El viernes 5 de junio de 2020, Joel fue detenido violenta e ilegalmente por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ninguno portaba uniforme o una placa que permitiera identificarles, además, usaban pasamontañas y estaban armados con bates que utilizaron para golpearlo y someterlo.

Su detención arbitraria y desaparición forzada, como han señalado con preocupación organizaciones de la sociedad civil, programas universitarios de derechos humanos, redes feministas y la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH México), sucedió en el marco de las protestas de exigencia de justicia para Giovanni López, víctima de una ejecución extrajudicial en manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; así como, para demandar alto a la brutalidad policial en el estado.

Joel había acudido a la concentración que se convocó a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ubicadas en la calle 14 de la zona industrial de Guadalajara.

El sólo quería unirse al reclamo de alto a la violencia y al uso excesivo de la fuerza de las corporaciones policiales que de manera reiterada ha sido documentada por medios de comunicación, ciudadanos, ciudadanas y personas defensoras de los derechos humanos; sin embargo, antes de llegar al punto de concentración de la protesta y sin lograr siquiera gritar una consigna, fue privado de la libertad por agentes de seguridad estatal vestidos de civil, quienes lo mantuvieron incomunicado en contra de su voluntad por más de dos horas, mismo periodo de tiempo que utilizaron para golpearlo, someterlo, amedrentarlo, amenazarlo, interrogarlo y retenerlo en las instalaciones de esta dependencias en el lugar conocido como “Las Jaulas”, sin que hasta el momento exista un registro oficial de su ingreso.

Por Dalia Souza / @DaliaSouzal 

La convocatoria para manifestarse el viernes 5 de junio en contra de la ejecución extrajudicial de Giovanni López no tenía como sede original las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la calle 14, pues de acuerdo con la invitación que circuló en redes sociales y que formó parte de las primeras muestras de indignación pública, se había llamado a las personas a concentrarse a las afueras de Casa Jalisco en punto de las seis de la tarde.

Sin embargo, un día antes, durante las manifestaciones del jueves 4 de junio, la detención arbitraria y violenta de 28 personas (seis menores de edad) en manos de agentes de seguridad pública municipal y estatal en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, provocaron la molestia de la sociedad, quien no sólo se sumó al reclamo de “Justicia para Giovanni” y alto a la brutalidad policial, sino, además, ahora exigía la liberación de las y los detenidos.

Joel fue uno de los ciudadanos que decidió unirse a esta demanda, pero también, uno de los más de 80 jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria, violenta y clandestina por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en las inmediaciones de esta dependencia e, incluso, mientras se encontraban a bordo de unidades del transporte público o recorriendo calles y avenidas aledañas.

Las detenciones se perpetraron “al azar”, el objetivo aparente era impedir que las y los manifestantes rodearan las instalaciones; no obstante, como relata Joel, durante la detención arbitraria, además de ser agredido físicamente, fue amedrentado e interrogado con violencia para que ofreciera “información sobre la organización del evento”, es decir, como si se tratase de una práctica de persecución e implantación del miedo que buscaba intimidar, reprimir y fracturar la protesta de afuera hacia dentro.

Joel y una de sus amigas decidieron salir a manifestarse ese viernes 5 de junio en rechazo a la violencia policial; aunque en sus planes estaba acudir a Casa Jalisco, como se había convocado previamente, de último minuto tuvieron que modificar sus planes pues el llamado público en redes sociales indicaba que la concentración sería en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco en “la calle 14”.

La convocatoria indicaba que la concentración iniciaría a las 6:00 p.m., así que Joel llegó temprano, cerca de las 5:20 p.m. recuerda, ya que uno de sus conocidos le dio raite al lugar. Para esa hora las inmediaciones de la Fiscalía de Jalisco ya estaban cercadas; la calle 14, la 12 y la 16, la 3 y la 5 estaban rodeadas de policías formando un cuadrante alrededor de las instalaciones, algunos elementos estaban uniformados con equipo antimotines y a bordo de patrullas oficiales, otros más estaban vestidos de civil, con chalecos antibalas, pasamontañas y rodeados de camionetas sin ninguna insignia o número de serie que pudiera identificarles, incluso, había vehículos que no llevaban placas.

Era tan temprano que su amiga aún no había llegado, así que permaneció en la zona, precisamente, sobre la calle 14 y su intersección con la calle 5; ahí esperó cerca de 20 minutos antes de que ella pudiera avisarle que ya estaba en el lugar; sin embargo, Joel se encontraba en el lado contrario al punto de concentración, que era en la misma calle 14, pero sobre la calle 3; es decir, a una cuadra de distancia caminando en dirección recta del punto donde se encontraba esperando.

“Ella me dijo que ya iba para allá, me pasó su ubicación en tiempo real y como a las 5:40 p.m. yo veo que ella ya había llegado, pero estaba del otro lado, entre la calle 14 y la calle 3, entonces yo necesitaba atravesar toda esa cuadra para llegar con ella, así que le dije que no se moviera. Ella había ido con su novio y su hermana y le dije que ya iba para allá con ellos. Empiezo a caminar y a una cuadra de la calle 14 me doy cuenta que está cerrado con camionetas, que está bloqueado y que hay muchas policías, bueno… ni siquiera estaban vestidos de policías eran personas vestidas de manera normal, sólo que algunos traían chalecos y pasamontañas”.

Tras observar que el pasó estaba bloqueado, Joel decidió avisarle a su amiga que “no iba a poder pasar” y que iba a demorar un poco más en llegar hasta donde ella estaba; justo en ese momento, mientras enviaba este mensaje y buscaba un nuevo camino para encontrarse por fin con su amiga, un grupo de personas lo interceptó por la espalda:

“Yo realmente iba caminando por la calle, ni siquiera iba viendo hacia el frente, iba distraído escribiendo en el WhatsApp y caminando con dirección a la calle 16, fue en la esquina de la calle 16 y la calle 5 donde me agarraron”.

LA DETENCIÓN

“Eran aproximadamente como siete personas, algunos sí parecían como policía tal cual, otros no sé porque se veía como un poco improvisado en cuanto a que tenían como que más gente que les estaba dando apoyo. Había gente muy joven también, entre las personas que a mí me agarraron había una chica que no tenía más de 18 años”.

Joel tiene la impresión de que quienes le detuvieron “no sabían” qué era lo que estaban haciendo, señala que muchos de los rostros eran de personas muy jóvenes, incluso, dice que no todos “parecían policías”. Sin embargo, recuerda que la manera en la que actuaron en su contra fue por más violenta, abrupta, arbitraria y sin explicación alguna, como si la única orden que tenían que cumplir era someter y reprimir:

“No todos parecían policías, tenían una actitud muy agresiva, cuando llegan y me agarran lo primero que hacen es tomarme de los hombros y jalarme hacia atrás para tirarme al piso y me comenzaron a golpear con palos, con unos bates que traían”.

De acuerdo con testimonios de los jóvenes que lograron escapar y llegar a la concentración para denunciar aquello de lo que habían sido testigos, y así como lo pudimos documentar en ZonaDocs, los elementos de seguridad pública que reprimieron y golpearon a los manifestantes y a transeúntes que se acercaban a las inmediaciones de la fiscalía, utilizaron bates metálicos, tablas con forma de bate y palos de madera para agredirlos.

Así fue como lograron someter a Joel, mientras lo despojaban de su celular y pertenencias:

“Comenzaron a preguntarme qué hacía ahí, a dónde iba. Yo estaba muy desconcertado entonces empecé como a querer quitármelos de encima, entonces, me dijeron que “si seguía manoteando me iba a ir peor, me iban a seguir golpeando”. Yo traté de hacerme bolita en el piso; después me pidieron mi celular, que lo desbloqueara, como no acepté a la primera me volvieron a golpear con los bates en las piernas y ahí fue donde les di mi celular y se los desbloqueé. Me pidieron que les dijera con quién estaba hablando, les dije que estaba buscando a mi amiga, que me había quedado de ver con ella y pues empezaron a revisar la conversación y se dieron cuenta de que lo que yo les decía era verdad”.

Como relata Joel, después siguió el hostigamiento y la intimidación para que ofreciera “información” sobre las razones por las que se encontraba el lugar. Una y otra vez le insistían en que estaba ahí para “contar policías”, pero Joel sólo podía responderles que había acudido a manifestarse junto con su amiga.

Era vía pública y aún no anochecía; evidentemente aquella imagen estaba provocando desconcierto en las personas que pasaban caminando y a bordo de los autos que transitaban por las calles que aún no habían sido cerradas. Un grupo de siete personas usando pasamontañas y con chalecos antibalas sometiendo a una persona con bates y palos, resultaba inevitable de observar. Pero ni siquiera esto detuvo a quienes lo estaban amedrentando, lo único que hicieron para ocultar aquel acto brutal fue “arrastrar” a Joel 15 metros hasta la parte trasera de una camioneta donde le siguieron interrogando:

“Me dijeron que si yo estaba ahí para contar policías y después pasar esa información y decirle a los organizadores de la manifestación… no sé, la verdad es que según ellos yo estaba ahí para pasarle la información a “alguien”, de cuántos policías había ahí”.

Tomaron fotografías de su celular, de sus conversaciones, de sus redes sociales y de sus identificaciones, no podía negarse pues cada vez que lo intentaba, que intentaba quitárselos de encima, que les decía que no, que le dejaran en paz, que lo soltaran, volvía a ser golpeado y sometido. Sin tener una noción muy certera de cuánto tiempo permaneció soportando estas agresiones, Joel recuerda que pasaron al menos 30 minutos:

“En mi celular no había ninguna prueba de eso, ellos revisaron mi celular y todas mis conversaciones, empezaron a tomar fotografías de mis redes sociales, de mis conversaciones, se quedaron con mi celular casi 30 minutos examinándolo todo el tiempo. Mientras esto pasaba, estábamos tal cual sobre la calle de la 16, ahí estaba la camioneta atravesada. No me suben a la camioneta, primero me dejan en el piso, me tenían acostado todo el tiempo”.

Joel pidió que le permitieran levantarse, pues ya no aguantaba más la posición en la que lo tenían: con el cuerpo completo sometido contra el asfalto; se lo “concedieron” pues aparentemente la persona “a cargo” quería continuar interrogándole. De manera burlona se acercó con él y comenzaron una vez más las preguntas: ¿por qué te manifiestas? y ¿por qué vienes a hacer alboroto?”.

Joel dice que simplemente no pensó su respuesta, pero le dijo la verdad:

“Yo la verdad no lo pensé y le dije “precisamente por esto, porque ellos no tenían derecho de hacerme esto que me estaban haciendo” y que la manifestación iba en contra de la impunidad policial y la brutalidad que ejercen”.

Cínicamente, recuerda, no sólo por su respuesta, sino por su actuar; este sujeto con pasamontañas y con chaleco antibalas que debía ser una autoridad obligada a velar por su seguridad y por la justicia en el estado, y que momentos después se había convertido en la persona que ordenó a otros que lo amedrentaran e interrogaran violentamente sin una razón aparente, le contestó:

“Esto es México y tiene dos mil años pasando y no va a cambiar porque tú vengas a manifestarte, así que no deberías de venir a perder tu tiempo”.

Fue el mismo elemento, después de un rato, quien le pidió que se “pusiera” para que le tomaran una foto; nuevamente, Joel se negó, pero dos de los hombres lo tomaron de los brazos y lo amenazaron con un bate, así que no tuvo opción.

EN LAS JAULAS

Tras tomar las fotografías, Joel fue obligado a subir a una camioneta; a bordo de la cabina iba con otras tres personas, las mismas que lo detuvieron.

Recuerda que la camioneta no ingresó a las instalaciones de la Fiscalía por la calle principal, pues esas estaban rodeadas por los manifestantes que permanecían en la calle 14, pero sobre su intersección con la calle 3. Sin embargo, el vehículo se desplazó hasta llegar a la calle 12 donde ingresó por unos portones.

Ahí permanecía todo un cerco policiaco con elementos de seguridad pública municipal de Tonalá y Zapopan, además de otros, aparentemente policías ministeriales y agentes de la fiscalía que vestían de civil, con chalecos antibalas y pasamontañas:

“No se entró por la entrada principal, fue por la calle que está como yendo a 8 de julio, me supongo que es la calle 12, entramos por ahí, también estaba muy resguardado por policías. Nos metieron por esa calle, por esos portones”.

Le permitieron bajar sólo cuando estuvo dentro de las instalaciones. Ingresó por una zona donde recuerda, había oficinas y unas computadoras donde comenzaron a pedirle nuevamente sus datos, no está seguro para qué, pues nadie se lo dijo, sólo supone que fue para revisar que no tuviera antecedentes penales:

“Me bajaron, nos metimos a las oficinas de la Fiscalía primero, me llevaron a unas computadoras donde me pidieron mis datos, no sé qué quisieron corroborar, si tenía antecedentes o qué sé porque todo el tiempo estaban hablando en claves, a mí nunca me explicaron qué estaba pasando”.

Joel pidió que le dieran la oportunidad de avisar a su amiga dónde se encontraba, pues, aunque ella podía ver su ubicación en tiempo real, no estaba atendiendo las llamadas que le estaba haciendo. No se lo permitieron.

Después, lo metieron a un cuarto donde ya se encontraban dentro ocho jóvenes a los que también estaban interrogando. Una y otra vez les preguntaban que si le conocían y que si él los conocía a ellos. Las preguntas iban acompañadas de golpes, amenazas y gritos:

“Les empezaron a decir de manera muy agresiva y golpeándolos que si se sabían mi nombre, que dijeran mi nombre y a mí también me insistían “dime cómo se llama”, “dime cómo se llama”. Como si realmente ellos hubieran asumido que nos conocíamos”.

Los chicos de inmediato dijeron: “yo no lo conozco”, “yo no sé quién es” y como era lógico, él hizo lo mismo, pues ésta era la primera vez que los había visto en su vida.

Luego de unos minutos, señala Joel, lo sacaron de ahí; recuerda que notó que las personas que lo habían detenido “no sabían qué hacer con él”, pues durante unos minutos estuvieron buscando a “uno de los jefes” para que éste les indicara hacia dónde llevarlo, pero no lo encontraron y terminaron por dejarlo en el lugar conocido como “las jaulas” dentro de la Fiscalía:

“Después de que me meten a la jaula, porque así le dicen en la Fiscalía, la verdad es que nos tuvieron un muy buen rato, nos estuvieron golpeando y amenazando varias veces”.

“LO HACEMOS PARA PROTEGER

A LA CIUDADANÍA”

Joel calcula que permaneció al menos una hora dentro de las instalaciones de la fiscalía, entre los interrogatorios en las computadoras hasta los momentos que pasó dentro de las jaulas siendo golpeado. De pronto, una persona al que pudo identificar como un “oficial” comenzó a anunciarles que por fin serían liberados.

“Nosotros también tenemos familias”; “lo hacemos para proteger a la ciudadanía”; “ustedes no tienen por qué levantarse en nuestra contra”, les decía este mismo sujeto quien no dudo en pronunciar un discurso totalmente incongruente que intentó justificar el actuar de las autoridades:

 “Nos empieza a dar un discurso de que ellos son los buenos y que también tienen familia, que lo que hacen para proteger a la ciudadanía y que nosotros no tendríamos por qué levantarnos contra ellos. Un discurso totalmente incoherente por las situaciones que estábamos viviendo”.

Momentos después y con ninguna certeza de a dónde los llevaban, comenzaron a salir por grupos a un estacionamiento, pues pretendían “sacarlos” en camionetas. Joel recuerda que el vehículo en el que fue obligado a subir no llevaba si quiera placas, era una camioneta tipo pick up con vidrios polarizados y que no parecía un vehículo oficial.

Agachado dice, comenzaron a “acomodarlos” como “costales” en la parte trasera de la camioneta, en “la caja” como se le conoce; de tres en tres “boca abajo” como si se tratase de laminas humanas, uno sobre otro hasta completar tres niveles:

“La camioneta en la que a mí me subieron no tenía placas, porque, aunque todo el tiempo te tienen agachado, al momento de subir por la caja me di cuenta que no tenía placas. Nos acostaron tres personas abajo pegados a la lamina boca abajo, tres personas arriba de esas personas y dos arriba de esas (8), a mí me tocó estar casi arriba”.

Dos personas iban en la parte trasera “vigilándolos” y tres más en la cabina, todos usando pasamontañas y armados; Joel relata que mientras se desplazaban por las calles de la ciudad podía escuchar cómo una de las camionetas hacía sonar una sirena como si intentara abrir el paso. Mientras tanto, a bordo de las camionetas los jóvenes eran golpeados con bates por la espalda si intentaban moverse o voltear para identificar hacia dónde los llevaban:

“Iban dos personas en la caja, tres personas en la cabina, con pasamontañas, armados, llevaban también bates y si te movías, volteabas o movías la cabeza como para voltear dónde estabas te pegaban por la espalda. No nos dijeron a dónde nos iban a llevar, simplemente empezaron a avanzar las camionetas, creo que iban como tres o cuatro camionetas en el mismo rumbo, se escuchaba una sirena

EN CAMINO A “LA LOMA”

Pasaron 20 o 25 minutos, no lo sabe con certeza, pero aquellos sonidos de ciudad comenzaron a disiparse, de a poco quedó atrás el ruido de los vehículos y del transporte urbano. Ahora lo que podían sentir acostados boca abajo era un camino empedrado y con tierra.

El temor que sintió en ese momento dice Joel, es indescriptible e incontrolable, todo eso por lo que aquel día decidió salir a luchar se convirtió en una realidad ya no sólo posible sino, cercana y directa; simplemente, señala, no pudo dejar de pensarse como “uno más” como “un muerto más” producto de la violencia y la impunidad:

“Varios de los chicos que venían conmigo comenzaron a preguntar que dónde estábamos, que a dónde nos llevaban, que por qué ya no estábamos en la ciudad. La verdad es que ese fue el momento en el que más miedo sentí, empecé a temblar de manera incontrolable porque se te vienen muchas cosas a la mente, no sabes a dónde te van a llevar, piensas que te están metiendo a una terracería, que las personas con las que te llevan no las puedes identificar porque al final de cuentas podrías ser un muerto más”.

Nadie contestaba sus preguntas, absolutamente ninguna de sus preguntas; luego las camionetas se detuvieron y pensaron que ahí todo terminaría, pues escucharon que se abría un portón en una especie de terreno cercado; pero no fue así, al final “se dieron la vuelta” para quedar en dirección al camino por el que había entrado:

“Se detuvieron, por un momento pensamos, porque después cuando nos bajaron lo platicamos, que nos iban a meter como a un terreno cercado porque abrieron unos portones, pero pues al final se dieron como la vuelta para quedar apuntando hacia el camino o la salida”.

“TIENEN 10 SEGUNDOS PARA CORRER

POR SUS VIDAS”

“Nos bajaron uno a uno, no nos dejaron empezar a caminar, nos mantuvieron de espaladas a las camionetas en lo que se bajaban todos, pues obviamente no podíamos voltearlos a ver… yo creo que estábamos todos abajo, uno nos dijo que teníamos 10 segundos para correr por nuestras vidas y que el que volteara hacia atrás le iba a ir mal”.

Más de veinte jóvenes comenzaron a correr todos sin rumbo, no sabían hacia dónde sólo que lo hacían para “salvar su vida”. Tampoco sabían en dónde estaban hasta que, luego de unos minutos, alguien se atrevió a voltear hacia atrás y les dijo que ya no corrieran, que los policías ya no estaban.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha señalado en su Informe Especial sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en Guadalajara del 4 al 9 de junio de 2020, que en el 37.5% de los testimonios de las víctimas documentados por la Unidad de Análisis y Contexto de este organismo, pueden encontrarse elementos equiparables a la tortura psicológica, mientras que el 81.3% narraron haber sido amenazados.

EL REGRESO DEL INFIERNO

“Empezamos a caminar y seguimos caminando, llegamos a un lugar con casas, las personas comenzaron a salir porque yo creo que se les hizo extraño vernos. Empezaron a salir de sus casas, no nos decían nada, los chicos tampoco hablaban, todos estábamos en shock, yo me acerqué a un señor y por eso sé que fue en La Loma, le pregunté que en qué municipio y me dijo que en Tlaquepaque”.

La Loma es una colonia dentro de la delegación de San Sebastianito en el municipio de Tlaquepaque, que se encuentra a 25 minutos de las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco en la calle 14 en Guadalajara.

De acuerdo con la información recabada por las redes feministas que realizaron labores de acompañamiento y seguimiento a las víctimas de estos hechos, otros puntos donde fueron abandonados las y los jóvenes detenidos fueron las colonias: Cerro del Cuatro, Miravalle, Las Pintas, Los Olivos y La Loma, todas estas en el municipio de Tlaquepaque. También se denunció que otros habían sido abandonados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Joel recuerda que el mismo señor que les dijo en dónde se encontraban, les indicó que tendrían que seguir el canal para poder encontrar una avenida con autobuses que les permitieran salir de este lugar.

Mientras caminaba se le acercó Fede, otro de los jóvenes del grupo que también había sido abandonado en este sitio; le ofreció agua y juntos comenzaron a conversar sobre lo que les había sucedió.

Fede le contó que se encontraba muy preocupado, pues cuando lo detuvieron estaba con unas amigas a quienes los policías también golpearon y se llevaron.   

En medio de la plática y luego de varios minutos, Joel logró recordar que en su mochila llevaba su celular, pues uno de los oficiales lo había guardado en ésta tras haberle impedido comunicarse con su amiga. Por fin, luego de más de dos horas hizo contacto con ella:

“En ese momento yo no me acordaba que tenía mi celular hasta que caminamos un buen rato y me acordé y lo pude sacar. Lo saqué y lo prendí y lo primero que hice fue hablarle a mi amiga y me dijo que no me moviera de ese lugar que iba a ir por mí, que le mandara mi ubicación”.

Si bien, su amiga logró llegar a la manifestación, su hermana y su novio tuvieron que huir en un taxi perseguidos por unos policías, además, ella le contó a Joel que fue testigo también de cómo estos mismos sujetos se llevaron a varias personas en el lugar.

Fede y Joel permanecieron en La Loma hasta que su amiga pudo recogerlos y llevarlos a su casa.

ME DIERON MÁS RAZONES PARA SEGUIR LUCHANDO

Para Joel ha sido complicado regresar a la “cotidianeidad”. El miedo, la frustración, el enojo y la desesperanza que le provocaron estos eventos en su vida, le hicieron cuestionarse en algún momento lo siguiente: ¿con quién voy a acusar a la autoridad que me tiene que proteger y que fue la misma que me violentó? Y ¿a quién le digo lo que me hicieron?

Y es que las huellas que le dejó ese viernes 5 de junio son una especie de recordatorio, dice, desde el dolor que aún tiene en una de sus rodillas por los golpes que le dieron y que le impide correr en las mañanas como acostumbra, hasta la zozobra que le causa tener abiertas sus redes sociales a sabiendas de que quienes le detuvieron tienen registros y fotografías sobre ellas y sobre su persona.

Aunque a él nadie le ha hostigado tras estos hechos, se ha enterado que a Fede y a su familia sí les han molestado y perseguido:

“La verdad es que estoy asustado, porque vi el testimonio de Fede en Facebook y lo pude contactar, me dijo que han estado hostigando a su familia vía telefónica, porque sí se quedaron con su celular, que les han estado pidiendo a su papá su dirección. Estoy realmente muy asustado porque no sé realmente qué pudieran hacer con los datos que tienen míos, con mis fotografías, no sé si vaya a quedar ahí o si realmente ellos con esa información podrían hacer algo más.

Quiero cerrar mis redes sociales, estaba pensando en cambiar de número de teléfono porque no sé si también tomaron nota de esto”.

Sin embargo, asegura que parte de estos recordatorios son una muestra fehaciente de lo que aquel viernes le hizo salir a las calles a denunciar; pues si bien, esto ha sido lo peor que hasta ahora ha vivido, le permitió confirmar y reafirmar la lucha en la que cree, esa que clama justicia por la muerte de Giovanni y por todas y todos los que han sido víctimas de la brutalidad policial, del uso excesivo de la fuerza, de la violencia y de la impunidad.

Está seguro de no arrepentirse y así se lo ha dicho a todas las personas que le preguntan si hubiese preferido quedarse en casa ese día en lugar de haber salido a manifestarse; para él, no se trató de un “estate quieto”, pues dice que se dio “cuenta en carne propia que la autoridad sí es todo esto que dicen”, por ello, el miedo que le dejaron lo ha convertido en voluntad y en más razones para seguir exigiendo un cambio:

“Para mí no fue un “estate quieto” para mí es un “ya tienes más razones para seguir luchando y para seguir manifestándote y pidiendo que las cosas cambien”, porque no me gustaría que esto le pasara a alguien más y siguiera sucediendo. No puedo ser indiferente y voltear la mirada. Tengo miedo, pero al final de cuentas es la voluntad de seguir pidiendo que las cosas se hagan como deben de hacerse y que no se sigan violando más derechos humanos, es lo que me hace continuar. Me dieron más razones para seguir luchando”.

Joel actualmente es acompañado por organizaciones a favor de la defensa de los derechos humanos.

DESAPARECER FORZADAMENTE POR

PROTESTAR EN JALISCO

Entre las 5:40  y las 7:45 p.m. del viernes 5 de junio del 2020, Joel permaneció incomunicado y privado de la libertad en contra de su voluntad, sin que ninguna autoridad informara a él o a sus familiares las razones por las cuales había sido arrestado; de la misma forma, tampoco existe un registro oficial de su detención.

Al respecto, Fernanda Lobo Díaz y Jorge Ruiz Reyes, integrantes del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, han considerado que el modus operandi utilizado por las fuerzas de seguridad en Jalisco durante esta protesta, así como, la del 4 de junio, no sólo evidenciaron la comisión de detenciones arbitrarias, sino, además, pone de manifiesto y obliga a reconocer que los actos cometidos durante esos días por personal de seguridad pública y de la Fiscalía del Estado de Jalisco, fueron desapariciones forzadas.

De acuerdo con los expertos, dichas prácticas cuentan con “los tres elementos de conducta” que instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos han establecido para determinar como tal, este crimen de lesa humanidad. Tal es el caso de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada de 2007, de los cuales México forma parte; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, donde la desaparición forzada como delito se encuentra tipificada en el artículo 27.

Los tres elementos que destacan son:

1. La privación de la libertad contra la voluntad de la persona;
2. La participación de agentes gubernamentales (de manera directa o con tolerancia o aquiescencia); y
3. La falta de información o negativa a reconocer la privación de la libertad, y de proporcionar información sobre el paradero de la persona.

De esta manera, quienes integran el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana consideran que “existe información que permite identificar que estos tres elementos estuvieron presentes en los eventos de los últimos días”.

Por un lado, señalan que, durante las protestas de ambos días se documentaron detenciones arbitrarias “donde a las personas no se les expusieron los motivos por las que las fueron detenidas”; asimismo, las víctimas del 5 de junio “no fueron puestas a disposición de manera inmediata ante las autoridades correspondientes”, sino que fueron “paseados” por distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara y después abandonados al azar en sitios de la periferia, muchas y muchos de ellos sin dinero, sin sus pertenencias y sin sus celulares.

Además, señalan que “las autoridades están obligadas a ingresar cualquier detención dentro del Registro Nacional de Detenciones”, sin embargo, esto no fue así para Joel y otras víctimas de las protestas el 5 de junio; hasta ahora las autoridades del estado reconocen 28 personas detenidas durante las protestas del 4 de junio(entre ellos seis menores de edad); y seis jóvenes el sábado 6 de junio.

Al mismo tiempo, refieren que los agentes estatales que participaron en las detenciones “no portaban algún tipo de identificación, además de que utilizaron vehículos que tampoco contaban con placas o insignias que permitieran constatar que eran vehículos oficiales”, como Joel lo refiere en su testimonio

Fue sólo hasta después de denunciar los hechos y algunas horas más tarde que el Gobierno del estado, a través de su ejecutivo, Enrique Alfaro Ramírez atribuyó los hechos de violencia a un grupo de personas de la Fiscalía del Estado de Jalisco que había desacatado su instrucción y que “actuó de una manera irresponsable y brutal”.

Nuevamente, bajo el discurso oficial reiterado que asegura sólo tratarse de “algunos irresponsables” y no de todo un sistema de seguridad y procuración de justicia atravesado por la impunidad, la violencia y el uso excesivo de la fuerza policial, Alfaro Ramírez junto con el Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, han informado que hasta ahora hay dos elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco detenidos y procesados por presuntamente violar los derechos humanos de las personas durante estas manifestaciones.

No obstante, como han asegurado las familias de estos dos policías (Raúl “N” y Salvador “N”) a través de manifestaciones públicas, los agentes de seguridad estatal actuaron por órdenes del Fiscal General, Gerardo Octavio Solís y de los oficiales al mando, y no de manera independiente y en desacato como sugieren ambas autoridades.

Versiones que desmienten, además, las declaraciones oficiales donde se señalaba que los actos se llevaron a cabo por personas vinculadas al crimen organizado. En ese sentido, la CEDHJ a través de su Informe Especial sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en Guadalajara del 4 al 9 de junio de 2020, ha confirmado también, la participación de elementos de seguridad pública, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco y policías ministeriales durante estos eventos.

Por otro lado, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, refiere que, si bien se informó de la liberación y localización de la mayoría de las y los detenidos, esto no borra el hecho de que fueron desaparecidos forzadamente.

Al respecto, el Comité de las Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada (CED), determina a través del dictamen 1/2013 (correspondiente al caso del argentino Roberto Agustín Yrusta) que el delito de desaparición “no depende del tiempo que una persona permanezca detenida sin que se sepa dónde está”, sino, del tiempo en el que las personas permanecieron desprotegidas de sus derechos.

Fernanda Lobo Díaz y Jorge Ruiz Reyes, recuerdan que en México también existe una resolución semejante sobre el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue víctima de desaparición por policías de la Ciudad de México en el año 2018; y donde el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito logró determinar que sí existió el delito de desaparición forzada en el hecho, sin importar que Marco Antonio fuera localizado con vida posteriormente.

Junto con estos señalamientos públicos, el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas se pronunció en contra y exhortó a las autoridades a investigar lo sucedido en el estado de Jalisco como desapariciones forzadas y demandaron que esto hechos “no deberán permanecer en la impunidad”.

Luego de estas violaciones a derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH México), se manifestó el sábado 6 de junio a través de las redes sociales para recordar a las autoridades de Jalisco que están obligadas a “informar sobre cualquier detención que se lleve a cabo”; precisaron con ello que “las familias de las personas detenidas tienen derecho a conocer el paradero y situación legal de su familiar”.

Señalaron que “toda persona detenida tiene derecho a conocer los cargos en su contra, que se garantice su integridad y ser llevadas sin demora ante un juez”; y recordaron que “una desaparición forzada la puede cometer una autoridad o un civil con permiso de una autoridad y puede durar horas, días, semanas, meses o años”, pues “se trata de un delito continuado que no para hasta que el paradero de la persona es determinado sin lugar a dudas”.

De acuerdo con las autoridades de Jalisco, el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, aceptó atraer la carpeta de investigación iniciada por los abusos cometidos los días 4 y 5 de junio en Jalisco.

Hechos que, aunque el titular de la Fiscalía del Estado asume como “abusos”, organizaciones de la sociedad civil en Jalisco como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), la red feminista YoVoy8deMarzo y demás mujeres y personas solidarias, han señalado que los hechos de violencia y abuso policial perpetrados en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado, terminaron en la detención arbitraria, clandestina, ilegal y violenta de más de 80 jóvenes por elementos de seguridad estatal armados y vestidos de civil sin ninguna identificación oficial.