La madrugada del 7 de junio de 1998 el ejército emprendió una masacre contra indígenas, estudiantes y una columna guerrillera en la comunidad de El Charco, Guerrero. Ésta es la única matanza del siglo XX que no tuvo juicio, ni fiscalía especial ni nada. Un nombre es clave: el militar Juan Alfredo Oropeza Garnica, que aquel entonces estaba adscrito a la 27 zona militar, la misma implicada en el caso de los normalistas de Ayotzinapa.
Texto y producción sonora: Braulio Isac Hidalgo y Costilla Gutiérrez
@isaker_
Fotos: Ramiro Gogna
El Charco, Ayutla de los Libres, Guerrero – El viento frío de la montaña en Guerrero sacude la memoria, el recuerdo y la nostalgia. Ahora hay un camino de asfalto que hace más accesible el recorrido a la comunidad. Desde la masacre, 15 años tuvieron que pasar para que ese camino dejará de ser terracería. A lo lejos se aprecia la majestuosa montaña que forma parte de la extensa biodiversidad de la Sierra Madre Occidental. Enclavada a menos de dos horas en la montaña se encuentra la comunidad ñuu savi de El Charco, que sigue exigiendo justicia.
A la distancia, los pasos de la memoria se hacen visibles. Rostros y voces que entonces eran de adolescentes, y que tras casi cinco lustros ahora pertenecen a hombres y mujeres culpables de su propia historia: ser indígenas y víctimas.
Los hechos son claros: El coronel de infantería del Estado Mayor Jorge Alberto Guerra Tenorio (general de división de diplomado del Estado Mayor, retirado en 2013), comandado por el general brigadier diplomado del Estado Mayor Juan Alfredo Oropeza Garnica, encabezaron las operaciones militares de contrainsurgencia los primeros días de junio de 1998. En aquel entonces estaban adscritos a la 27 zona Militar que se localiza en el municipio de Iguala, cuyo cuartel está a más de 100 km de la comunidad de El Charco. Justo la misma zona militar que “omitió” el llamado de auxilio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hasta el día de hoy, y que por varias vías, los padres y madres, junto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes -GIEI- sobre Ayotzinapa de la CIDH, apuntan que en dicho Batallón, hay muchas respuestas sobre el paradero de los estudiantes de la Normal Rural Isidro burgos de Ayotzinapa.
Ericka Zamora Pardo, una de las sobrevivientes, narró en su momento: “Me llevaron a la delegación de la policía que está como a 20 metros de la escuela» dijo. «Ahí vi al general Oropeza Garnica. Me insultó y me amenazó y quería saber si tenía vínculos con el EPR”, narró mientras su casa era el escenario del recuerdo.
Los detenidos fueron trasladados al Cuartel de la IX Región Militar en Acapulco, donde Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, son torturados por militares, y todos los allí detenidos; incluso son obligados a declarar ante el Ministerio Público Militar iniciándose la Averiguación Previa IXRM. Después de ser torturados Ericka y Efrén fueron procesados por dos Causas Penales: la 49/1998, por los delitos de Invitación a la rebelión, rebelión y conspiración; saliendo absueltos de estos delitos el 30 de mayo de 2002. cumpliendo 4 años de prisión en cárceles de máxima seguridad.
La segunda Causa Penal a la que fueron procesados, fue la 57/1998, por la comisión de los delitos de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, saliendo ambos también absueltos.
Ericka Zamora y Efrén Cortés sobrevivieron; otros 22 también.
- Esta producción sonora fue trabajada entre el 2010 al 2013, y forma parte de una entrega de 6 piezas para recuperar la memoria histórica y no olvidar.
¿Qué pasó en la comunidad del Charco el 7 de junio de 1998?
La lluvia fue testigo del abuso de autoridad, violencia y militarismo ejercida esa noche, madrugada, que cobijaba poco a poco, las decenas de historias y espacios de personas que nunca se imaginaron lo que les iba a pasar.
Lo cierto es que esta acción del Estado mexicano, ejecutada por un alto mando militar, fue programada y estudiada con meses de anterioridad, de eso no cabe duda; así lo explican los testimonios y las investigaciones periodísticas de la época
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) es una guerrilla que se separó del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1997. Lo hizo al trazar un camino diferente con las comunidades, cuando decidieron que el mandar obedeciendo fuese el eje rector de la toma de sus decisiones.
Así lo explicó Jacobo Silva Nogales, en entrevista con la periodista guerrerense Maribel Gutiérrez, justo cuando el ahora pintor y poeta y entonces comandante Insurgente Antonio platicó aquel 4 de agosto de 1998. Define a la diferencia no solo en el aspecto militar (táctica y estrategia) y construcciòn polìtica, sino a la toma de decisiones con los pueblos frente a las demandas locales de reparación y justicia, sobre todo porque la realidad del campo, de los pueblos indígenas nunca es la realidad de la urbes, sobre todo porque prolongar una guerra sin crear una administración político territorial autónoma, la vida guerrillera se supedita al poder mismo del enfrentamiento.
Ya no era un rumor, era un hecho, el brazo indígena fundaba lo que conocemos ahora como ERPI.
La masacre
La noche del sábado 6 de junio de 1998, una columna de insurgentes pasó la velada platicando con pobladores desarmados y que no formaban parte de la guerrilla; también se encontraban estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que hacían trabajo comunitario. Como se les hizo tarde, todos se quedaron a dormir en la Escuela Primaria “Caritino Maldonado”. Por la madrugada inició el ataque. La masacre fue perpetrada por el 27 Batallón militar. Hubo ejecuciones extrajudiciales, Ricardo Zavala Tapia estudiante de la UNAM , y 10 indígenas fueron asesinados. 26 vehículos artillados, dos helicópteros con ametralladoras, transporte de personal y lanzagranadas fue el armamento. Decenas de funcionarios de la Procuraduría General de la República vestían las órdenes del General Oropeza Garnica.
El 10 de junio de 1998, el ERPI envió su primer comunicado al respecto: “El siete de junio de 1998, en la comunidad de El Charco, se realizó un enfrentamiento entre una de las unidades del ERPI y diversas unidades del ejército federal.” Líneas más abajo aclara que “la unidad del ERPI se encontraba en esa comunidad como parte de la labor de consulta popular que estamos realizando entre diversos sectores de la población. En dicha acción nuestros combatientes, uniformados, se encontraban reunidos con parte de la población civil, de la cual se escucharon sus planteamientos para elaborar, con base en ellos, los del ERPI. Los combatientes del ERPI tenían instrucciones de replegarse en caso de acoso del ejército federal, para eludir el combate o llevarlo fuera de la población, sin embargo, ante lo sorpresivo del ataque el combate hubo de emprenderse en el interior de la población.”
Aquí es donde ya no existe la suspicacia periodística ni la elocuencia para tratar de explicar algo que por sí solo habla, y es un hecho. Una acción ejecutada por el Ejército mexicano a la orden y estrategia del General -cuyo ingreso al Heroico Colegio Militar fue en el primer día del año de 1959 y se retiró el 30 de abril de 2008– Juan Alfredo Oropeza Garnica. Pero la pregunta inmediata es por qué ejecutar de manera extrajudicial a 11 personas, que salieron con las manos arriba, sin armas y en rendición completa; por qué asesinarlos.
Los testimonios de los sobrevivientes y pobladores que estaban dormidos en los otras casas, así lo aseguran, que al salir con las manos arriba no llevaban armas. Esto repitieron en varias ocasiones.
Los periódicos de esa época publicaron fotos, testimonios y artículos con versiones encontradas. Diez años después, en un comunicado del propio ERPI explica cómo el Ejército mexicano no respetó a las autoridades ni comisarios de las comunidades, como a los y las diferentes participantes que asistieron a la reunión regional que estaba convocada para esos días. Además da precisión de información sobre la matanza, y de por qué fue atacada la comunidad de ese modo: “el ejército federal masacró a diez indígenas, a un estudiante e intentó exterminar una columna militar de nuestro ERPI que operaba en esa región de la Costa Chica de nuestro estado…”
Qué sucede en Guerrero
Tal vez, lo que le sucede a Guerrero es respuesta, no sólo a la pobreza extrema y marginación en la que vive la entidad desde hace más de seis décadas, sino a decenas de despojos. Empezando por las miles de hectáreas taladas ilegalmente por caciques locales y regionales al servicio de familias como la Figueroa en su momento, o la Añorve o Aguirre, junto con la creciente y explosiva siembra de marihuana y amapola en las faldas orientales en dirección sureste de toda la Sierra Madre del Sur; adentrándose a la compleja, contradictoria y brillante forma de vivir y gobernarse en las comunidades indígenas de la montaña y costa chica, junto con decenas de cientos de miles afromexicanos que resisten a ser ellos mismos, los de siempre. Así el estado de Guerrero es el terreno fértil para experimentar, ejecutar y vender proyectos de despojo, exterminio y violencia de Estado, desde que el Ejército mexicano llegó al territorio.
A la par, el narcotráfico ha cimbrado de violencia y soledad los confines de las territorialidades fronterizas, al noroeste con Michoacán, al norte del estado con Morelos y estado de México, junto con el noreste con Puebla. Por si fuera poco, cada día surgen más acciones organizadas y que buscan defender su territorio; muchas veces sin tomar en cuenta que la forma en que se autodenominan, puede prestarse a que surjan más grupos paramilitares en las regiones que por antonomasia, han sido violentadas, ya no sólo por el ejército mexicano, sino por grupos contrainsurgentes.
Y qué ha sucedido en estos veintidós años respecto a la matanza perpetrada por el Ejército Mexicano, un 7 de junio de 1998. Qué ha sucedido con los sobrevivientes y viudas de la matanza del Charco. Lo que ha prevalecido es un silencio. Silencio cómplice por parte de las autoridades militares, estatales y en varios casos municipales.
María de la Luz Núñez Ramos, presidenta municipal Atoyac en 1998, cuando ocurrió la matanza, escribió una carta dirigida al entonces presidente de la nación, Ernesto Zedillo Ponce de León. en la que señalaba que “no es creíble la versión del enfrentamiento casual, cuando al mando del mismo estuvo el general Alfredo Oropeza Garnica. Recuerda que el general fue víctima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanábano, lo que puede explicar la crueldad y saña con la que decidieron exterminar a los sitiados en El Charco.” Así lo informó la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en su informe de aquel entonces.
En 2012 (14 años después), la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés), entregó un informe sobre la matanza del Charco, donde hace mención y detalla las irregularidades, vejaciones, tortura que recibieron los aprehendidos (22). Incluso, juzgados por un Ministerio Militar. Explica que:
“Se trata de un tiroteo ocurrido en junio de 1998 en el que soldados mataron a once personas e hirieron a otras cinco en circunstancias que todavía tienen que ser aclaradas, pero que pueden constituir graves violaciones de los derechos humanos. A pesar de las pruebas verosímiles que demuestran que el ejército sometió a los sobrevivientes del tiroteo a la detención arbitraria y a torturas, la PGJM concluyó que no tuvo lugar ninguna actuación incorrecta.
HRW, declara en forma de evaluación la forma en que fueron objeto los sobrevivientes, logrando que se inculpara; por supuesto después de métodos de tortura:
“Lo que nos queda, pues, es un testimonio verosímil de que el ejército cometió graves abusos en El Charco. Si los soldados mataron intencionadamente a ciudadanos desarmados, o guerrilleros armados que se habían rendido, dichas muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales. Incluso si los soldados respondieron a los disparos de los guerrilleros, tal y como alegó la PGJM, el elevado número de víctimas mortales, y el hecho de que, según testigos oculares, muchos de los muertos o heridos eran civiles desarmados, sugiere que el ejército pudo haber respondido con excesivo uso de la fuerza letal.
El Ejército mexicano violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. En lugar de ser trasladados a un Ministerio Público Federal para la investigación de los probables delitos, los detenidos fueron trasladados a instalaciones militares, primero al Batallón 58 y de ahí a la Novena Región Militar en Cumbres de Llano Largo, donde fueron obligados a declarar ante Ministerio Público Militar, y sin traductor, siendo que la mayoría sólo hablaba el mixteco; además, el defensor de oficio fue un defensor militar.
Lo que sigue
En julio del 2012, sobrevivientes de la masacre, presentaron ante la CIDH la petición formal para que su caso sea juzgado en la Corte Interamericana. Hasta el año 2017, el Estado mexicano, las y los sobrevivientes han hecho ampliación de propuestas, respuestas y peticiones. Justo en diciembre del 2018, la CIDH declara admisible la petición por el estado de hechos que, de conocerse un fallo favorable a los peticionarios en el análisis de fondo, el caso ingresa automáticamente a la Corte, lo cual abre un camino de justicia internacional. Por ello, en los últimos días, la organización de DH, la Red de Solidaridad Dècada contra la Impunidad, que encabeza la defensa y búsqueda de justicia de algunos sobrevivientes y víctimas de la masacre, ha manifestado que el acceso a la justicia y reparación no ha venido de ningún modo por el Estado mexicano, la justicia internacional es el único camino que queda para lograr una luz de alivio.
Honorio García Lorenzo, Mauro González Castro, Mario Chávez García, José Rivera Morales, Fidencio Morales Castro, Ceferino Damián Marco, Fernando Félix Guadalupe, Daniel Crisóforo Jiménez, Ricardo Zavala Tapia, Apolonio Jiménez García, Manuel Francisco Prisciliano Son las personas asesinadas el 7 de junio de 1998.
Charco. La república del silencio
Documental Sonoro
https://archive.org/details/el-charco-docsonoro
*Nota del autor:
Este material histórico–testimonial que recaba la expresión de algunas víctimas y sobrevivientes de la matanza de El Charco fue ganador de la 10a Bienal Internacional de Radio en la categoría de documental sonoro. Mientras estaba de regreso a Costa Rica, recibí una llamada a mi celular para decirme que había ganado; era un funcionario de la Secretaría de Gobernación. Pero el premio fue condicionado, tenía que editar el nombre del general Oropeza Gárnica. Corría el año 2014 y el PRI volvía a gobernar. De hecho el General tenía peso los primeros años en el poder militar y por tanto en el Ejecutivo; incluso fue la primera opción de EPN para ser el Secretario de Defensa.
Seis años después publico el documental sonoro, el premio sobre este trabajo nunca llegó.
Epílogo: Corrido de la masacre del Charco
#AlianzaDeMedios
Link Original: https://piedepagina.mx/el-charco-la-republica-del-silencio-22-anos-de-impunidad/
