El Estado mexicano tiene una deuda de casi medio siglo con la comunidad de El Quemado, en Guerrero. Aunque existe un Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, la reparación del daño se sigue posponiendo en la nueva administración
Texto: Rodrigo Caballero y Dairee Ramírez
Fotos: Rodrigo Caballero
ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO.– El cuerpo de Ignacio Sánchez Gutiérrez nunca apareció, los militares se lo llevaron a la cárcel de Acapulco, donde sus parientes saben que murió como resultado de la golpiza que le pusieron, pero la familia nunca recuperó sus restos.
La noticia de su muerte les llegó a través del periódico La Verdad de Acapulco, que colocó la fotografía del cuerpo en su portada del martes 19 de septiembre de 1972. La nota relató que antes de morir Ignacio Sánchez agonizó en su celda tratando de curarse las heridas con pedazos de cebolla.
“Lo único que trajeron fue el periódico”, recuerda Elena, quien todavía mantiene la esperanza de que aparezca a casi 48 años de que una compañía del Ejército Mexicano se lo llevara acusado de participar en la guerrilla de Lucio Cabañas.
Ignacio Sánchez fue una de las 106 personas detenidas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre de 1972, de acuerdo con la investigación de Laura Castellanos en su libro México Armado, y uno de los 91 habitantes de El Quemado que fueron encarcelados por los delitos de asociación delictiva y homicidio.
Los militares sembraron pruebas contra los campesinos para poder detenerlos; luego los torturaron y obligaron a declararse culpables de los ataques del 25 de junio y el 23 de agosto de 1972, en los que 28 militares fueron asesinados por miembros de la guerrilla.
Otras 15 personas cayeron presas. Eran provenientes de poblaciones aledañas como El Refugio, Cerro Prieto, San Francisco del Tibor, Rincón de las Parotas, Los Piloncillos, Santiago de la Unión, El Guanábano (conocido entonces como “El Barriecito”), La Tamalera, Corral Falso, El Rincón, Pie de la Cuesta, Cayaco, Cacalutla, Tepetixtla, La Remonta y San Vicente de Benítez.
El Quemado fue la población más afectada de la Sierra de Atoyac por violaciones de derechos humanos. Tanto, que existe una deuda pendiente del gobierno federal para reparar los daños a decenas de víctimas directas e indirectas de las detenciones.
Esta es la deuda que el Estado mexicano lleva casi 48 años sin cumplir. En noviembre de 2001, se emitió la recomendación correspondiente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El ataque al Quemado
El Quemado es un pueblo ubicado en la medianía de la sierra de la Costa Grande de Guerrero; se encuentra a 45 minutos de la cabecera de Atoyac y es el hogar de unas 800 personas.
El Quemado era un pueblo cafetalero pero luego de la plaga de la roya, que comenzó en el 2012, hizo de la producción de mango su principal su actividad económica.
Para llegar a El Quemado, hay que recorrer una carretera que sube hacia la sierra, llena de barrancos y un paisaje abrumadoramente verde. Esta carretera se construyó hacia finales de la década de los setenta. Sus propios pobladores cuentan que fue durante los años de ocupación del Ejército Mexicano, precisamente para facilitar la movilidad de los militares que buscaban guerrilleros.
Una vez iniciado el camino para subir, no hay a dónde más ir; las curvas desembocan en un arco color azul que da la bienvenida a El Quemado y donde una calle nos lleva hasta la zona central del pueblo lleno de casas coloridas que en sus pórticos tienen hamacas que incluso combinan con la fachada.
Ahí en el centro del pueblo está la cancha de basquetbol –un deporte apreciado por los señores del pueblo–, la comisaría y algunas tiendas de conveniencia. También hay un salón de clases abandonado, lleno de pupitres sin usar.
Ese salón carga la historia más dolorosa del pueblo, sus paredes albergan la memoria del dolor, la tortura y el olvido de un pueblo que sufrió los estragos de las estrategias militares para detener la guerrilla en la Sierra de Atoyac.
Este lugar marca un espacio donde se ejerció la violencia política desplegada por el Estado mexicano, en los tiempos en los que el comunismo era el enemigo a combatir, enemigo que tomaba el nombre de guerrilleros como Lucio Cabañas, entre otros.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) dio a conocer los informes oficiales de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). En esas cuartillas, el Ejército Mexicano habla de hasta 150 “guerrilleros” detenidos, acusados de haber participado en las emboscadas con base en la “evidencia” que encontraron los militares al registrar sus domicilios.
En el expediente 100-10-16-4 L-6 H-152 donde se guarda el informe de la DFS del 6 de septiembre de 1972, el Ejército Mexicano informó que al señor Gumersindo Morales García “se le encontró una navaja propiedad de uno de los soldados muertos en la emboscada del día 23 de agosto”.
El mismo informe señala que al señor Darío Morales Navarrete le hallaron “2 números del cuello del 48º Batallón de Infantería”. Estas eran las pruebas que tenían en su contra; evidencia de que las familias de los campesinos señalan que los soldados plantaron para llevárselos.
La desaparición forzada
El Ejército Mexicano también informa que en aquella población detuvieron a Antonio Onofre Barrientos, tío de Lucio Cabañas Barrientos. A aquél lo trasladaron directamente al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, y desde aquel momento se desconoce su paradero.
Lo mismo sucedió con Francisco Castro Castañeda, Aurelio Díaz Fierro, Mario (o Mauro) García Téllez y Cesáreo Villegas Tabaes. Fueron fueron detenidos–desaparecidos por los militares y no se sabe nada de ellos; así como Rito Izazaga García, detenido, luego liberado y posteriormente desaparecido.
Toda esta oleada de detenciones, tortura y desapariciones comenzó el 28 de agosto de 1972. Cuando el general, Joaquín Solano Chagoya, descendió a la población de El Quemado a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.
Los campesinos de este pueblo recuerdan que Chagoya se acercó a un capitán del Ejército y le dijo: “le haces así como te dije”. Después se retiró de la población. Las primeras detenciones fueron dentro de las casas de los mismos campesinos.
Entre el 2 y el 5 de septiembre de 1972 se realizaron asambleas a las que tenían que asistir todos los pobladores de El Quemado. Los soldados ya tenían una lista de personas a quienes iban nombrando de uno por uno.
Los que salían en la lista eran apretujados en el salón de clases frente a la cancha principal del pueblo. Ahí se enteraron que estaban detenidos cuando les vendaron los ojos y los amarraron de manos y pies; los soldados usaron lo que tenían a la mano, incluso su propia ropa.
Entre los detenidos estaba Celso, a quien llamaron los militares al centro de la población. Con engaños lo metieron al salón del pueblo y de inmediato lo amarraron y lo vendaron, así permanecieron junto a otros pobladores hasta que los sacaron en helicóptero.
“A mí me decían que yo era guerrillero, que andábamos en la guerrilla con Lucio. Nosotros ni conocimos al tal Lucio, el profesor nunca vino aquí, no tenía gente aquí, pero yo siento que lo que deveras querían los militares era mostrar trabajo. Dijeron ‘como no podemos ir a agarrarlo allá a la sierra mejor vemos a los que están aquí cerquita’”, aseguró Celso.
Al señor Benito también se lo llevaron con engaños y lo torturaron tanto en el salón de la cancha de El Quemado, como en el cuartel militar de Atoyac: Un edificio en obra negra utilizado como cárcel clandestina mientras los detenidos eran trasladados a la cárcel de Acapulco, conocida popularmente como “El Pasito”.
Ya en Acapulco, abrían un proceso penal en su contra; los acusaban de cargos como secuestro, asociación delictuosa, homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército, sabotaje e insurrección.
“Todos los días nos golpeaban. En las mañanas había un soldado que era muy malo, llegaba y nos apretaba los nudos de las manos y de los pies. Yo tenía las manos moradas, cortadas, así hinchadas por el lazo. Había otro que era más gente y nos aflojaba los lazos; pero cuando regresaba el otro nos los volvía a apretar. Estuvimos amarrados, acostados y si te movías te pegaban”, recordó don Benito.
“Había un soldado que entraba y decía: ‘¿quien tiene hambre?’. Todos nos callábamos, porque ya sabíamos que al primero que dijera ‘yo tengo hambre’ lo agarraban a golpes. ‘Así o quieres más’, le decían y les daban de golpes porque luego hasta se divertían con nosotros”, contó Benito. Él, además de haber sido torturado, perdió a su hijo Eliseo de dos años mientras estaba preso.
Sin embargo, en los reportes oficiales no narraban las torturas. Al contrario, los informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la DFS señalaban que a los “guerrilleros” solamente se les aplicaban correctivos cuando se insubordinaban durante sus detenciones sin tratarlos con “demasiada rudeza”.
“El estado de ánimo de los detenidos hasta el momento es de franca rebeldía, a pesar de que los elementos del ejército no los han tratado con demasiada rudeza, y por orden de sus superiores han procurado ser consecuentes con los detenidos a pesar de que estos se muestran léperos y violentos al ser tratados, en las poblaciones que forman el Municipio de Atoyac se ha podido detectar una franca simpatía hacia el ataque a las fuerzas Federales, y una falta de cooperación hacia las autoridades estatales y federales”, apuntó un informe del 7 de septiembre 1972 de la DFS.
“Sabemos que informaban allá en México que habían detenido guerrilleros pero eso era una mentira. Lo que habían hecho era detener campesinos que nada tenían que ver con la guerrilla, que ni conocían a Lucio Cabañas”. Así lo aseguró Elena, quien todavía exige justicia y reparación del daño que le provocaron a los pobladores de El Quemado hace casi 48 años.
Los hombres aprehendidos durante 1972 aseguran que no había ningún motivo para sus detenciones. En El Quemado no había presencia de la guerrilla de Lucio Cabañas y toda la población terminó en medio del conflicto. Esto, a pesar de que los mismos pobladores de esta localidad habían solicitado la ayuda del Ejército Mexicano para evitar que el pueblo fuera asediado por la guerrilla.
“Antes veíamos pasar a los soldados y les ofrecíamos alimento, agua, café, algo para que descansaran. Llegaban los soldados al pueblo y nos los repartíamos para que en cada casa se les diera el alimento. Pero luego ya nadie quería a los soldados, ya no querían tenerlos aquí (…) a mí cuando me llevaron me dio un coraje muy grande por los golpes que me pusieron. Yo tenía mucho resentimiento contra los soldados, pensaba que me iba a meter a la guerrilla cuando saliera libre”, dijo don Celso.
La mayoría de los detenidos que regresaron a El Quemado –algunos estuvieron presos por más de 4 años– coinciden en que la represión de la que fueron víctimas fue una forma del Ejército Mexicano para demostrar resultados en el combate de la guerrilla. También fue desquitarse de las agresiones que habían sufrido a manos de las Brigadas de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres.
Celso salió de la cárcel con ganas de incorporarse a la guerrilla y desquitarse de los soldados que lo habían torturado; pero se detuvo al ver a su familia. Dijo que cuando se reencontró con ellos se le quitó el coraje y lo único que quería era volver a la normalidad.
Cuando regresaron a El Quemado, éste ya no era igual. Durante más de cinco años permaneció sitiado por los militares; y en todo ese tiempo sus habitantes tuvieron que aprender a convivir, e incluso sobrevivir, al lado del Ejército Mexicano.
Las víctimas indirectas
“Septiembre era el tiempo de los elotes. Ahorita llega y nos da tristeza”, comenta Saúl, quien era un niño de apenas cinco años cuando se llevaron a varios de sus familiares el 5 de septiembre de 1972.
Cuenta que su mayor diversión era ver cómo los helicópteros llegaban y se iban, sin siquiera saber bien lo que estaba pasando. Después supieron que eso que tanto divertía a los niños, era lo que se llevaba a sus padres y tíos.
“Ahora ir a la milpa o la huerta en las temporadas de agosto y septiembre da algo de tristeza; pues uno ve el pasto, el maíz y la lluvia y se recuerda de cómo era la cosa en ese entonces”, recuerda el campesino.
Ese “entonces” está lleno de múltiples experiencias sobre ausencia, tristeza, hambre, miedo, e incluso coraje, que la mayoría de pobladores de El Quemado no quieren recordar más.
La ausencia de los padres de familia desató no sólo tristeza, sino también dificultades económicas y problemas familiares al reajustarse las actividades. Los cultivos murieron porque no podían ir a atenderlos ya que los militares seguían con el cerco en el pueblo. Las mujeres recuerdan que cuando salían a comprar comida, sólo les permitían pasar 1 kilo de maíz y 1 kilo de frijol, sin importar cuántos hijos tenían.
La señora Viviana cuenta que a su esposo lo sacaron los militares de su casa. Pensó que él iba a regresar pero hasta la fecha no saben qué sucedió con él. Ella fue a buscarlo pero no le daban información. A la vez tenía hijos pequeños y debía alimentarlos, así que comenzó a lavar ajeno. Cada que recuerda estos tiempos llora; fue muy doloroso perder a su esposo y no contar con los recursos para seguir buscándolo ni para darle mejores oportunidades a sus hijos.
Además cuenta que “el pueblo era muy triste, ni daban ganas de estar aquí”. Quienes quedaron cultivaron desconfianza. También las fiestas tradicionales quedaron pausadas en el tiempo anterior a que se llevaran a los hombres, como la fiesta patronal de Santiago que es recordada con mucho júbilo pero que no se ha vuelto a hacer.
Los hombres que regresaron no regresaron igual que antes. Sus familias señalan que algunos volvieron con mucho coraje, otros temblaban cuando veían a alguien del ejército y otros más tenían pesadillas constantes. Además, hay quienes señalan que los golpes que recibieron les produjeron daños en su salud, con los que tuvieron que cargar el resto de su vida sin recibir atención alguna.
Muchas personas emigraron. En cuanto pudieron salir del pueblo se fueron a otros pueblos, a Acapulco o a Chilpancingo, pues la situación era muy difícil para quienes habitaban El Quemado, sobre todo por el hambre.
Una generación perdida
Algunos de los que entonces eran niños creen que lo ocurrido fue una de las grandes causas de que no pudieran estudiar. Por más que lo quisieran, decenas de jóvenes se quedaron sin educación.
Mientras estuvo el asedio, la educación fue pausada. Posteriormente las niñas, niños y jóvenes tuvieron que irse a trabajar, o lavar y hacer quehaceres. Así las madres pudieron irse al campo o a ver el proceso penal de sus familiares.
Cuando crecieron las opciones para los jóvenes fue unirse al ejército o migrar a Estados Unidos; quienes pudieron salir de ahí, encontraron algunas otras posibilidades como ser profesores o estudiar alguna carrera.
Doña Esperanza tenía entre 9 y 10 años cuando comenzó el cerco militar. Los soldados andaban por todo el pueblo, tenían su campamento afuera de la casa que utilizaron de cárcel, ahí cocinaban, tocaban la campana para llamar a reuniones.
Ella iba por el agua a un arroyo cerca, y mientras hacía su recorrido un soldado se le acercaba, le cargaba la tina y le decía que si quería ser su novia. “Yo no sabía qué era eso, ni siquiera usaba brasier, aún”. Su mamá optó por mandarla a otro lado, pues le daba miedo que el soldado se la fuera a robar.
En ese tiempo todavía era común que los hombres se robaran a las mujeres. Al parecer hubo muchas mujeres que se fueron con los soldados, doña Esperanza no sabe si por su propia voluntad u obligadas.
A su papá se lo llevaron y después lo soltaron en Atoyac, desnudo y “como loquito”. Recuerda que cuando él regresó tardó en recuperarse, le daba miedo, casi no hablaba. Hace algunos años murió su mamá, quien padeció de demencia. Olvidó muchas cosas, pero constantemente recordaba esa época. En ocasiones le pedía a sus hijas que se callaran porque podían llegar los soldados.
Las promesas incumplidas
A casi 48 años de los sucesos, los colores del paisaje no dan cuenta del dolor, pero tal vez sí de la lucha que la comunidad de El Quemado ha dado para mostrar su dignidad y para sanar las heridas.
Pero a pesar de que ha habido diferentes esfuerzos ,como la Comisión de la Verdad, a este pequeño pueblo slo llegan promesas del Estado.
“Ya dimos muchos papeles, llegan gobiernos y nos vuelven a ilusionar. Yo no sé si es un juego para ellos, pero ya estamos cansados de ilusionarnos una y otra vez y ver cómo no se cumplen las promesas que nos hicieron”, dijo Elena.
La mujer actualmente representa el caso de don Ignacio Sánchez, el campesino que murió en la cárcel de Acapulco y cuyo cuerpo jamás apareció. Es una de quienes llevan años sin quitar el dedo del renglón exigiendo justicia y reparación del daño para los afectados de El Quemado.
Tras la presión de organizaciones civiles e investigaciones realizadas en los años noventas sobre los crímenes durante la guerra sucia, en noviembre de 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 26/2001, de la cual se derivó la identificación de 275 casos comprobados de desaparición forzada y se invitaba al entonces presidente Vicente Fox Quesada a iniciar un proceso de reparación del daño para las familias.
Meses después, a inicios del 2002, el gobierno en turno creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) para dar seguimiento a los delitos de la guerra sucia. Si bien esta instancia recopiló diversos testimonios, en 2007 se extinguió entre escándalos por el mal manejo de fondos, dejando 234 averiguaciones previas y sin conceder una sola sentencia.
Diez años después de que se emitiera la recomendación 26/2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado urgente al Estado mexicano de hacer la indemnización económica del daño contra las víctimas de la guerra sucia. Ante ello la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, comenzó procedimientos de acreditación de las víctimas de ese período.
Lograr la acreditación ha sido un reto para las víctimas del Quemado debido a los requisitos burocráticos, la búsqueda de papelería sobre hechos que sucedieron en el pasado, además del cansancio de ser sometidos a narrar en diferentes ocasiones el trauma del 72 y sus consecuencias. Aún así, en 2017 lograron integrar sus expedientes y registrarse en el Registro Nacional de Víctimas para poder ser apoyados de acuerdo a la ley.
Desde 2018 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) constató a las víctimas que su papelería estaba en regla y que las indemnizaciones comenzarían a llegar en poco tiempo y también se daría inicio a la reparación colectiva que incluye un memorial.
La primer reparación colectiva de la historia del país se logró con el Movimiento del 68, la cual fue realizada en el marco de los 50 años del movimiento estudiantil. A ella le sigue la reparación colectiva de El Quemado, la cual contempla un memorial integral y el apoyo con proyectos productivos que beneficien a la comunidad, derivados de un diagnóstico social.
El 11 de febrero de 2019 el entonces representante de la CEAV, Jaime Rochín, presentó en Atoyac de Álvarez, el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, acompañado del gobernador Héctor Astudillo y la presidenta municipal de Atoyac, Yanelly Hernández.
Dicho plan tiene como objetivo hacer una reparación integral del daño tanto individual como colectiva, que incluye medidas de satisfacción, de restitución y de no repetición. Sin embargo, eso no ha sucedido del todo pues solo han recibido un depósito monetario simbólico y el memorial ha quedado en pausa.
El problema se sigue posponiendo la fecha de reparación de daño. Así ha pasado desde noviembre de 2001. En el marco de la austeridad republicana promovida por el gobierno en turno, el pasado 2 de junio de 2020 la Comisión Ejecutiva informó sobre la reducción del 75 por ciento de su gasto corriente, con base en el decreto presidencial del 23 de abril.
El 11 de junio pasado, sin embargo, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador negó que los recortes vayan a afectar a la CEAV.
El decreto, dijo el mandatario, excluye 38 programas federales señalados como prioritarios por el gobierno federal, entre ellos la Defensa de Derechos Humanos, por lo que la atención a víctimas está exenta de la reducción de recursos.
Según el comunicado de la CEAV sobre el decreto de austeridad, entre los ejemplos de impactos que podría tener el recorte se encuentran la pérdida del alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas, con los datos de más de 34 mil víctimas.
La reducción del presupuesto también implicaría un recorte de aproximadamente 230 funcionarios. Es decir, un 60 por ciento de su personal que se quedará sin empleo de un momento a otro, poniendo en riesgo no sólo la capacidad de la CEAV sino su sobrevivencia.
La CEAV sería incapaz de mantener el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y para implementar las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador, entre las que se encuentran la reparación de El Quemado que lleva casi 48 años esperando justicia y 19 años esperando ser indemnizados.
«Yo no le digo indemnizar, aunque no sepa bien qué significa, me van a compensar un poco por lo que sufrí y perdí», esto es una de las frases que don Victoriano repite a quienes visitan El Quemado. Él es uno de los 14 hombres que fueron detenidos y desaparecidos y que aún siguen vivos, pues la mayoría de las víctimas directas han fallecido.
Aunque el dinero de la compensación individual no va a reparar el daño que sufrieron, pues nadie les va a regresar a las personas que murieron, a las que desaparecieron, ni tampoco los años perdidos y los golpes recibidos, para algunas de las familias, ese dinero representa un paso hacia adelante.
Sobre todo en la actualidad cuando el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 comienza a causar estragos entre la población guerrerense; ya que la mayoría de los afectados directos de la Guerra Sucia son parte de los grupos vulnerables por tener más de 70 años, problemas espiratorios y enfermedades crónico-degenerativas como diabetes.
El daño en los pulmones provocado por la tortura que sufrieron en aquel entonces es un riesgo latente ante la llegada de este nuevo virus. Apenas este 24 de mayo de 2020 se informó la muerte del exguerrillero José Arturo Gallegos Nájera, en el municipio de Acapulco. Esto a causa de la covi-19.
La indemnización servirá para pagar medicamentos, para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores que sufrieron las consecuencias de la Guerra Sucia, para hacer mejoras en sus casas o en sus sembradíos; y es, sobre todo, una promesa que se ha extendido por más de 19 años.
“Cada vez que nuestros mayores cuentan lo que les pasó se les quiebra la voz. Ya se cansaron de decir lo que pasó una y otra vez, recuerdan lo mismo y regresan a la realidad: que no hay nada; que no les han dado nada de lo que les prometieron”, dijo Elena.
Nota: Los testimonios recuperados en este artículo son parte de una investigación que realizamos con el apoyo de la asociación civil Data Cívica en el marco del Memorial a las Víctimas de la Desaparición Forzada en El Quemado, Guerrero. Dicho proyecto fue coordinado por Sergio Beltrán-García y financiado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las narraciones citadas son difundidas con plena autorización de las víctimas.
#AlianzaDeMedios
Link Original: https://piedepagina.mx/indemnizacion-para-victimas-de-la-guerra-sucia-se-desvanece-otra-vez/
