Después de trabajar seis meses sin recursos y ante la imposibilidad para seguir sosteniéndose, las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI) aceptaron recibir una cuarta parte del presupuesto total que tenían asignado para el 2020. Sin embargo, ese recurso sólo alcanzará para que las casas operen los próximos dos meses.
Conscientes de que las mujeres indígenas embarazadas y víctimas de violencia no pueden esperar, las integrantes de la Red CAMI exigen a las autoridades que sus derechos sean una prioridad y que entreguen los recursos restantes de manera íntegra e inmediata.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
Desde el inicio este año las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI) han trabajado sin recibir recursos, debido a la reasignación de presupuestos para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Algunas casas, aún sin luz, internet y con recortes de personal, siguen atendiendo mujeres indígenas embarazadas y víctimas de violencia, con una perspectiva intercultural, en su lengua y rescatando sus saberes tradicionales para la sanación.
En muchas ocasiones, las CAMI son la única alternativa para las mujeres que viven en regiones aisladas y olvidadas por las instituciones públicas. Por tal razón, no pueden poner sus servicios en pausa, aunque falte dinero. Mucho menos durante esta contingencia por COVID-19, en la que las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia doméstica y los hospitales han volcado sus servicios a la atención de la crisis sanitaria.
En los meses de la epidemia las CAMI han atendido a más de mil 111 mujeres y aseguran que la demanda de sus servicios ha aumentado.
Después de seis meses de trabajo no remunerado, las CAMI dieron a conocer que finalmente recibirán 8.5 millones de pesos para su operación, aunque esta cifra apenas representa entre un 25 y 30% del dinero etiquetado para cada casa en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 (anexo 13, rubro 47, dentro del “Programa de Derechos Indígenas”).
Este porcentaje de recursos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fueron aceptados debido al riesgo inminente de cierre de las 35 CAMIs esparcidas por todo el país. Sin embargo, tomando en cuenta que sólo cubre los gastos de operación de los próximos dos meses, la lucha por acceder al presupuesto completo continuará.
“Las CAMI enfrentan ya una situación crítica y deciden aceptar este recurso bajo la aclaración de que no se considera una renuncia, ni implícita, ni tácita para acceder al 75% del monto restante del presupuesto total del presente año” expresa la RED CAMI, integrada por representantes de las casas, en su carta abierta dada a conocer el 17 de junio.
La lucha de las CAMI para acceder a su presupuesto comenzó a inicios de abril con la suspensión y posterior cancelación de los recursos destinados a los programas sociales del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). Todo bajo la explicación de que la SHCP decidió reasignar el presupuesto para atender la crisis provocada por el COVID-19.
“Nos preocupa especialmente que durante la reunión se nos informó que se han cancelado los recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, dentro del cual están los recursos para las CAMIs” expresaban la Red Nacional de Refugios y la RED CAMI refiriéndose a la reunión que tuvieron con autoridades federales el 22 de mayo.
Desde entonces la RED CAMI ha estado en negociaciones con el INPI para discutir su situación. Así fue como se llegó al acuerdo de recibir una cuarta parte del total de su presupuesto, aunque dicha decisión no representa, ni de cerca, el final de la lucha.
Además de que los 8.5 millones sólo podrán sostener las casas durante los próximos dos o tres meses, las actividades han tenido que limitarse para priorizar los gastos fijos de operación y el pago al equipo de mujeres que atienden a las usuarias.
Por ejemplo, en la CAMI Manos Unidas de Ometepec, Guerrero, se han suspendido las actividades de sensibilización comunitaria acerca de los derechos de las mujeres, que a la vez funcionan como parte de la prevención de la violencia de género. Así es como las y los integrantes de comunidades indígenas aprenden a reconocer relaciones interpersonales abusivas, que pueden derivar en violencia doméstica.
“Algunas hemos buscado otras alternativas y decidimos pedir un préstamo para seguir atendiendo. Pensamos que podríamos pagarlo una vez que nos entregaran los recursos, pero ahora estamos endeudadas” dijo Patricia Alonso, representante de la CAMI La paloma Ju Wo kkow San Ignacio Cohuirimpo de Navojoa, Sonora, durante la conferencia de prensa ofrecida por la RED CAMI el pasado 17 de junio.
Por ello, a pesar de aceptar parte de los recursos que les corresponden, las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana se reservan su derecho a ejercer las acciones administrativas, jurisdiccionales o de cualquier otro tipo, para que la Secretaría de Hacienda reintegre el presupuesto que fue cancelado.
En ese sentido, es importante señalar que las acciones relacionadas con la aplicación el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señalan que: no se pueden realizar reducciones a los programas presupuestarios dirigidos a la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ni a los que corresponden al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
También, se reservan el derecho a hacer lo necesario para que el Poder Ejecutivo Federal incluya a las CAMI entre los programas prioritarios de “Defensa de los derechos humanos” que no serán pospuestos con las medidas de austeridad, descritas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril.
Más que cualquier porcentaje del presupuesto, hacen un llamado a la SHCP para que los recursos sean entregados de manera íntegra, de acuerdo con lo establecido originalmente en el Presupuesto de Egresos 2020; permanente, para que en el futuro no vuelvan a enfrentarse a actos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos; e inmediata para no seguir operando con limitaciones.
“Seguir reteniendo los recursos significa violar los derechos de las mujeres indígenas. Su derecho a la vida libre de violencia, a la igualdad, a la salud y todos los demás que atendemos en las Casas”, señaló Rubi Celia Calletano, representante de la CAMI Naaxwiin de Matías Romero, Oaxaca, durante la misma conferencia de prensa del 17 de junio.
Por su parte, Nelsy Marisela Ku Chay, coordinadora de la RED, agregó que no se está reconociendo la capacidad de las mismas mujeres indígenas para la organización comunitaria. Además, declaró que, si las autoridades mexicanas no dan una respuesta a favor de los derechos de las mujeres, no dudarán en tomar medidas a nivel internacional.
“La lucha nos da fuerza para unirnos”, precisó Nelsy, refiriéndose a los obstáculos que han enfrentado para recuperar del presupuesto. Mientras tanto, desde la RED CAMI seguirán trabajando por la defensa de los recursos para la atención de la violencia y la salud de las mujeres indígenas, que son fundamentales para reducir las brechas de desigualdad en México.
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Si estás interesada o interesado en respaldar la exigencia de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana para recuperar su presupuesto, puedes firmar aquí. Hasta ahora lo han hecho 195 organizaciones y 544 personas.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYRl4Ss_1MjznLFEa6Jg1vYc9A_8cvsVMHLPZ19MDkGkgIw/viewform)
