¿Qué sigue después de la aprobación de la Ley de Amnistía y por qué su aplicación es más complicada para las mujeres privadas de la libertad?

Bajo la premisa de que ayudaría a combatir la sobrepoblación en las cárceles y así prevenir los contagios por COVID-19, la Ley de Amnistía fue aprobada el 20 de abril de este año por el Senado de la República. 

Sin embargo, colectivas y redes feministas insisten en que el decreto avalado es tan sólo el primer paso. Situaciones como la desinformación dentro de los reclusorios, la inexistencia de un programa de reinserción social federal y la falta de voluntad política; entorpecen que las personas tengan acceso a una libertad integral y dignificante, particularmente en el caso de las mujeres

Adriana, Margarita y Viridiana son tres mujeres ex privadas de su libertad que compartieron su testimonio en este conversatorio. Son ellas la voz y el rostro de la lucha de miles de personas privadas de la libertad que hoy exigen a las autoridades que empiecen a revisar los expedientes de las y los candidatos a esta ley de amnistía e implementen un sistema de reinserción federal eficiente; y a la sociedad que les dé una segunda oportunidad para reintegrarse. 

Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada 

En México, cuatro de cada 10 centros de reclusión reportan un problema de sobrepoblación. De acuerdo con EQUIS Justicia para las Mujeres, a la fecha, se encuentran poco más 200 mil personas privadas de la libertad, de las cuales 10 mil 458 son mujeres; de esta población, el 30% no tienen acceso a agua potable y el 92% no recibe artículos de limpieza de parte de las autoridades.

Lo anterior, de acuerdo con los datos de la organización feminista, EQUIS Justicia para las Mujeres, quienes a través del panel virtual “Y, ¿después de la ley de amnistía? Derechos de mujeres privadas de la libertad en tiempos de COVID-19″ señalaron el alto riesgo de contagio dentro de los centros penitenciarios y la importancia de la Amnistía. 

De acuerdo con la Red Mujeres Unidas Por la Libertad, la Ley de Amnistía busca liberar a quienes no han cometido delitos graves y viven en condiciones de desigualdad y exclusión, como las mujeres, las personas de origen indígena y las y los jóvenes: 

“No es liberar criminales, es hacer justicia. Para mí, es una oportunidad de libertad y de vida, representa un logro que hemos venido luchado por bastante tiempo. Luchamos por el bienestar de las que siguen dentro, que sabemos que hay inocentes y que han cometido errores con ellas, como con nosotras también”, expresó Adriana Alanís, integrante de la Red Mujeres Unidas por la Libertad.

Las integrantes de esta Red insistieron en que ahora que ha sido aprobada dicha ley, la lucha apenas comienza, principalmente, contra los retos que las mujeres privadas de la libertad enfrentan dentro de los reclusorios. 

La ley únicamente aplicará para: los delitos contra la salud, delito de aborto en cualquier modalidad, posesión de drogas, robo simple sin violencia y delito de sedición; sin embargo, en la opinión de Adriana Alanís:

“Los retos son complicados porque ahí dentro carecemos de mucha información. Principalmente porque tienes que contar con familiares para que puedan hacer el trámite e ir a ver si tú eres candidato o no a la ley de amnistía”.

Por ello, para Margarita Gutiérrez, también integrante de la Red Mujeres Unidas por la Libertad, lo importante es que las mujeres privadas de su libertad puedan recibir información para conocer su situación: “el reto es que, si no tienen abogado o con qué pagarlo, uno mismo lo haga, sin depender de un abogado de oficio. Si nosotras mismas lo hemos logrado, ellas también lo pueden hacer”, puntualizó. 

Además, señalaron que el proceso de revisión de casos se ha visto obstaculizado por el cierre de juzgados por la emergencia sanitaria, misma situación que aceleró el proceso de la aprobación de la ley, pero que ahora ha provocado que se encuentre detenida su ejecución. 

Los retos no terminan dentro de los centros penitenciarios, las integrantes de la Red advierten que, el proceso de reinserción es el reto más importante por el estigma social y la falta de empleos, sobre todo ahora, ante la crisis generada por la pandemia. 

“El principio es no generalizar, porque no toda la gente que está en prisión cometió un delito, creo que a veces el delito es no saber decir no o estar en el momento equivocado El proceso de reinserción, el re-acomodarte a tu vida, será un gran reto. Muchas no cometieron el delito, sin embargo, lo están pagando. Y ahora que salgan las personas ¿a qué se enfrentan? A más crisis, entonces si no hay un sistema que vaya a apoyar el tema de reinserción, pues estamos perdidas”, añadió Viridiana Molina. 

Margarita compartió que luego de estar siete años cumpliendo una sentencia, es difícil salir a conseguir un trabajo, por las etiquetas impuestas en la sociedad:

“Aunque fueron años de mucho estudiar, de superación personal, yo me he encontrado con humillaciones. Pero somos personas y seres humanos. Logramos hacer nuestro grupo de mujeres que luchamos por la libertad, seguridad y confianza”. 

Para Adriana, Margarita y Viridiana el desafío es seguir adelante y luchar desde afuera para lograr que esta información llegue a las personas privadas de la libertad, para dar una segunda oportunidad a quienes sean candidatos y candidatas a la ley de amnistía. 

“Si vamos a salir, es seguir luchando por lo nuestro y seguir defendiendo nuestra posición de mujeres y lograr obtener nuestro lugar en la sociedad para que no sigamos siendo rechazadas. Somos madres, somos padres, hermanas, tías. Pero que no se olvide que también somos seres humanos y que también podemos salir adelante. Cometemos errores, pero ¿quién no ha cometido errores? Que arroje la primera piedra quien sea inocente”, recalcó Margarita.

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María Fernanda Lattuada
María Fernanda Lattuada
Reportera apasionada por la fotografía y temas sobre la defensa de la dignidad como: feminismo, migración, alimentación digna y desaparición forzada. Originaria de Tampico, Tamaulipas, pero sus ganas por dedicarse al periodismo la trajeron a Guadalajara.

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