El pasado 11 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a través Diario Oficial de la Federación (DOF) que a partir del 12 de mayo en México se podrá disponer de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública. El acuerdo estipula la participación de las fuerzas armadas “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública.
Diversas organizaciones de la sociedad civil en el país se han pronunciado en contra de la medida, entre ellas, los centros de derechos humanos del Sistema Universitario Jesuita. De manera particular, en el estado de Jalisco, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ de la universidad ITESO y su encargado del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia, Miguel Ángel Álvarez, compartieron con nosotros algunas de las preocupaciones que este centro mantiene respecto al impacto local del decreto federal.
El académico habló sobre los riesgos de integrar a las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, pues señaló que, el entrenamiento tanto del Ejército como de la Marina Armada no tiene como principio la seguridad ciudadana; por el contrario, la formación castrense, “ve al otro como al enemigo, alguien a quien se debe aniquilar”.
Aletse Torres Flores / @aletse1799
Foto portada: Hector Guerrero / @MexHector
Pensar en la seguridad ciudadana bajo una lógica militar y por mandato oficial en la historia del país, sólo ha dejado a su paso muertes y violencia, más violencia de la que presuntamente se “busca erradicar”.
De acuerdo con el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, uno de cada 20 asesinatos cometidos por la marina ha sido muy letal; el 87% de las personas que han sido detenidas por las fuerzas armadas han sufrido tortura; mientras que, nueve de cada 10 personas y cuatro de cada 10 mujeres detenidas han sufrido violencia sexual durante el arresto.
Frente a estas estadísticas, Miguel Ángel Álvarez, encargado del programa de Seguridad Ciudadana y Justicia, precisa en entrevista que, otra inquietud que surge frente a la disposición oficial anunciada el 12 de mayo por el Ejecutivo Federal, “es la ambigüedad del acuerdo”, así como, la supervisión y control de las fuerzas castrenses, pues precisa, de cometerse una violación a los derechos humanos de las personas éstas se encargarían de juzgarse a sí mismas:
“Para la supervisión y control quedará un órgano de control interno, es decir volvemos a la misma critica que se la hacía, si un militar comete violaciones de derechos humanos en contra de algún ciudadano o ciudadana, digamos el órgano de control será castrense lo que es más que evidente es una militarización velada”.
A pesar de la supervisión que se supone tendría, se ha visto con anterioridad las fallas que tiene esta medida; la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), ha señalado que México ha sido condenado por la comunidad internacional por llevar a cabo esta práctica; ejemplo de ello es el Caso Alvarado, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juzgó a México por la participación del ejército en el delito de desaparición forzada y donde se evidencian los efectos negativos que ha tenido la participación de militares en la seguridad pública durante los últimos 14 años, a partir de la administración federal del ex Presidente de México, Felipe Calderón.
En ese sentido, el académico precisa que resulta un “error garrafal” dejar al mando de la seguridad pública a las fuerzas castrenses, ya que ambas deben de ser independientes, así lo ha precisado más de una organización de la sociedad civil; sin embargo, expresa, el gobierno federal parece no escuchar: han.
“Es un error garrafal dejar al mando la seguridad a las fuerzas armadas, se pone en riesgo lo más importante, que tiene que ver con la libertad, con la institucionalización y con las limitantes que tiene la seguridad, hay mecanismos para el uso de la fuerza… Buscamos decir que nos preocupa que esto termina siendo una escalada mayor de violación a derechos, puede haber otras alternativas para cambiar esto”.
En materia de seguridad local, en el caso de Jalisco, la suma de las fuerzas armadas a la seguridad ciudadana puede convertirse en una equivocación descomunal, puesto que, advierte Miguel Ángel Álvarez, se le quita la responsabilidad a quien corresponde, tanto a los presidentes municipales como al Gobernador del estado.
Sin suerte de adivinar, explica el experto, podrían cometerse diversas violaciones a los derechos humanos de las y los ciudadanos: detenciones arbitrarias, tortura y el incremento de las desapariciones forzadas, hechos donde la letalidad de los elementos castrenses se ve implicada. Incluso, precisa que se generará mayor violencia e incapacidad de las policías municipales y estatales, debido a que se les está debilitando al quitarles sus funciones primarias, en lugar de fortalecerlas.
Por lo tanto, el especialista desde su análisis se cuestionó: cuáles son los alcances que podría llegar a tener esta medida en el estado y su falta de efectividad:
“La estrategia no funciona, porque desde mi punto de vista es una estrategia sin estrategia, no se ven todas las variantes, no se ve todo el contexto, no se platica con aquellos que tienen propuestas distintas, con aquello que tienen otra alternativa. Se cree que simplemente que, con la ‘ley del garrote’, se va a solucionar esto y más de una evidencia nos ha demostrado que en México eso no funciona, tenemos todos los casos que se han llevado a la Corte Interamericana, tenemos todas las violaciones que se han documentado por parte de la Comisión Nacional y estatal, tenemos los datos de desaparición de personas, en cuestión de tortura, de violencia de género contra mujeres y minorías… Si no se ataca la violencia contra todas sus aristas, no servirá de nada”.
Para terminar con la violencia e inseguridad desde la perspectiva de la seguridad pública, Miguel Ángel Álvarez señala que existen varias alternativas; es necesario, sugiere, dejar las peleas políticas, mientras que, las y los funcionarios necesitan escucharse y con ello, prestar atención a las recomendaciones que tiene la academia y todas las víctimas de la militarización, pues expresa es “a ellos y ellas a quienes deberían de preguntarles lo que han vivido”.
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De igual manera, se debe definir qué se entiende por seguridad, seguridad humana y todo lo que éstas integran para llevarlas a cabo de manera correcta, así como, sumar a la estrategia de seguridad principios básicos: la atención centradas en las personas; una respuesta multisectorial, entender a la seguridad dentro de los derechos humanos; incluir, la perspectiva de género y el enfoque diferenciado para los grupos más vulnerables; y aprender de las acciones internacionales; además de la creación de programas preventivos.
Es importante, precisa Miguel Ángel Álvarez, recordar a las autoridades federales y estatales que la militarización no es la respuesta a la violencia y que para atender esta problemática social que lacera la vida de cientos de miles de personas el país, es necesario la participación de todas y todos:
“La problemática de la inseguridad es algo que nos compete a todos, tanto a los gobernantes, como al poder judicial, al legislativo, a la sociedad, para exigir que esto llegue a su fin… No se trata de buscar culpables, se trata de encontrar canales de investigaciones donde las y los involucrados busquemos con canales de comunicación como tratar la violencia y cómo hacer un proceso para este, el diálogo es el mejor camino. El pasado nos ha enseñado que este no es el mejor camino, tenemos que encontrar otras soluciones”.
