De manera ininterrumpida, en condiciones de precarización laboral y sin garantías de protección y salud, las y los encargados de levantar el Censo de Población y Vivienda 2020 en Jalisco, comenzaron a tocar las puertas de 3.4 millones de hogares a partir del pasado 2 de marzo y hasta el próximo 27 del mismo mes.
Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, las y los encuestadores temen por su salud, ya que fueron condicionados a elegir entre continuar en las calles u optar por su despido; algunos de ellos, incluso, considerados dentro de los grupos vulnerables y sin contar con equipo de protección, pues el depósito de 200 pesos que les dieron para que “ellos mismos adquieran los insumos (cubrebocas, mascarillas y guantes)”, no garantiza que ante el desabasto los hayan conseguido.
Los nombres que se presentan a continuación han sido modificados para resguardar la identidad y la seguridad de las personas que decidieron hacer públicas sus denuncias
Por María Fernanda Latttuada / @MariferLattuada
Los empleados de campo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) han denunciado las omisiones en las que han incurrido tanto sus superiores como las autoridades de la institución al tomar acciones irresponsables frente a la contingencia de salud por el coronavirus.
Además, han manifestado la sensación de incertidumbre y preocupación que les genera saber que al término de su contrato quedarán desprotegidos y sin un acceso garantizado a los servicios de salud en caso de un posible contagio durante sus jornadas de trabajo.
A pesar de las recomendaciones estatales y nacionales para mitigar el contagio del virus ante la Fase 2 de la pandemia, tales como: tomar distanciamiento social y resguardarse en casa; las y los encuestadores del CENSO 2020 del INEGI, por indicaciones que recibieron de sus superiores, tuvieron que seguir con el operativo censal aún y con el riesgo que esto implica a su salud, al tener que estar expuestos a las diferentes condiciones de cada hogar al que tienen que asistir.
Según denuncian en sus testimonios, ninguno de ellas y ellos recibió equipo de protección: cubre bocas, gel antibacterial o guantes; fue hasta el 23 de marzo, tres días después del inicio de las medidas sanitarias en Jalisco, que, a través de un depósito de 200 pesos, se les solicitó que ellos mismos adquirieran los insumos, lo anterior sin asegurar que los hubiesen conseguido por la situación de desabasto de estos productos en las tiendas.
Para Teresa, quien labora en el CENSO 2020 como supervisora, este trabajo es su única forma de recibir recursos en este momento y denunció que las medidas tomadas son ineficientes:
“Parte de lo que más me preocupa es que es muy probable que nosotros ya seamos portadores y que lo estemos distribuyendo en medio de una contingencia sanitaria también que no nos podamos hacer un análisis, que nos quedemos sin contrato y que tengamos que quedarnos a morir solos en nuestras casas, y sin dinero. Porque si no vamos, no nos pagan, es mucha vulnerabilidad”, explicó Teresa.
Señaló que el contrato es por un periodo de un mes e, incluye, la cobertura de servicios médicos: sin embargo, estos terminan junto con éste:
“esto quiere decir que, si en los últimos días de labores a campo nosotros llegáramos a contagiarnos, pues ya no contaríamos con servicios médicos, ese es el punto más grave.”
A través de un posicionamiento, las y los encuestadores exigen al INEGI responsabilizarse y garantizar atención médica extensiva durante el periodo de incubación del virus señalado por autoridades del sector salud y que es de 14 días; así como, una especial atención al personal considerado vulnerable: adultos mayores de 60 años, diabéticos o con enfermedades respiratorias.
A pesar de que el INEGI, a través de un comunicado, reiteró su compromiso con la salud de sus trabajadores y de la comunidad entrevistada, e indicó las medidas preventivas a tomar para minimizar el riesgo de propagación del virus, entre ellas retirar de campo a las personas que pertenecieran a grupos identificados de alto riesgo,esto no fue así.
Tal es el caso de Daniela, quien padece de asma bronquial y con miedo, debe seguir trabajando:
“Tengo mucho miedo de que me pase algo, porque yo no tengo ningún seguro más que el que me están dando aquí y es muy caro tratarse pues es muy delicado mi caso si me contagio. Y es ese miedo de que quisiera que ahí le pararan”, confesó Daniela.
Además, aseguró que a nadie de los trabajadores se les preguntó si padecían alguna enfermedad crónica y al momento de alzar la voz, esto ha sido ignorado por sus superiores, quienes le respondieron con comentarios como:
“Ya sólo son tres días ya tranquilízate”
“No pues a ver si los síntomas se te presentan antes”
“Aquí todo va a seguir igual, al menos que haya alguien embarazada, aquí vamos a seguir trabajando”
“No se puede hacer nada, ya habías firmado un contrato”
Para Daniela, es inaceptable que no les importe su salud; sin embargo, ante la presión de perder 700 pesos cada día por faltar, se ve obligada a seguir asistiendo. Así como ella, Leonardo es parte del grupo vulnerable, tiene más de 60 años y debe salir durante cinco horas a entrevistar.
Al inicio de la contingencia, al preguntar si debía continuar asistiendo, le respondieron que: “debía trabajar a como diera lugar”, posteriormente le llamaron para decirle que descansara durante ese día, sin embargo, hasta el día de hoy no ha recibido indicaciones de sus superiores que le permitan dejar de laborar:
“Me dijeron ‘pero qué te preocupas tienes seguro médico y de vida.’ ¿Tú crees que hablar de un seguro de vida me va a salvar la vida? Qué ilógico”, narró Leonardo. “Si algo me llega a pasar a mí, los voy a hacer responsables porque no estás acatando lo que están mencionando”, puntualizó Leonardo con firmeza y temor.
Por otro lado, entre las exigencias que tiene el posicionamiento elaborado por los trabajadores que desde hace 25 días permanecen en campo, se encuentra: que se cubra a término la cantidad de sueldo pactada en el contrato a los empleados que despidieron por rehusarse a laborar durante la contingencia, así como, a quienes decidieran dejar presentarse a campo por salud:
“Nos lo dijeron bien claro a todos, que si alguien temía tanto por su salud o su seguridad, pues que renunciara, que en el INEGI no estábamos a la fuerza, y que había muchísima gente atrás de nosotros que quería entrar, entonces que mejor le dejáramos el lugar a alguien que sí les interesa el trabajo”, declaró Alicia, quien también labora en el operativo censal.
Por último, piden que se garantice la cobertura de los gastos funerarios a quienes se hayan empleado durante el periodo del Censo en que ha ocurrido la contingencia y que fallezcan a causa del COVID-19, además de una indemnización a los familiares.
Frente a estos reclamos y situaciones que las y los encuestadores han hecho patentes no sólo en Jalisco, sino en diversos estados de la república, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, sólo se ha pronunciado a través de un comunicado oficial para decir que “promoverá para la última parte del levantamiento censal, (es decir; a partir del 23 de marzo), que la población responda vía electrónica o telefónica” a través de la página web: censo2020.mx o por medio del número telefónico: 800 111 46 34.
Sin embargo, a través de otro comunicado se anunció que el Censo de casa en casa seguirá en marcha por la importancia del operativo, y que, para ello, sólo “se reforzarían las medidas para proteger la salud del personal de campo”.
