El río Santiago, y las comunidades a su alrededor, están expuestos a un riesgo latente de extractivismo y contaminación desde hace más de cincuenta años. Los habitantes han pagado el precio de la industrialización y crecimiento de la zona con su salud y calidad de vida; pero también han resistido las amenazas a su territorio.
Ante las intenciones de instalar una termoeléctrica en Juanacatlán, y tras la construcción de un gasoducto en condiciones irregulares, la población se ha organizado para detener estos proyectos. La lucha ha generado una visibilización urgente a la condición del río Santiago y los efectos de la indolencia de las autoridades.
Por María Quinn y Mariana Mora.
El asfalto de Juanacatlán casi hierve bajo el sol. En la calle, afuera del ayuntamiento, decenas de personas esperan de pie, acaloradas, la llegada de Adriana Cortés, la presidenta municipal. Sostienen una manta: “No a la termo, no al gasoducto, queremos la vida”. Entonan consignas en defensa del agua, del aire, del territorio. Llevan más de 3 mil firmas para constatar que hay una gran parte de la población de Juanacatlán y El Salto que se rehúsa a aceptar la construcción y operación de una termoeléctrica en el territorio.
Entre el grupo, que grita con potencia “¡fuera la termoeléctrica, fuera Fisterra!”, un hombre alza la voz para sobresalir entre las otras y grita, solo, “¡sí a la termoeléctrica!”. Parece ser el único interesado en que el megaproyecto se lleve a cabo, pero Fisterra Energy -la empresa española que pretende concretarlo- se ha empecinado en una ardua labor de convencimiento en la comunidad que ha seducido a algunos de sus miembros con las promesas de progreso y desarrollo. El hombre que defiende la termoeléctrica en medio de esta manifestación repite estos términos, como un credo, convencido de que el proyecto sacará a Juanacatlán de la marginalidad a la que el Área Metropolitana de Guadalajara la ha relegado. Los manifestantes usan las palabras contaminación, escasez y muerte, para explicarle a ese hombre, y a los medios de comunicación presentes, las repercusiones que la termoeléctrica traería al municipio.
Minutos después llega la presidenta municipal, pero no recibe a los manifestantes. En su lugar aparece el secretario general, Héctor Gutiérrez, a tomar las peticiones y firmas y prometer una comparecencia de las autoridades que no se llevará a cabo. El grupo se va, no muy convencido, como si presintiera el desengaño, y se planta apenas a unos metros del ayuntamiento, afuera de las oficinas de Fisterra Energy. Las mismas consignas, las mismas peticiones; pero esta vez se dirigen al representante de la empresa. Están convencidos: no quieren la termoeléctrica en Juanacatlán.
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El proyecto se llama Central de Ciclo Combinado La Charrería y abarcaría 25 hectáreas, la mayoría ubicadas en tierras agrícolas, cuyo uso de suelo está recomendado como industrial en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano Municipal (POETDUM) en condiciones irregulares. La Central se alimentaría de gas natural proveniente del gasoducto Salamanca-Guadalajara, que está a 150 metros de algunas casas en Juanacatlán. Este gas calentaría agua para mover turbinas con el vapor y generar electricidad. El ciclo combinado significa que hay otra turbina de menor tamaño que funcionaría con los gases generados del primer proceso, a diferencia de las termoeléctricas convencionales. Aunque es un proceso más eficiente que las otros métodos de obtención de energía, se trata de un sistema contaminante, extractivista y que vulnera la salud y calidad de vida de la población cercana.
La Charrería podría producir hasta 7,490 GWh, lo que representa un consumo anual estimado de 1,329.352 millones de m3 de gas natural. Comparado con el pronóstico regional de la región Occidente, representa únicamente el 2.3% de la energía neta producida en 2018. La autorización de esta planta está proyectada para 50 años de operación.
Tanto el cambio de uso de suelo como el aumento en la oferta energética por la operación de la termoeléctrica abren la posibilidad de expandir el corredor industrial para atraer a más empresas a la zona, con todas las consecuencias ambientales y sociales que ya se han observado en El Salto y Juanacatlán.
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Después de que, durante meses, la población organizada de Juanacatlán y El Salto se posicionara en contra del megaproyecto -con investigaciones, colectas de firmas, manifestaciones y múltiples diálogos con diversas autoridades- el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, declaró con aires heroicos que desde su gobierno se opondrían a la concreción del proyecto. El 17 de diciembre del 2019 se sentaron en rueda de prensa el gobernador, la presidenta municipal de Juanacatlán, el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado y el director del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), a repetir las inconsistencias del proyecto que habían sido denunciadas desde septiembre por los habitantes de la región.
Más de cuatro meses después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) diera su visto bueno a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, Alfaro se comprometió a interponer un recurso de revisión ante dicha institución. El discurso finalizó con la promesa temblorosa de la presidenta de no permitir que el proyecto se lleve a cabo en su municipio y revisar personalmente las inconsistencias del POETDUM.
El hilo conductor de las declaraciones de Alfaro fue la agenda climática y los Acuerdos de París, enfatizando que “llegó el momento de las definiciones”. Sin embargo, la mejora de las condiciones para la inversión y la falta de profundidad en sus políticas ambientales, como el hecho de que confía en la voluntad de las empresas para encargarse de la contaminación industrial en el Río Santiago, sugieren que es más un asunto de discurso que de políticas públicas.
Estas declaraciones, y la apropiación del discurso que la sociedad organizada de Juanacatlán y El Salto tenían meses comunicando, no dejó satisfecha a la población. Al contrario, Juanacatlán presentó como pueblo originario cuatro amparos colectivos el 9 de enero de 2020 que exigen a 19 instituciones de Jalisco que detengan la termoeléctrica y el gasoducto. Finalmente, el 20 de enero tres juzgados distintos otorgaron la suspensión de plano contra la termoeléctrica y sus subproyectos. Esto no es una suspensión definitiva, sino que es un recurso legal que impide que se otorguen permisos mientras el juicio promovido por los habitantes de El Salto y Juanacatlán sigue abierto. Aunque se ha manejado como una cancelación definitiva en algunos medios de comunicación, el riesgo de que el proyecto se concrete sigue latente.
Después de que la comunidad de Juanacatlán notificara al gobierno de Jalisco la suspensión que les fue otorgada, el 23 de enero el gobernador presentó el prometido recurso ante la SEMARNAT. El documento, dirigido a Juan Manuel Torres Burgos, Director de Impacto y Riesgo Ambiental, pide la suspensión de la autorización de la termoeléctrica y la SEMARNAT tiene tres meses para resolver si revoca o no su aprobación a la Manifestación de Impacto Ambiental. Por otro lado, hasta la fecha, no se ha hecho ninguna modificación al POETDUM, ni se ha dado una negativa a los permisos solicitados a la Dirección de Obras Públicas de Juanacatlán. ZonaDocs solicitó desde noviembre declaraciones a Israel Cervantes, director de Obras Públicas y éstas fueron negadas.
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El proyecto presentó desde un inicio una serie de irregularidades; sin embargo, los primeros en cuestionarlo fueron los pobladores de la región y no el Gobierno del Estado. La primer inconsistencia que la sociedad civil hizo notar a las autoridades fue la falta de consulta a la población que tanto la SEMARNAT como la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) omitieron en el proceso.
Por otro lado, el POETDUM de Juanacatlán fue publicado en julio de 2018 en la gaceta del municipio sin haber sido aprobado por el IMEPLAN, como dictan los procedimientos. Este programa municipal recomienda que la zona donde se plantea instalar la termoeléctrica sea de uso industrial, así como la franja por donde pasa el gasoducto. Este es el único documento hasta ahora en el que Fisterra sostiene la posibilidad de llevar a cabo la termoeléctrica, en términos de uso de suelo.
Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMET) señala ese mismo predio como área de conservación ambiental. Al respecto la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) declaró que el POETDUM no guarda apropiada congruencia con las disposiciones metropolitanas y, por lo tanto, debe modificarse. Esta modificación es una de las demandas que la población ha hecho al municipio en sus manifestaciones y que no se ha llevado a cabo a la fecha .
Otra preocupación de la comunidad respecto al proyecto es el abastecimiento de agua. Los acuíferos de donde se extraería el agua para la termoeléctrica están en veda dada la sobreexplotación que ya presentan; sin embargo, la empresa no ha tenido que solicitar una nueva concesión, sino que adquirió una que había sido dada a una inmobiliaria.
Lo que Fisterra tuvo que solicitar a CONAGUA fue un cambio de concesionario; cuando éste fue otorgado se especificó que no se le podría dar otro fin que no fuera de uso público ya que afectaría el derecho al agua de los habitantes. Para poder operar, la empresa tendría que solicitar a CONAGUA un cambio de uso a industrial. Después de reiterados intentos para concretar una entrevista acerca de las concesiones de agua, CONAGUA dio varias evasivas y canceló la entrevista.
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Además de las inconsistencias legales bajo las cuales se ha desarrollado hasta ahora el proyecto, hay una serie de riesgos y vulneraciones que su instalación y operación traerían al territorio.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) advierte que el cambio de uso de suelo generaría una pérdida de cubierta vegetal que causaría afectaciones a la fauna, aumento en la erosión hídrica y eólica, y disminución en la filtración y escurrimiento de agua al subsuelo. Por otro lado, la combustión del gas natural generaría emisiones atmosféricas con nitrógeno, dióxido de carbono, vapor de agua y óxidos de nitrógeno. Estos gases están asociados a enfermedades cardiopulmonares como asma, bronquitis, ataques al corazón, entre otros. El proceso de construcción aumenta las posibilidades de enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. Finalmente, la extracción de agua de 680 mil metros cúbicos que se haría a los pozos vedados del territorio reducirían su disponibilidad para uso humano y doméstico.
Además de estas afectaciones mayores, la MIA prevé el riesgo de contaminación de suelos por derrames accidentales, la generación de residuos peligrosos y las emisiones de ruido que afectarían a la fauna y a la población. También advierte la posibilidad de una fuga de gas a presión que, combinada con una fuente de ignición, podría causar una explosión y afectar a las comunidades aledañas: Rancho Nuevo (0.63 km al noreste), El Verde (1.94 km al sureste), La Capilla del Refugio (2.45 km al sur) y Exhacienda de Zapotlanejo (3.14 km al sureste). La termoeléctrica de Tierra Mojada, construida por Fisterra en el municipio de Zapotlanejo, registró una explosión en julio, dejando un muerto y seis heridos. Sin embargo, después de enumerar la serie de impactos identificados, la SEMARNAT propone una ambigua “aplicación de medidas de mitigación y compensación incluidas en el Programa de Vigilancia Ambiental” y da el visto bueno para su concreción.
El costo aproximado de la aplicación de medidas de mitigación corresponde al 2% del valor total de la inversión en el proyecto.
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Los pobladores de Juanacatlán son enfáticos: no quieren la termoeléctrica, independientemente de la inversión social y de la generación de empleos. Mientras las empresas hablan de su derecho a desarrollar negocios en donde puedan en el país, la gente recuerda a sus muertos y a sus enfermos. En El Salto y en Juanacatlán “hay un enfermo en cada cuadra”. La población ha padecido el progreso y el desarrollo en carne propia, cuando el río brillaba por las tilapias muertas en los inicios del desarrollo industrial en la zona, cuando los suyos empezaron a tener cáncer e insuficiencia renal, cuando se les ocultó un estudio que recientemente reveló después de 10 años que más del 40% de los niños muestreados tenían padecimientos relacionados con enfermedades graves ocasionadas por la contaminación.
Desde la década de los cuarenta, cuando El Salto comenzó a industrializarse, el desarrollo no llegó para el beneficio de los habitantes. Según datos del Coneval, 39.2% de la población del municipio vive en pobreza. Los empleos que generó la industria son precarios. Además, ya no se puede vivir del río, como recuerda una habitante de la región, la maestra Estelita Cervantes:
“Antes había muchos peces de diferentes tipos. Podíamos sembrar. Había personas que tenían hortalizas, otros que tenían huertos, otros que sembraban maíz y frijol y tenían maíz y frijol para todo el año”.
Para ella, el paraíso turístico también es un recuerdo lejano, de extranjeros que iban a ver la cascada y rentar cabañas. Los beneficios económicos de la industrialización han sido para los empresarios y la precarización para la gente. Por otra parte, Juanacatlán -que es más agrícola que industrial- tiene índices menores de pobreza, de 21.3%, pero las consecuencias sociales de las maquilas, fábricas e industrias afectan también al otro lado del río.
Fisterra coloca la generación de empleos como uno de los grandes beneficios locales de la termoeléctrica. Sin embargo, gran parte de los empleos que promete el proyecto corresponden a la etapa de construcción. Los empleos permanentes serían en su mayoría para ingenieros y supervisores. La gente originaria de Juanacatlán tendría empleos poco especializados y con bajos sueldos, a costa de enfrentar los riesgos ambientales y de salud del megaproyecto.
“Todo lo que han traído las plantas del parque industrial a mi familia es cáncer y he perdido amigos, familiares, vecinos, conocidos. Aquí es el pan de cada día. Pura muerte por contaminación. El que limpia el baño es el único que va a tener trabajo”, menciona uno de los manifestantes que acude a la entrega de firmas en el Ayuntamiento.
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Las oficinas de Fisterra comparten pared con el Palacio Municipal. Los manifestantes se dirigen hacia allá y clavan la manta en lo que llega el representante de la empresa. Después de largos minutos gritando frente a un hombre que les impide el paso con los brazos cruzados frente a la puerta, finalmente, llega Hilario Valenzuela con una camisa blanca que ostenta el logo de la empresa en el pecho. Entra con seguridad a las oficinas, dejando atrás a los manifestantes.
El trabajo de Hilario Valenzuela precede la puesta en marcha de los trámites oficiales con el municipio. Incluso, se presentó con la actual presidenta municipal cuando todavía estaba en campaña. Él se ha acercado a hablar con los ejidatarios y presentar el proyecto ante la comunidad. Llegó a una de las primeras conversaciones públicas que hubo en Juanacatlán sobre la termoeléctrica en una iglesia. No fue bien recibido porque su reputación lo precede. Hilario tiene una fundación llamada México Sustentable que ha hecho “acompañamiento” en otros megaproyectos. En el caso de la presa de El Zapotillo, su fundación tuvo el trabajo de convencer a los pobladores de Acasico de vender sus tierras y aceptar el desplazamiento. Un día antes de que los opositores al proyecto se manifestara, Hilario organizó una comida para los ejidatarios de Rancho Nuevo, donde está el predio propuesto para la termoeléctrica.
Los manifestantes entran a la oficina y comienzan a cuestionar la necesidad de un proyecto de esta naturaleza en Juanacatlán. “El país necesita la electricidad que se tiene que producir. Ustedes tal vez no lo…”, Hilario comienza un discurso ensayado sobre el progreso, las necesidades nacionales de energía eléctrica y las buenas intenciones de las empresas. Lo interrumpen para recalcar que los beneficios son a costa de la vida misma. Hilario responde que su empresa tiene una política de beneficios compartidos. Una de las manifestantes subraya que lo que no se comparte son los riesgos.
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No es la primera vez que la población de la región está expuesta a las consecuencias ambientales y sociales del crecimiento industrial y urbano. Ellos han sido testigos de la transformación del paisaje y sus efectos en la salud y la calidad de vida. Han emprendido acciones colectivas para la defensa del territorio, que frecuentemente han sido rebasadas por la apatía de autoridades e instituciones.
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A partir de que se publicó el estudio de la Universidad de San Luis Potosí, pobladores de El Salto, Juanacatlán y Tonalá presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) exigiendo que se declare emergencia ambiental y sanitaria, la cual, según Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida, se ha reclamado desde hace 10 años al gobierno federal.
“Necesitamos una postura mucho más firme de la CEDHJ para que las recomendaciones y medidas cautelares pertinentes sean efectivas, sean inmediatas, porque son urgentes”, sentenció Alan.
Como respuesta a la coyuntura, el gobernador retó al titular de la CEDHJ a que “se ensuciaran los zapatos y visitaran todos los municipios” en un recorrido por el cauce del Río Santiago. Sin embargo, únicamente visitaron plantas de tratamiento y ni siquiera incluyeron a El Salto y Juanacatlán entre las paradas. Además, Alfaro se retiró a la 1 de la tarde para asistir a un evento del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y no se reintegró a las actividades. Lo que inició como una respuesta al descontento de la población terminó siendo un desvío de la atención pública hacia las acciones de saneamiento de su gestión.
Después del recorrido, el ombudsman concluyó que servirá para actualizar la macrorremendación de 2009, aunque queda abierta la posibilidad de agregar nuevas recomendaciones. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que la población de El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y otros municipios están en grave riesgo por la exposición a la contaminación, por lo que dictó medidas cautelares al Estado mexicano para dar seguimiento a personas con enfermedades causadas por agentes tóxicos del entorno. Su resolución también puntualiza que las plantas de tratamiento, que ha sido la principal propuesta para el saneamiento del Río Santiago, son insuficientes porque tratan solamente las aguas residuales domésticas y no los residuos industriales. El Estado mexicano tiene un plazo de 15 días a partir del 5 de febrero para dar una respuesta a la resolución.
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Si bien, el Estado ha tomado un papel discursivo en este tema, ha sido la población organizada quienes han dado pasos significativos en la protección del territorio. Aunque los amparos para la termoeléctrica son temporales en lo que se resuelve el juicio, sientan un precedente de que no están dispuestos a pagar el costo del desarrollo de la región. No es la primera vez que tienen que enfrentarse al Estado y quizá no sea la última en su lucha por recuperar el río y tener condiciones dignas para vivir.
Cuando la comunidad de Juanacatlán obtuvo la suspensión de la termoeléctrica a través de los amparos, se reunió en la plaza principal para comunicar su victoria temporal. Sin ser invitada, la presidenta municipal, Adriana Cortés, acudió a la reunión y cuando fue cuestionada respecto a los permisos municipales para el gasoducto dijo que: “como pobladores debían aprender a vivir con el riesgo”.
Días después, frente a la CEDHJ, los manifestantes dejaron claro que no aceptarían pasivamente esa vulnerabilidad.
“Nuestros pueblos estamos cansados de vivir con el riesgo y deterioro a la salud y a la vida que representa la industrialización en El Salto y hemos decidido decir ya basta.”
Aunque el río vuelva a estar en el debate público, esto es apenas una conquista parcial. La única forma en que el territorio estará seguro es en manos de sus pobladores. Rebeca Nuño, habitante de Juanacatlán, reflexiona respecto al futuro de su pueblo y las condiciones de vida para los que vienen:
“¿Cuándo se va a curar esa relación? Cuando el río esté limpio, cuando las industrias se larguen, cuando podamos nosotros volver a autodeterminar cuál es el futuro que queremos para nuestros territorios. Eso no creo que nos lo permita ningún gobierno”.
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Los miembros de Un Salto de Vida y otros afectados de la cuenca Lerma-Santiago convocan a una manifestación el 3 de marzo frente a las instalaciones de la Secretaría de Salud para exigir diagnóstico y atención urgente en materia de salud, la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria, y la cancelación de todos los megaproyectos de la región, incluyendo la termoeléctrica La Charrería.
Foto: Gabriel Trujillo.
