Diversas organizaciones de la sociedad civil que promovieron nueve amparos a favor de la salud de las personas migrantes en la región norte, centro y sur del país, han denunciado que el Gobierno mexicano ha evadido al poder judicial y ha sido omiso en acatar las ordenes que éste le ha impuesto y que buscan garantizar la seguridad, la vida, la estancia regular, vivienda digna y la suspensión de las detenciones migratorias, así como, la libertad de la población migrante en México, incluidas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos y que han sido expulsadas por el país vecino del norte a través del Protocolo “Quédate en México”.
Si bien, señalan que seis de los nueve amparos han sido resueltos a favor de la población migrante, “el resto se encuentra en revisión o a la espera”, además, en los primeros el Estado mexicano “no ha cumplido con las órdenes judiciales (y) por el contrario las han evadido”.
Prueba de ello son las deportaciones masivas sin debido proceso; la liberación de la población migrante “dejándola a su suerte” y sin ninguna garantía de acceso a la regular estancia; y las pocas medidas sanitarias, de asistencia, salud y protección que se han ofrecido a las personas que han sido expulsadas de Estados Unidos.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal Ilustración portada: Carbajo
Durante los meses de abril y mayo, diversas organizaciones de la sociedad civil en Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Tijuana, Veracruz y Nuevo León presentaron nueve amparos donde solicitaron al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Salud, tanto federales como estatales, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y al Ejecutivo Federal, llevaran a cabo “las medidas necesarias para garantizar a la población migrante y solicitante de protección internacional en México (…) acceso a la salud, a una estancia regular, a una vivienda digna, así como la suspensión de las detenciones migratorias, y la libertad de la personas detenidas en estaciones migratorias”.
Incluido en este sector la población expulsada de Estados Unidos y que México ha aceptado, así como, aquella solicitante de asilo que ha sido retornada al país bajo el Protocolo “Quédate en México”.
Sin embargo, de acuerdo con un comunicado emitido por las organizaciones en las regiones norte, centro y sur del país, el Gobierno mexicano “ha sido omiso en su cumplimiento”. De tal forma que, mientras evade al Poder Judicial, abandona a la población en movilidad humana y con necesidades de protección internacional “dejándola sin medidas que protejan su vida y salud en medio de la pandemia”, sentenciaron.
Con ello, advierten que, a la fecha, seis de los nueve amparos se han resuelto a favor de la población migrante, aunque el resto todavía “se encuentra en revisión o a la espera”, e incluso, en algunos casos sólo han simulado su cumplimiento:
“Las autoridades han sido omisas en dar cumplimiento a lo señalado por el Poder Judicial o han simulado su cumplimiento, por ejemplo: a través de deportaciones masivas sin debido proceso; liberando a la población migrante dejándola a su suerte; o siendo poco claros sobre las medidas sanitarias, de asistencia, de salud y protección que se están tomando para garantizar la vida y la salud de las personas expulsadas desde Estados Unidos”.
Estos nueve amparos fueron promovidos los días: 14 y 15 de abril en Tijuana ante el juzgado 5° de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales de Baja California; el 17 de abril en Tapachula ante el Juzgado 3° de Distrito; el 23 de abril en Tabasco ante el Juzgado 7° de Distrito; el 16 y 23 de abril en la Ciudad de México ante el Juzgado 1° y 2° de Distrito Administrativo; el 23 de abril, uno en Veracruz ante el Juzgado 19° de Distrito; y otro, en Nuevo León ante el Juzgado 3° de Distrito Administrativo; y el 12 de mayo ante el Juzgado 2° de Distrito.
De manera particular, en el caso de la resolución del amparo interpuesto por las organizaciones de la Ciudad de México, manifiestan en el documento público que, las autoridades señaladas y responsables, “no han rendido los informes solicitados, niegan los hechos y no proporcionan documentación o testimonios que acrediten que se están dando cumplimiento a todo lo señalado en la suspensión”.
Sobre este amparo, habrá que recordar que el viernes 17 de abril, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Arturo Israel Domínguez Adame, en su calidad de Juez, ordenó al INM liberar de manera inmediata a las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias; informar sobre el número de personas detenidas en todo el país y sus condiciones de vulnerabilidad; y la no detención de niñez y adolescencia migrante.
Como habrían expresado las y los defensores de la población migrante, se trataba de un acuerdo “sin precedentes” que establece once medidas que buscan “preservar la vida y la salud de las más de dos mil personas migrantes y solicitantes de asilo, que ha reportado el Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentran detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias en el país”.
Rechazando estas omisiones y ante “un visible desacato a lo ordenado por el Poder Judicial, en las diferentes entidades del país”, señalan las organizaciones, hacen un llamado a las autoridades responsables de la política migratoria en México para que lleven a cabo el “cumplimiento urgente y estricto de las resoluciones dictadas por los jueces federales”. A la par, urgen al Poder Judicial de la Federación que ordene “la notificación de sus resoluciones de forma expedita, ante la urgencia, y a través de cualquier medio disponible (teléfono, fax, correo electrónico institucional), a efecto de que se cumplan sus resoluciones”.
En tanto, han requerido al Consejo de la Judicatura Federal que “garantice que la plataforma electrónica funcione correctamente”, puesto que, algunas organizaciones han presentado dificultades para ingresar las demandas y para revisar en tiempo real los expedientes electrónicos.
Finalmente, han reiterado que en esta época de pandemia “las instituciones del Estado que protegen y garantizan los derechos de las personas deben funcionar de forma efectiva”; mientras que “el acceso a la justicia y a los derechos básicos se deben considerar actividades prioritarias”.
Consulta el comunicado completo:
https://mailchi.mp/imumi.org/gobierno-mexicano-evade-al-poder-judicial-en-amparos-de-migrantes-dejndoles-sin-medidas-que-protejan-su-vida-y-salud-en-medio-de-la-pandemia
