Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, a partir del 22 de marzo la Dirección de Reinserción Social del Estado de Jalisco, tomó como medida preventiva para evitar contagios, suspender de manera indefinida las visitas de familiares de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de la entidad. 

A través de un comunicado, los familiares de personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social del Complejo Penitenciario de Puente Grande han manifestado su inconformidad, ya que, pese a que se habría anunciado que las autoridades les brindarían información sobre el estado de salud de sus seres queridos, hasta el momento, esto no ha sucedido; a la par, denunciaron las negligencias que las autoridades penitenciarias en el estado ha tenido respecto a las medidas sanitarias que se aplican a personas internas y funcionarios.

Han requerido acciones inmediatas al Gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, al Director de Reinserción Social José Antonio Pérez Juárez, a la Secretaría de Salud Jalisco y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.

Al 1 de mayo, en el complejo penitenciario se han confirmado 51 casos positivos de COVID-19.

Por Fernanda Lattuada /  @MariferLattuada

Fotografías: Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; Gobierno del estado de Jalisco; y Facebook Centro de Readaptación Femenil de Puente Grande Jalisco

Organizados, Familiares Unidxs de Personas Privadas de su Libertad, denunciaron a través de un comunicado que las autoridades del estado de Jalisco no les han proporcionado información clara y suficiente respecto al estado de salud de sus familiares que se encuentran dentro de los Centros de Reinserción Social de Puente Grande Jalisco.

La preocupación y la incertidumbre se han acentuado luego de que, lamentablemente, Ricardo Cárdenas, empleado de limpieza en el Reclusorio Preventivo, perdiera la vida por COVID-19. Por lo que sus allegados han señalado a medios de comunicación, el señor Ricardo padecía de diabetes y, por lo tanto, hubo una negligencia de parte del Director de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, quien fue omiso a las indicaciones del Gobierno Federal sobre retirar del espacio laboral a grupos vulnerables. 

A ello se suman los 51 casos de COVID-19 confirmados dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande, esto de acuerdo con los datos de la página oficial del Gobierno de Jalisco, hasta el 1 de mayo.

Frente a esta realidad, a través de un comunicado de inconformidad y exigencia de medidas sanitarias, las y los familiares de personas privadas de la libertad, piden que se esclarezca en qué Centro Penitenciario se encuentran los casos positivos de COVID-19:

“Aún sabiendo la delicadeza del asunto no dejan claro a qué centro penitenciario pertenecen tales contagios. Es necesario que nos estén manteniendo al tanto de lo que sucede ahí adentro Nosotrxs tenemos derecho a la información clara y verídica de lo que está ocurriendo dentro de cada centro penitenciario, pues nos preocupa la seguridad de nuestrxs familiares que se encuentran ahí”, señalaron los familiares en el comunicado. 

Habrá que precisar que el pasado 5 de marzo fue puesto en marcha el P​rotocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del Covid-19, dentro del estado de Jalisco, el cual incluía presuntamente, medidas preventivas sanitarias, de concientización y sanitización dentro de las cárceles del estado. Sin embargo, fue hasta el 22 de marzo que, ante el incremento de casos de COVID-19 en la entidad, la Dirección de Reinserción Social del Estado de Jalisco, anunció que se suspenderían por un plazo indefinido las visitas a todos los centros penitenciarios y sólo se permitirían visitas en casos jurídicos y humanitarios especiales. De acuerdo con este mismo documento, se dispondría una línea telefónica donde familiares podrían tener acceso a información sobre el estado de salud de sus seres queridos privados de la libertad.

Sin embargo, esto no ha sido así.

Asimismo, haciendo mención de una noticia que fue publicada en el periódico Mural el 17 abril, respecto a la denuncia que realizó personal del reclusorio de Puente Grande sobre el riesgo que sentían de contraer coronavirus por la falta de medidas sanitarias, señalaron que, pese a la gravedad de estos hechos en la misma nota se da cuenta de que “la Dirección de Reinserción y Prevención Social siguió permitiendo los encuentros deportivos entre reclusos y que mujeres privadas de la libertad visitaran varios reclusorios varoniles”. En la publicación se señala que en estas reuniones hubo apuestas, bebidas embriagantes, carne asada y albercas.

De esta manera, manifiestan que “son inaceptables estas acciones de parte de las autoridades ya que no se sabe bajo qué circunstancias trasladan a las mujeres a los centros varoniles”. Con ello, precisan que las autoridades “además de exponer a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad a este tipo de actos” exponen a la población penitenciaria en general al contagio del COVID-19, ya que, incitaron a la aglomeración en plena contingencia.

VULNERAN DERECHOS HUMANOS

Sobrepoblación, hacinamiento, negligencia médica e insalubridad, son algunas de las condiciones que las personas privadas de su libertad viven dentro de los centros penitenciarios normalmente, así lo señalaron los familiares. Ahora, las condiciones vulnerables se agravan ante la emergencia sanitaria. De acuerdo con el reportaje “En los Centros Penitenciarios no hay sana distancia: las Personas Privadas de la Libertad son muy vulnerables al coronavirus” publicado por ZonaDocs, el derecho al acceso a la salud es uno de los más vulnerados. 

Por ello, los familiares exigen tanto al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como a las autoridades penitenciarias y de salud correspondientes, que las medidas preventivas que se tomen dentro de los Centros Penitenciarios estén en sintonía con las recomendaciones presentadas por expertos de la ONU, como evitar sobrepoblación y hacinamiento; al igual que el derecho a recibir información confiable, precisa y actualizada.  

Así mismo, expresaron su preocupación particularmente por el uso de túneles sanitizantes dentro de los Centros que, de acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, aún no hay evidencia de su efectividad contra este virus e, incluso, hizo la recomendación de no utilizarse.

De tal forma que, Familiares Unidxs de Personas Privadas de su Libertad han exigido al Gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, al Director de Reinserción Social José Antonio Pérez Juárez, a la Secretaría de Salud Jalisco y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, lo siguiente:

1. Se les brinde información suficiente, clara y verídica de lo que está sucediendo en cada uno de los centros penitenciarios “con todo lo que tenga que ver con el Covid-19”. Además, han solicitado que la información sea pública y se dé seguimiento atento a la situación del complejo penitenciario.
2. Se les informe sobre cuáles son las medidas preventivas y de tratamiento que están llevando a cabo en cada uno de los centros penitenciarios.
3. Se les informe en qué centro penitenciario se dieron los casos de contagio de Covid-19.
4. Se informe por qué se dieron esos contagios, ya que las visitas se cancelaron a partir del 22 de marzo.
5. Se dé la atención requerida a las personas privadas de su libertad que resultaron positivos de Covid-19; y se les informe sobre el tratamiento brindado a las personas.
6. Se tomen medidas para evitar la sobrepoblación y el hacinamiento, “ya que esto es un peligro que está latente y que propicia los focos de infección” como lo señalan organismos internacionales, tales como: la reducción de población penitenciaria a través de la liberación temprana, provisional o temporal en caso de infractores de baja peligrosidad; y la revisión de todos los casos de prisión preventiva. Han solicitado también, la liberación de personas que son del alto riesgo de contagio: mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades que representan perfil de riesgo (hipertensión, diabetes, patologías cardiovascular o cerebral, obesidad, etc.).
7. Se provea a las personas privadas de la libertad de productos sanitarios: cubrebocas, gel antibacterial, desinfectante, y sobre todo, advierten “el abastecimiento suficiente de agua potable” ya que, señalan “sabemos que es reducida y las personas privadas de su libertad tienen que acumular el agua en botes”.
8. Sanitización continua de los espacios al interior de los centros penitenciarios.
9. Se aclare la situación de los traslados de mujeres privadas de su libertad a los reclusorios varoniles, y se ofrezca una explicación de por qué continuaron estos traslados a pesar de estar en plena crisis sanitaria a nivel mundial.
10. Se suspendan los traslados de mujeres privadas de su libertad a los reclusorios varoniles.
11. Se tomen en cuenta todos los pronunciamientos para la protección de las personas privadas de su libertad.

A la par y ante esta suma de situaciones, las y los familiares también hacen un llamado a la población en general para que se “solidarice con esta situación de angustia que estamos viviendo los familiares de las personas que se encuentran privadas de la libertad” afirmaron.

“Si comúnmente las autoridades penitenciarias transgreden sus derechos humanos, ahora con semejante situación de crisis sanitaria a nivel mundial, ¿qué podemos esperar?”, declararon los familiares, quienes continúan en la espera de una respuesta por parte de las autoridades.

En atención a la denuncia, ZonaDocs intentó localizar a autoridades de Reinserción Social de Jalisco para que ofrecieran su posicionamiento sobre la situación dentro de los centros penitenciarios, no obstante, la respuesta obtenida fue que, “ante la contingencia no estaban autorizadas ningún tipo de entrevistas, tanto del personal como de las personas privadas de la libertad.  

Conforme a la Secretaría de Salud Jalisco, hasta el 1 de mayo, resultado de la búsqueda intencionada en el Complejo Penitenciario de Puente Grande se han identificado 51 casos positivos de COVID-19; asegurando que: 

“la mayoría de los casos en Puente Grande son asintomáticos y no han requerido hospitalización. Todos los pacientes se encuentran estables y en aislamiento del resto de la población penitenciaria; en tanto cumplen el periodo de aislamiento para ser dados de alta”.