Por Mario Marlo/@Mariomarlo
La Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 dio a conocer a través de su informe anual Disonancia: voces en disputa, que en el 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se registraron 609 agresiones y 10 periodistas asesinados en México, casi 100% más que o registrado en el primer año del expresidente Enrique Peña Nieto.
De estas agresiones, la organización detalló que las más recurrentes fueron intimidación y hostigamiento, con 166 casos; amenazas, con 144 casos, y 62 ataques físicos. Los bloqueos, alteración o remoción de contenido en internet ocuparon el cuarto lugar, equivalente a 60 ataques.
A través de una transmisión en vivo, Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, explicó que pese a que al inicio de su sexenio López Obrador se comprometió a defender la libertad de expresión, durante 2019: “su discurso ha sido estigmatizante… hay más voces, pero no hay diálogo: hay disonancia”.
“El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue más violento y letal para el periodismo que el último de la administración de Enrique Peña Nieto, con un incremento de las agresiones contra la prensa, que pasaron de 544, en 2018, a 609, en 2019, mientras que los asesinatos de periodistas aumentaron de nueve a diez en el mismo periodo.”
El informe explica que las conferencias mañaneras son una estrategia para que López Obrador controle la agenda mediática, convirtiéndose en “tribunas usadas para aleccionar a periodistas y medios críticos con su gobierno.”
En este escenario, Artículo 19 documentó 12 casos en los que López Obrador realizó un comentario hostil en contra de un o una periodista: “con una reacción inmediata en las redes sociales, que se llenan de insultos y amenazas dirigidas a quien haya formulado críticas al gobierno.”
En el caso de la impunidad y la procuración de justicia en los delitos contra la libertad de expresión, el informe explica que la impunidad se mantiene por encima del 99% y crecen las dudas sobre la autonomía, frente al Ejecutivo federal, de la Fiscalía General de la República (FGR), que a la fecha no cuenta con un Plan de Persecución General.
“La FGR reproduce algunas de las peores prácticas en la investigación de crímenes, como son el no contar con planes de trabajo idóneos, el retardar diligencias sin justificación alguna y el dar un trato revictimizante a quienes han sufrido delitos. Mientras todo esto sucede, hasta noviembre de 2019 no se había creado el Consejo Ciudadano.”
Sobre las conferencias mañaneras, Artículo 19 explicó que en este espacio no se ha podido ejercer a plenitud el derecho a disentir. Lo que ha ocasionado que periodistas que han cuestionado a el presidente han sido víctimas de hostigamiento, con los calificativos usados por el propio Ejecutivo “fifí”, “conservadores”, “chayoteros” e “hipócritas”, a través de las redes sociales.
“De fondo, en el tono de López Obrador se percibe un reproche por el simple hecho de no cubrir de cierta manera un tema o por no estar “de su lado”, de “morder la mano a quien les quitó el bozal”, “de estar en falta” o de cuestionar que se hayan acabado los privilegios de los “intocables”. Estas retóricas se han multiplicado en las redes de apoyo al grado de crearse hashtags (#) contra medios que son tendencia en Twitter o, incluso, a proferirse amenazas de muerte o invitaciones a quemar instalaciones de medios de comunicación.”
Sobre las agresiones y asesinatos a periodistas registradas en el año 2019, Articulo 19 explicó que la Ciudad de México registró el mayor número de agresiones, con 84 casos; seguido de Quintana Roo, con 57; Guerrero, con 51, y Puebla, en donde hubo 34 agresiones. En Oaxaca y Veracruz se documentaron 33 ataques en cada uno.
En los casos de la Ciudad de México y Quintana Roo son las más preocupantes para la organización ya que en tan sólo doce meses el número de agresiones contra la prensa se duplico. De estos ataques, el 27.42% de la totalidad de agresiones del año estuvo dirigido contra mujeres periodistas.
Para Artículo 19, el gobierno de López Obrador aún tiene cinco años de gobierno para corregir el rumbo e impulsar una verdadera política de Estado:
“que garantice la libertad de expresión y articule los esfuerzos de distintas instituciones públicas para prevenir agresiones, proteger a periodistas, procurar justicia y reparar el daño causado a cientos de comunicadores.”
Puedes descargar aquí el informe Disonancia: voces en disputa.
