“Al igual que en otras recomendaciones, la CNDH no investigó la posible responsabilidad del Estado por los hechos de la masacre, respecto a su obligación de garantizar la integridad personal y la vida” afirman diversas organizaciones pro defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y familiares de personas desaparecidas en Centroamérica y México.
A decir de las organizaciones, tras ocho años de los hechos, la recomendación no recuperó los testimonios de las familias, ni garantizó su derecho a participar en la investigación; por lo tanto, demandan a quien llegue a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cumpla con “los pendientes que deja la CNDH en materia de graves violaciones cometidas contra la población migrante”
Redacción ZonaDocs /@ZonaDocs
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió hace algunos días la Recomendación 23VG/2019 sobre los sucesos ocurridos entre abril y mayo de 2011 en San Fernando, Tamaulipas, hechos que derivaron en la localización de 196 restos de personas en 48 fosas clandestinas; y la desaparición de 57 personas.
Este caso, así como el asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas en 2010, y la masacre de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León en 2012, son, en suma “las masacres más crueles ocurridas en México donde hay población migrante” afirmaron en su comunicado y advierten que, si bien “los tres casos han recibido recomendaciones por parte de la CNDH, no obstante, en los tres casos, se observaron fallas y violaciones en la investigación de los hechos que dieron lugar a las masacres o las permitieron”.
Derechos como el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las familias y sobrevivientes, se mantienen ausentes en los tres casos “propiciando la impunidad” sentencian organizaciones como el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH) y la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador- (COFAMIDE).
Éstas entre otras omisiones se las atribuyen al titular de la CNDH, Luis Raúl Pérez y a Edgar Corzo Sosa, encargado de la 5ª Visitaduría de migrantes y actual miembro del Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias de la ONU. Acusan con ello a la Fiscalía General de la República (FGR), de no llevar a cabo investigaciones efectivas y de “no agotar las líneas de investigación relacionadas a los agentes del Estado que pudieron haber participado por acción u omisión”.
Por lo tanto, señalan que “a pesar de la emisión de tres recomendaciones de la CNDH (para cada uno de los casos), se considera que esta institución no ha cumplido con el derecho a la verdad para las familias y la sociedad”.
Entre otros de sus señalamientos está que, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos conocía sobre demás casos donde “había participación directa de agentes del Estado” -tal y como se da cuenta en su primer informe y segundo informe sobre secuestros de migrantes en los años 2009 y 2011- las recomendaciones no se encaminaron “hacia una investigación por violación al derecho a la vida o integridad por secuestros u homicidios de personas migrantes, por parte del Estado mexicano”.
En ese sentido, consideran grave que, aunque la CNDH menciona en la Recomendación 23VG/2019 –caso San Fernando- que “policías municipales bajaban de los autobuses a personas migrantes” de su parte no existió una investigación profunda sobre estos hechos y sobre “el papel de la Presidencia Municipal de San Fernando y otras autoridades que pudieran haber participado por acción o por omisión”; por lo tanto, “la CNDH ignora su propia evidencia citada en la recomendación, (y) no profundiza ni establece responsabilidades”.
De esta forma, manifiestan que “cuando las instituciones renuncian a brindar seguridad a las personas en determinado territorio, cuando se sabe que los territorios por los que transita la población migrante están tomados por el crimen organizado y no se les investiga y sanciona, cuando se sabe que están secuestrando y matando migrantes y se deja pasar o no se hace nada” éstas violan también el derecho a la vida y la integridad.
Denuncian además, que la CNDH ha ignorado -en los tres casos- “las voces de las familias de migrantes desaparecidos y ejecutados”, por lo que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C promovió un amparo en contra de esta institución” por no investigar y por no permitir la participación de familiares en la misma”. Sin embargo, señalan, la CNDH litigó en contra de las familias y “en lugar de haber aceptado que cometieron un error” repitieron estas conductas en la investigación de la masacre de Cadereyta y en la de la masacre de Fosas de San Fernando.
En tanto, advierten que, la CNDH no sólo no atendió la solicitud de medidas cautelares ante la cremación de restos en el caso de Fosas de San Fernando, sino que, no detuvo la cremación de los restos:
“La recomendación deja una deuda: el derecho a la verdad; falla en lo más importante que era investigar por qué pasaron las masacres y de qué forma el Estado ha participado ya sea por acción u omisión”.
Con ello, denuncian que ante los recientes acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, continúan ocurriendo secuestros de migrantes en el norte del país, particularmente “en las ciudades donde bajo programa Quédate en México -aceptado por el gobierno mexicano- se han enviado más de 52,000 personas solicitantes de asilo a esperar su proceso de asilo llevado a cabo en EUA”. Entre estos casos documentados se encuentra el ocurrido en febrero de este año en la carretera Tampico-Reynosa (una de las más peligrosas del país) “donde sujetos armados bajaron de un autobús a cerca de 20 personas, y en donde apreciamos declaraciones del Presidente de la República y del Secretario de Seguridad Pública Federal, minimizando los hechos” señalan.
Finalmente, hacen un llamado al nuevo presidente de la CNDH y le advierten que queda bajo su responsabilidad “preservar la independencia y autonomía en todas sus actuaciones, pero además, transformar de fondo la institución para que responda e investigue los patrones de actuación del estado que violan derechos humanos de las personas migrantes”.
Ciudad de México 06 de noviembre de 2019. La recomendación (23VG/2019) que dio a conocer públicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es derivada de la investigación de los hechos ocurridos entre los meses de abril y mayo de 2011 en San Fernando, Tamaulipas, donde hace más de 8 años, se localizaron 196 restos en 48 fosas clandestinas. También se pronuncia por la desaparición de 57 personas en un contexto similar.
El caso de las Fosas de San Fernando, Tamaulipas (2011), se suma a las masacres más crueles ocurridas en México donde hay población migrante: la de los 72 migrantes en San Fernando (2010), y la masacre de las 49 personas en Cadereyta (2012). Los tres casos han recibido recomendaciones por parte de la CNDH, no obstante, en los tres casos, se observaron fallas y violaciones en la investigación de los hechos que dieron lugar a las masacres o las permitieron, los derechos al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las familias y sobrevivientes, propiciando la impunidad en la que se encuentran los 3 casos; donde además la Fiscalía General de la República (FGR), no ha llevado a cabo investigaciones efectivas ni tampoco ha agotado las líneas de investigación relacionadas a los agentes del Estado que pudieron haber participado por acción u omisión.
A pesar de la emisión de tres recomendaciones de la CNDH, se considera que esta institución no ha cumplido con el derecho a la verdad para las familias y la sociedad. Ya desde su primer informe de secuestros de migrantes en el año 2009, había documentado que en estos casos había participación directa de agentes del Estado, sin embargo, no se encaminó hacia una investigación por violación al derecho a la vida o integridad por secuestros u homicidios de personas migrantes, por parte del Estado mexicano. Tanto en el primer como en el segundo informe de secuestros de migrantes emitido este último en el año 2011, existen testimonios sobre servidores públicos involucrados directamente en secuestros de personas migrantes los cuales no fueron incorporados en la recomendación.
Otro aspecto que se considera grave, es que la CNDH cita en su recomendación por el caso de Fosas de San Fernando, que policías municipales bajaban de los autobuses a personas migrantes, sin que haya profundizado en la investigación de estos hechos, como tampoco investigó el papel de la Presidencia Municipal de San Fernando y otras autoridades que pudieran haber participado por acción o por omisión. En este sentido, la CNDH ignora su propia evidencia citada en la recomendación, no profundiza ni establece responsabilidades.
Cuando las instituciones renuncian a brindar seguridad a las personas en determinado territorio, cuando se sabe que los territorios por los que transita la población migrante están tomados por el crimen organizado y no se les investiga y sanciona, cuando se sabe que están secuestrando y matando migrantes y se deja pasar o no se hace nada, también se viola el derecho a la vida y la integridad. Eso precisamente es lo que no logró investigar la CNDH bajo la conducción de Luis Raúl Pérez y teniendo al Dr. Corzo como encargado de la 5ª Visitaduría de migrantes, y como actual integrante nombrado por el Estado Mexicano para ocupar un lugar en el Comité de Trabajadores Migratorios y sus familias de la ONU.
Ante los recientes acuerdos migratorios celebrados entre México y Estados Unidos, resulta alarmante que estén ocurriendo nuevamente secuestros de migrantes en el norte de la República Mexicana, en las ciudades donde bajo programa Quédate en México -aceptado por el gobierno mexicano- se han enviado más de 52,000 personas solicitantes de asilo a esperar su proceso de asilo llevado a cabo en EUA. En febrero de este año ocurrió nuevamente un secuestro de migrantes en una de las carreteras más peligrosas del país (Tampico-Reynosa) donde sujetos armados bajaron de un autobús a cerca de 20 personas, y en donde apreciamos declaraciones del Presidente de la República y del Secretario de Seguridad Pública Federal, minimizando los hechos.
Las grandes tragedias en nuestro país, las grandes violaciones sólo ocurren cuando de manera sistemática se falla en la prevención, falla la investigación y falla la sanción. Pero también donde los órganos encargados de investigar al estado, como la CNDH claudican en sus deberes.
La CNDH en los tres casos ha ignorado las voces de las familias de migrantes desaparecidos y ejecutados. Por los hechos de la masacre de los 72 migrantes la Fundación para la Justicia promovió un amparo contra esta institución por no investigar y por no permitir la participación de familiares en la misma. La actual CNDH litigó en contra de las familias, y en lugar de haber aceptado que cometieron un error, no solamente no lo remediaron, sino lo repitieron en la investigación de la masacre de Cadereyta y en la de la masacre de Fosas de San Fernando. Esto a pesar de que en múltiples ocasiones se le había pedido al 5º Visitador Edgar Corzo, que se hiciera un esfuerzo de trabajo conjunto porque la investigación y la misma recomendación podría haber sido una forma de reparación de los derechos violados a las víctimas y sus familias.
Por el caso de cremación de restos en el caso de Fosas de San Fernando, la Fundación para la Justicia solicitó medidas cautelares antes de que esto ocurriera. La propia CNDH se perdió en su burocracia y no solo no atendió a la solicitud sino que no hizo nada para impedir la cremación de restos.
La Fundación para la Justicia ha tenido acercamientos con el Presidente, el encargado de Seguimiento de recomendaciones, el Segundo visitador y el Consejo de la CNDH para solicitar formalmente que, debido a que no está agotada la investigación respecto a la participación de agentes del Estado en secuestros y ejecuciones de migrantes, se continúe con la misma, y que esta investigación se acumule con la que está pendiente de realizar por el secuestro de migrantes en febrero de 2019, cuidando la participación de las familias que están tanto en México como en otros países en la investigación, a fin de que se puedan documentar debidamente los derechos violados y el daño causado. Se saluda la voluntad del actual Presidente de dejar abierta dicha investigación y se agradece la intervención que ha tenido el Consejo de la CNDH en estos casos. Las masacres y los secuestros y desapariciones de personas migrantes requieren abordajes amplios y multidisciplinarios, que permitan entender de forma más precisa el origen y desarrollo de ese tipo de atrocidades y aclarar la responsabilidad del Estado mexicano.
La recomendación deja una deuda: el derecho a la verdad; falla en lo más importante que era investigar por qué pasaron las masacres y de qué forma el Estado ha participado ya sea por acción u omisión. Habiéndose elegido al nuevo presidente de la CNDH, queda bajo su responsabilidad preservar la independencia y autonomía en todas sus actuaciones, pero además, transformar de fondo la institución para que responda e investigue los patrones de actuación del estado que violan derechos humanos de las personas migrantes. Le tocará lo que no se ha visto hasta este momento en la CNDH: la congruencia con su mandato y la cercanía con las víctimas y familias afectadas.
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)
Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador- (COFAMIDE)
Comite de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO)
Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en México (FUUNDEC-FUNDEM)
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70s
Martha Alicia Camacho Loaiza
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.
