Un incidente violento cobró la vida de ocho personas privadas de su libertad y otras ocho resultaron heridas dentro de la Comisaría de Sentenciados ubicada en el Complejo Penitenciario de Puente Grande en Jalisco. A un mes de los hechos, aún no se tiene claridad de lo ocurrido aquel 22 de mayo.
Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) urgen que sean implementados mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las investigaciones de los hechos ocurridos; la creación de una comisión de investigación independiente; así como, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el estado de Jalisco.
Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada
Fotografías: Banco de imágenes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ)
Luego de que ocho personas privadas de la libertad perdieran la vida de manera violenta y otras ocho resultaran heridas a causa de una riña colectiva dentro de la Comisaría de Sentenciados, a través de un comunicado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) señaló la omisión del Estado para esclarecer los hechos y reconoció como contradictorias las declaraciones emitidas por el Director General de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez.
La co-directora de CEPAD, Denisse Montiel, precisó que según registros periodísticos, José Pérez Juárez aseguró que “ya es un tema cerrado” a pesar no haber concluido la investigación en curso. Un discurso que, considera la defensora “nuevamente minimiza y atribuye todo lo que sucedió al estrés generado por el COVID”:
“Es muy lamentable que no se reconozca y se cierre así algo tan grave y que puede volver a suceder mientras no se reconozca.”
Y es que, el día que fueron registrados los hechos violentos cuatro horas después, Pérez Juárez negó que se tratara de una riña o contienda entre internos:
“Nunca hubo un intento de motín. No existió en su inicio ni siquiera una riña o contienda entre internos jamás hubo una riña colectiva”, declaró públicamente.
Hasta la fecha, se desconoce: la procedencia de armas de fuego y una bomba molotov de construcción casera que fueron decomisadas; el cargo que ocupaban los dos servidores públicos de nivel superior y medio superior suspendidos; las investigaciones de las cuatro personas privadas de la libertad vinculadas a proceso por el delito de homicidio calificado; y sobre todo, refiere Denisse Montiel, “qué sucedió ese día y cuáles fueron los factores que detonaron los hechos lamentables”:
“Desde CEPAD, hacemos la exigencia de que se investigue a raíz tomando como base los criterios establecidos en el Protocolo de Minnesota, que establece la creación de una comisión de investigación independiente y eso es sumamente importante, ya que se investigará desde la propia Secretaría de Seguridad Pública y pudiera haber cierto conflicto de interés en dichas investigaciones”, reiteró la co-directora.
Así lo recomienda el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, quienes consideran que todas y cada una de las muertes ocurridas dentro de centros penitenciarios deben ser investigadas a la luz de los criterios establecidos en dicho Protocolo de Minnesota.
Familiares de Personas Privadas de la Libertad y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, tras los hechos violentos del 22 de mayo en la Comisaría de Sentenciados del Complejo Penitenciario de Puente Grande Jalisco
Omisión y repetición
Para Denisse Montiel, este incidente se pudo haber prevenido si se hubieran acatado las recomendaciones que año con año emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en particular, a la Comisaría de Sentenciados.
Desde el 2013 la CNDH a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, señaló la existencia de condiciones de autogobierno, es decir, aquellas personas o grupos que ejercen un poder o gozan de privilegios dentro de los centros penitenciarios. Dicho organismo ha destacado que, el autogobierno puede generar un aumento de la violencia al interior de estos espacios.
Así mismo, desde el 2011 fue reconocida la ausencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos en la Comisaría de Sentenciados:
“Son de vital importancia considerando las condiciones de autogobierno, sobrepoblación, hacinamiento y falta de personal; omisiones que han dado como resultado las riñas recientes”, señaló CEPAD en su comunicado.
Por ello, una de las exigencias al Gobierno de Jalisco es dar seguimiento a dichas recomendaciones de la CNDH, que incluye atender también la problemática de sobrepoblación, así como, un aumento del presupuesto:
“En la misma Comisaría hay más del 200 por ciento de su capacidad. Actualmente contamos con leyes y mecanismos para despresurizar los centros y que no se han hecho efectivos en Jalisco”, advirtió Denisse.
En la rueda de prensa del 22 de mayo, Pérez Juárez indicó que hay dos mil trabajadores administrativos para una población de 13 mil 538 personas privadas de la libertad, sin embargo, de acuerdo con CEPAD en los últimos años existe una disminución del personal de custodios y policías al mando.
En el 2016, el número promedio de personas privadas de la libertad por personal de seguridad en Jalisco fue de 11.2, lo cual indica que un custodio debía vigilar en promedio a 11 personas privadas de la libertad, lo anterior, de acuerdo al análisis En Números, Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Según datos presentes en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales hay un subejercicio del presupuesto, ya que se ha autorizado más presupuesto del solicitado y se ha ejercido 51% menos. Por esta razón, otra de las exigencias dirigida al Congreso de Jalisco es la coordinación con autoridades penitenciarias para diseñar y destinar un presupuesto adecuado.
Hasta el momento, no ha existido una respuesta por parte del Gobierno de Jalisco respecto al avance de las investigaciones mencionadas, ni la posibilidad de que sea creada la comisión independiente; por esta razón, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo no quita el dedo del renglón en la exigencia del acceso a esta información para “garantizar que la investigación sea efectiva, exhaustiva, objetiva, imparcial y transparente”.
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Para leer el comunicado completo emitido por CEPAD:
