17 periodistas han sido asesinados durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, mientras que, 15 de estos crímenes sucedieron durante el 2019, así lo denunció la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), a través de un comunicado.
Por lo anterior, la Amedi ha hecho un llamado a las instituciones del Estado a “crear las condiciones de seguridad adecuadas para el ejercicio periodístico y los mecanismos para su garantía” y con ello, “enmendar” las deficiencias del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Sugieren “usar los tiempos oficiales para difundir campañas de respeto a la libertad de expresión y las consecuencias de su silencio”.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
“Silenciar a un periodista es impedir el derecho a la información de los ciudadanos” acusó en un comunicado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi); y es que precisan que, “sin que haya concluido 2019, ya se convirtió en el año más violento para los periodistas y la libertad de expresión en México”. De acuerdo con sus registros, 17 comunicadores, comunicadoras y periodistas han sido asesinados durante la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, mientras que, 15 de éstos han sucedido durante el año 2019.
Así mismo, han señalado que los crímenes se perpetraron en 12 entidades del país: Nayarit, Estado de México, Baja California Sur, Tabasco, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Morelos, Guerrero y Veracruz. En total, contabilizan en su base de datos, 136 casos desde el año 2000 hasta el 12 de septiembre de 2019, fecha en la que fue asesinado en Guerrero, Erick Castillo Sánchez, de Discovery Latinoamérica.
En ese sentido, denuncian que esta situación es “un problema de impunidad, inseguridad y violencia estructurales” que atenta contra el ejercicio periodístico y las libertades informativas de las y los ciudadanos; ya que, explican: “la libertad de expresión es un derecho individual y colectivo” que los medios de comunicación, periodistas y líderes de opinión hacen valer para que “la sociedad ejerza su derecho a saber y tome decisiones relevantes en su día a día sobre los asuntos de interés púbico”.
Con un 99 por ciento de impunidad en los casos, asegura la Amedi, “se está matando a los mensajeros de la información a la cual tenemos derecho como sociedad”:
“México ya es el país que, sin estar en situación de guerra, es el más peligroso y el más mortífero para los periodistas. Es prioritario cambiar esta situación de violencia, impunidad y atentados a la libertad de expresión y, en consecuencia, al derecho a la información de los ciudadanos. La violencia a los periodistas violenta a México”.
Afirman, entonces, que “el gobierno federal debe aplicar con firmeza la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” dotándole de recursos suficientes y de “auténtica decisión política”. Por lo tanto, requieren al Estado mexicano “enmendar sus múltiples deficiencias” dentro del mecanismo; entre éstas, las numerosas recomendaciones que han formulado organizaciones y estudios para corregir, tanto el Mecanismo, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de expresión y Periodistas (LPPDDHP).
Sugieren con ello, prestar atención a los diversos señalamientos realizados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre todo, la Recomendación General No. 24 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el ejercicio de la libertad de expresión.
Solicitan a las instituciones del Estado mexicano –en sus tres poderes y niveles de gobierno- así como a sus instituciones; a los dueños de los medios de comunicación; y a la sociedad: “construir las condiciones de seguridad, legalidad, impartición de justicia, cultura de respeto y dignidad” para que, el trabajo de las y los periodistas sea ejercido “sin coerciones, censuras u amenazas para los periodistas, sin poner en riesgo su vida”:
“En ocasiones, los medios de comunicación no aseguran los derechos laborales de sus trabajadores ni toman las medidas adecuadas para su salvaguarda y para que realicen su labor en condiciones óptimas” señaló la Amedi en su comunicado.
Finalmente, sentenciaron que el gobierno federal debe “acelerar la actualización de la Red Nacional de Radiocomunicación (Red Iris)” que es utilizada por las instituciones de seguridad pública, situación que les permitirá: “tener comunicaciones idóneas para recabar evidencias sobre ilícitos, con el propósito de atender de mejor manera a toda la población, incluidos los crímenes contra periodistas”.
Finalmente, la Amedi, propone a las autoridades federales llevar a cabo campañas de difusión en radio y televisión que permitan visibilizar en la agenda pública la problemática, esto con la intención de generar conciencia en la población sobre “la importancia de la libertad de expresión, el derecho a la información, el respeto a la legalidad y al trabajo periodístico por ser asuntos de interés público”.
Consulta el comunicado de la Amedi “2019: el peor año para la libertad de expresión. Imperan asesinatos de periodistas, impunidad y pasividad de autoridades”
