El Congreso de la Unión aprobó en el 2019 la reforma constitucional de Paridad de Género, la cual busca garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres en el país. Por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promulgó y publicó el 13 de abril de este año en el Diario Oficial, reformas legislativas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género y paridad total.
Sin embargo, en el Congreso del Estado de Jalisco existe un rezago para adecuar las leyes en la materia, ya que dichas reformas obligan a los estados a armonizar sus marcos jurídicos de cara al siguiente periodo electoral.
Por Fernanda Lattuada /@MariferLattuada
A través de un comunicado, el Observatorio Ciudadano de la Participación Política de las Mujeres, PARITÉ; organizaciones de la sociedad civil organizada y feministas a título personal; señalaron la inacción del Congreso de Jalisco y a la vez, exhortaron a legislar una reforma integral antes del 30 de junio.
Desde la Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, se han pronunciado para exigir al Congreso del Estado de Jalisco la legislación en materia de violencia política contra las mujeres y paridad total. Además, han convocado a adherirse a la exigencia “a mujeres a título personal, organizaciones de la sociedad civil, actoras políticas y pertenecientes al movimiento amplio de mujeres”.
Algunas de las condiciones que establecen dichas reformas son: que el 50% de todos los cargos políticos a nivel federal, estatal y municipal, así como en órganos autónomos, sean para mujeres; la incorporación del principio de paridad en los partidos políticos y la postulación igualitaria para cargos de elección popular (incluyendo los municipios con población de comunidades originarias).
Esta convocatoria pública buscar garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales libres de discriminación y violencia, conforme al acuerdo internacional de ONU Mujeres para la “Democracia Paritaria”; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará); entre otros acuerdos internacionales que comprometen a garantizar la participación de las mujeres en la vida pública.
La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Artículo 20 Bis.
Con los hashtag #ParidadEnTodo #ReformaYa y como un llamado urgente para que los derechos de las mujeres sean garantizados en el próximo proceso electoral, la Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, instó a que la reforma “ponga en el centro de las acciones a las mujeres, con un enfoque de interseccionalidad e interculturalidad, con base a los principios constitucionales de progresividad e integralidad.”
Si deseas unirte a la exigencia como mujer a título personal, como organización o parte de los movimientos y redes feministas, te compartimos el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC9USxwevPOCZKdrbgjLXzm_ijel7_f3xJqy9ypIA-y1MpLA/viewform
