Las muertes invisibles: la impunidad en torno a la negligencias médicas en Jalisco

Las muertes por negligencia médica en Jalisco han permanecido invisibles en los últimos 10 años. Los familiares de las víctimas han tenido que enfrentarse a una cadena de mando entre médicos y directivos, los cuales a su vez luchan contra las deficiencias del sistema de salud, en ninguno de los casos se accede a la justicia.

A pesar de la existencia de comisiones de arbitraje médico a nivel nacional y estatal, y de las recomendaciones emitidas por la CEDHJ, el proceso para investigación e imposición de sanciones está rodeado de obstáculos. La ineficiencia de las instancias arbitrales, junto con la dificultad de las víctimas para probar en qué momento se llevó a cabo una negligencia, ha generado que el 99% de estos casos queden impunes.

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En Jalisco, ser víctima de negligencia médica no garantiza el acceso a la justicia. Al menos esto no ha pasado para Luz María, Alberto y Silvia, quienes perdieron a sus hijos por lo que consideran un mal actuar de los médicos y la institución de salud.

“Todos llegamos con la esperanza de que ya van a estar bien, de que llegas con el médico, con los especialistas, con los que saben, y a la mera hora resulta que no. No sabes en dónde caíste”, expresa Luz María Casas, quien llegó en febrero de 2011 al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para atender el dolor de estómago de su hija, Brenda Chávez, que terminó siendo una apendicitis.

Aunque una primera cirugía drenaría el líquido derramado por el apéndice, los residentes encargados de la operación perforaron el intestino grueso de Brenda. Ante este error, el órgano fue suturado y ella dada de alta; sin embargo, el equipo de infectología nunca informó de tal procedimiento a sus familiares. Esto llevó a que Brenda comenzara a sangrar por sus estomas, una abertura artificial que se realiza en el abdomen para extraer líquido.

Estas complicaciones derivaron en una segunda cirugía, pero no fue muy útil, ya que los sangrados continuaron. Aunque el caso de Brenda fue llevado por un adscrito, es decir, el médico de base que está a cargo de los residentes, resultaron muy pocas las veces que éste tuvo comunicación con la familia, debido a que su trabajo se delegaba a otros residentes e internos.

No hubo respuestas claras para Luz María, quien sin saber exactamente por qué su hija no se recuperaba, recibía explicaciones como que podría tratarse de una menstruación, tuberculosis o la enfermedad de Von Willebrand. Tras meses de complicaciones, Brenda fue dada de alta voluntaria y, aunque regresaba al hospital por dificultades, pudo estar dos meses con su familia.

Se agendó una tercera cirugía para salvar parte del intestino y reconectarlo, pero ésta nunca llegó debido a que Brenda entró a terapia intensiva horas antes y falleció. Tras su muerte, el médico adscrito se acercó con Luz María para pedirle realizar una necropsia con el fin de determinar si la muerte de Brenda se debía una enfermedad congénita que pudiera poner en riesgo a su familia, por lo que ella aceptó realizarla.

El acta de defunción de Brenda Chávez dice que su muerte se debió a una “sepsis abdominal”; no obstante, hubo muchas inconsistencias en la determinación de su muerte y hoy en día, su familia está llena de dudas debido a que el cuerpo fue entregado sin órganos: “me la vaciaron toda para que no pudiéramos hacer ninguna autopsia por fuera, todo lo encubrieron muy bien”, comenta Luz María.

La familia no interpuso una denuncia por el dolor de la pérdida de su hija y por no contar con las pruebas suficientes. Hasta el día de hoy, siguen esperando una llamada que les confirme las razones de la muerte de Brenda, una llamada que tuvo que haber llegado hace ocho años.

Como en el caso de Luz María, las negligencias médicas en Jalisco no se castigan. Instancias de mediación y protección de las y los usuarios de los servicios médicos como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (CAMEJAL), no han dejado de armar expedientes para determinar si existió o no una negligencia de parte del personal o de las instituciones de salud.

Sin embargo, son muy pocos los casos que llegan a algún tipo de conciliación, además de que son casi nulas las sanciones hacia los médicos responsables, por parte de las autoridades correspondientes.

En los últimos 20 años, en Jalisco se abrieron 337 expedientes en la CAMEJAL por la presunta negligencia médica que llevó a la muerte de una persona, de los cuales un 66% ocurrió en instituciones públicas y el 34% en hospitales privados.

A nivel nacional, la CONAMED reportó a través del oficio CONAMED/UDT/101/2020, 54 quejas entre los años 2013 a 2019; no obstante, fueron pocas las que llegaron a una conciliación, un 18%, mientras que el 30% están registradas con la categoría “para su solución”, y un 18% se reconocen como improcedentes, de manera que una víctima de negligencia médica no puede darle seguimiento a su caso.

Cuando estas instancias de mediación no son suficientes, los familiares de las víctimas pueden acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), quienes han intervenido con la emisión de recomendaciones, realizadas a partir de las quejas recibidas por la violación del derecho a la salud.

La CEDHJ emitió 470 recomendaciones entre 2010 y 2020, de las cuales 31 fueron por negligencias médicas que derivaron en muerte de una persona.

En la recomendación 10/2010 se expone el caso de un menor de siete años que fue víctima de negligencia médica. El agraviado recibió un impacto de bala en la cabeza y sus familiares lo trasladaron al Hospital General de Zapopan (HGZ) conocido como “El Hospitalito”. Al recibir la atención les informaron que el equipo de rayos x estaba fuera de servicio por lo que no pudieron atenderlo. Tras la negativa lo llevaron a la Cruz Verde Norte, fue atendido y, ya estabilizado, se le transportó en ambulancia de nuevo al HGZ para practicarle una tomografía axial computarizada, al llegar, el equipo ya se encontraba en funcionamiento. Una vez realizado el estudio, se le trasladó al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, lugar en que falleció el menor.

La CEDHJ realizó a la institución responsable y al personal médico, una serie de recomendaciones para que no volvieran a suceder casos similares; sin embargo, no hay constancia de que los responsables hayan recibido un castigo o resarcido los daños causados. Además, el 47% de las quejas permanece en estado de archivo, sin claridad de lo que ha pasado.

En el caso de la recomendación 10/2010, la doctora Verónica Alejandra Pérez Maldonado, adscrita al HGZ, se le señala por haber violado la NOM-027-SSA3, que regula la atención médica en los servicios de urgencias, y los derechos a la salud del niño en julio de 2010. Sin embargo, continuó laborando hasta el 31 de enero de 2020, según consta en la información de las nóminas de los trabajadores.

Por otro lado, en las recomendaciones se encontró que el Hospital General de Occidente aparece como una de las instituciones más sancionadas, pero no se tiene claridad sobre qué se hizo a su interior para castigar a los presuntos responsables.

Además, en otras recomendaciones se citan nombres de médicos como Rubén Sergio Mercado García, Armando Cueva Martínez y la enfermera Emilia Larios Núñez de la recomendación 33/2011; y los médicos Edith Esmeralda Luna Covarrubias y Juan Alfonso Vicenteño García de la recomendación 38/2014. En ambos casos, la CEDHJ señaló que éstos violaron el derecho a la protección de la salud de los agraviados; sin embargo, no se sabe si existió o no castigo para el personal médico y tampoco se puede saber si éstos siguen o no en funciones, ya que la información sobre el personal que labora actualmente en esas clínicas es inaccesible.

En la misma temporalidad, la CEDHJ ha recibido 251 quejas por responsabilidad médica. La institución con el mayor número de denuncias es la Delegación Jalisco del IMSS con 96 quejas, seguida por la Secretaría de Salud con un total de 94 quejas.

Entre quienes se ven más afectadas por las negligencias médicas son las mujeres, pues tres de cada 10 casos corresponden a malas decisiones y acciones en el área de ginecobstetricia.

Esto también se hace visible en las recomendaciones emitidas donde de las 31, 14 están relacionadas con la muerte a causa del trato deshumanizado del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres.

Si las instancias de mediación o de defensa de los derechos humanos no brindan una respuesta satisfactoria para las familias de las víctimas, éstas pueden presentar una denuncia penal en contra de las y los presuntos responsables.

En Jalisco, por ejemplo, en los últimos 10 años se han presentado 1,110 denuncias en la Fiscalía General del Estado de Jalisco; sin embargo, de éstas sólo se han girado 18 órdenes de aprehensión y únicamente se han dictado dos sentencias condenatorias; es decir, la impunidad en cuanto a las negligencias médicas en el estado es del 99%.

Sin embargo, se vuelve complicado para las familias y las víctimas tener la justicia que marca la ley, ya que los organismos de arbitraje sólo emiten dictámenes médicos cuando se les solicitan mediante una orden del ministerio público. En ese sentido, estas instituciones solo funcionan como conciliadoras entre el afectado y la institución médica, pero si no hay acuerdo alguno existe la opción de presentar una denuncia penal ante instancias como fiscalías o procuradurías de justicia.

Carolina Reyes, quien fue abogada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) entre 2012 y 2017, explica que un proceso judicial por una negligencia médica puede durar de cuatro a cinco años: “Los procesos judiciales son largos y desgastantes, por lo que a veces es mejor hacer una denuncia ante la CNDH”, además aseguró que durante el proceso, quien denuncie, se encontrará una serie de adversidades como: “la falta de seriedad por parte de la Fiscalía, un gremio médico que se protege constantemente y a la CONAMED que manifiesta ser imparcial”, pero que en realidad sólo logra conciliar una de cada tres quejas

Estas instancias arbitrales, CONAMED y CAMEJAL, deben tutelar el derecho a la protección de la salud y mejorar la prestación de servicios médicos, pero son pocos los casos que llegan a un común acuerdo.

Como comisiones, aseguraron en entrevista, no tienen jurisdicción para emitir sanciones y tampoco es posible que emitan recomendaciones a quienes vulneran los derechos de la salud de los ciudadanos. Ante la falta de acuerdos, las víctimas tienen que incurrir a otras instituciones fuera del sector salud. En México, estas instancias, que conforme sus mandatos legales están encargadas de proteger a los afectados y de vigilar el ejercicio de la profesión, no están cumpliendo su deber.

El 22 de septiembre del 2019, con un centímetro de dilatación, Silvia y Heliciel Macías acudieron al Centro Médico de Occidente. En urgencias, el médico en turno le pidió que fuera a hacerse una ecografía para descartar el cordón umbilical enredado al cuello o algún otro problema relacionado a este.

Una vez en el área, la técnica Carolina Carrillo se negó a realizarles el estudio, a pesar de que Silvia le insistió más de tres veces. Lo único que hizo la técnica fue darles una reimpresión de la ecografía que había sido tomada cuatro días antes.

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En los últimos 20 años se han registrado 337 muertes por negligencias médicas en el estado; 98 de éstas ocurrieron en áreas de obstetricia y cinco en ginecología, conforme la información otorgada en el expediente UTI CAMEJAL 022/2020.

De acuerdo con datos aportados por la CONAMED, entre 2013 y 2019 se presentaron 28 quejas que involucran a mujeres como víctimas de negligencias médicas. De éstas, cinco se cometieron en el área de ginecología, dos en hospitales del IMSS y tres en el ISSSTE. En este periodo se presentó sólo un deceso en el área de obstetricia.

De las quejas resueltas ante la CAMEJAL por violencia ginecobstétrica, 27 de las víctimas optaron por la conciliación, la cual se lleva a cabo por medio de un acuerdo entre ambas partes para evitar los procesos y las demandas legales. Pero, dentro de este arreglo se señala que éste no representa la aceptación de responsabilidad de los prestadores de servicios de salud.

Otras maneras en las que puede concluir una queja son: “referida a la seguridad social”, “desistimiento”, “improcedente” y “falta de interés”.

 Cuando una conclusión es “referida” significa que la CAMEJAL es incompatible con el ámbito federal de las instituciones de seguridad social. Por otro lado, que una queja sea improcedente, quiere decir que no tuvo ningún tipo de continuidad. Un ejemplo señalado por la comisión es que si la queja no es sobre un proceso médico, ésta no procede. El desistimiento y la falta de interés en las quejas puede estar relacionada con alguna de las partes involucradas y, cuando esto pasa, se anulan la queja.

Si un gran número de quejas concluyen en alguna de estas categorías y no se les da el seguimiento correcto, es mucho más difícil que exista una manera de evidenciar las negligencias médicas que suceden en el estado. Estas resoluciones representan un obstáculo en el proceso de denuncia, lo cual genera impunidad.

En México, una de las organizaciones especializadas en esta área, a las que tanto víctimas como familiares pueden acudir, es el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Dentro del área de documentación y litigio de casos de esta asociación, se apoya a las mujeres para que puedan ejercer sus derechos reproductivos y buscar justicia cuando sus derechos han sido violados.

Las y los encargados de esta coordinación viajan a diferentes comunidades, permitiéndoles generar una relación de confianza con las personas a quienes brindan acompañamiento. Éste puede ser en forma de apoyo psicológico, médico o legal, dependiendo de lo que cada mujer o familia requiera.

De acuerdo con GIRE, el término “violencia obstétrica” se define como la forma específica de violencia institucional que pueden sufrir las mujeres durante la atención del embarazo, parto y posparto. Es cualquier acción u omisión que cause un daño físico o psicológico a la mujer, como lo pueden ser la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, que menoscaba la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.

Este tipo de violencia puede derivar en muerte materna, fallecimiento prevenible relacionado con el embarazo, parto y posparto. De acuerdo con esta organización, en promedio hay 857 muertes maternas al año.

Estos decesos ocurren como consecuencia de fallas estructurales en el sistema de salud, por ejemplo: insuficiencia de recursos humanos, técnicos y de infraestructura, saturación del personal y de los servicios existentes, ejercicio inadecuado del gasto en salud, entre otros.

Uno de los casos que este grupo acompañó, es del de Anita, de 16 años, quien murió por una hemorragia durante el parto a causa del ejercicio inadecuado, así como por la falta de claridad en dicho procedimiento.

Llegadas las 37 semanas de gestación, en el mismo día, Anita acudió tres veces al hospital por dolores de contracción y hasta la cuarta vez fue admitida. Desde las 4 hasta las 8 a.m., la familia de Anita no recibió información sobre su estado de salud, hasta que salió la médica a informarles que había fallecido y que no se pudo extraer el producto del cuerpo de la joven.

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Después de que el médico de urgencias revisara la ecografía, se le recomendó a Silvia volver a su casa para caminar y volver en cuatro horas. A las 2:50 a.m. del día 23, justo en ese periodo de espera, Silvia tuvo que regresar porque se le había roto la fuente.

Pasaban las horas y Silvia solo veía médicos, practicantes y enfermeras pasear frente a ella, sin tomarle los signos vitales ni a ella ni a su bebé. La dilatación incrementó a los 9 centímetros y nadie sabía el paradero de la doctora Mayra Guadalupe Pérez Aguayo. Nadie sabía qué hacer.

Junto con ella sólo se encontraba otra mujer a punto de dar a luz, a quien también dejaron empeorar. Quienes las supervisaban eran practicantes, ya que los médicos encargados no estaban presentes.

Cuando la mujer que estaba con ella se agravó, fue que decidieron tomarle los signos vitales a Silvia y a su bebé. Se tomó acción y se comenzó el proceso de preparación para cesárea; ella afirma que su bebé murió en los 15 a 20 minutos que tardaron en prepararla para la cesárea.

No Más Negligencias Médicas es una organización que acompaña y asesora a las personas que son víctimas de este tipo de casos. Han identificado que la violencia ginecobstétrica es una de las más frecuentes: “Las denuncias que se presentan en esas áreas (obstetricia y traumatología), según nuestros reportes, conforman el 70% de los casos de negligencias médicas en el estado de Jalisco”, señaló el presidente de la organización, Fernando Aviléz Tostado.

Por su parte, GIRE reporta que en Jalisco, de diciembre del 2012 a octubre del 2017, se reportaron 97 quejas por violencia obstétrica ante las comisiones de derechos humanos.

La abogada Carolina Reyes comentó que cuando laboró en la CEEAV, las situaciones de este tipo eran muy comunes. “Existen muchos casos por los que existe negligencia médica: violencia obstétrica, negación de servicio, diagnóstico incorrecto…hay casos de todo, pero lo que más me tocó ver fueron casos por violencia obstétrica,” mencionó la abogada.

Al respecto, la CNDH emitió la “Recomendación General para eliminar en instituciones de salud la violencia obstétrica, y prácticas que vulneren los derechos humanos de las mujeres”. Con esto, se hizo un llamado a las autoridades de salud para combatir la violencia que se lleva a cabo en el área de atención ginecobstétrica, durante las etapas del embarazo, el parto y puerperio.

En esta investigación se encontró que las mujeres se ubican entre el sector más vulnerable, pues es el área de obstetricia y ginecobstetricia donde existe el mayor número de negligencias médicas derivadas en muerte, con 98 quejas. La Secretaría de Salud reconoce “que existen casos de violencia obstétrica que ocurren en las instituciones de salud públicas y privadas del país”; sin embargo, no se han creado mecanismos que impidan que ésta siga presentándose.

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Desafortunadamente, no se detectó que Sarahí tenía el cordón umbilical dándole dos vueltas al cuello y una en la pierna. El parto debió ser una cesárea urgente, en cambio, tuvo una larga espera en el área de tococirugía del Centro Médico.

Silvia nunca le vio el rostro a Mayra Guadalupe Pérez Aguayo, médica que debió atenderla desde un principio y que solamente llegó a realizar la cesárea. Nunca le dirigió la palabra ni mucho menos le dio la noticia del fallecimiento de su hija. Lo único que puede recordar de la doctora es que portaba una bata roja-naranja, que recuerda porque era la única que portaba ese color. Mayra tomó fotos a la bebé Sarahí sin consentimiento alguno de la madre o el padre. A la fecha no se sabe qué fue de esas fotos o para qué fueron utilizadas.

En el artículo 64 de la Ley General de Salud, se señala que todos los servicios de salud del país están obligados a prestar atención expedita a las mujeres que presenten urgencias obstétricas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a algún esquema de aseguramiento. La falta de acceso a un determinado esquema de seguridad social no es una razón para negar la atención a las mujeres durante el embarazo y el parto.

Durante el embarazo: El personal médico debe informar completamente a la mujer y a sus familiares los signos y síntomas de alarma que ameritan atención inmediata. En todos los casos de urgencia obstétrica el personal de salud debe garantizar atención médica integral con oportunidad y calidad.

Durante el parto: al ingreso de la usuaria para la atención obstétrica, se deberá abrir el expediente clínico. Cualquier procedimiento o indicación debe registrarse en el expediente clínico.

Atención del posparto: Debe de existir un procedimiento de vigilancia médica posparto, se debe mantener informada a la usuaria y a su pareja para la identificación oportuna de signos y síntomas de alarma.

Silvia presentó su denuncia el 26 de septiembre del 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR), en Jalisco. Ella solicitó que se investigara el caso de su bebé y que se realizara una segunda autopsia al cuerpo. El área de patología del IMSS ya le había hecho una, pero Silvia no confió en los resultados de la institución. Por esta razón, solicitó al ministerio público que hiciera otra.

El resultado de ambas autopsias es el mismo: la causa de muerte no fue malformación o enfermedad, sino falta de oxígeno. Se ahogó con el cordón umbilical enredado en su cuello y pierna. La muerte de Sarahí se pudo prevenir, pero el personal médico se negó a tomarle la ecografía. Ante la negativa pasó por desapercibido que tenía que recibir una cesárea urgente.

Para complementar estas autopsias, el IMSS realizó un estudio citogenético donde se confirmó que no había alguna enfermedad congénita: “Mi bebé no tenía nada, nada que pudiera causarle la muerte, realmente mi bebé estaba sana”, señala Silvia.

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En el caso de Silvia, lo que ella pretende no es un arreglo económico, como se recomienda en CAMEJAL o CONAMED: “Yo no busco dinero, busco justicia, busco que se haga justicia de esta situación”, dice con toda seguridad.

Para lograrlo ella ha demandado penalmente a todos los que resulten responsables por lo ocurrido con su hija; con ello, también quiere que su caso abra los ojos a otras personas para que puedan ver la violencia ginecobstétrica de la que las mamás son víctimas.

Después de que los padres de Ángel Yahel se dieran cuenta de que la herida de la cirugía estaba abierta, procedieron a llevar a su hijo a urgencias para que lo revisara un neurocirujano, el cual les confirmó “que el catéter estaba roto, que por eso la válvula no hacía bien su trabajo, y que ese catéter lo más seguro es que lo hayan puesto así: roto”, menciona Alberto.

Posterior a la operación, su madre, quien había permanecido junto a la cuna, vio llegar a una enfermera que, al ver al bebé, salió corriendo por un médico: su hijo necesitaba ser intubado porque ya no podía respirar. Fue en ese proceso cuando Ángel Yahel entró en paro y falleció.

Hernández, sorprendido ante tantas barbaries, decidió interponer una queja en la Secretaría de la Función Pública y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) en febrero de 2019. No obstante, el caso del hijo de Alberto Hernández pasó a ser uno de los expedientes que no lograron obtener justicia para la víctima.

En México, existen varias dependencias donde los ciudadanos pueden presentar quejas en caso de haber experimentado un mal procedimiento médico. A nivel nacional se encuentra la CONAMED, la cual se define como un organismo autónomo y descentralizado de la Secretaría de Salud. Mientras que a nivel estatal se encuentra la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (CAMEJAL), cuyo objetivo es actuar como balanza y nexo en la relación médico-paciente.

 Entre sus funciones están promover, aconsejar, proteger y defender los derechos de las personas físicas, que tienen la necesidad de utilizar los servicios de cualquier tipo de profesional de la salud, así como fomentar una cultura de calidad médica.

 “…somos un mecanismo imparcial, no podemos representar a ninguna de las partes, porque si representamos a alguna de las partes entonces seríamos procuraduría; ellos si representan al denunciante, pero en este caso no”, afirma Raúl Moctezuma, director de conciliaciones de la CONAMED. 

La CONAMED y la CAMEJAL se definen como instancias especializadas en la atención y resolución de quejas y la investigación de presuntas irregularidades en la prestación de servicios médicos. También puede emitir su opinión, acuerdos y laudos ante estas.

 “La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es una instancia conciliatoria… es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Eso quiere decir que no puede sancionar a ningún médico”; precisa Moctezuma.

Para mostrar el porqué, a pesar de que ambos organismos aseguran ser imparciales, la mayoría de los casos resultan favorecer al personal médico.

El procedimiento por el cual buscan la resolución de conflictos consiste en la orientación, la gestión inmediata, la conciliación y el arbitraje. Este procedimiento se encuentra de forma más detallada en el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, el cual fue desarrollado por la CONAMED, éste es el documento con el que personal médico se guía para establecer el debido proceso de arbitraje en el país y a nivel estatal.

Estas instituciones, se aclara en el documento, no pueden interponer ningún tipo de sanción jurídica al personal médico si es que comete algún error.

“La función de la CONAMED es conciliar para resolver la controversia o el asunto que los atañe; si una de las partes quiere que exista una sanción no sería por la CONAMED; (nosotros) buscamos la mejor manera para resolver la controversia para que no vayan a juzgados o ministerios públicos, sino aquí darles la participación directa a ellos. Entonces, no defendemos a nadie, somos neutrales”; aseguró Raúl Moctezuma.

Después de la pérdida de su hijo, Alberto Hernández se dirigió a la CONAMED para presentar una queja para que los doctores encargados de atender al pequeño, fueran responsables de sus acciones y fueran castigados. En la institución, lo atendió el doctor Álvarez Borda, éste le explicó que la única forma que de verdad pueda asegurar una sanción era pedir una indemnización.

 “El seguro social está completamente amañado. Si tú solamente les pides una explicación y un castigo hacia el médico, lo único que el Instituto hace es enviarte un memorandum, donde te dicen que lo sienten mucho. Se disculpan y te dicen que van a actuar en contra del médico. Tú firmas de enterado y no pasa a más. En el seguro, si acaso, lo único que hacen es cambiar al médico de hospital, pero no les hacen absolutamente nada. Y, si les pides algo económico, pues bueno, resulta que llega a oídos más arriba”, fue lo que le explicó el médico a Alberto.

Debido a que sólo hasta la etapa de arbitraje se puede clasificar algún caso dentro de la categoría de mal praxis, los datos otorgados vía transparencia no fueron desglosados en caso que existiera negligencia, impericia o dolo.

Del 2013 al 2019, en CONAMED se presentaron 54 quejas; de éstas sólo 16 llegaron a una conciliación, de éstas, seis lograron llegar a un acuerdo a partir de una transacción económica; 10 aceptaron la aclaración médica. Mientras que dos quejas fueron desechadas como “falta de interés procesal”. El resto de las 36 quejas, más del 65% se clasificaron como no conciliatorias; es decir, ninguna llegó a un arreglo debido a que una de las partes no tuvo la voluntad de conciliar la problemática. 

Guadalajara fue la entidad con mayor número de quejas con 31 quejas de las 54, después se encuentra Zapopan con ocho. El instituto al que se le señala con más quejas fue al IMSS, responsable de 43 denuncias, seguido del ISSSTE con 10 y una queja de las instancias médicas de la SEDENA. Traumatología y ortopedia general fueron las especialidades médicas con el mayor número de quejas con ocho acumuladas para ambas áreas. Después se encuentran urgencias y ginecología con cinco quejas cada una. 

En información otorgada por el ISSSTE, se precisó que durante el periodo 2013-2017 se reportaron tres quejas por imposibilidad, negativa, deficiencia médica o administrativa (en su registro no manejan el término de negligencia médica); en éstas, se reportaron dos muertes en las áreas de urgencias, cirugía general y oncología del hospital Valentín Gómez Farías; una de ellas se resolvió mediante una indemnización y la otra, fue desechada por incumplimiento de formalidades procesales.

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Este movimiento surgió luego de que en 2010, en el Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco, un adolescente de 15 años falleciera a causa de un paro respiratorio.

El joven con sobrepeso, aparentemente, sufrió el paro por una complicación asmática. Su padre demandó a los médicos por supuesta negligencia médica, debido a las siete cirugías que recibió en 60 días y que, según el demandante, ocasionaron perforaciones en los pulmones a su hijo.

Los 16 médicos acusados debían pagar, cada uno, una suma de cuatro millones de pesos para que Sergio Valente Gallardo, padre del adolescente, retirara los cargos. Sin embargo, los doctores aseguran que cumplieron con el protocolo e hicieron todo lo posible por salvar al menor, pero éste presentaba hipoxemia (bajo nivel de oxígeno en la sangre), cianosis generalizada, ausencia del latido cardiaco, obesidad y diabetes juvenil.

Para médicos, residentes, e internos, pensar en una negligencia requiere de mirar detrás de lo que sucede dentro del sistema de salud público, en el cual, las deficiencias, la sobresaturación y la falta de recursos, obligan al personal a trabajar con lo que se tiene, menciona una pasante a la que se le dará el nombre de Mariana para proteger su identidad.

Un estudiante de medicina pasa por varias etapas en su carrera antes de llegar a ser médico: inicia con cuatro años de medicina general, después realiza el internado, que tiene duración de un año y en el que se llevan a cabo guardias de 36 horas en hospitales. Posteriormente, se llega al servicio social en el cual, por un año, se realizan guardias, consultas, o trámites administrativos.

Por último, el que es residente, se encuentra en un proceso en el que se especializa en un área de la medicina y se categoriza de acuerdo con los años que lleve en la especialidad, de manera que reciben el nombre de R1, R2, R3, o R4.

El médico adscrito, es decir el médico ya titulado, tiene a su cargo a los residentes, que a la vez se encargan de los pasantes, éstos de los internos y éstos de los practicantes. De este modo, el personal está dividido en una cadena de mando organizada por jerarquías.

Con turnos de mañana, tarde, noche y jornada acumulada (fines de semana), un paciente pasa por una serie de médicos que van cambiando: “llega el médico de la mañana y receta un antibiótico, llega el de la tarde y dice “ah no, el de la mañana está mal” y lo cambia, deja otra cosa, llega el de la noche y dice “no, ¿quién dejó esto?”, entonces lo quita y vuelve a cambiarlo”, explica Mariana.

Por lo tanto, el caso de un paciente no es tratado por un médico fijo. Si la persona es víctima de una negligencia médica, probar en qué momento de la cadena se cometió un error es muy difícil y, aunque internamente sí haya un registro debido a que el médico tiene que firmar, por cuestiones administrativas no se cuenta con el mejor orden, comenta la pasante.

Para Mariana, una negligencia médica puede suceder por dos motivos: por falta de conocimientos (por lo que hay una responsabilidad que recae en una persona en específico), pero también por causas institucionales, donde la falta de recursos, de material y personal médico, además de condiciones de trabajo óptimas, generan que no se pueda ofrecer atención de calidad.

Mariana cuenta la experiencia con un cirujano, el cual ya tenía varios reportes por falta de procedimiento: “no sabía ni qué hacía, sólo lo hacía a ver qué pasa, como ensayo y error, a ver qué sale”. A pesar de las quejas del personal del hospital, los directivos nunca impusieron una sanción.

Algo similar le sucedió a Luz María cuando Brenda estaba internada en un piso con niños con complicaciones similares. Ella escuchó a la jefa de las enfermeras decirle a otra: “desde que entró este médico, no da una, no hay un niño que se haya dado de alta sano a su casa, el que se va, regresa, y muere”.

Además, Mariana menciona que aunque el acompañamiento depende de los médicos encargados, hay quienes están muy presentes, pero también hay otros que, por lo menos en el turno de la noche no se encuentran:

“se van a dormir toda la noche, se desaparecen, ni siquiera sabes que existen, y tú como interno o residente, eres quien está sacando todo el trabajo, y hay médicos que dan las siete de la mañana que se acaba el turno y llegan nada más a firmar”.

La intervención de los mismos médicos en la denuncia sobre alguna negligencia médica puede llegar a ser complicada, debido a que internos y pasantes hacen rotaciones de área cada uno o dos meses, por lo que en este periodo de tiempo prefieren no decir nada para evitar meterse en problemas.

Por otro lado, parte de las negligencias médicas que son causadas por cuestiones estructurales están relacionadas con las malas condiciones de los espacios de los residentes, la falta de personal médico, donde en un piso con alrededor de 70 camas, únicamente hay dos personas atendiendo: “Por más que quieras hacer bien las cosas, o tienes los recursos para hacerlo, con cosas tan simples como una sonda, un catéter, líquidos para hidratar a un paciente… no lo hay”, dice Mariana.

Parte del problema del sistema de salud en México se debe a la falta de recursos. Sofía, quien es residente en un hospital público de Guadalajara y que prefiere llamarse así para salvaguardar su identidad, menciona que es común que un médico se base en el tratamiento empírico, el cual se fundamenta en la propia experiencia y observación para indicar la medicación acorde a los síntomas que presenta. Esto con la finalidad de acelerar el proceso y evitar la realización de estudios costosos, aunque puede no funcionar en todos los casos.

La residente afirma que México está lejos de Estados Unidos en cuanto a la realización de los procedimientos correspondientes para dar un diagnóstico certero, debido a las diferencias de presupuesto: “si tuviéramos más recursos y más personal podríamos ser más eficaces, más certeros en nuestros diagnósticos, pero con lo que tenemos, hacemos lo que podemos”.

Para un hospital público como en el que labora, es difícil llevar a cabo estas prácticas por ser una institución que recibe muchos pacientes al día, además de que es una de las pocas opciones que tienen las personas de escasos recursos que no son derechohabientes del IMSS ni del ISSSTE.

Para exponer esta situación, Sofía narra lo que ocurrió, a principios de mayo, con un paciente joven con dificultad respiratoria que llegó a urgencias. Un mes atrás había sido atendido en este mismo hospital tras estar en status epiléptico (ataques epilépticos continuos), por lo que se le tuvo que sedar para tratarlo, pero también se tenía que intubar debido a que la anestesia inhibe los reflejos respiratorios. Tras más de 20 días se le dio de alta

Las complicaciones respiratorias que presentaba fueron causadas por la inhalación de humo de objetos que se estaban quemando cerca del domicilio donde vivía. Además de tener epilepsia, también tenía asma que le provocó problemas en los bronquios.

El área de medicina interna, encargada de urgencias, lo valoró y optó por intubarlo debido a su baja saturación de oxígeno. Esta persona ingresó al hospital como posible caso de COVID-19 por las complicaciones respiratorias, y todo paciente que ingresa con síntomas en vías respiratorias es probable infectado y se le tiene que tratar como tal.

Al intentar meter el tubo por su tráquea, el médico se percató que tenía estenosis traqueal (inflamación de la tráquea) que fue causada por la intubación que había tenido un mes atrás. Se llamó a un anestesiólogo para intentar de nuevo el procedimiento: “los anestesiólogos tienen mucha experiencia en este método, por lo que se optó por consultar a la especialidad”.

Cuando la adscrita del área intentó nuevamente introducir un tubo más pequeño, que tampoco entró, provisionalmente se le colocó una mascarilla laríngea para mantener la saturación de oxígeno.

Posteriormente, se llamó al área de cirugía para preparar al paciente y realizarle una traqueotomía, proceso quirúrgico en el que se hace una incisión en el cuello para hacer una abertura en la tráquea para insertar un tubo y facilitar el flujo de aire hacia los pulmones. Además, se llamó al servicio de anestesiología para realizar la operación.

Ya en la sala de espera, la adscrita de esta área, junto con la residente, evaluaron los estudios para indicar el método de anestesia adecuado, y buscaron el expediente para precisar la información.

En la espera de la preparación de los médicos se entrecruzó el cambio de turno, de día a noche, y en este horario hay dos adscritos en anestesiología. Uno de ellos, al escuchar las complicaciones que tuvieron al intubar, llegó sin conocer el expediente y sin ser llamado por algún colega, y dijo: “¿cómo que no pueden intubar?”, le sacó la mascarilla laríngea y la oxigenación empezó a bajar ya que este aparato lo mantenía estable.

Al notar que el problema se debía a la estenosis traqueal, el médico se desesperó debido a que la saturación empezó a bajar drásticamente. Los médicos internistas y cirujanos le explicaron que el problema no residía en la falta de experiencia de ellos mismos, sino en la inflamación que presentaba. El anestesiólogo insistió en que él lograría hacer el procedimiento. Además, se le recordó que el paciente era sospechoso portador del nuevo coronavirus, porque no contaba con el equipo necesario para proceder.

Le quitó una mascarilla a una médico cercana a él, y se puso un cubrebocas N95, pero sin cubrir su nariz. Inmediatamente empezó a bajar el nivel de oxigenación del paciente hasta caer en paro respiratorio. El adscrito inició la reanimación cardiopulmonar para mantenerlo con vida, un procedimiento que causa que el paciente expulse fluidos por su boca. Mientras esto sucedía, ingresó el responsable de atender la enfermedad COVID-19 y cuestionó a los presentes por su pésimo protocolo de seguridad que dejó expuestos aproximadamente a 13 médicos. Después de cinco ciclos de RCP el paciente murió.

“Este médico ha sido señalado por sus colegas por abuso de poder, falta de ética en algunos procedimientos, acoso, malos tratos a los compañeros de trabajo y por no estar presente en su área de trabajo, pero no se ha comprobado de que reciba algún castigo y que quizá se deba a que el jefe del área sea su mejor amigo”, señala Sofía.

México es un país que tiene carencias estructurales en el sector salud. En la coyuntura de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el titular de la Secretaría de Salud a nivel federal, Jorge Alcocer, admitió que faltan aproximadamente 200 mil médicos y 300 mil enfermeras.

Esto vulnera el derecho humano a la salud, el cual incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de calidad suficiente. Por otro lado, en el caso de una negligencia médica, tanto las víctimas, como los profesionales de la salud, se encuentran en una situación desfavorable para acceder a la justicia, ya que las consecuencias de un problema sistemático, recaen en una sola persona.

Cuando Silvia Magdalena realizó su denuncia el 26 de septiembre del 2019 ante la Fiscalía General de la República (FGR), en Jalisco, se solicitó su expediente de archivo al IMSS, el cual no se consiguió hasta tres citatorios después.

Posteriormente, acudió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), donde le brindaron apoyo y atención. Sin embargo, la misma Fiscalía emitió un correo diciendo que ella todavía no acreditaba como víctima. En consecuencia, se le retiró el apoyo.

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Denunciar ante la Fiscalía del Estado de Jalisco tampoco garantiza que las víctimas, o sus familiares, tengan acceso a la justicia.

En 10 años y un mes, solamente se cumplimentaron 18 órdenes de aprehensión, y únicamente en dos se dictó una sentencia. En otras palabras, en solamente el 0.18% de las denuncias recibidas se hizo justicia y se castigó al señalado por cometer el delito de Responsabilidad Médica. Una de ellas se dictó en 2017 y al acusado se le condenó a seis meses de prisión e inhabilitó para ejercer su profesión 12 días. Sobre la otra sentencia, la Fiscalía, no entregó la información en la solicitud de información que se le hizo.

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 Al no contar con los recursos económicos para disponer de un abogado, Silvia hizo todo lo que uno debería de hacer.

 “Yo estuve gestionando, incluso yo misma iba por cosas al IMSS para que el trámite se hiciera rápido. Por ejemplo (los resultados de) las autopsias yo las recogí y las llevé a la fiscalía, fui y recogí el examen de genética. Lo que yo podía aportar, lo aportaba”, relató.

Una vez desamparada, Silvia acudió de nuevo al Centro Médico a revisar la carpeta de investigación “G”. Fue allí donde se dio cuenta de que aparecían cosas que ella no reconocía, por ejemplo, que le estuvieron checando la presión y que le pusieron presiones arteriales ficticias.

En ese momento redactó un acta al Ministerio Público donde afirma no reconocer lo que aparece en la carpeta. Se mandó citar al personal que presuntamente estuvo esa noche, 16 médicos y enfermeras, pues Silvia afirma que solo vio a dos pasantes y dos enfermeras. La declaración de todos fue abstenerse, nadie quiso declarar.

Después de esto se cerró la carpeta de investigación, se juntaron todas las pruebas y se mantuvo contacto con el abogado de la fiscalía. Ahora lo único que le queda es esperar los resultados de médico forense donde se determinará si fue o no negligencia, lo que tomará más tiempo, pues por la contingencia se ha puesto en pausa.

 “Temo que digan que no fue negligencia, aunque aporté todas las pruebas”, confiesa Silvia.

Ser víctima de una negligencia médica en Jalisco asegura atravesar un calvario para obtener justicia. Los entes que buscan garantizar la seguridad al paciente han demostrado ser poco eficaces ante la falta de la defensa del derecho a la salud de éstos, y han declarado ser imparciales ante las quejas, que son pocas las que llegan a conciliación, por lo que no existe una institución gubernamental que garantice el derecho a la justicia de los pacientes ante una negligencia médica.

 Si en el proceso conciliatorio o de arbitraje no es convincente ni adecuado para los demandantes, se les recomienda a acudir a instancias como la Fiscalía.

 El proceso de denuncia ante el ministerio público puede llevar más de cuatro años, pero tampoco se ha impartido justicia, ya que en este periodo solamente dos médicos han ido a la cárcel de entre las más de mil denuncias realizadas. La impunidad en Jalisco deja en desamparo a más de 100 familias al año que presentan una denuncia por la comisión de una presunta negligencia médica.

 Casos como el de Luz María, Alberto y Silvia se esconden tras el velo de la impunidad y la injusticia. En Jalisco, una muerte por negligencia médica, es una muerte invisible.

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Coordinación general:

Jimena Aguirre

Documentación:

Luis Antonio González, Karen Hernández, Fabricio Brusco.

 Reporteo:

Ana Macías, Estéfany Franco, Karla Martínez, Santiago Díaz.

 Producción:

Daniela Camacho, Maricruz Ochoa, Eduardo Ordaz, Damaris Valencia, Gaspar Acosta.

 Diseño del sitio web:

Daniela Camacho y Maricruz Ochoa

 Ilustraciones:

Ivanna Orozco

 Edición de texto:

Luis Antonio González,

Darwin Franco, Jimena Aguirre.

 Asesor general:

Darwin Franco.

Link al sitio de esta investigación: https://readymag.com/u2090071277/1872532/13/