Han pasado ya 36 años de facturaciones con cifras millonarias en gastos personales que fueron ocultadas por el hoy extinto Estado Mayor Presidencial (EMP) y otros sujetos obligados, amparados en algunos casos bajo la figura de “Reservada” y otras como “Confidencial”, con el argumento de que se atentaba contra la Seguridad Nacional. Así lo reconoció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el comunicado de prensa número 503 de Presidencia de la República1; algunas empresas beneficiadas por las contrataciones directas, además, ofrecían servicios que no proveen, por lo que debían participar en consorcios.
Esas mismas firmas, según las declaraciones de Presidencia, ingresaron gastos por 544 millones de pesos en facturas que fueron marcadas como Reservadas por el EMP2. Un millón de pesos sería utilizado para adquirir artículos de higiene personal de importación3.
Este escándalo millonario orilló a que en los días siguientes el presidente asegurara que durante su mandato eso ya no ocurriría, pidió a los medios de comunicación presentes que difundieran la existencia de un grupo de empresarios que estaban ordeñando las arcas con complacencia de funcionarios públicos a los que presuntamente estaban ya investigando: “Eso se terminó. Ya no hay partida secreta en nada”, fueron sus palabras exactas4. En ninguno de los señalamientos presentados por el nuevo gobierno se reveló la identidad de los contratistas.
Las irregularidades
Con estos actos no sólo se estaría atentando contra el derecho al acceso a la información estipulado en el Artículo 6 de la Constitución Política, según explica el académico de la Universidad de Guadalajara, especialista en Transparencia y Derecho a la Información, Otoniel Varas de Valdez, además amerita una sanción por la presunta comisión de la Restricción Indebida al Derecho a la Información.
El fundamento para sus declaraciones, según explica, tiene respuesta en los más recientes criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) donde se resuelve bajo fundamentos de Máxima Publicidad y responden a una necesidad fundamental de transparencia.
Otro tema importante para Varas de Valdez es el del reconocimiento de algunos sujetos obligados en los procesos de transparencia referentes a las compras públicas. Según argumenta, legalmente debe publicarse la información de todas aquellas personas que han sido sancionadas con motivo de alguna infracción en materia de transparencia y protección de datos personales. Sin embargo, esto no ocurre en todo el país por lo que se vuelve complicado tener un registro actualizado de quienes violentan la transparencia. La dependencia encargada de hacer pública la lista de sujetos obligados que son objeto de una sanción es en primera instancia la Secretaría de la Función Pública (SFP)5.
Te puede interesar: Proveedores reprueban evaluación pero obtienen contratos
En Jalisco, por ejemplo, el organismo local cuenta con un padrón de sancionados, que mayormente son servidores públicos. Sin embargo, “sí es posible que se sancione a un particular con obligación de responder y/o con amonestaciones públicas a representantes legales de empresas por incumplir con la Ley”, dijo el experto.
Las empresas: Periódicos rentando carros y otras calamidades…
Pero las diecisiete empresas reveladas por Contralínea, posteriormente a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador no sólo se vieron envueltas en un entramado de opacidad, sino que también recibieron muchos más contratos en los que se pudo identificar irregularidades como la oferta de servicios que no proveen, adjudicaciones directas injustificables o adquisiciones donde no se especifica claramente la compra.
Las firmas mencionadas acumularon 27,673,107,075.66 pesos en más de 3000 contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto y el primer año del de Andrés Manuel López (2012-2020). PODER localizó los contratos a estas compañías en la plataforma QuiénEsQuién.Wiki alimentada con los datos de Compranet y el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Dos de ellas no fueron localizables, debido a que se encuentran bajo la figura de reservadas.
A pesar de que AMLO acusara directamente de beneficiar a estas empresas, en su primer año de gobierno siguieron teniendo contratos. En ese periodo las 17 firmas tuvieron 394 contratos por 3,909 millones de pesos. 277 contratos fueron dados en adjudicación directa.
Un ejemplo fue la compra de vuelos por adjudicación directa por un monto mayor al millón de pesos a la empresa Viajes Premier, S.A. cuya adjudicación se realizó de manera directa. El folio de dicha adquisición quedó registrado con DRM-017-SERV-2019, en el que se puede observar que los solicitantes no ofrecieron más información de la compra, ni detalles del viaje, tampoco estipularon la partida presupuestal de donde sacaron el dinero.
Algunas malas prácticas e irregularidades del periodo priista que identificó este medio de comunicación, fueron contrataciones de empresas por servicios o bienes a los que no se dedican. En este caso se encuentra el periódico perteneciente a la ahora propiedad de los herederos de Mario Vázquez Raña, Organización Editorial Mexicana (OEM), que a su vez es dueña de diferentes marcas como Los Soles de México, El Occidental y Editorial ESTO, el rotativo deportivo más antiguo de América Latina.
A través de Editorial ESTO, la OEM vendió a la Secretaría de Turismo (ST) servicios de transporte y arrendamiento. El contrato quedó asignado por adjudicación directa en el folio -C/054/2013 por un monto de 30,588,323.23 pesos por el concepto de servicio de arrendamiento de autos para servidores públicos de la secretaría en cuestión. Además de la adjudicación directa, se encontró que la OEM realizó el contrato en consorcio con la empresa Jet Van Car, quien sí se dedica a la renta de automotores.
La empresa Efectivale de México S. de R.L. de C.V., dedicada a la emisión de vales, a la que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por medio de la licitación B-DGRH-21-13 facturó la compra de pavos para navidad por un monto superior a un millón de pesos. El POT no identifica cuántos pavos ni el precio unitario a los que fueron comprados.
Otro contrato que llama la atención es el foliado IA-004000998-N119-2014 en el que la Secretaría de Gobernación (Segob) solicita al despacho de arquitectos Edificaciones y Desarrollos Arquitectónicos, S.A. de C.V., que realice una transmisión televisiva que tuvo un costo al erario de 1,724,137.93 pesos.
Seguridad Nacional vs Interés Público
Se niega información de manera arbitraria. Esa es la experiencia de Varas de Valdez como extrabajador del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), organismo de transparencia del estado de Jalisco, quien apunta el hecho de que algunos sujetos obligados son opacos con el beneplácito de las autoridades.
“En mi experiencia profesional, cuando fui proyectista de resoluciones de recursos de revisión en el ITEI de Jalisco, pude ser testigo de un gran número de casos mayormente de reserva, en los que se negó información de manera arbitraria sin realizar una prueba de daño”, aseguró.
Pese a lo anterior, existe un criterio identificado por diversos académicos que podría desbloquear la opacidad con la que se conducen algunos organismos de transparencia. La constante aparición de casos en donde se presume una violación a los derechos humanos y/o esquemas de corrupción que trascienden al interés de la población, permitió que el Poder Judicial Federal revocara criterios de reserva por seguridad nacional, como el caso de la solicitud de versiones públicas de las investigaciones por la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en donde el criterio de Interés Nacional comenzó a ganar fuerza sobre la presunción de Seguridad Nacional.
En un caso similar se encuentran las investigaciones de la empresa brasileña Odebrecht y sus operaciones en México. Rubén Alonso González, académico de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), consultado por PODER, asegura que la aplicación del criterio para revelar el esquema en el que se efectuaron es una muestra de voluntad política para combatir la corrupción.
“El interés público es la llave para la máxima publicidad, está en que tanto lo relacionado con la extinta Dirección Federal de Seguridad como el caso Obedrecht son emblemáticos en México y América Latina para evidenciar que hay voluntad para combatir la corrupción”, dijo.
En el mismo sentido, Otoniel Varas, asegura que el caso de la brasileña es un ejemplo fundamental para abrir el debate público entorno al derecho al acceso a la información. Explica que la información contenida en los contratos de Odebrecht con Petróleos Mexicanos (PEMEX), no sólo afectaban a la empresa mexicana de hidrocarburos, sino que era un tema de interés general.
“La primera ocasión que el INAI decidió apostar por el acceso a la información en el caso, se basó en el interés público de conocer esa información; la afectación no solo era a PEMEX sino a la sociedad en general y por tanto debía serle revelada, al menos en versión pública”.
Estas respuestas positivas, son una puerta a un escenario cada vez más transparente y una sociedad más democrática, según Varas. Agrega que tanto Presidencia de la República como el órgano nacional de transparencia se encuentran en sintonía acerca de este criterio en el caso Obedrecht: “la información debe entregarse por causas de interés público y por tratarse de actos de corrupción, las solicitudes del presidente son coincidentes con los criterios del organismo garante”.
A pesar del escenario favorable, actualmente los mecanismos para ocultar información permean en las áreas de transparencia de los sujetos obligados. Casos en donde funcionarios públicos y empresarios de varios países fueron a la cárcel, como lo ocurrido con Odebrecht, en México apenas han servido para abrir la discusión. Y en otros más locales, como el descrito por López Obrador, a falta de regulaciones eficaces, las empresas son beneficiadas de que los sujetos de transparencia oculten información pública, los registros de las empresas son antiguos y las sanciones continúan siendo poco significativas.
____________________
Historia de Ricardo Balderas, editada por Eduard Martín-Borregón
1“Nunca más habrá el derroche”. Presidencia de la República. Boletín 503. 07-septiembre-2019.
2Redacción. Peña Nieto utilizó la “seguridad nacional” para desviar 544 millones. Polemón. 07-Octubre-2019.
3Raúl Flores. López Obrador revela derroches. Excelsior. 07-Septiembre-2019.
4Miguel Badillo. Función Pública investiga esquema de corrupción. ContraLínea. 29-Septiembre-2019.
5Lista de sujetos obligados sancionados por incumplimiento. Secretaría de la Función Pública. Directorio de sancionados.
