Opacidad y silencio han sido las constantes en las autoridades penitenciarias en Jalisco ante las denuncias sobre la situación real que enfrentan por los casos positivos de COVID-19 detectados a su interior. 

En este texto hablamos con diversos funcionarios que señalan que la situación es crítica y podría empeorar, pues ahora son 51 personas privadas de su libertad las que enfermaron de COVID-19. 

Por Marlene Robles 

Al ingresar a los centros penitenciarios de Jalisco existen los filtros de salubridad ya establecidos como toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial, pero una vez dentro el panorama se torna distinto, pues los médicos y el resto de servidores públicos que laboran en los complejos penitenciarios del estado, así como las personas privadas de la libertad, realizan sus actividades con limitadas medidas de protección.

En el caso del personal de salud, éstos no cuentan con overoles, caretas, botas, guantes; es decir, el equipo de protección básico, esto pese a que en el Complejo Penitenciario de Puente Grande existen tres casos sospechosos de coronavirus entre el personal médico; ha ocurrido un posible deceso por COVID-19 de un auxiliar de la Comisaría de Prisión Preventiva y se han confirmado oficialmente que 51 personas privadas de la libertad padecen COVID-19 

Sobre estos 51 casos positivos, la Secretaría de Salud Jalisco ha informado que: “la mayoría son asintomáticos, no han requerido hospitalización y se encuentran en aislamiento del resto de la población penitenciaria y que continuará con el muestreo aleatorio dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande, dando prioridad a los grupos de riesgo, como personas mayores y/o con algún padecimiento crónico.”

Sin embargo, el doctor Héctor López Pantoja, secretario general del Sindicato Único Independiente de los Reclusorios del Estado de Jalisco, asegura que el actuar de las autoridades ha sido lento, provocando no sólo incertidumbre, sino también la exposición del personal que se encuentra entre los grupos vulnerables al coronavirus; es decir, personas con enfermedades bronco-respiratorias, crónicas degenerativas y mayores de 60 años, pues pese a que desde el pasado 24 de marzo se envió un documento al Gobierno de Jalisco solicitando el resguardo domiciliario de estos trabajadores, pero hasta apenas el día 28 esta solicitud fue aprobada  y 42 personas dejarán temporalmente sus labores.

Cabe resaltar, esta autorización no aplicó para el personal médico que labora en los centros penitenciarios . 

Más allá del Área Metropolitana de Guadalajara, las condiciones no mejoran para el personal de la  Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco; López Pantoja señala que existe discriminación hacia los servidores públicos foráneos, pues hasta el momento no se les han aplicado las medidas de resguardo domiciliario al personal vulnerable.

Por otra parte, el secretario también puntualiza que en caso de presentarse un brote mayor de coronavirus no se cuenta con el equipo médico necesario ni con las instalaciones adecuadas para atender la crisis dentro de los centros penitenciarios, pues hasta el momento sólo se habilitó un área al interior de la clínica de desintoxicación en Puente Grande, pero ésta no cuenta con ventiladores mecánicos.  

“Dentro de los reclusorios existen alrededor de cinco mil internos por centro, y resulta alarmante que en caso de un brote de COVID-19 no se tenga la capacidad ni para atender a 50.” 

Médicos a quienes trabajar les sale caro

En anonimato, uno de las médicos que labora en el Reclusorio Preventivo, accedió a dar su testimonio a ZonaDocs: 

“Lo único que se nos proporcionó fueron fueron cubrebocas realizados por los mismos reos, éstos no cubren con las medidas de seguridad, la tela es súper delgada. Nosotros hemos tenido que comprar nuestros guantes y cubrebocas; incluso, cuando fue declarada la pandemia, tardamos quince días en recibir cloro y gel antibacterial”. 

También aseguró que el pasado 23 de abril, hubo el deceso de una Persona Privada de la Libertad (PPL), del dormitorio 10, presuntamente asintomático de COVID-19, quien falleció a causa de problemas respiratorios, pero que a petición del director general, se solicitó al médico en guardia poner como causa de muerte un infarto fulminante. Sobre esto no ha existido afirmación o negación de parte de las autoridades jaliscienses. 

Así mismos, familiares de las personas privadas de su libertad firmaron un comunicado exigiendo respuestas sobre las acciones que las autoridades penitenciarias están tomando para combatir la pandemia de COVID-19; sin embargo, a la fecha sus demandas no han sido contestadas.