Tras la muerte de una persona solicitante de asilo en México y después de que 15 personas migrantes resultaran lesionadas el pasado 31 de marzo en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, 150 organizaciones de la sociedad civil, han presentado una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), para solicitarle al organismo que “se pronuncie a favor del derecho a la libertad y a la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19”.
Por Redacción ZonaDocs / ZonaDocs
El pasado 31 de marzo, luego de decretarse en el país la emergencia sanitaria por COVID-19, un grupo de personas migrantes que se encontraba dentro de la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, demandaron a las autoridades de la dependencia: información, atención a su salud y mejora a las condiciones de salubridad en las que se encuentran las personas recluidas en estos espacios. Lamentablemente, no recibieron respuestas de parte del personal y ante su desesperación y la omisión de las autoridades, la protesta se polarizó hasta terminar en un incendio donde murió una persona originaria de Guatemala y solicitante de refugio en México, y 15 personas más resultaron lesionadas.
Fueron las situaciones de encierro, falta de información y de condiciones mínimas de higiene establecidas por la Secretaría de Salud, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, más “el impacto en la salud mental y el estado anímico de las personas migrantes, entre ellas: la ansiedad, la depresión y la incertidumbre” lo que provocó esta situación, refieren en un comunicado, más de 150 organizaciones de la sociedad civil a favor de la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.
De acuerdo con testigos, denuncian las organizaciones, la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, “no cuenta con medidas de seguridad (como extintores), no ha acatado las de prevención frente al COVID19, no tiene protocolos eficientes de prevención y acción en casos de emergencias o incendios, y fueron omisos al no actuar de forma diligente frente al incendio, ya que no ejecutaron ningún protocolo de protección civil para evacuar a las personas migrantes, por el contrario se opusieron, por lo que éstas tuvieron que romper las puertas de las celdas para ponerse a salvo”.
Frente a estos hechos, las 150 organizaciones han presentado la queja con número de folio 2020/32604, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), para solicitar al organismo que “se pronuncie a favor del derecho a la libertad y a la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19”.
A esta solicitud, se suma la exigencia para que el INM, presente un informe sobre lo ocurrido y la ejecución de medidas de protección urgentes “que aseguren la salud física y psicológica de las personas migrantes detenidas en estaciones y estancias provisionales migratorias”.
Han requerido con ello, la visita de personal de la CNDH a las instalaciones de la estación migratoria señalada “para verificar las condiciones y el estado jurídico de los expedientes administrativos de las personas que se encontraban en detención al 31 de marzo”, precisan en el pronunciamiento.
A la par, han exigido la libertad inmediata de la población migrante y solicitante de protección internacional que se encuentran detenidas en todas las estaciones migratorias país, garantizando a éstas el acceso a la salud y a un documento migratorio por razones humanitarias.
Es el Instituto Nacional de Migración, en su calidad de garante de derechos, refieren las organizaciones, quien deberá asegurar la libertad y el acceso a la salud de esta población en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 y como respuesta a las indicaciones oficiales del titular de la Secretaría de Salud “para reducir la curva de contagio”.
De acuerdo con el INM, a la fecha están detenidas alrededor de dos mil personas en diversas estaciones migratorias, señalan las más de 150 organizaciones, por ello, precisan, “esto no es sólo por la salud de las y los migrantes, es por la salud y el bienestar de todas y todos en México”.
Finalmente, advirtieron en su comunicado “el coronavirus no conoce de fronteras. No pide ni usa pasaporte. No distingue nacionalidad, color de piel, edad, género o estatus migratorio”.
Ya el pasado 10 de abril, la organización civil, Pueblo Sin Fronteras, había denunciado a través de sus redes de comunicación, que el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, habría dado la instrucción de “trasladar a personas migrantes de las estaciones migratorias de todo el país hacia ciudades fronterizas del sur”.
Así mismo, señalaron que la dependencia les estaba “abandonando en zonas de riesgo sin proporcionar información sobre su situación (migratoria)” y tampoco, se les estaban otorgando documentos de regularización, ni mecanismos para su protección y acceso a derechos ante la emergencia sanitaria.
