Las defensoras de derechos humanos, denunció Amnistía Internacional, a través de un informe en el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, no están siendo protegidas por los Estados, ello, pese a la labor que realizan por la promoción de los derechos relativos a mujeres, igualdad de género y seguridad. En su mayoría, advierte el documento, suelen ser víctimas constantes de “una amplia variedad de ataques vinculados específicamente con el género, como la violación”.
De aquí, añade la organización internacional, que sea necesario llamar a “reconocer y proteger a las defensoras de los derechos humanos y a las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género y sexualidad”; puesto que “siguen siendo objeto de agresión, amenazas, intimidación, criminalización e incluso homicidio por su activismo”.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) se ha manifestado para continuar visibilizando el contexto de violencias y violaciones a derechos, que sufren directa e indirectamente las defensoras, activistas y personas defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género y sexualidad. De acuerdo con Kumi Naido, Secretario General de Al, las defensoras “son atacadas por ser quienes son y hacer lo que hacen”; las dificultades, peligros y violencias incrementan aún más, asegura, cuando además de ser mujer “perteneces a una minoría racial o eres indígena, pobre, lesbiana, bisexual, trans o trabajadora sexual”. En estos casos “tienes que luchar mucho más para que quienes tienen el poder escuchen tu voz”.
Si bien, son ellas quienes están luchando por la defensa de los derechos humanos, contra el patriarcado, el racismo y/o cualquier otro tipo de violencia de género, son las mismas quienes están sufriendo en primera persona estos flagelos. De aquí la urgente necesidad, precisa AI, de que los gobiernos en las naciones cumplan con “su compromiso de garantizar que estas activistas pueden (puedan) actuar con libertad y seguridad”.
Lamentablemente, en contraste, advierte la organización, el movimiento feminista por los derechos humanos, está sufriendo en los últimos años “una presión creciente por parte de políticos, líderes religiosos y grupos violentos que propagan una política de demonización”.
Ejemplo de ello, señalan, los diversos hechos acontecidos en Polonia en contra de colectivos que han liderado protestas contra los intentos de restringir el aborto; de acuerdo con la organización, producto de esta labor de defensa, han sido objeto de ataques.
La violencia sexual en contra de las defensoras es otro flagelo implementado por los perpetradores del Estado y los grupos opositores; se trata de una forma de tortura documentada en diversos casos en el mundo para tratar de silenciar la labor de defensa.
“En Bahréin, Ebtisam El-Saegh, WHRD de la organización Salam por la Democracia y los Derechos Humanos, fue agredida sexualmente, golpeada de forma brutal, pateada en el vientre y obligada a permanecer de pie durante la mayor parte de las siete horas que pasó siendo interrogada bajo custodia en 2017.
“Me amenazaron con hacer daño a mi familia y con que traerían a mi esposo y lo torturarían y electrocutarían. Los hombres me dijeron: ‘nadie puede protegerte’”, contó a Amnistía Internacional.
En Egipto, Malak al-Kashef, WHRD transgénero, de 19 años, fue detenida en marzo de 2019 a raíz de su implicación en manifestaciones pacíficas en El Cairo. Se enfrentó a los cargos falsos de “ayudar a una organización terrorista” y “hacer uso indebido de las redes sociales para cometer un delito punible por la ley”.
Bajo custodia, fue sometida a un examen anal forzado y otras formas de agresión sexual. Aunque se estaba sometiendo a tratamiento de afirmación de género, Malak fue recluida en un centro de detención para hombres, lo que la exponía a un riesgo mayor de sufrir violencia sexual. Quedó finalmente en libertad en julio de 2019”.
Aunado a estos actos crueles y degradantes, las mujeres defensoras y activistas, precisa AI, “a menudo son sometidas a campañas de desprestigio que vilipendian su “comportamiento desviado” y están concebidas para alimentar la hostilidad hacia ellas”.
“Tras rescatar a personas migrantes en el Mediterráneo central en junio de 2019, Carola Rackete, la capitana italiana del barco de rescate Sea-Watch 3, fue insultada repetidamente por el ministro del Interior italiano, que la llamó pirata y delincuente. A los insultos de éste siguieron terribles ataques verbales por parte de otras personas, que incitaban a cometer actos de violencia sexual contra ella, atacándola también por razón de su género y su aspecto”.
En ese sentido, AI, llama a los Estados a investigar cada uno de estos ataques y a hacer “rendir cuenta a los responsables”; con ello, piden a los gobiernos hacerse responsables de “educar a su ciudadanía sobre los derechos de las personas que defienden todos los derechos humanos, así como proporcionar mecanismos de financiación y protección adaptados a las necesidades de las WHRD (Defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género y sexualidad)”.
El caso México
La realidad que experimentan las defensoras de derechos humanos y activistas en México, no es mucho mejor a las situaciones que se documentan en la región latinoamericana; de acuerdo con el informe “Cambiando el curso de la impunidad. Protección y acceso a la justicia para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México”, publicado en marzo de 2019 por WOLA y PBI “las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos… son a menudo atacadas por servidores públicos, grupos religiosos e incluso por sus propios familiares porque su trabajo cuestiona normas y expectativas de género profundamente arraigadas”.
Así mismo, denuncia el documento público, las medidas de protección que ofrece el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas “con frecuencia son insuficientes”; ya que, el mecanismo no ha conseguido desarrollar “protocolos de análisis de riesgo que identifiquen de manera efectiva las diferentes necesidades de periodistas y personas defensoras mujeres, indígenas, rurales y de otras categorías particularmente vulnerables cuando se trata de otorgar medidas de protección”. En su mayoría, las medidas suelen ser “poco confiables”, “no se implementan adecuadamente” o, incluso, no toman en cuenta los contextos diversos de las regiones del país.
Situaciones que, como se ha comprobado, son letales para las defensoras y defensores. De acuerdo con el documento, desde agosto de 2017, seis personas beneficiarias del Mecanismo han sido asesinadas.
De manera adicional señalan que, cuando estos casos son denunciados ante las autoridades del Estado, “las investigaciones con frecuencia no consideran cómo el trabajo de incidencia o periodística llevado a cabo por mujeres, personas indígenas, personas LGBTI y otros grupos especialmente vulnerables pueden presentar tipos específicos de riesgos”. Por lo que, Ministerios Públicos suelen “priorizar” motivos como la violencia doméstica y disputas familiares, robos, intentos de extorsión, “o simplemente (atribuirlo a) encontrarse en el lugar equivocado a la hora equivocada” antes que vincular sus investigaciones con su labor.
En otros casos, evidencia el informe, las autoridades han realizado declaraciones donde aseguran que la persona defensora “fue atacada por mantener vínculos con el crimen organizado o estar involucrada con otros hechos ilícitos, criminalizando públicamente a la víctima y revictimizando a sus seres queridos”.
