Leonel Orozco Ortiz y Barbara Robles Hernández desaparecieron con 11 años de diferencia un día 3 de julio en el estado de Michoacán entre los años 2008 y 2019, respectivamente.
Desde la experiencia, sus seres queridos, quienes integran el colectivo Familiares Caminando por Justicia en la misma entidad, reconocen que lo sucedido a sus amores desaparecidos y a casi mil cuatrocientas personas -de acuerdo con las cifras oficiales-, “se trata de una práctica estatal, sistemática y por supuesto, una grave violación a sus derechos humanos, “que se esconde en el brazo sucio del crimen organizado”, como una manera de evadir las responsabilidades que tiene el Estado mexicano.
De acuerdo con el Informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de personas desaparecidas o no localizadas del Gobierno Federal, en Michoacán, mil 395 personas han sido víctimas de una desaparición desde los años 60 hasta la actualidad; mientras que, en el último año 2019, 23 personas no han conseguido regresar a casa dentro del estado.
Leonel y Bárbara fueron desaparecidos con más de una década de diferencia y en el marco de dos momentos distintos dentro de la historia violenta del país. Leonel, en la coyuntura de El Operativo Conjunto Michoacán, considerada la primera fase de la Guerra contra el Narcotráfico del expresidente Felipe Calderón; y Bárbara, durante el periodo de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y en medio de una estructura normativa e institucional que “supone” avances para la búsqueda, investigación, localización de las personas desaparecidas y la erradicación de este delito.
Sin embargo, advierten sus familias, aunque las desapariciones de sus seres queridos se hayan perpetrado en dos periodos diferentes, la realidad del país sigue siendo la misma, incluso, más grave, pues lo que no se ha modificado a través del tiempo, es el sistema de impunidad legitimado en las instituciones encargadas de ofrecer justicia y la nula voluntad política que impide el ejercicio de las garantías de no repetición y sanción a los perpetradores.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
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