La reclusión punitiva transciende más allá de las paredes de los centros penitenciarios, llega hasta los familiares de las personas privadas de su libertad (PPL) y los obliga a “pagar penas” por las que nunca fueron condenados. Sin embargo, como los sujetos más invisibilizados del sistema penal, la mayoría de las veces el impacto que recae en ellos no se cuenta.
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO) reunió a profesionales investigadores para discutir sobre las violencias, el estigma y otras consecuencias de las condenas invisibles impuestas a quienes tienen a un familiar dentro de un reclusorio.
Este trabajo recupera algunas de sus reflexiones.
Por Ximena Torres / @ximena_tra
“Por cada persona privada de su libertad hay que multiplicar a su familia para conocer a los afectados” advirtió Corina Giacomello, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), para referirse al impacto que tienen las penas del encierro punitivo.
La violencia institucional, la exclusión social e incluso el abandono de proyectos de vida, son algunos de los costos que las personas tienen que pagar cuando uno de sus familiares está en un reclusorio. Las hijas e hijos, esposas y padres terminan por cumplir condenas de delitos que no cometieron debido a la incapacidad de los Estados para garantizar sus derechos y los de sus seres queridos privados de la libertad.
Estas fueron algunas de las reflexiones que se dieron en el marco del conversatorio virtual “Confinamiento sin fin: Reflexiones sobre el encierro punitivito y su impacto en las familias de las personas privadas de la libertad (PPL)”, organizado por el Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, el pasado 12 de junio.
Con la participación de Pablo Hoyos, profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa; Nadia Gutiérrez, profesora participante del proyecto “Más allá de la prisión” en ITESO; y Corina Giacomello de la UNACH, el conversatorio buscó visibilizar el impacto del sistema penitenciario más allá de las paredes de sus reclusorios.
La charla giró entorno a las familias de las PPL para dejar claro que ellas y ellos son los sujetos más invisibilizados y afectados en el sistema penitenciario. Muestra de esto es que normalmente no se cuentan en números y no se habla de su angustia, o de los gastos que aportan para que sus familiares tengan los insumos necesarios para vivir.
De acuerdo con el “Protocolo de actuación para la atención de COVID-19 al interior de los Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESOS)”, antes de las restricciones de visitas por la emergencia sanitaria al día ingresaban 400 familiares de PPL a todos los Centros Federales.
Aunado a ello, en el conversatorio se señaló que los castigos muchas veces no terminan cuando las PPL salen de los centros penitenciarios, pues la discriminación y las condiciones laborales complicadas los rodean, así como a sus familias.
NIÑEZ QUE CUENTA
Desde su experiencia internacional, Corina Giacomello profundizó en el impacto que tiene el sistema penal en los niños, niñas y adolescentes cuando sus padres se encuentran privados de la libertad. Para ello, explicó algunos de los resultados de la investigación “Niñez que cuenta” publicada en 2019 y en la que participó.
El proyecto es un estudio regional que analizó el impacto que el encierro punitivo tiene en la vida de niñas, niños y adolescentes con padres encarcelados (NNAPEs), por delitos de drogas menores no violentos en América Latina y el Caribe.
México, con aproximadamente 285 mil 461 NNAPEs hasta 2017, fue uno de los ocho países estudiados. Con el análisis se concluyó que: la actuación del Estado Mexicano ha sido escasa para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues frecuente se ven obligados a abandonar sus estudios y proyectos de vida para asumir responsabilidades y roles adultos.
Corina recalca que la experiencia de las y los NNAPE es diferente, pero en el conversatorio hizo una recopilación de los impactos más comunes a los que se enfrentan. El primero es la violencia, sobre todo durante las detenciones de sus padres, en las que sus espacios y pertenencias terminan destrozadas, sus madres y padres maltratados e, incluso, ellos mismos son víctimas de golpes y amenazas.
De esta manera los niños, niñas y adolescentes forman una visión de los policías y otras autoridades como figuras violentas y corruptas que a veces “plantan” droga y fabrican delitos.
Por otro lado, el estudio recupera información valiosa sobre el impacto del encarcelamiento de los padres y madres en su vida cotidiana. La configuración familiar de los NNAPEs cambia, pues no sólo son alejados de sus padres, sino también, son separados de sus hermanos, hermanas y otros familiares.
En el ámbito económico, pierden el sustento que tenían y pueden verse obligados a dejar sus proyectos de vida. La prioridad de muchos se vuelve conseguir ingresos para mantenerse a sí mismos, trasladarse hasta los centros penitenciarios para visitar a sus familiares y llevarles comida u otros insumos básicos que el sistema penitenciario no provee.
“Cuando tenía 15 años tuve que truncar todo, lo estudios tuve que dejarlos para empezar a trabajar, en lo personal dejé por ahí a la novia que tenía en ese entonces, tuve que hacer varios cambios en mi vida”, dijo Pedro de 22 años, como parte de su testimonio en el estudio “Niñez que cuenta”.
Además, dentro de su comunidad y escuela los niños, niñas y adolescentes comúnmente son estigmatizados y discriminados, lo que aumenta el sentimiento de pérdida, abandono y tristeza en ellas y ellos. Al mismo tiempo, forman su propia percepción sobre los delitos que cometieron sus padres.
“Mi mamá lo hacía porque ella no sabía leer y no tenía trabajo, ¿quién la iba a contratar así? Yo le prometía que le iba” contó Gabriela de 19 años como otro de los testimonios del Estudio Regional.
Finalmente, Corina explicó que la mayoría de los NNAPEs tienen esperanzas de cambio y una gran resiliencia. Sin embargo, la investigación deja en claro que mientras no existan políticas públicas que les brinden mejores oportunidades, las posibilidades de cambio son pocas.
Por tal motivo, el documento incluye recomendaciones para los países estudiados. Entre ellas se encuentran: garantizar que las personas recluidas estén en el centro más cercano al domicilio donde residen sus hijas e hijos; así como, generar y difundir información cuantitativa sobre NNA con referentes encarcelados.
Las y los expositores del conversatorio concluyeron advirtiendo que, en este momento en el que la pandemia de COVID-19 ha llegado a visibilizar muchos de los problemas que el sistema penitenciario siempre ha padecido en México, es necesario preguntarse: qué se puede conseguir después de la crisis.
Si bien, están de acuerdo con que los mecanismos de preliberación son algunas de las mejores prácticas para cuidar la salud física y emocional de las PPL y sus familias, señalaron que también hay que cuestionarse: ¿qué pasará cuando las personas salgan de los centros de reclusión?, ¿qué oportunidades tendrán? y ¿en qué condiciones vivirán?
No debe permitirse un “confinamiento sin fin” en el que aún, después de recuperar su libertad, las personas que estaban recluidas en centros penitenciarios y sus familiares, sigan siendo estigmatizados y excluidos, pagando penas que ya cumplieron o a las que nunca fueron condenados.
