A través de un comunicado El Refugio Casa del Migrante, centro de asistencia humanitaria para personas migrantes y refugiadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara en el estado de Jalisco, denunció que el pasado 24 de octubre se perpetraron una serie de agresiones diferencias en contra del sacerdote, Alberto Ruiz Pérez, director de El Refugio y sus colaboradores.
El Refugio Casa del Migrante exige que este caso sea atendido por la Fiscalía General del Estado de Jalisco como una agresión a defensores de derechos humanos y, por lo tanto, demandan que se implementen medidas de protección para el sacerdote Alberto Ruiz Pérez, sus familiares y el equipo de colaboradores.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
El Refugio Casa del Migrante, denunció a través de un comunicado las agresiones sufridas al interior de la casa de asistencia y en contra de su director y fundador, el sacerdote, Alberto Ruiz Pérez, el pasado 24 de octubre.
Tras lo ocurrido, expresa el documento público en las redes sociales de El Refugio Casa del Migrante, “estos hechos deben ser considerados como una agresión directa y certera al equipo… como personas defensoras de los derechos humanos de los migrantes”.
Si bien ya se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, las y los integrantes de esta casa de asistencia para personas migrantes y refugiadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, piden que las autoridades en el estado “atiendan este caso no como un delito del fuero común” sino, “en el contexto de una agresión a defensores de derechos humanos para persona migrantes”. Así mismo, exigen que se provean medidas de protección para el padre Alberto, sus familiares y demás colaboradores de El Refugio Casa del Migrante.
El documento va dirigido a distintas dependencias y funcionarios federales, estatales y municipales, entre ellos: a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas; al Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, al Fiscal General del Estado, Gerardo Octavio Solís; así como al Subsecretario de Derechos Humanos del Estado, Gerardo Ballesteros; al Comisionado Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón; y a la alcaldesa de municipio de Tlaquepaque, María Elena Limón García.
De acuerdo con el comunicado, todo comenzó con una extorsión telefónica en la cual “se indicaba que el Padre Alberto había sufrido un accidente” y, por lo tanto, se les pedía que entregaran una cantidad de dinero que “se tenía para gastos de construcción” a un supuesto sacerdote. El dinero fue entregado a la persona; sin embargo, advierten en el texto “cuando el padre Alberto llegó se dieron cuenta que había sido un robo a través de una falsa notificación”.
Más tarde, cerca de las 10:00 p.m. mientras el sacerdote Alberto Ruiz se encontraba dentro de la casa parroquial, “una pareja se acercó a solicitar un servicio religioso”, en ese momento también estaban cerca algunas religiosas que se encargan del cuidado de la madre del sacerdote.
En la narración de los hechos explican que, cuando el sacerdote salió a ofrecer el servicio “el varón lo empujó, lo encañonó y tras él ingresaron cinco hombres jóvenes más, armados”. Éstos sometieron al padre, apuntándole con la pistola y golpeándolo; el resto de las personas que se encontraban dentro de la casa también fueron amagados.
El atentado no se detuvo ahí, exponen, pues el grupo de sujetos se dirigió a una de las habitaciones donde presuntamente se encontraba un sobre con $ 20, 000.00, los cuales fueron robados; los agresores huyeron poco tiempo después.
Luego de interponer la denuncia correspondiente y demandar medidas de protección para quienes fueron agredidos, colaboradores (as) y demás miembros del equipo, El Refugio Casa del Migrante, continúa ofreciendo sus servicios a las personas migrantes y solicitantes de refugio.
Aquí el comunicado:
