Bajo la campaña #LibertadNoDetención, más de 40 organizaciones de la sociedad civil, promovieron un amparo ante el Juzgado de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, para evidenciar la omisiones y negligencias en las que ha incurrido el Instituto Nacional de Migración (INM), respecto a garantizar la salud física y emocional, así como, la integridad de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional detenidas en estaciones y estancias migratorias, durante la contingencia sanitaria por COVID-19.
En respuesta, el pasado viernes 17 de abril, el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Arturo Israel Domínguez Adame, en su calidad de Juez, ordenó al INM liberar de manera inmediata a las personas migrantes detenidas en estaciones migratorias; informar sobre el número de personas detenidas en todo el país y sus condiciones de vulnerabilidad; y la no detención de niñez y adolescencia migrante.
Este acuerdo “sin precedentes” según informaron las organizaciones, establece once medidas que buscan “preservar la vida y la salud de las más de dos mil personas migrantes y solicitantes de asilo, que ha reportado el Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentran detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias en el país”.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Bajo los hashtags #CuarentenaConDerechos y #LibertadNoDetención, más de 40 organizaciones de la sociedad civil han lanzado una campaña para visibilizar las situaciones de desprotección, violencia y violación a los derechos humanos que las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, están viviendo dentro de las más de 56 estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración en México durante el periodo de contingencia sanitaria por COVID-19; en algunos casos, incluso, han denunciado la situación compleja que experimentan las personas que permanecen en centros de detención migratoria de Estados Unidos.
Son estas mismas quienes, el pasado 16 de abril, se sumaron para promover un amparo ante el Juzgado de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México y evidenciar al Poder Judicial de la Federación “las negligencias cometidas por parte del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de Salud, incluido el Consejo de Salubridad General, respecto a las medidas que se deberían adoptar, y aquellas que existen y no se toman en cuenta, para garantizar el derecho a la salud y la no discriminación de las personas migrantes en el contexto de la crisis sanitaria por coronavirus” así, lo precisaron en un comunicado las organizaciones.
De manera favorable y considerándola una “resolución histórica en pro de las personas migrantes” las más de 40 organizaciones anunciaron este sábado 18 de abril, que el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Arturo Israel Domínguez Adame, en su calidad de Juez, resolvió un acuerdo de once medidas que busca “preservar la vida y la salud de las más de dos mil personas migrantes y solicitantes de asilo, que ha reportado el Instituto Nacional de Migración (INM) se encuentran detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias en el país”.
De acuerdo con el comunicado, la resolución establece un plazo de veinticuatro horas para que las autoridades responsables “rindan a este órgano jurisdiccional el informe respectivo al cumplimiento de las medidas decretadas”, además, de hacer extensivas las medidas a funcionarios y dependencias que deban colaborar para que el mandato se cumpla; de lo contrario serán acreedores a una multa.
Dichas medidas, informaron las organizaciones, contemplan:
- La libertad inmediata de las personas migrantes como grupo vulnerable y, con ello, que se les otorgue una estancia regular en el país donde se garantice su acceso a servicios de salud.
- Que el Instituto Nacional de Migración (INM) elabore un “informe detallado sobre el número de personas migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias señalando sus condiciones de vulnerabilidad”.
- Diseñar e implementar una estrategia para que la población migrante y solicitante de protección internacional sean beneficiarias de apoyos económicos
- Garantizar la no detención de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Implementar protocolos de prevención sanitaria por coronavirus dentro de las más de 58 estaciones y estancias provisionales migratorias y realizar en éstas, inspecciones periódicas para verificar que se cumplan los estándares de respeto a los derechos humanos.
- Garantizar el acceso a la información sobre las medidas sanitarias implementadas durante la pandemia, a las personas detenidas en estaciones migratorias.
Al respecto, señalan que, si bien son medidas fundamentales para la salud de toda la población migrante en el contexto de la pandemia actual “es necesario que las acciones realizadas por el INM, la Secretaría de Gobernación, el gobierno de México y la Secretaría de Salud, resultado de esta suspensión, tengan como piso mínimo: el acceso a la salud, a la alimentación, y la integridad física y psicológica de las personas migrantes”.
De esta forma, proponen “la creación de programas de ayuda económica directa para esta población que les permita acceder a vivienda y alimento durante el periodo que dure la emergencia sanitaria”; además de la renta, creación o acondicionamiento de espacios salubres “que sirvan de alojamiento para grupos no mayores a 50 personas, sin que sean considerados parte de las estaciones migratorias”.
Finalmente, recordaron que:
“todas las personas migrantes o solicitantes de protección internacional deben tener asegurado igual acceso a servicios de salud y estar incluidas en las respuestas nacionales dirigidas a prevenir y mitigar la transmisión del coronavirus en igualdad de condiciones que aquellas destinadas a la población mexicana y a las personas extranjeras con estatus migratorio regular en el país”.
