El pasado 24 de octubre seis sujetos armados golpearon y amagaron al sacerdote Alberto Ruiz Pérez, defensor de derechos humanos de las personas migrantes, fundador y director de El Refugio Casa del Migrante en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
El objetivo aparente: robar una suma de dinero que se encontraba dentro de la casa parroquial; sin embargo, tras la revisión de los hechos acontecidos, el uso excesivo de la fuerza mostrada por los agresores, evidencia lo que podría ser, en medio de un contexto nacional de violencia en contra de quienes realizan acciones humanitarias para la población migrante, un acto de intimidación y hostigamiento por la labor que desempeñan, más allá de un delito del fuero común; así lo confirma Heriberto Vega encargado del área de investigación del albergue. No obstante, no se ha garantizado la seguridad y la vigilancia de la Casa del Migrante.
Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), así como, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunciaron solicitando a las autoridades en el estado la implementación de medidas cautelares que permitan salvaguardar la vida y seguridad del presbítero, sus colaboradores y familiares. Además, demandaron a las mismas, llevar a cabo una investigación sobre los hechos con un enfoque diferenciado; es decir, atendiendo los protocolos y directrices de investigación en los casos de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos.
Por su parte, el Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE) se pronunció en contra de los acontecimientos y demandaron a las autoridades de justicia en el estado de Jalisco que, “el caso sea analizado en un contexto de violencia y criminalización hacia personas defensoras”.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
“… las y los defensores de derechos humanos (DDH) que trabajan con personas migrantes enfrentan criminalización, agresiones, arrestos, deportaciones, detenciones, interrogatorios, intimidación, son vigilados de forma digital y son hostigados por realizar labores humanitarias y de acompañamiento en las rutas migratorias de la región” precisa entre sus hallazgos el informe Defensores sin muros: personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos realizada entre abril y agosto de 2019 por Front Line Defenders (FLD); el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT).
De acuerdo con el informe presentado durante el mes de septiembre, “dichos ataques forman parte de un amplio esfuerzo gubernamental transnacional para frenar la migración”; contexto del que no ha permanecido exentas las y los defensores en el estado de Jalisco. Entre los casos documentados por estas organizaciones se encuentra el de Sor Bertha López, de la congregación de las Misioneras del Cristo Resucitado quienes se involucraron en la repartición de comida a personas migrantes centroamericanas que llegaron al estado de Jalisco en el contexto del éxodo migrante. a pie a un parque público en Tlaquepaque, Jalisco.
Según narra este informe “mientras ella estaba ahí (ofreciendo comida a las personas migrantes), una camioneta sin placas se acercó y un individuo salió y se dirigió hacia las misioneras. Se identificó como un empleado de la Secretaría de Gobernación y Protección Civil Federal. Acompañado por oficiales de la policía federal, comenzó a interrogar a las misioneras sobre su trabajo y su organización. Los oficiales sacaron fotos y video de las religiosas sin su consentimiento y el individuo les ordenó que dejaran de ofrecer ayuda humanitaria. Sor Bertha y su congregación continuaron con su trabajo. Al siguiente día, mientras acompañaban a personas que se dirigían hacía el estado de Nayarit, la misma persona la llamó por teléfono y la amenazó, a pesar de que Sor Bertha no había dado su número telefónico”.
Así mismo, en enero de 2019, las autoridades migratorias detuvieron durante nueve horas a la co-directora de la organización Al Otro Lado, Nora Philips, dentro del aeropuerto de Guadalajara, mientras le esperaban su hijo y esposo. Al Otro Lado, reúne a un grupo de abogados, abogadas y voluntarios en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, quienes ofrecen sesiones informativas para personas migrantes sobre su derecho a solicitar asilo.
Mapa: Defensores sin muros: personas defensoras de derechos humanos criminalizadas en Centroamérica, México y Estados Unidos
El Refugio Casa del Migrante: 24 de octubre, un ataque desproporcionado
“En primer lugar, no hubo resistencia, nadie estaba armado y, en segundo lugar, el robo en cierta forma fue menor de lo que podrían haber robado. En ese sentido, nosotros consideramos que hay por lo menos elementos para sospechar más como un acto de intimidación que, como un robo en sí mismo” expresa Heriberto Vega, coordinador del área de investigación de El Refugio Casa del Migrante, respecto a los hechos del pasado 24 de octubre.
A través de un comunicado, esta casa de asistencia humanitaria y jurídica para personas migrantes y refugiadas en el municipio de Tlaquepaque en el estado de Jalisco, denunció el pasado viernes, haber sido víctima de una serie de “agresiones diferenciadas” que atentaron tanto en contra de su patrimonio, como de la seguridad e integridad física de su fundador y colaboradores.
Todo comenzó por la mañana del jueves 24 de octubre con una llamada de extorsión telefónica en la cual “se indicaba que el Padre Alberto había sufrido un accidente” y, por lo tanto, se les pedía que entregaran una cantidad de dinero que “se tenía para gastos de construcción” a un supuesto sacerdote. El dinero fue entregado a la persona; sin embargo, advierten en su comunicado “cuando el padre Alberto llegó se dieron cuenta que había sido un robo a través de una falsa notificación”.
Más tarde, alrededor de las 10:00 p.m. mientras el sacerdote Alberto Ruiz se encontraba dentro de la casa parroquial junto con su madre y algunas religiosas, “una pareja se acercó a solicitar un servicio religioso”; así que, tras salir a ofrecer el servicio narran en el comunicado “el varón lo empujó, lo encañonó y tras él ingresaron cinco hombres jóvenes más, armados” quienes le encañonaron, sometieron y golpearon mientras revisaban uno de los cuartos del cual extrajeron un sobre con 20 mil pesos:
“Independientemente del móvil, la manera en la que se dio este último ataque fue desproporcionado; es decir, el padre normalmente vive con su mamá, esa es una cosa sabida por la colonia, ellos dos están solos. Coincidió que estaban ahí las hermanas religiosas que colaboran en el albergue y por eso es que había más gente, eran cuatro religiosas y la mamá del padre. Esas personas, eran seis personas armadas, las seis; el agresor directo iba con la cara descubierta. Lo que refieren las hermanas es que tenía una pistola mucho más grande; es decir, el sometimiento es excesivo porque el padre no ofreció ninguna resistencia. Lo amagó, lo golpeó, le puso el pie en el cuello, lo siguió golpeando a patadas, con la cacha, cuando no había ninguna resistencia y luego finalmente se llevaron un sobre con dinero”, advierte Heriberto Vega.
En ese sentido, señala que, si bien, se habían documentado una serie de eventos contra las personas migrantes –que se consideraban hechos aislados producto del contexto de inseguridad estatal- no se habían perpetrado agresiones directas en contra de El Refugio. Haciendo una revisión, han conseguido identificar que en la última semana han sufrido una serie de agresiones que culminaron con este ataque hacia el padre en su propio domicilio:
“No habíamos tenido ese nivel de violencia y de agresión aquí en el albergue y en el contexto de la parroquia… Ahora que hemos estado haciendo el recuento, nos damos cuenta que sí nos habían reportado alguna vez las personas migrantes que habían tenido algún tipo de agresión, alguna corretiza ocasional en camino acá al Refugio. Algunos de los colaboradores y colaboradoras nos habían reportado algún asalto de camino al albergue sin que hubiera pasado a mayores consecuencias, pero lo habíamos tomado como casos aislados”, relata el también encargado del área de investigación del albergue.
Esta última semana, reitera Heriberto, comenzaron a registrar los testimonios de personas migrantes quienes aseguraban haber sido víctimas de persecución por sujetos armados, incluso, durante el mismo día en el que se cometieron las agresiones hacia el presbítero Alberto Ruiz:
“Fue prácticamente la última semana que vimos un notable incremento porque junto con ello, personas migrantes, incluso, el mismo día que el padre tuvo este altercado, algunas personas migrantes llegaron corriendo en la madrugada porque los venían persiguiendo a punta de pistola. Previamente eran casos aislados y los ubicamos como delitos comunes de la ciudad misma… Aunque en la última semana empezamos a detectar como un aumento acciones reiteradas de violencia, que asiladas no le dábamos mucha importancia, pero ya haciendo este recuento, podemos vincular y nos hace pensar en la necesidad de tener mayor seguridad para nuestro trabajo”.
Una agresión contra defensores de migrantes tomada a menos
Como un “robo simple”, señala Heriberto, así fue consignado en la denuncia que interpusieron ante el Ministerio Público. Si bien, ha habido disposición de parte de las autoridades en el estado como el Fiscalía de Derechos Humanos, la Subdirección de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) la mala praxis en la toma de la declaración ministerial por parte de los funcionarios dificultó en un primer momento la incorporación a los mecanismos de protección para defensores en el ámbito federal. Y es que, esta situación, explica, los obligó a tener que ampliar la denuncia para que, quedara de una vez asentado que se trató de una agresión con violencia y no, como un delito del fuero común:
“la dificultad es que, cuando se revisó la declaración que tomaron de parte del Ministerio Público, la declaración aparecía como robo simple, entonces, al colocarlo como un robo simple no puede proceder todo el mecanismo de protección; entonces, se tuvo que hacer una ampliación de la declaración para que se quedara bien asentado que fue una agresión con violencia, que eso no había quedado registrado” sentencia.
Aunado a ello, los procesos de peritaje carecieron de exhaustividad, ya que, por un lado, se manifestó de parte de los peritos y el Ministerio Público que no se habían encontrado huellas, e incluso, que la única existente “era ilegible”; y, por el otro, pese a que podría haberse indagado más sobre los agresores por medio de retratos hablados, esto no sucedió.
Por lo tanto, la exigencia de quienes colaboran y trabajan diariamente en esta casa para ofrecer ayuda a la comunidad migrante en tránsito, refugiada e, incluso, connacional retornada al país, ha sido, que se les garanticen medidas cautelares y de protección para el resguardo de su seguridad y vida. Sin embargo, advierte Heriberto, tras el altercado y tras haber sido obligados a ampliar su declaración –dadas las deficiencias de los funcionarios-, las labores de vigilancia y rondines que ofreció el municipio de Tlaquepaque a través de su policía, fueron intermitentes y no constantes o contundentes:
“Entonces bueno, se hizo la extensión de la declaración y con base en ello, lo que se tuvo un primer momento el sábado y se supone se tiene, es que se implementarían rondines por parte de la policía de Tlaquepaque. Sin embargo, el día domingo a partir de las 2:30 de la tarde dejaron de venir, fue hasta el lunes por la mañana que regresaron. Entonces lo que requerimos es que sea constante y no intermitente la seguridad, justo previniendo otra situación. Lo que queremos es que se inhiba la posibilidad de otra agresión”.
De aquí, explica, la necesidad urgente de que la autoridad en el estado responda de manera proporcional a la magnitud de los hechos y frente a las posibles consecuencias que podría tener su no reacción “uno esperaría que no tendría que tratarse de un defensor de los derechos humanos para que la fiscalía actuara en una investigación de manera correcta” … Más aún, señala Heriberto, cuando las labores que se realizan dentro de El Refugio corresponden a iniciativas de la sociedad civil que tendrían que estar desarrollando el Estado:
“lo único que nosotros esperaríamos es tener seguridad en el trabajo y que las autoridades correspondan, acepten y valoren esta labor que se realiza desde la sociedad civil; y se proteja a quienes están haciendo esta labor, tanto es defensor de derechos humanos el que se presenta ante los juzgados como la persona que hace de comer o que nos ayuda con el aseo, todos son defensores”
Equipo de colaboradores de El Refugio y al centro sacerdote Alberto Ruiz Pérez. Foto: El Refugio Casa del Migrante.
Mecanismo de Protección y Medidas Cautelares
Ante los eventos violentos, El Refugio Casa del Migrante solicitó la emisión e implementación de medidas cautelares, mismas que fueron otorgadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); en el comunicado emitido por las dependencias se señala la preocupación sobre estos hechos, no sólo sobre el daño patrimonial e, incluso, sobre “la integridad e intimidad” de quienes colaboran en la organización, sino, alrededor de un posible acto que “pretenda inhibir su labor como defensores de derechos humanos”.
Con ello, reconocen que “actualmente, las y los defensores de derechos humanos enfrentan riesgo y vulnerabilidad” desarrollando su labor y vocación. De esta manera, solicitan a las autoridades competentes en el estado implementar “las medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de los colaboradores del albergue, así como sus instalaciones” y con ello, “que se indaguen tales hechos con un enfoque diferenciado, atendiendo protocolos y directrices de investigación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos”.
En cuanto a la posibilidad de acceder al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, señala Heriberto, aún se encuentran llevando a cabo los procedimientos protocolarios y burocráticos que permitirían acceder a las medidas de protección. Aunque, reconoce, la coordinación ejecutiva de atención inmediata del Mecanismo entró en contacto con los colaboradores a la brevedad.
Por su parte, el Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE) emitió un pronunciamiento de solidaridad con El Refugio y urgieron que se “brinde protección al Padre Alberto, sus familiares y el equipo de personas en este espacio de ayuda humanitaria”. Así mismo, demandaron que las investigaciones sobre el caso, de parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, “tengan perspectiva de derechos humanos y se tome en cuenta la labor que las personas afectadas realizan en materia de defensa y promoción de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y no se tipifique –el evento- como un delito del fuero común”.
Incluso, exhortaron a las autoridades estatales a analizar los hechos del pasado 24 de octubre, como parte de “un contexto de violencia y criminalización hacia las personas migrantes”.
Compartimos el pronunciamiento del Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE) ante los sucesos del pasado 24 de octubre
Agradecemos también la solidaridad que han mostrado las casas de migrantes, los medios y la sociedad civil para visibilizar esta agresión #RT pic.twitter.com/pdsTjSewad
— Red Indignada (@RedIndignada) October 29, 2019
Las labores continúan
Es un hecho, refiere Heriberto, causaron un daño al patrimonio de la casa del migrante, pues, parte del dinero que sustrajeron era para el pago de los colaboradores y otra, para la construcción de un nuevo espacio para la asistencia de personas a las que se les ha concedido la condición de refugiados. Sin embargo, las labores continúan y advierte “no nos van a detener”.
El Refugio Casa del Migrante lleva a cabo labores de asistencia humanitaria para personas migrantes desde el año 2012; con el paso del tiempo, en el 2017, el albergue que antes fungía como casa para personas con adicciones, fue rehabilitada convirtiéndose El Refugio, un espacio para el acompañamiento de personas migrantes, refugiadas y retornadas.
Si deseas ayudar a esta casa del migrante con recursos materiales, humanos o económicos, te compartíamos sus formas de contacto:
- Domicilio: Constitución 350 Col. Cerro del 4, entre Melchor Ocampo e Ignacio Mejía, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco.
- Teléfono: +52 (33) 36751475
- Facebook: El Refugio Casa del Migrante
