Por Jesús González Ramírez /Defensor de los Derechos Humanos en Nuevo León.
Foto portada: Daniel Cárdenas
No existe ningún efecto positivo de la militarización apoyada por los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ni en la estrategia de enfrentamientos frontales de los dos primeros ni en la de no enfrentamientos del actual presidente, los índices de homicidios siguen creciendo y con ello todos los dolores de una sociedad lastimada.
Colima es hoy el estado con el mayor índice de homicidios por cada 100 mil habitantes del país; un estado hermoso, pequeño y próspero que de 2016 en adelante lidera este indicador, además es primer lugar también en robo a casa habitación y tercer lugar en feminicidios, casualmente en 2016 comenzó el periodo de la actual administración estatal priista; tres de los cuatro Secretarios de Seguridad estatales colimotas durante este tiempo han sido de las Fuerzas Armadas, los dos primeros de la Marina (un almirante y un contralmirante) y el actual proveniente del ejército.
El actual Secretario de Seguridad Pública estatal en Colima es el coronel Enrique Sanmiguel Sánchez que dirigió la Secretaria de Seguridad en el municipio de Guadalupe, Nuevo León durante 4 años y con dos presidentes municipales priistas –Ivonne Álvarez hoy diputada federal y César Garza Villarreal, hoy alcalde de Apodaca, Nuevo León -, durante este periodo se incrementaron las violaciones a Derechos Humanos de la población por parte de los policías a su mando y del de su equipo de trabajo teniendo como casos paradigmáticos la desaparición forzada del Sr. Eustacio Sorola, detenido y desaparecido por policías municipales en 2013 y que fuera encontrado sin vida, posteriormente, en el cauce del Rio La Silla, o el caso del adolescente Ángel Isaí González García muerto en un camión de la Ruta 2 por una mala estrategia de los policías al enfrentar a asaltantes.
A pesar de estos antecedentes, el coronel recibió y mantiene el visto bueno de la Secretaría de la Defensa para ejercer el cargo civil que hoy ostenta con los resultados ya mencionados, por cierto, por si no fuera suficiente el análisis de su paso por Guadalupe también fue Secretario de Seguridad Pública en el municipio de General Terán, Nuevo León, de donde debió renunciar tras balear sus elementos a una camioneta con migrantes y herir a tres niños.
Este es un ejemplo de que la militarización no tiene efectos positivos, por el contrario genera más dolor y muerte.
Hoy, esa militarización esta reforzada, no sólo se le dio al Ejercito el gusto de legalizar la guerra con las reformas constitucionales que crearon la Guardia Nacional sino que ya ocupa espacios civiles importantes: es agente inmobiliario, administra viveros, compra y conduce pipas, construye aeropuertos y lo que se acumule, obvio, a estas posiciones hay que sumarle las centenas de municipios donde controla las Secretarías de Seguridad e, incluso, como en Nuevo León, donde administra una institución de bachillerato creada con un modelo militarizado.
Esta militarización de la vida pública no construirá paz sino profundizará la guerra como vimos en el ejemplo de Colima, la población deberemos tomar nuestra responsabilidad y comenzar a regresar a los militares a sus cuarteles, restaurar el tejido social para poder construir la paz desde las colonias y barrios, 13 años de guerra son suficientes para demostrar que la militarización no es la solución. Es posible que grandes franjas de la población ya estén afectadas emocionalmente por la crueldad de la guerra, pero puede ser peor, la seriedad con la que se ocupe el gobierno del tema debe reflejarse en los resultados en números que significarán que la tranquilidad regresa, seriedad es la clave.
No es el único caso, habría que hacer una revisión exhaustiva de todos los municipios del país para saber en manos de quienes están nuestras familias, hasta septiembre pasado uno de los violadores de Derechos Humanos más notorio, con una cauda de denuncias que van desde las ejecuciones extrajudiciales en Torreón, Coahuila, hasta el control de la prostitución en penales de Quintana Roo, el general Bibiano Villa, se seguía desempeñando en la Comisaría General de Seguridad y Transito de Tecámac, Estado de México, municipio que es la puerta de entrada al Aeropuerto de Santa Lucía; en Baja California se desempeña como Director de las cárceles el General Brigadier retirado Marcos Esteban Juárez Escalera quien ha sido identificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como “Caminante” pieza clave en los hechos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre pues fue el enlace entre funcionarios estatales de Guerrero y los perpetradores del cartel Guerrero Unidos, ese es el tamaño de la impunidad de la militarización.
Mientras el gobierno federal no comience un proceso de desmilitarización las balas seguirán marcando la vida de las y los mexicanos.
