con ello, que han presentado un amparo ante el Juez de Distrito en Materia Penal en Turno del Décimo Primer Circuito Judicial de la Federación, en el cual han “solicitado la suspensión de plano de los actos que se reclaman en los conceptos de violación para los siguientes efectos”:
- La adopción de medidas para la identificación y localización de sus familiares
- La adopción de medidas sanitarias preventivas y de seguimiento para la salud de sus seres queridos privados de su libertad, en el contexto de la contingencia del COVID-19.
- Frente a las medidas de restricción de visitas que han sido tomadas en el “CPS-Michoacán” por la situación de pandemia, que se garantice a sus familiares el acceso gratuito a tarjetas telefónicas, extender el tiempo y el acceso a las llamadas telefónicas o permitir videollamadas, así como ampliar las vías de comunicación.
- Una vez que se haya concluido el periodo de cuarentena de 14 días, se realice el traslado.
Estos mismos puntos, se han presentado como exigencias para las autoridades penitenciarias estatales y federales. A la par, explicaron que, hasta el momento, la autoridad judicial sólo les ha autorizado la suspensión de plano del punto número dos, es decir, la aplicación de las medidas sanitarias y de prevención del contagio del COVID-19.
Reiteraron, pues, que les parece vital y “aún más importante” que no se pierda de vista su exigencia sobre la reubicación al Centro Penitenciario en el que ellos se encontraban, es decir, el CEFERESO número 2; así como, que les permitan ver y tener comunicación con sus seres queridos privados de su libertad, puesto que, se les ha informado que “la siguiente comunicación será hasta dentro de 30 días”.
Finalmente, relataron las implicaciones que esta decisión “arbitraria” tendrá en sus vidas, tanto familiar como económica:
“Para nosotras esta decisión que a nuestro parecer es arbitraria por lo ya expresado, también tiene diversas implicaciones en nuestra vida familiar y económica, incluso, pone en juego nuestra estabilidad, bienestar y residencia, en medio de una situación de contingencia sanitaria que lo vuelve insostenible”.
Aunque dijeron que, si bien la mayoría de las familias son del estado de Jalisco o habitan cerca del Área Metropolitana de Guadalajara, hay muchas otras que son originarias de Michoacán y que “prefieren que sus seres queridos permanezcan en el nuevo centro”. Por estas razones, han pedido que sus casos sean revisados y con ello, sean consultadas e informadas sobre dichas decisiones.
“Queremos advertir a las autoridades que tienen un compromiso con nosotras como familias y no permitiremos que se nos siga pasando por alto, queremos información y transparencia sobre las condiciones en las que se encuentran nuestros seres queridos privados de la libertad, queremos que los reubiquen al Centro Penitenciario en el que se encontraban y queremos que se respeten sus derechos humanos y con ellos, los nuestros” concluyeron.
