Los casos de COVID-19 en el Complejo Penitenciario de Puente Grande aumentan y las familias siguen sin tener información al respecto. Con una visión que toma en cuenta a toda la comunidad de los centros de reclusión en Jalisco, la académica Nadia Gutiérrez señala que el hacinamiento y el limitado acceso a la salud dentro de ellos vuelve más urgente atender los brotes de la epidemia.
Sin embargo, las autoridades jaliscienses no han puesto en marcha mecanismos de liberación acelerada, aun cuando el 9.16% de las personas contagiadas en el estado están en los centros punitivos de Puente Grande.
Por Ximena Torres / @ximena.tra
Hasta el 18 de mayo, el Gobierno de Jalisco tenía registro de 81 casos confirmados de COVID-19 en el Complejo Penitenciario de Puente Grande. Se reportaba que la mayoría de los pacientes eran asintomáticos y no habían requerido hospitalización.
“Cinco internos del Reclusorio Preventivo se notifican como recuperados, quienes cumplieron 21 días de aislamiento y cuentan con resultados negativos al SAR-CoV-2. Cabe acotar que el Complejo Penitenciario cuenta con un área hospitalaria de atención COVID-19 con todo el equipamiento”, comunicaron también las autoridades jaliscienses.
Esa es toda la información sobre sus seres queridos a la que tienen acceso los familiares de las personas privadas de su libertad (PPL) en Puente Grande. No saben quiénes son las personas enfermas, ni la minoría que sí ha requerido hospitalización, pues desde el 22 de marzo la Dirección de Reinserción Social del Estado de Jalisco, anunció que se suspenderían por un plazo indefinido las visitas a todos los centros penitenciarios. Sólo se permitirían visitas en casos jurídicos y humanitarios especiales.
Además, se anunció que se dispondría una línea telefónica donde familiares podrían tener acceso a información sobre el estado de sus seres queridos. Sin embargo, esto no ha sido así. Las PPL han quedado en total incomunicación con el exterior.
A pesar del tono calmado del Gobierno de Jalisco, no todos están fuera de riesgo, pues como la Secretaría de Salud Jalisco ha notificado, ha habido muertes en la comunidad de los centros penitenciarios de Jalisco. Entre ellas la de un hombre de 45 años que hasta el 8 de mayo se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 2 y la del empleado de limpieza del Reclusorio Preventivo, Ricardo Cárdenas.
Con el 9.16% de los jaliscienses contagiados de COVID-19 en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, la académica y participante del proyecto “Incidencia en el Sistema Penitenciario” de la universidad ITESO, Nadia Gutiérrez, asegura que la situación se ha vuelto urgente para todos los actores del Sistema Penitenciario Estatal. Sin embargo, destaca la situación de los familiares.
“Falta mucha transparencia sobre los brotes de COVID-19 en centros penitenciarios. Los familiares leen en las noticias sobre los contagios en Puente Grande pero no tienen más información, que además es un derecho. Se debe visibilizar que la crisis es especialmente difícil para los familiares de las PPL”, dice ella resaltando que eso no significa restarle importancia a lo que ocurre dentro de los reclusorios.
Hace por lo menos cuatro semanas Familiares Unidxs de Personas Privadas de su Libertad, denunciaron que las autoridades de Jalisco no les habían proporcionado información clara y suficiente respecto al estado de salud de sus seres queridos recluidos en los Centros de Reinserción Social de Puente Grande.
Según la académica del ITESO, la crisis en los centros penitenciarios, y la preocupación consecuente de los familiares se debe a las condiciones pre-pandemia que predominan en los reclusorios. La llegada del COVID-19 sólo ha mostrado el colapso de varios sistemas de la sociedad, entre ellos el penitenciario.
“Es cierto que ningún país del mundo estaba preparado para la crisis de la pandemia, pero el problema de las cárceles en Latinoamérica es que en ellas siempre ha predominado el hacinamiento, la sobrepoblación y las condiciones de vida no digas para las personas dentro de ellas”, explica Nadia Gutiérrez.
Revisión de personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de Puente Grande (Foto: @SaludJalisco)
Según el último Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario 2019 (DNSP) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 46% de los Centros Estatales de Reinserción Social (CERESOS) a nivel nacional hay sobrepoblación y condiciones de hacinamiento. Entre ellos están los dos principales centros del complejo de Puente Grande.
La Comisaría de Prisión Preventiva del Estado de Jalisco tiene una capacidad para 2 mil 992 PPL y una población de 6 mil 309, mientras que la Comisaría de Sentenciados alberga a 4 mil 378 PPL en sus instalaciones aunque tiene una capacidad máxima para 2 mil118 personas.
Además, la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2016 (ENPPL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que, a nivel nacional, el 30% de la población en los reclusorios no tenía agua potable, 59.1% no tenía artículos de aseo personal, 16.4% no recibía servicios médicos y 30.6% no tenía acceso a medicinas.
Conscientes de esta situación, los familiares eran quienes proveían a las PPL de artículos de higiene como cubrebocas y gel antibacterial. Desde que las visitas fueron restringidas y como se lo han expresado a Nadia Gutiérrez, ahora las familias se preguntan si los recursos son suficientes para cubrir las necesidades higiénicas y de prevención de las 11 mil 485 personas que viven en los cinco centros del complejo de Puente Grande (la Comisaría de Prisión Preventiva, la Comisaría de Sentenciados, el Centros Federal de Readaptación Social No. 2 y el Centro de Readaptación Femenil).
El pasado 14 de mayo, la asociación civil Documenta presentó una demanda de amparo en favor de las personas recluidas en el CEFERESO de Jalisco, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para prevenir el contagio, que se ofrezca atención médica oportuna, se dote de productos de higiene, y se facilite la comunicación hacia el exterior del centro. Sin embargo, las autoridades del CEFERESO interpusieron un recurso de queja argumentando que no se trata de actos urgentes.
Mientras el Gobierno de Jalisco insiste en tener un duro sistema de prevención de COVID-19 que, incluso, obliga al uso de la fuerza pública en las calles, en los centros penitenciarios no se ha promovido el uso de mecanismos de libertad acelerada para disminuir la sobrepoblación. Aun cuando esta medida está respaldada por la Ley Nacional de Ejecución Penal y ha sido recomendada por organizaciones nacionales como ASILEGAL e internacionales como las Naciones Unidas.
De acuerdo con Nadia Gutiérrez, estas negligencias alimentan los discursos de odio que aseguran que las personas privadas de su libertad no son merecedoras de derechos. Sin conocer que solo las personas condenadas por delitos no graves pueden ser beneficiarias de la libertad anticipada, hay quienes tienen miedo de este mecanismo y prefieren que no sea puesto en marcha.
En este momento no queda más que atender la crisis, pero una vez controlada la pandemia de COVID-19, la académica del ITESO asegura que no se debe aceptar volver a las condiciones prepandemicas que obstaculizan los derechos de las PPL.
“Una vez que pase todo, será necesario repensar las políticas sociales y punitivas. Hay un exceso de uso de la prisión y hay delitos que podrían solucionarse de otra forma como con la justicia restaurativa. Además, sabemos que en América Latina quienes están recluidos no son los más peligrosos sino los más vulnerables” dice Nadia.
Por el momento es urgente que todas las PPL tengan acceso a: agua limpia, servicios de salud, mecanismos de libertad acelerada y que a sus familiares se les den la información suficiente para conocer las condiciones dentro de los centros penitenciarios.
