“Lograr una respuesta nacional a la problemática de las personas desaparecidas y sus familiares es uno de los grandes retos humanitarios que aún enfrenta México a dos años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición” afirmó en un comunicado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
A decir del jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central, Jordi Raich, si bien, es un avance significativo que en este periodo se hayan aprobado distintas leyes estatales en la materia, “habrá que redoblar los esfuerzos para que éstas sean efectivamente puestas en práctica”; y es que, aseguró que en “la mayoría de los estados no hay todavía un marco legal adecuado”.
Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, señaló a través de un comunicado que luego de dos años, “es urgente hacer un balance de los compromisos, lo que se ha logrado y de lo mucho que falta por hacer, pues hoy por hoy, nuestros seres queridos siguen sin regresar a casa y las desapariciones continúan”.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
Para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), urge en México “una respuesta nacional y coordinada”, esto, a dos años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición de Personas; y es que, en su opinión, falta “lograr una respuesta nacional a la problemática” que identifican como “uno de los grandes retos humanitarios” en el país.
Esta respuesta nacional y coordinada a la que llaman, implica, desde su experiencia en el acompañamiento de familiares de personas desaparecidas en estados como Coahuila, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Baja California, “un fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda, la creación de un Sistema Único de Información Tecnológica en Informática y la aprobación del Protocolo Homologado de Búsqueda”, así como, otros procedimientos y herramientas que faciliten la identificación forense, en el caso de las personas que permanecen en las morgues del país como NN (sin identificar).
Reconociendo que las cifras oficiales sobre el número de personas desaparecidas en el país representan un “problema de dimensión nacional”, el CICR, hace un llamado para conjuntar “los esfuerzos de coordinación de los diferentes niveles de gobierno federal y estatal para dar soluciones y responder a las necesidades de las miles de familias que siguen sin conocer noticias sobre el paradero de sus seres queridos”.
En ese sentido, si bien, reconocen que a dos años de la aprobación de la Ley General de Desaparición de Personas, se ha conseguido que algunos estados armonicen en esta materia, en la mayoría de éstos “todavía no hay un marco legal adecuado”, así lo afirmó el jefe de la delegación regional del CICR para México y América Central, Jordi Raich.
Por lo tanto, manifiestan que es indispensable que estas leyes estatales sean correctamente armonizadas para favorecer la consolidación tanto de las Comisiones Locales de Búsqueda, como de las Fiscalías Especializadas y de todos aquellos mecanismos, que, en el ideal, deberían encontrarse coordinados entre las autoridades, los consejos ciudadanos y, por ende, vinculados con el Sistema Nacional de Búsqueda.
Con ello, expresaron que la efectividad de la Ley General de Desaparición y su efectiva puesta en marcha, dependerá del trabajo que las autoridades en el país consigan llevar a cabo “con las familias siempre al centro”; pues, señalaron, “uno de los aspectos más valiosos de la ley, es incorporar un enfoque humanitario y centrar la atención de las autoridades en las necesidades humanitarias de las personas desaparecidas y sus familiares”.
Por su parte, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, emitió un comunicado señalando que a dos años de la puesta en marcha de la Ley General de Desaparición, es necesario que las autoridades federales y estatales “realicen un balance” sobre los compromisos cumplidos y los temas pendientes que hasta el día de hoy imposibilitan la localización de las personas desaparecidas en el país:
“Es urgente hacer un balance de los compromisos, lo que se ha logrado y de lo mucho que falta por hacer, pues hoy por hoy, nuestros seres queridos siguen sin regresar a casa y las desapariciones continúan”.
Respecto a la cifra de 61 mil 317 personas desaparecidas en el país, que dio a conocer el Gobierno Federal, reconocieron que este número es el “resultado de una revisión que contempla a algunas personas que hasta ahora habían sido omitidas de este doloroso conteo”, pues si bien, puede considerarse “un avance en cuanto al reconocimiento de la gravedad de la crisis de desapariciones”, también evidencia “el largo camino que falta recorrer”.
Por ello, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas en México y Centroamérica que integran el Movimiento, continúan demandando a las autoridades mexicanas que cumplan con su parte en la correcta implementación y ejecución de la Ley General en esta materia; puesto que, en la marcha, son las familias quienes han asumido gran parte de la pugna que hace posible que hasta el día de hoy se hayan creado: 25 Fiscalías Especializadas en desaparición, 22 Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas en los estados, 29 Comisiones Locales de Búsqueda (de las cuales señalan, sólo siete tienen un Concejo Ciudadano) y la aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).
Finalmente, manifestaron que, “no olvidan” el compromiso asumido por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre asignar recursos suficientes para que se lleve a cabo la implementación de la Ley General y con ello, su armonización en todas las entidades. Por lo que, advierten que, hasta el día de hoy, 23 estados no cuentan con una legislación local, siete no tienen una Fiscalía Especializada y tres más continúan sin una Comisión Local de Búsqueda.
