El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) a través de un comunicado, ha denunciado la ineficiente aplicación del Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del COVID-19 en el estado de Jalisco, esto luego de que la Secretaría de Salud anunciara que tres personas dentro del complejo penitenciario de Puente Grande dieran positivo a la enfermedad de COVID-19.
Reconociendo que el hacinamiento, la sobrepoblación y la insuficiencia de servicios de salud son un riesgo para las personas que permanecen recluidas en los centros penitenciarios, la organización ha solicitado al Gobierno del estado, “despresuricen los centros penitenciarios mediante la pre-liberación de las Personas privadas de la libertad” de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Asimismo, ante la escasa información ofrecida por las autoridades responsables, han solicitado que se informe en qué centro penitenciario del complejo de Puente Grande fueron detectados los casos.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Luego de que el pasado 17 de abril, la Secretaría de Salud Jalisco informara la detección de tres casos positivos de COVID-19 en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció a través de un comunicado “la aplicación ineficiente” del Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del COVID-19, el cual fue puesto en marcha el 5 de marzo.
En dicho protocolo se establecen medidas que involucran la difusión de información a las personas privadas de la libertad, familiares que les visitan y personal; la sanitización de las áreas comunes y administrativas; el suministro de productos de salubridad, aseo e higiene; y la aplicación de filtros sanitarios.
Sin embargo, la organización señaló que estas medidas implementadas por el Gobierno del estado de Jalisco “han resultado insuficientes para garantizar el derecho a la salud y para atender la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de libertad y el personal que labora en estos espacios”.
Como prueba de ello, advirtieron, los señalamientos públicos que realizó el personal del Complejo Penitenciario de Puente Grande a finales del mes de marzo, a través de los cuales manifestaron a medios de comunicación el temor que sentían de contraer coronavirus por la falta de medidas implementadas dentro de las cárceles.
Si bien, desde el 22 de marzo, la Dirección de Reinserción Social del Estado de Jalisco, informó que, para reducir el riesgo de contagio se suspenderían de manera indefinida las visitas del exterior a los centros penitenciarios, los tres casos positivos de COVID-19 anunciados por la Secretaría de Salud, dejan en evidencia, manifiesta CEPAD, que las medidas del protocolo tampoco “han dado resultados”.
Por lo anterior, y reconociendo los “graves riesgos que representa esta situación para las personas privadas de la libertad y el personal que labora en los centros penitenciarios”, CEPAD ha exigido a las autoridades del gobierno estatal, lo siguiente:
- Atención médica a las personas contagiadas y con ello, que “se tomen las medidas necesarias ante la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y el posible foco de atención que se generaría dentro de los centros penitenciarios”.
- Que se informe en qué centro penitenciario del complejo de Puente Grande se detectaron los casos; y se explique cómo fue que se contagiaron, ya que, señala CEPAD “las visitas fueron suspendidas desde el 22 de marzo”.
- Que se identifique a las personas privadas de la libertad que tuvieron contacto con los tres casos positivos de COVID-19 y, con ello, se sigan los protocolos de detección establecidos por la Secretaría de Salud, para evitar la propagación de la enfermedad.
- Que se brinde información detallada a las personas privadas de la libertad, a sus familiares, al personal y a la sociedad sobre los protocolos de prevención y atención que se están llevando a cabo.
- Que se realicen de manera constante más pruebas rápidas en todos los centros penitenciarios para identificar otros casos de COVID-19 y evitar su propagación.
Asimismo, reconociendo que el hacinamiento, la sobrepoblación y la insuficiencia de servicios de salud son situaciones de riesgo para las personas que permanecen recluidas en los centros penitenciarios, CEPAD ha solicitado que “se despresuricen los centros penitenciarios mediante la pre-liberación de las Personas privadas de la libertad”, según lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Finalmente, han hecho un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), para que “verifique e informe sobre las medidas que se están llevando a cabo en los centros penitenciarios de la entidad, para salvaguardar y garantizar la salud de las personas privadas de la libertad y el personal que ahí labora”, puntualizaron.
En medio de la contingencia, la semana pasada, el gobierno de la Ciudad de México, a través del Poder Judicial, liberó a 78 personas privadas de la libertad catalogadas como población en riesgo de contagio por coronavirus; se calcula que otros 800 serán también liberados en los siguientes días.
En tanto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, liberó el viernes a mil 894 personas bajo estas mismas circunstancias.
