Un año después del acuerdo migratorio antecedido por una «crisis de los aranceles», y unos días de que arranque del T-MEC, la Secretaría de Economía señala que el nuevo tratado comercial permite hacer recíprocos el cobro de aranceles. Los costos de lo acordado hace un año son una crisis de personas atrapadas en ciudades fronterizas en situaciones precarias
Texto: Víctor Ronquillo / Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana México–Tijuana
Fotos: Twitter Inami
De manera silenciosa, dramática y progresiva, lejos de la obligada atención que los medios de comunicación prestan a la pandemia que nos sacude, en las ciudades fronterizas del norte y del sur de México, miles de personas son víctimas de una crisis humanitaria cuyos componentes son el racismo, la discriminación, la violencia ejercida desde el poder económico y la negación al derecho a migrar. Hace poco más de un año los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron la estrategia con que se buscó frenar las caravanas migrantes, el éxodo de miles de personas venidas del sur, vía un acuerdo, que en los hechos hizo de México un muro de contención migratoria y definió una política de persecución y militarización de las fronteras.
Maureen Meyer, directora para México y Derechos del Migrante de Wola (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) señala lo que el acuerdo establecido de manera formal el 7 de junio del año pasado ha provocado:
“Un agravamiento de una crisis humanitaria tanto en la frontera norte de México, en la frontera con Estados Unidos, como en la frontera sur. Lo que hemos visto es el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras del sur y el norte de México, un aumento en operativos contra personas migrantes qué en su momento, en el verano pasado, resultó en condiciones de grave hacinamiento en las estaciones migratorias de México. También hemos visto, que una enorme cantidad de personas solicitantes de refugio, al ver que no es posible viajar hacia Estados Unidos decidieron quedarse en México para solicitar esa condición, lo que tampoco ha prosperado. Muchas personas se encuentran atrapadas en ciudades fronterizas viviendo en situaciones precarias, sin oportunidad de trabajar, en la incertidumbre de cuál puede ser su futuro”.
En Ciudad Juárez, en Tijuana, en Nuevo Laredo, en Matamoros, miles de personas esperan en condiciones de verdadera sobrevivencia, el que se reconozca su derecho encontrar refugio en Estados Unidos. Si la política migratoria de México hoy puede definirse como de contención y persecución, a la de Estados Unidos la define el aumento de sus medidas de restricción, la de la negación del derecho internacional de asilo, y la de la aplicación de medidas de deportación rápida y masiva.
“El aceptar el programa que se conoce como “Quédate en México”, que implica el poder devolver a los solicitantes de refugio a las ciudades mexicanas fronterizas a que esperen sus audiencias que se llevan a cabo en los Estados Unidos, ha provocado que decenas de miles de personas se encuentren en difíciles condiciones –insiste Meyer–. Muchas ciudades fronterizas son peligrosas, como Tijuana que el año pasado tuvo la tasa más alta de homicidios en el mundo. Miles de personas se ven obligadas a permanecer en lugares como Matamoros, donde no hay una adecuada capacidad para atenderlos. Tenemos mil quinientas, quizá dos mil personas, viviendo en un campamento improvisado en esa ciudad. Hay muchas preocupaciones y muy poco que decir sobre algo positivo que haya salido de ese acuerdo”.
El gobierno municipal de Ciudad Juárez estima que desde 2018, cuando la primera caravana anunció un cambio en las dinámicas migratorias, han llegado a esta ciudad 40 mil personas, de las que hoy en día permanecen en la región por lo menos cinco mil (La Jornada, 8/VI/2020). La mayoría de estas personas son de origen cubano y se encuentran en alguna etapa de la tramitación de reconocidos por el gobierno de Estados Unidos como refugiados, lo cual parece hoy poco menos que imposible, dadas las políticas restrictivas impuestas por la administración de Donald Trump.
En cuanto a los mexicanos deportados a Ciudad Juárez llegaron siete mil 934, en el lapso que va de mayo a enero de este año. En la ciudad Tijuana, una de las ciudades fronterizas tradicionalmente elegidas como destino de las personas deportadas las cifras son similares.
En el primer trimestre de este año, cuando, como efecto de la crisis sanitaria de la pandemia provocada por el coronavirus, Estados Unidos endureció su política migratoria, fueron deportados 59 mil 475 mexicanos, según datos del Instituto Nacional de Migración divulgados por la prensa mexicana. Los estados con el mayor número de ingresos de mexicanos deportados fueron Tamaulipas, Sonora y Chihuahua. Una cuarta parte de estas personas fue obligada a regresar a su país de origen por el estado de Baja California.
Con la bota al cuello
La crisis humanitaria de los migrantes en México, tiene como uno de sus principales escenarios ciudades marcadas por la violencia, como Tijuana. De acuerdo a datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una asociación civil mexicana, la ciudad más violenta en el mundo por el número de homicidios en relación con el número de sus habitantes es esta ciudad, una obligada referencia en cuanto al tema migratorio.
Ciudad Juárez, de acuerdo a este ranking, es la segunda ciudad más violenta del mundo. En ambas ciudades hoy los migrantes, lo mismo los venidos del sur que de lugares tan distantes como el África subsahariana, o los mexicanos deportados, enfrentan condiciones de enorme vulnerabilidad. Son víctimas del crimen organizado. La explotación los espera en la trata de personas, pueden ser obligados a ingresar a los grupos delincuenciales. Son secuestrados o traficados y uno de los sectores a los que apunta siempre el mercado de la venta de drogas en las calles para encontrar desperados clientes.
Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de Wola, no duda al responder sobre lo que ha provocado el acuerdo establecido por México y Estados Unidos.
“Las personas que están pagando el costo de esta política son las personas migrantes y las solicitantes de asilo, quienes viajan a Estados Unidos por los lugares más remotos donde son víctimas de distintos delitos. En todo su camino sufren secuestros, abusos sexuales, robos. Esto eso se agrava en las fronteras del norte del país donde hay más de mil casos de personas solicitantes de asilo que han sido víctimas de distintos delitos en las ciudades fronterizas mexicanas”.
Si esta realidad existía antes del acuerdo establecido por los gobiernos de México y Estados Unidos justo hace un año, hoy la crisis humanitaria de la migración en México se agrava.
En el contexto en el que se estableció el mencionado acuerdo existía como antecedente, el que al inicio del gobierno de López Obrador se hubiera optado por una política migratoria distinta a la de la contención y la persecución. También el hecho innegable de la participación en las redes de tráfico de personas de autoridades mexicanas, lo mismo que la peligrosa actuación del crimen organizado en la búsqueda de recuperar el control de las rutas y el negocio de la migración indocumentada. En ese contexto Donald Trump exigió al gobierno mexicano endurecer su política migratoria, de no hacerlo las consecuencias serían económicas. Un verdadero chantaje político.
Trump y sus amenazantes tuits: “El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel del 5 por ciento a todos los bienes que ingresen a nuestro país desde México hasta el momento que los inmigrantes ilegales ingresen a México y lleguen a nuestro país. Deténganse. La tarifa aumentará gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración ilegal… en se momento se eliminarán las tarifas”.
Hay que decirlo con todas las palabras: el gobierno de México aceptó el acuerdo en difíciles condiciones, con lo que podemos considerar no el agua, sino la bota al cuello.
De acuerdo con la nota para medios divulgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “Declaración Conjunta México—Estados Unidos”, el 7 de junio de 2019, los compromisos de ambos gobiernos son claros:
“México tomará medidas sin precedentes para aumentar la aplicación para frenar la migración irregular, para incluir el despliegue de la Guardia Nacional en todo México, dando prioridad a su frontera sur (…).
“Estados Unidos cumplirá de inmediato la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes existentes en toda su frontera sur. Esto significa que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán devueltos rápidamente a México (…).
Más allá de los eufemismos y la falsa corrección del lenguaje usado en este tipo de documentos, la realidad es que los efectos del acuerdo se expresan en una crisis humanitaria, en la negación del derecho a migrar, en una política de persecución y contención de migrantes, en su criminalización.
Los costos para el gobierno mexicano por haber asumido el rol de “Border Patrol del sur” son de distinta índole, como lo señala Maureen Meyer:
“Al final México pagó el costo de aceptar todas esas medidas por parte del gobierno de Trump. Por un lado, se entiende que hubo una amenaza fuerte del gobierno de Trump en poner aranceles en productos mexicanos, no hay que obviar esa parte, pero lo que el gobierno mexicano aceptó fue pagar los costos de una crisis humanitaria en sus ciudades fronterizas. También el costo de desviar sus recursos de seguridad. Estamos hablando de miles de elementos de la Guardia Nacional, que se siguen desplegando, para tareas del área migratoria y no en tareas de seguridad. A esto hay que agregar el que el gobierno mexicano no ha destinado los recursos que necesita la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) para poder procesar todas las solicitudes de refugio que se han dado en este contexto, en una forma oportuna y debida”.
Como parte de la estrategia de contener y perseguir, de evitar el arribo de migrantes solicitando asilo se buscó limitar las acciones de defensa, acompañamiento y albergue, que realizan muchas organizaciones en México. Dejar a los migrantes solos. La estrategia fue criminalizar a los defensores de los derechos de los migrantes.
El programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana México—Tijuana documentó esta realidad: “En la medida que las políticas migratorias se recrudecen el trabajo de defensa se criminaliza. Los riesgos a los que se enfrentan son, por un lado, por las amenazas del crimen organizado y por el otro, porque corren el peligro de enfrentar acusaciones por cometer delitos graves como trata y tráfico de personas”, dice el texto publicado el 13 de junio de 2019.
Los compromisos incumplidos…
Tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos han dejado de lado los compromisos en el acuerdo migratorio, que garantizaban los derechos de las personas migrantes.
“México autoriza la entrada de todas esas personas por razones humanitarias –dice el mencionado acuerdo—en cumplimiento a sus obligaciones internacionales de sus solicitudes de asilo. México también ofrecerá empleo atención médica y educación. (…)”.
Las condiciones de quienes esperan el trámite de su solicitud de asilo en nuestro país son cada vez más precarias. “Quédate en México” es sólo una frase vacía de acciones y políticas públicas. En las ciudades fronterizas del país muchas personas carecen de opciones de vida, miran su futuro truncado, están sumidas en la incertidumbre, enfrentan la falta de las garantías ofrecidas por el gobierno de México para tener los mínimos derechos de una vida digna.
“La prioridad es detener y deportar a las personas sin asegurarse que tengan conocimiento de sus derechos, sin que tengan acceso a la búsqueda de la protección en México”, afirma Maureen Meyer.
Hay que insistir en ello, los protagonistas de esta crisis humanitaria son migrantes venidos de la pobreza, sobrevivientes de la violencia, a quienes hoy se les niega no sólo el derecho de migrar, sino que se les lleva al borde del abismo, de cara (sin que esto resulte sólo una frase de impacto periodístico) de cara a la muerte.
“Lo que hemos visto –dice Maureen Meyer de Wola– es que el gobierno mexicano ha fallado, en cuanto al compromiso de garantizar los derechos de las personas migrantes y su atención. Existen muy pocos refugios que estén a cargo del gobierno federal, la mayoría de las organizaciones que los están apoyando viene de la sociedad civil, de las iglesias o de voluntarios que cruzan la frontera de Estados Unidos para proporcionar servicios médicos y comida. Esta realidad representa un gran pendiente para el gobierno mexicano. Hay que tomar en cuenta que se aceptó ese programa, que se aceptó también su expansión a todas las ciudades fronterizas. No se ha cumplido, en cuanto a asegurar que esta población, que es muy vulnerable, esté protegida a nivel de seguridad, pero también en cuanto a vivienda y de oportunidades de trabajo para poder vivir mientras esperan sus audiencias en las cortes de Estados Unidos”.
Lejos de agilizar los trámites y los procesos jurídicos para que las personas migrantes accedan al derecho de asilo, la administración de Trump ha restringido esa posibilidad al extremo de convertirla en una mera simulación.
El 13 de mayo de este año, uno de los principales diarios estadounidenses reveló la dimensión de las restricciones en cuanto a política migratoria establecidas por el gobierno de Estados Unidos en época de covid:
“Desde el mes de marzo sólo dos personas que buscaban protección humanitaria en la frontera sur han podido quedarse, según datos no publicados de los Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos obtenidos por The Washington Post “.
La pandemia ha provocado un endurecimiento de las políticas migratorias. El derecho de asilo cerrado; la deportación exprés para aquellos que son detenidos en la región fronteriza; la captura y la inevitable deportación de quienes han vivido por años en Estados Unidos y dejan atrás familia y trabajo para verse de pronto en una ciudad peligrosa, en un país desconocido, con la única opción para seguir adelante de intentar el regreso cruzando la frontera con todos los peligros que pueda representar.
A Wola le debemos importantes informes sobre la realidad migratoria y la violencia en los países de Latinoamérica. Con sede en Washington, esta organización conoce bien el devenir de la política en Estados Unidos.
“Lo que esperamos de aquí a noviembre que es la fecha de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos –dice Maureen Meyer– es que el gobierno de Trump no cambie de rumbo. Yo creo que van a buscar como limitar aún más la entrada de personas migrantes al país. Me parece que vamos a esperar muchos meses de incertidumbre, de endurecimiento de la frontera, del aumento de peligros para esa población, sobre todo en la frontera norte por los riesgos que hay de contagio de covid, porque mucha gente se encuentra en la calle de las ciudades fronterizas del lado mexicano o en alojamiento de dormitorios con muchas otras personas, donde el distanciamiento social es casi imposible”.
Una pregunta final para Mauren Meyer: ¿Es posible pensar en otra política migratoria, en que los gobiernos de Estados Unidos cambien, como se dice hoy, de paradigma?
“Yo creo que otra visión y otro futuro son posibles. Nosotros estamos trabajando con el Congreso de Estados Unidos para asegurar que sigan apoyando a los gobiernos de Centroamérica, pero también a la sociedad civil centroamericana para atender problemas de corrupción, de violencia, de falta de programas sociales adecuados. Hay mucho que tendrían que hacer tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno mexicano. En su momento el gobierno mexicano había ofrecido colaborar con los países centroamericanos para mejorar la situación y asegurar que el tema de migrar sea una opción y no una obligación para poder sobrevivir”.
Este 1 de julio, entra en vigor el nuevo acuerdo comercial T-MEC. El pasado miércoles, a pregunta expresa de Pie de Página sobre si el acuerdo protege a México de un nuevo chantaje como el de hace un año, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró que el tratado permitirá de alguna forma dará herramientas a México para poder contener las políticas migratorias unilaterales como la que ocurrió hace un año.
«Podemos decir, bueno, te voy a poner aranceles en una lista por el mismo mobto. Si tú me pones aranceles por el mismo monto. Si tú me pones un arancel por 100 mil millones yo busco dónde poner los aranceles. Nosotros teníamos una lista de retaliación lista nadamás que nunca se concretó».
«Estos tratados de lo que se trata es poner reglas a todo, a cualquier situación imaginable se le pone reglas, y eso es lo que hace la OMC (Organización Mundial de Comercio), ponerle reglas a todos justamente para evitar las guerras comerciales».
#AlianzaDeMedios
Link Original: https://piedepagina.mx/a-un-ano-del-acuerdo-migratorio-con-eeuu-la-crisis-humanitaria-es-mas-grave/
