Grace Fernández hermana buscadora y vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, reconoció que el gran reto de la política pública mexicana en materia de atención a la problemática de las desapariciones en el país está en la “acreditación” del trabajo de búsqueda e investigación que realizan las familias de las víctimas”; particularmente sobre las labores de rastreo y localización de fosas clandestinas y sitios de exterminio.
Durante su exposición en el panel: “El tratamiento de la desaparición forzada en el marco de las políticas públicas” dentro de la Plataforma para el diálogo: “Represión política, desaparición y estrategias de resiliencia en contextos de desigualdad” que organiza el Centro de Estudios Avanzados CALAS, la defensora aseguró que pese a la puesta en marcha de la Ley General de Desaparición, otro de los grandes problemas que enfrenta la institucionalidad e implementación de la normativa federal, se encuentra en la operatividad y coordinación de las dependencias y funcionarios obligados a atender el delito.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
“El Estado Mexicano no aprende de sus errores del pasado. Es un Estado donde la corrupción que impera, ha sido el combustible que ha alimentado el crimen organizado, las desapariciones, las ejecuciones, la violencia en el país” afirmó Grace Fernández, hermana buscadora, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México e integrante del colectivo Búscame. Buscando Desaparecidos en México, durante su participación en el panel “El tratamiento de la desaparición forzada en el marco de las políticas públicas” dentro de la Plataforma para el diálogo: “Represión política, desaparición y estrategias de resiliencia en contextos de desigualdad” que organiza el Centro de Estudios Avanzados CALAS en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) en Zapopan, Jalisco.
Para esta defensora que ha buscado por más de 10 años a su hermano desaparecido y, ha pugnado, por lo menos, durante los últimos siete por el desarrollo e implementación de un marco jurídico que ayude a apalear la problemática de las desapariciones en el país, es importante reconocer que tras 14 años de violencia, el Estado Mexicano tiene un gran reto en materia de política pública para la atención de las víctimas e investigación de los casos.
Según precisó, luego de que las familias organizadas han llevado a cabo un proceso amplio de sensibilización y visibilización de la problemática con la sociedad, la elaboración de una legislación nacional, e, incluso, tras la promoción de un Mecanismo Extraordinario para la atención de la crisis forense en el país, pareciera que aún queda pendiente “acreditar el trabajo de búsqueda e investigación que realizan las y los familiares de personas desaparecidas”.
En ese sentido, aseguró que desde hace más de una década las familias han sido los responsables de llevar a cabo no sólo labores de investigación sobre sus seres queridos, sino, además, de rastreo y localización de personas inhumadas dentro de fosas clandestinas; sin embargo, Grace Fernández, lamentó que hasta la fecha, la autoridad no haya “reglamentado” y/o reconocido su labor, aún y cuando, son ellas y ellos quienes ejercen tareas que le competen al Estado.
“La próxima acción o aportación de las familias, será acreditar el trabajo de las familias. Nosotros (los colectivos) estamos haciéndoles la chamba, cuando las autoridades sólo se encargan de cuidarnos las espaldas; y todavía dicen: cuando lo encuentre me avisa porque Usted no lo pueda tocar. ¿Cómo vamos a reglamentar el trabajo que están haciendo las familias?, ¿vamos a tener que acreditar que sean reconocidos como peritos, Policías Investigadores y Ministerios Públicos?, porque si ya les estás haciendo la chamba, pues que te terminen de dejar trabajar” señaló.
En ese sentido, manifestó que luego de la publicación, aprobación y puesta en marcha de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, “todavía faltan tres estados en tener una Comisión Estatal de Búsqueda” tal y como lo mandata la normativa federal. Así mismo, denunció que, en todo el país sólo una de las 29 instancias de búsqueda local que existen, está funcionando.
Entre otros señalamientos, afirmó que las distintas autoridades de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda, aún no consiguen entablar vías de comunicación que les permitan trabajar de manera conjunta en la tarea de localizar a las personas desaparecidas en el país; además, advirtió que, las autoridades encargadas de realizar las labores de investigación y procuración de justicia en los estados y la federación -como sucede con la Fiscalía General de la República- han realizado una “interpretación macabra de las leyes” lo que ha llevado a obstaculizar los procesos. A ello se suma la falta de recursos y las trabas gubernamentales:
“La pelea y el conflicto entre instituciones es el gran problema” afirmó la vocera del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, “no se hacen operativos, no tienen capacidad, pareciera que no hay colaboración. No logramos mover el aparato del Estado” señaló.
En este panel también estuvo presente la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Francelia Hernández Cuevas, quien ,en ese sentido reconoció que, en Jalisco, uno de los grandes retos que prevalecen “es la coordinación interinstitucional”; ya que, aseguró que sin el trabajo de las cuatro áreas involucradas en esta tarea: Comisión Estatal de Búsqueda, Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas; Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, será difícil que funcione articuladamente la política pública en materia de personas desaparecidas dentro de la entidad.
“Uno de los grandes retos es la coordinación interinstitucional: esas cuatro áreas involucradas tenemos que estar coordinados, quieran o no, es importantísima para que la política pública en materia de desaparecidos funcione” sentenció.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema dentro del estado, así como, familiares de personas desaparecidas, cuestionaron el trabajo que se está realizando dentro de la Comisión Estatal de Búsqueda Jalisco.
Entre los señalamientos se requirió que la dependencia descentralice las políticas públicas en materia de atención a víctimas y familias de personas desaparecidas: “entre los principales retos en cuanto a la implementación de las políticas públicas, es la centralización de las políticas públicas en la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; están dejando afuera a las familias del interior del estado” aseguró Anna Karolina Chimiack del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Así mismo, familiares de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ) hicieron diferentes señalamientos sobre las fallas y omisiones con las que se han topado durante la búsqueda de sus seres queridos en el último año, particularmente en el actuar de esta Comisión local de búsqueda y la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desparecidas:
“Usted dice que están trabajando en el C5. Quiero saber desde cuándo, porque en el lugar donde desaparecen estas dos personas (sus familiares) resulta que no funciona. También, quiero saber si Usted tiene el número de fosas y cuáles el número de indicios que se han encontrado en las labores de búsqueda en las que hemos trabajado. Esta es la primera vez que la veo (a la Comisionada Estatal de Búsqueda)”.
“Mi hijo tiene cinco meses desaparecido y no he tenido ninguna llamada ni de Fiscalía, ni de la Comisión de Búsqueda. Hasta ahora no he descansado, ni voy a descansar hasta que me regresen a mi hijo”.
“Mi hijo tiene nueve meses desaparecido y se supone que hay cámaras del C5 donde desapareció, pero nadie me ha hecho una llamada, nadie me ha dado la sábana de llamadas que pedí desde hace meses, no sé quién es mi Policía Investigador, no sé cuál es mi número de expediente” reclamaron a la comisionada estatal.
