A través de un comunicado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C (CEPAD) evidenció la necesidad de cambiar las estrategias de comunicación, atención, acción e implementación del mecanismo de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescente desaparecidos en el estado, Alerta Amber, en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, así como, sus bases de operación.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
En el 2019, el estado de Jalisco se posicionó en el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas desaparecidas y, también, encabezó la primera posición con el número más alto de menores de edad desaparecidos. La Secretaría de Gobernación reportó que en todo el país se encuentran 11 mil 072 niñas, niños y adolescentes desaparecidos; Jalisco se posiciona en los primeros lugares con 976 desapariciones, los menores representan en 11% de las 8 mil 872 mujeres y hombres que están actualmente desaparecidos en el estado.
A pesar de la evidente y creciente problemática en la que se encuentra el estado de Jalisco, las instituciones han sido ineficientes en dar respuesta a ésta. Por ello, de acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), es esencial poner en funcionamiento el mecanismo de búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes en Jalisco, Alerta Amber y junto con éste, instaurar acciones para su operación mediante una ley en materia de desaparición. Es importante, advirtieron, que durante este tiempo de contingencia se planifiquen formas adecuadas para la búsqueda, así como un análisis de contexto con enfoque en la niñez, con el propósito de conocer los patrones y las causas que favorecen la desaparición de los menores de edad en Jalisco.
La organización para la defensa de los derechos humanos de las personas en el estado, manifestó que las deficiencias de la Alerta Amber en Jalisco, se suman a la invisibilización de la problemática y a “la posible relación de las desapariciones de esta población, con dinámicas delictivas de trata de personas”; según precisaron “las y los menores de edad se encuentran en una situación de extrema inseguridad y son particularmente susceptibles de ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, a su integridad personal y a su vida”.
A la par, han considerado vital atender la gravedad de la situación de la desaparición de niñas, niños y adolescentes en la entidad, a través de la coordinación interinstitucional entre dependencias dentro de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, el CEPAD señaló que algunos organismos, organizaciones, colectivos nacionales y locales de búsqueda han mostrado su inconformidad ante la decisión de suspender las actividades de búsqueda e investigación por parte de las instituciones correspondientes, por lo que, han advertido, que aún ante la contingencia del COVID-19 es forzoso desarrollar actividades que sigan tomando con prioridad y eficacia la búsqueda de personas desaparecidas.
El CEPAD se sumó a las exigencias del colectivo de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, Por Amor a Ellxs, quienes demandaron al Gobierno de Jalisco que, durante la contingencia sanitaria, la búsqueda e investigación de personas desaparecidas fueran nombradas y decretadas como actividades esenciales. Y con ello, que la autoridad estatal cumpla eficientemente con las obligaciones que tiene de buscar, investigar y garantizar los derechos a la verdad y el acceso a la justicia a todas las víctimas de desaparición.
Además, ante el aplazamiento del funcionamiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en la entidad y la falta de cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición, han considerado a la pandemia como una oportunidad para la realización de una agenda de trabajo funcional para su implementación y aplicación en el estado.
Es evidente, señalaron, que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, las instituciones deberán incorporar cambios en el desarrollo de las actividades de búsqueda de personas desaparecidas, para no poner en riesgo de contagio a las y los servidores públicos en cargo. Sin embargo, las autoridades responsables deben de poner atención ante la problemática, el uso de nuevas técnicas de trabajo y encontrar la manera de darle respuestas a las peticiones de los familiares; garantizando así el derecho a la información y el derecho a participar de manera activa en la búsqueda e investigación de los casos.
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