Columna AMEDI Jalisco
A Cristina Romo con toda mi admiración y cariño, por ser una defensora incansable de los derechos a la información y a la comunicación.
Por César Omar Mora Pérez/ @AmediJalisco
La transparencia puede considerarse como el resultado de las prácticas de acceso a la información que realizan las entidades públicas, partiendo de su obligación por difundir información y mejorar sus canales de acceso a la misma, por lo que un gobierno puede considerarse transparente si pone a disposición de la sociedad la mayor cantidad de información pública con la mayor calidad posible en la mayor cantidad de canales posibles.
Este tema ha estado en la opinión pública en los últimos años, por lo que es un tiempo propicio para analizar los desafíos que se tienen en la materia, así como las estrategias que se pueden desarrollar para fortalecerla.
La transparencia puede puede ser vista desde diferentes enfoques:
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Desde un enfoque normativo: se analiza a la transparencia como el mecanismo que garantiza el derecho de acceso a la información de los individuos, el cumplimiento de las disposiciones normativas y la evolución de las mismas.
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Desde un enfoque económico: se analiza a la transparencia por su impacto en la economía a través del uso de la información, la cual, entre otros aspectos, reduce la incertidumbre y promueve la eficiencia en las decisiones económicas.
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Desde un enfoque de gestión pública: se analiza a la transparencia por su efecto en la gestión pública, a través de la evaluación del desempeño, la diminución de la corrupción, la rendición de cuentas y la eficiencia en la aplicación de los recursos públicos.
Los principales planteamientos han dejado de lado el enfoque económico, es por ello que de los otros dos enfoques se expondrán sus desafíos, aunque desde el enfoque económico puede darse el análisis del valor social de la transparencia.
Desde un enfoque normativo, en materia de acceso a la información la evolución y fortalecimiento que se dio a este derecho a través de la Ley General y la armonización de las estatales en la materia se mantiene hasta la fecha, eso sí, hay más solicitudes de acceso, ya que hemos pagado en Jalisco de
465 solicitudes en 2005 a 135,000 en 2019, siendo los medios electrónicos (Infomex, Plataforma Nacional de Transparencia u otro medio electrónico) las principales vías. Tan sólo del 2018 al 2019 hubo un incremento del 73%.
Sin embargo, más solicitudes no significa que seamos más transparentes, se debe mejorar la calidad de las respuestas, la calidad de la información publicada y el valor social de la misma. Sin duda, un avance en la materia fue la homologación de cobros en la reproducción de información, reduciendo costos y eliminando cobros por búsqueda y digitalización.
Desde el enfoque de gestión pública, resulta relevante el avance que se ha dado al tema en los últimos años, hoy es posible conocer cuánto gana un funcionario, los cheques emitidos, los principales trámites y servicios o los informes de gobierno, entre otros aspectos relevantes de la gestión pública, pero además, resulta relevante la relación que se le ha dado a este tema en el combate a la corrupción y la aplicación de los recursos públicos, en donde las estrategias han estado encaminadas a fortalecer a transparencia como una herramienta para disminuir la corrupción y para vigilar el uso de recursos públicos; sin embargo, existe un elemento latente: la impunidad. Por más visible que se hagan los actos de corrupción de funcionarios y el dispendio los recursos, si no existen sanciones claras que eviten este tipo de conductas el esfuerzo por visibilizarlo será en vano.
Otro elemento que deberá ser evidente es el fortalecimiento de la transparencia en procesos de gestión gubernamental como: las compras públicas, la inversión pública, el gasto en publicidad gubernamental, los programas sociales o las designaciones públicas, como estrategias de transparencia focalizada y de rendición de cuentas en dichos procesos y evitar así los “moches”, “la compra de votos” y los “cuates”. Aunque se han generado esfuerzos por transparentar algunos de estos aspectos, estos esfuerzos no han alcanzado para dar resultados visibles socialmente. Las instituciones deben buscar el valor social de sus actos.
Sin duda, un desafío institucional es el engranaje de las estructuras que se han generado a partir de estos esquemas, en específico a nivel nacional con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el Sistema Nacional Anticorrupción y la Alianza por el Gobierno Abierto de México. A escala local tenemos el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y el Secretariado Técnico del Gobierno Abierto en Jalisco.
La participación ciudadana en las decisiones públicas debe ser un desafío que como sociedad debemos aceptar y afrontar. Si bien en estos sistemas de colaboración converge la participación ciudadana en diferentes esquemas (a través de Comisiones de Selección de Comités de Participación Ciudadana o Social (a escala local); de los propios Comités de Participación Ciudadana o Social para el caso de los Sistemas Anticorrupción; de integrantes del Comité Coordinador y del Secretariado Técnico Local para el caso del Gobierno Abierto; así como integrantes de los Consejos Consultivos tanto del INAI como del ITEI en materia de transparencia y protección de datos personales), es importante reflexionar sobre la incidencia que se tiene en las decisiones de estos organismos, no pueden existir sistemas abiertos a la participación ciudadana si su influencia es acotada a la propia estructura de decisión.
El interés de los ciudadanos en los asuntos públicos no se ha reflejado solo en una solicitud de información o su participación en Consejos Ciudadanos de sistemas institucionales, sino que su interés ha estado igualmente asociado a su decisión en las urnas, siempre será mejor evaluado un gobierno que promueva la transparencia como un valor social y que genere confianza que un gobierno opaco.
Ahí podemos encontrar un doble desafío, tanto para la sociedad como las autoridades.
Por último y no menos importante, el desafío por hacer una verdadera alfabetización en estos temas para demostrar su utilidad social, sin ello, no se podrá lograr grandes transformaciones, solo el cumplimiento de indicadores para la legitimidad institucional.
Sin duda, la transparencia permite una sociedad más y mejor informada, una sociedad que cuestiona y exige cuentas a sus gobernantes, de manera directa la transparencia no disminuye la corrupción, pero la visibiliza e inhibe este tipo de conductas y propicia una mejor relación de la sociedad con el gobierno.
