El plazo para que el Congreso del Estado de Jalisco apruebe la armonización de las reformas federales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad total, termina hoy 30 de junio, ya que la condición para que estas reformas se apliquen en el proceso electoral próximo, deberán ser aprobadas 90 días antes de dicho proceso.
De ser omiso, el Congreso local mantendría una violencia constitucional hacia el derecho de una participación política integral. Así lo advirtieron a través de una rueda de prensa convocada por diversos grupos de mujeres organizadas.
Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada
La armonización de las reformas locales con las federales deriva de una obligación constitucional y de no atenderse, además de incurrir en el incumplimiento grave de sus funciones legislativas, se dejaría en desprotección a las mujeres para acceder a mecanismos para defenderse de situaciones violentas y de disparidad de género; así lo señalaron El Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres, PARITÉ; G10 X Jalisco; La Red de Defensoras de los Derechos de las Mujeres Jalisco; Colectivo de Mijetes de Puerto Vallarta y CLADEM, quienes convocaron a rueda de prensa el día de ayer para señalar la inacción del Congreso de Jalisco y exigirles una reforma integral para la eliminación de la violencia política contra las mujeres.
“En caso de que no se actualice, entonces las mujeres participantes en procesos electorales que sean violentadas tendrán que acudir al Instituto Nacional Electoral o a los Tribunales Jurisdiccionales, lo cual hará más tortuoso el camino y complicará los procesos para estas mujeres”, explicó Diana Arredondo, quien forma parte de G10 X Jalisco.
En dicha rueda de prensa, enfatizaron en que estas reformas pendientes deberán contener como mínimo la conceptualización de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género; sanciones ejemplares a quien incurra en violencia como la nulidad de la elección; sanciones para servidores públicos estatales y municipales por violencia política; requisito de elegibilidad de no estar condenado por violencia política; entre otros.
En la opinión de Diana Arredondo, es fundamental que se incorpore a la legislación la definición de Violencia Política y todos los tipos de violencia que se ejercen para que esta sirva como garantía para alcanzar la paridad sustantiva.
Desde el colectivo de Mijetes de Puerto Vallarta, Sandra Quiñónez afirma que los mecanismos machistas que se siguen replicando en las campañas son un obstáculo para que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos políticos.
“Históricamente las mujeres han sido relegadas en temas políticos a pesar de que hoy en día haya mujeres preparadas y capacitadas para ejercitar puestos públicos No es posible que nos quieran seguir relegando. Tenemos que recordar que el principal violentador de los derechos de las mujeres es el Estado No es posible que sigamos siendo las mujeres sujetas a tutela y no vistas sujetas de derecho”, enfatizó Sandra.
Concordaron en que, en el caso de que el Congreso del Estado no apruebe las reformas se aplicarán los estándares de las leyes generales y se judicializará los procesos:
“Se van a ver exhibidos no solamente como que no legislan bien lo que tienen que legislar en su estado. Sino que además, van a ser exhibidos a nivel nacional como quienes no garantizaron el ejercicio y goce de los derechos políticos de todas las mujeres en Jalisco”, sentenció Laura, perteneciente de CLADEM.
La sesión extraordinaria del Pleno está programada a las 12 del día. Estas mujeres suman las voces a la preocupación por la espera de un dictamen que demuestre que el Congreso de Jalisco está a la altura de los altos estándares para la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la paridad de género.
Aquí las demandas principales de las colectivas feministas.
