Por Redacción/ZonaDocs
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Hermosillo dictó medidas favorables a Bacanuchi, en el Río Sonora, para resolver de manera urgente la falta de atención médica en la comunidad, como respuesta al juicio de amparo promovido por seis niños, de entre nueve y doce años de edad, y sus madres, como sus representantes legales.
En el amparo se alegan violaciones al derecho a la salud, a los derechos de la infancia, al derecho a la información, y al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, en relación con los derechos a la movilidad y a la vivienda; además, se resalta la existencia de violaciones derivadas de medidas regresivas del Estado mexicano.
Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, de alrededor de 200 habitantes , contaba con un Centro de Salud Rural que había operado desde 2002, aproximadamente. Sin embargo, hace tres años, las autoridades cerraron el Centro de Salud sin explicaciones. Desde entonces, las y los habitantes de la comunidad se ven obligados a automedicarse, o a trasladarse por dos o tres horas (dependiendo del estado del camino) a Cananea o Arizpe para obtener atención médica básica. De acuerdo con sus testimonios, estos viajes pueden costar entre $1,300 y $4,500 pesos, tomando en cuenta los gastos de gasolina, hospedaje y medicinas.
Cabe destacar que la comunidad está sumamente aislada desde 2016, cuando la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, cambió los caminos de acceso para construir una megaobra, la nueva presa de jales, a 20 km de allí. A Bacanuchi tampoco llega el transporte público.
Los niños y sus madres, con el acompañamiento jurídico de PODER, presentaron el amparo el 7 de mayo pasado, tras no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas en la Secretaría de Salud del estado y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En el escrito del juicio se solicitaba la suspensión de plano a favor de todos los niños para que pudiesen contar con servicio médico en la propia comunidad y abasto de medicamentos.
El amparo fue interpuesto en contra de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, la Gobernadora del Estado de Sonora, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tres, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Ayuntamiento de Arizpe, el Director General de Transporte Público del Estado de Sonora, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Junta de Caminos del Estado de Sonora y, a reserva de poder contar con mayor información, la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora.
Si bien el juicio fue admitido a trámite, previo a la admisión el Juzgado decretó la suspensión de plano a favor de uno solo de los niños. La parte quejosa interpuso un recurso para que se incorporara a los demás niños a la suspensión, insistiendo en que la prestación de servicio médico debe ser en la propia comunidad y subrayando las dificultades en los traslados.
Al resolver el recurso, el 15 de mayo pasado, el Primer Tribunal Colegiado amplió la suspensión a los otros niños promoventes y dictó medidas para proveer atención médica integral a los niños en Bacanuchi, inclusive mediante el envío de una unidad móvil a la comunidad. También precisó que si los niños llegaran a presentar padecimientos que requieran tratamientos más complejos, deben ser trasladados con el máximo cuidado a las instalaciones de salud pública más cercanas y brindarles los medicamentos correspondientes. Asimismo, subrayó que el Ayuntamiento de Arizpe debe proporcionar transporte gratuito a los niños que requieran ser trasladados.
El Tribunal indicó también que las medidas dictadas benefician a toda la comunidad, puesto que de acuerdo al derecho a la salud no se podría limitar el servicio médico únicamente a los niños que presentaron el amparo.
A pesar de que la suspensión fue dictada con carácter de urgente, al día de hoy las y los habitantes de Bacanuchi siguen esperando el cabal cumplimiento de estas medidas.
Bacanuchi es conocida por llevar adelante una lucha por sus derechos frente al gigante de la minería, Grupo México, desde que la comunidad fue seriamente afectada por el derrame tóxico en el 2014 y por la construcción de la nueva presa de jales de la minera, a partir de 2016. Es también la comunidad a favor de la cual falló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la nueva presa en septiembre de 2018, por la violación a su derecho a participar y con ello inició un proceso de diálogo con las autoridades ambientales. Muchos de sus habitantes participan activamente en los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
