En el año 2015 cuatro jóvenes indígenas tseltales (dos mujeres y dos hombres, una de ellas menor de edad) fueron detenidos ilegal y arbitrariamente, discriminados y torturados por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM); ya que, a decir de los agentes: “no parecían mexicanos”. Producto de estos hechos permanecieron detenidos por una semana en una estación migratoria del estado de Querétaro.
Cuatro años de litigio después y, dando cumplimiento a la resolución CEAV/CIE/0158/2017 de la Comisión de Atención a Víctimas, así como, a la recomendación 22/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INM a través de su titular, Francisco Garduño Yáñez, ofrecieron una disculpa pública con el objetivo de resarcir el daño ocasionado a la dignidad de las víctimas y con ello, comprometerse a emprender acciones que garanticen la no repetición de estos actos crueles, degradantes y discriminatorios en contra de la población migrante en el país.
A través de la campaña #LaNacionalidadNoSeVe, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) urge a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver el amparo en revisión 275/2019 y que establece la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Migración que facultan al INM a realizar revisiones migratorias y a deportar personas mexicanas que “parezcan extranjeras”.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
A nombre del Instituto Nacional de Migración ofrezco esta disculpa pública por la transgresión a los derechos humanos, por el daño a la imagen, al honor y a la dignidad en su contra, derivada de la conducta de los agentes migratorios. Por mi conducto el instituto hace el compromiso de implementar las medidas que aseguren la no repetición, para que los hechos que violentaron los derechos humanos de estas personas no vuelvan a suceder. Tenemos la convicción de que la erradicación de estas prácticas, garantizará el ejercicio pleno de los derechos humanos y las garantías constitucionales, las cuales son un eje importante el actuar de las autoridades, para su protección, promoción, garantía y respeto.
Atentamente
Fueron las palabras que el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció, a modo de disculpa pública para los cuatro jóvenes indígenas tseltales que, en septiembre de 2015, fueron víctimas de detención ilegal y arbitraria, discriminación y tortura en manos de seis elementos migratorios.
El mensaje fue traducido y leído en lengua Tseltal durante el acto público organizado en el estado de Chiapas y da cumplimiento a la resolución de reparación del daño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV/CIE/0158/2017), emitida el pasado 23 de enero de 2019, “en la que establece la reparación integral del daño sobre la violación a los derechos de libertad personal, de tránsito, no discriminación, acceso a la justicia, y a la integridad y seguridad cometidas por servidores públicos del INM” afirmó en un comunicado el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) organización acompañante legal del caso. Así mismo, da cause a la recomendación 22/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La Disculpa Pública a cuatro indígenas chiapanecos que realizó el Comisionado @fgymexico a nombre del @INAMI_mx, fue traducida y leída en lengua Tseltal, por Miguel Guzmán Gómez. pic.twitter.com/OIzp61a31X
— INM (@INAMI_mx) November 7, 2019
Durante el evento, Gretchen Kuhner, Directora General del IMUMI, acudió a recibir las disculpas como representante legal de las víctimas, pues aseguró que, para ellas y ellos, si bien son importantes, reconocen que, en términos de la visibilidad mediática, la competencia y responsabilidad radica en la autoridad, por lo que prefirieron permanecer fuera del ojo público:
“Para las víctimas esta disculpa pública es muy importante, ellos dijeron: “Nosotros queremos escuchar públicamente porque es una institución pública y es para todos; pero nosotros no queremos ser públicos” afirmó Kuhner haciendo patente el mensaje de las víctimas y su derecho al anonimato.
Como parte de este mensaje, recordó que los cuatro jóvenes tseltales acudieron en febrero de este año al INM y que, durante su visita, solicitaron a las autoridades migratorias la respuesta a cuatro preguntas que consideran fundamentales: 1) quiénes fueron los agentes responsables; 2) por qué lo hicieron; 3) cuáles fueron las sanciones; y 4) qué acciones se llevarán a cabo para garantizar la no repetición de estos hechos.
“En febrero de este año fueron al INM, y dijeron, queremos saber: ¿quiénes fueron las personas que nos hicieron este daño?, ¿por qué hicieron este daño?, ¿cuáles fueron las sanciones a las personas que nos hicieron este daño?, y ¿qué va a hacer el Instituto Nacional de Migración para que a mí y para que a nadie en mi comunidad y el país, le vuelva a suceder algo así?”
Según relató la Directora del IMUMI, una de las víctimas –que durante los eventos tenía 15 años-, cuestionó a la autoridad sobre cómo ésta podría garantizar, por ejemplo, que a sus hermanos menores no le sucediera lo mismo, puesto que, el tema de la migración interna e internacional hacia los Estados Unidos con el fin de mejorar las condiciones de vida, mantiene una tendencia vigente en el país:
“¿cómo voy a saber yo que a mis hermanos chiquitos no les va a pasar esto?” expuso Kuhner aludiendo a las palabras de una de las víctimas.
Esta disculpa pública que, además fue dirigida a la comunidad tseltal, forma parte de la recomendación CEAV/CIE/0158/2017, donde también se dictan “medidas de no repetición; la investigación de posibles revisiones migratorias arbitrarias en puntos de revisión móviles contra personas que salen de sus comunidades en busca de oportunidades laborales y su deportación con base en su apariencia física; compensación económica; y daño moral, en particular de las dos mujeres que por su situación histórica viven una violencia estructural”
El caso
En septiembre de 2015, cuatro jóvenes indígenas tseltales fueron detenidos por una semana en una estación migratoria de Querétaro por “no parecer mexicanas”, explicó en su comunicado el Instituto para las Mujeres en la Migración; se trata de dos mujeres y dos hombres que fueron, además, sometidos a diversos actos de violencia, discriminación y tortura durante una revisión migratoria en una carretera del mismo estado.
El IMUMI organización pro defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y acompañantes del caso legal, señalan que tres de los cuatro jóvenes fueron llevados a la estación migratoria el día 3 de septiembre por seis elementos del INM quienes les aseguraron que serían llevados “a la estación migratoria de la entidad para su pronta deportación porque de acuerdo a sus criterios “no parecían mexicanas”,” esto pese a mostrar sus actas de nacimiento.
Según explica IMUMI, “durante una semana –las víctimas- fueron hostigadas, ejerciendo tratos crueles, inhumanos y degradantes para que firmaran documentos en los que aceptaban ser de Guatemala”.
Por la perpetración de estos hechos violatorios a los derechos humanos la organización interpuso un amparo por la detención ilegal; una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos; una queja ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración; y una denuncia penal. Sin embargo, manifiesta la organización, “a pesar de que una de las víctimas fue torturada, la Procuraduría General de la República nunca investigó los hechos” por lo que, la única sanción impuesta contra los agentes migratorios fue una suspensión administrativa por 30 días.
El llamado: “La Nacionalidad no se ve”
En el marco de la disculpa pública, tras la documentación de nuevos casos, y frente a la implementación de los nuevos acuerdos con Estados Unidos para contener la migración centroamericana, denunció el IMUMI “el gobierno mexicano ha incrementado acciones que obstaculizan el libre tránsito para la población mexicana” esto pese a que, el artículo 11 constitucional establece que “todas las personas tienen el derecho a entrar, salir, viajar y mudarse por el territorio nacional, sin la necesidad de contar con un pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, afirma la organización.
Por lo que, explica “solicitar documentos de identidad durante las revisiones migratorias o para viajar por el país” es violatorio a la constitución.
Sumada a esta práctica, aparentemente recurrente en el país y ahora, recrudecida, el perfil étnico que las autoridades migratorias aseguran otorgar o no a las personas -de acuerdo con su percepción-, señala el IMUMI: “discriminan quién es una persona mexicana y quién no, aún si la población mexicana es diversa y no existe una sola forma de ser o parecer mexicana”.
Otro elemento a señalar y en el que han hecho hincapié, es que en el país no existe una identificación única que acredite la identidad de una persona en el país, ya que, ni siquiera se ha cumplido con la ejecución de la Cédula Única de Identidad que establece la propia Ley General de Población, así como, su reglamento.
De esta manera, a través de la campaña #LaNacionalidadNoSeVe, el Instituto para las Mujeres en la Migración urge a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver el amparo en revisión 275/2019 que aguarda en la primera sala y que establece “la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Migración que facultan al INM a realizar revisiones migratorias en puntos distintos a los oficiales de entrada internacional, permitiendo la detención y deportación de personas mexicanas “que parecen extranjeras”.
La campaña de incidencia busca visibilizar esta práctica, concientizar a las personas sobre las disposiciones de la Ley de Migración, e incluye los testimonios escritos y en video de personas que han sido víctimas de discriminación durante revisiones migratorias en México.
