El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la mañana de este martes 9 de junio que ha retirado los cargos que se habían imputado en contra de seis jóvenes detenidos el sábado 6 de junio durante las protestas para exigir justicia para Giovanni López y alto a la brutalidad policial.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) quienes asumieron la representación legal de cuatro de los seis muchachos, ha advertido que, más allá de la “buena voluntad” mostrada por el mandatario, es vital que continúen las investigaciones que permitan ofrecer justicia a la serie de violaciones a derechos humanos cometidos en su contra.
Desde la falta de información a sus familiares, hasta la probable comisión de tratos crueles y tortura durante y posterior a su detención.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal y Darwin Franco / @DarwinFranco
“Es mi convicción que tenemos que dar vuelta a la página, que Jalisco tenemos que levantar la cabeza y ver hacia adelante; no podemos dejar un cabo suelto porque sigue habiendo muchos intereses que buscan desestabilizar al estado”, afirmó el Gobernador del estado, Enrique Alfaro la mañana de este martes 9 de junio; mientras informaba en sus redes sociales, del retiro de los cargos atribuidos a los seis jóvenes detenidos arbitrariamente el sábado 6 de junio durante las protestas de Palacio de Gobierno en Guadalajara:
“He decidido levantar los cargos contra estos seis jóvenes para que puedan quedar de inmediato en libertad… Estoy tomando la decisión una vez más y por última ocasión”, señaló haciendo referencia a la liberación de los -por lo menos- 28 jóvenes detenidos de manera arbitraria y violenta los días jueves 4 y viernes 5 de junio en Guadalajara, por elementos de seguridad pública municipal y estatal.
Si bien, las familias de los jóvenes detenidos el sábado 6 de junio y las organizaciones acompañantes han asegurado que fueron aprehendidos con violencia y sin encontrarse en flagrancia de los delitos que les fueron imputados, e incluso, que se trató de detenciones que replicaron los patrones observados días antes sobre violaciones a derechos humanos a ciudadanos y ciudadanas que decidieron externar su repudio a la violencia policía en las calles, una vez más el Gobierno del estado a través de su mandatario, advirtió que se trató de personas que “usaron la violencia para manifestar sus ideas”:
“En jalisco no se va a tolerar la violencia como una forma de manifestación, en Jalisco tenemos que mandar un mensaje claro de que no podemos tolerar estos actos” sentenció.
Incluso, se asumió consciente “del justo reclamo que pueda haber de nuestras corporaciones” al “liberar a jóvenes que los han atacado”, cuando los testimonios de las y los jóvenes detenidos arbitrariamente durante las protestas de los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio han dado cuenta de la represión y la violencia policial de la que fueron víctimas; desde el uso excesivo de la fuerza, hasta la desaparición forzada y la tortura.
Por ello, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) quien ha documentado estos hechos durante las protestas y ha llevado la representación legal de cuatro de los seis jóvenes detenidos el sábado 6 de junio,han advertido que, contrario al llamado a “dar vuelta a la página”, es vital que se continúe con las investigaciones que permitan ofrecer justicia ante la suma de violaciones a derechos humanos cometidas en contra de ellos y de cada una de las y los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia policial en Jalisco durante estas fechas:
“No puede concluir sólo con la liberación de los jóvenes” señaló Anna Karolina Chimiak, codirectora del CEPAD.
En el caso particular de las detenciones del sábado 6 de junio, señala la abogada y defensora de derechos humanos, se pudo identificar una serie de violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la legitima defensa, entre las cuales se encuentran:
- La incomunicación en la que permanecieron los jóvenes y sus familias tras la detención.
- La probable comisión de tratos crueles inhumanos y degradantes.
- La violación al derecho humano a la adecuada defensa en los primeros momentos de la detención.
- La violación a las garantías del derecho a la información.
Como lo informamos en ZonaDocs, además, los jóvenes fueron trasladados al centro penitenciario de Puente Grande, con una carpeta de investigación no integrada, sin cumplir el plazo legal de 48 horas y sin presentar notificación alguna a su defensa y familiares.
Los jóvenes, habrían sido acusados de pandillismo, desobediencia o resistencia de particulares, ataque peligroso, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, daños a las cosas, daños al patrimonio urbano, éste último, imputado como cargo extra a uno de los jóvenes; mientras que, presuntamente, se hubiese llevado a cabo la primera audiencia de control en Puente Grande este mismo martes.
Insistiendo en la necesidad de continuar con los procesos de investigación para que las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Mario Alberto Rubio Torres, Yair Eduardo Moreno García, Jonathan Martin Maldonado Núñez, Ángel Eliu Sánchez Flores, Nicolás Ramos Paulino y Roberto Carlos Ornelas Rodríguez, sean debidamente sancionadas y no queden en la impunidad, Anna Karolina Chimiak, señala que dado el contexto de injusticia que prevalece en el país, esta historia pudo haber tenido otro final:
“Sabemos cómo funciona el sistema mexicano, donde hay muchos casos que las personas han sido torturadas y sin que se les hayan garantizado las condiciones adecuadas para la defensa legitima y han sido violados varios derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, y de todos modos las personas se mantienen detenidas” finalizó.
