Por Mario Marlo / @MarioMarlo
En plena pandemia por el COVID-19, las jornaleras agrícolas y sus familias continúan trabajando y sufriendo violaciones a sus derechos humanos, laborales y de salud; así lo afirmó, a través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Según Tlachinollan, a pesar de que el gobierno federal implementó medidas para mitigar la dispersión y transmisión del virus entre las jornaleras y jornaleros y sus familias, entre los meses de abril y mayo: 3 niños y niñas de 6 meses, así como dos 5 y 8 años, respectivamente, todos originarios del estado de Guerrero, perdieron la vida al ser atropellados y uno al caer de una camioneta. Los hechos ocurrieron en los estados de Sinaloa y Guanajuato.
Al respecto, Tlachinollan denunció que la muerte de los menores fue resultado de la falta de acciones públicas coordinadas y de protección integral para las infancias insertas en contextos de migración laboral. En el momento de su muerte, los menores se encontraban realizando trabajo agrícola o en compañía de sus padres.
Otro caso sobre violaciones de los derechos humanos y laborales se documentó en el albergue de Isla del Bosque, municipio de Escuinapa, Sinaloa, donde en condiciones insalubres y sin servicios básicos, familias jornaleras de Guerrero siguen laborando por un pago de 100 pesos al día.
Tlachinollan destacó que para estas familias es imposible respetar la Jornada Nacional de Sana Distancia debido a que en los lugares donde duermen son muy pequeños y no cuentan con las mínimas medidas de higiene. Tal es el caso del Albergue Benito Juárez, también conocido como Centro de Desarrollo Indígena, ubicado en la comunidad rural del Maguey, municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato; lugar que se encuentra a pocos metros del canal de aguas negras: “un foco de infección grave y de urgente necesidad de atención”, señalaron en el comunicado.
Por otra parte, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, algunos empresarios no permiten que los padres lleven a sus hijas e hijos a los campos agrícolas, por lo que los niños se quedan al cuidado de una mujer quien se hace cargo de 30 o 40 niños y niñas.
“No les interesa saber dónde los dejan y en qué condiciones, exponiéndolos a condiciones inseguras y de alto riesgo. Estas medidas extremas no asumen el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores al no garantizar albergues y estancias infantiles con personal adecuado para brindar la atención y cuidados que acompañen a niños y niñas en su desarrollo integral, atendiendo a los principios rectores de participación, no discriminación, interés superior de la niñez, a la vida, supervivencia y desarrollo”, detalló Tlachinollan.
Ante este contexto, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas emitieron, el pasado 18 de marzo, un pronunciamiento donde exhortaron a las autoridades gubernamentales a abordar el tema de trabajo agrícola de manera integral; sin embargo, a dos meses estas peticiones no se ha realizada nada; por ello, la Red emitió “Las recomendaciones prácticas dirigidas a personas que contratan, atienden y acompañan en diferentes niveles de intervención a las personas jornaleras agrícolas y sus familias en un contexto de crisis por pandemia en México” donde exigieron:
- Reforzar la información sobre las medidas implementadas por las autoridades en relación con la pandemia por COVID-19. Las medidas de prevención y de atención que se adopten tienen que basarse en el contexto multicultural de la población jornalera en México. Garantizando su difusión por todos los medios posibles, de manera clara y sencilla.
- Garantizar su derecho a la salud y a la seguridad social, a través del acceso gratuito de las personas jornaleras y sus familias a los servicios de salud, la asistencia médica, a las pruebas del COVID-19, medicamentos, insumos y tratamiento, libres de todo tipo de discriminación.
- Garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a artículos básicos de higiene de las personas jornaleras que pueden verse afectados/as por las medidas de aislamiento en caso de haber contraído COVID-19.
- Adoptar medidas para garantizar la protección continua de sus derechos humanos, incluidos sus derechos laborales, para evitar que por la pandemia del COVID-19 las y los empleadores se basen en justificaciones discriminatorias que afecten el desarrollo de su trabajo, el pago de sus salarios, o el retorno a sus comunidades de origen de aquellas personas que se encuentran en contextos de movilidad humana.
- Garantizar que las medidas de prevención y contención adoptadas por el Estado mexicano aseguren su derecho a la salud en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores agrícolas para las mujeres jornaleras. Con responsabilidad diferenciada y tomando en cuenta la participación de niñas, niños y adolescentes, que los empleadores, el Estado, las familias y la sociedad en general, centre esfuerzos en la creación y/o fortalecimiento de acciones con un enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes que generen condiciones y estrategias de protección integral, contemplando el impacto psicosocial, sus emociones y sentimientos, tanto para los NNA que son acompañantes de sus familiares jornaleros/as agrícolas, como para quienes desempeñan una actividad remunerada en el campo.
- Que se garanticen espacios de acompañamiento y cuidado para las niñas, niños y adolescentes como guarderías o centros de cuidado, a quienes son acompañantes de sus familiares en la ruta de migración para trabajar en el campo, atendiendo a los principios rectores de participación, no discriminación, interés superior de la niñez, a la vida, supervivencia y desarrollo. Que el COVID no sea una justificación para el cierre de los espacios, si no que se tomen en cuenta las recomendaciones del sector salud para integrar las acciones especializadas ante la pandemia.
Tlachinollan, organización que opera en la ciudad e Tlapa de Comonfort, detalló que en México hay casi 3 millones de personas jornaleras trabajando directamente en los centros de trabajo agrícola.
El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), estima que de 2.5 millones de jornaleros/as el 40% son indígenas, mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2019) detalló que entre 2005 y 2019 se han agregado a las filas de los asalariados del campo mil 120 mil personas de las cuales el 89% son jornaleros hombres y 11% mujeres.
Cuando se trata de jornaleros migrantes la presencia de mujeres es mayor, en algunas entidades, las mujeres jornaleras llegan a representar el 35% como en Sinaloa, la mayoría acompañada con la familia.
