La recomendación 25/2019 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, señala que tras la revisión de 73 quejas relacionadas con la desaparición de 84 personas se encontraron los indicios necesarios para señalar que diversos elementos de las policías municipales y estatales de Jalisco participaron de manera directa en la desaparición de nueve personas.
Por Darwin Franco/@darwinfranco
Fotografías: Itzel Ximena Torres /@ximena_tra y Fernanda Lattuada /@MariferLattuada
Aunque históricamente diversas administraciones de Jalisco han negado la existencia de desaparición forzada entre las más de 8 mil 865 indagatorias por desaparición de personas que tienen vigentes; la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) señaló en su recomendación 25/2019, la participación de elementos del estado en la desaparición forzada de nueve personas entre los años 2003 y 2018.
Este señalamiento se desprendió del análisis de 73 quejas interpuestas por familiares de 84 personas desaparecidas (77 hombres y siete mujeres); si bien, en su investigación se desprende que en todos los casos se evidenciaron “acciones poco efectivas para la localización de sus seres queridos; nulos avances de investigación para dar con los responsables y dilación de la justicia”; en sólo 20 casos se halló responsabilidad directa de funcionarios públicos quienes ahora son presuntos culpables de desaparición forzada.
En el desglose de estos 20 casos:
- 8 quejas responden a la intervención de elementos de la Fiscalía General del Estado.
- 3 por elementos de la policía municipal de Tonalá.
- 1 por elementos de la policía de Guadalajara.
- 1 por elementos de la policía de Tlaquepaque.
- 1 por elementos de la policía de Autlán de Navarro.
- 1 por elementos de la policía de Tecalitlán.
- 1 por elementos de la policía de San Miguel El Alto
- 1 por elementos de la policía de Tecolotlán
- 1 por elementos del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos,
- 1 de policías del Estado
- 1 de personal de la Secretaría de Marina.
Además, la CEDHJ precisó que en cuatro casos hallaron elementos típicos de la desaparición forzada de nueve personas; el primero atribuido a un mando de la policía de Tlaquepaque; el segundo, a policías de Autlán de Navarro; el tercero, a policías de Tecalitlán; y el cuarto a policías de Guadalajara.
Sobre las características de estas víctimas de desaparición forzada se informó que el rango de edad con mayor registro se ubica entre los 25 y 29 años. En dos casos la edad menor corresponde a los 17 años y en ambos fueron mujeres, mientras que la edad mayor es de 73 años.
La mayoría de estas personas al momento de su desaparición eran estudiantes (seis casos); taxistas (cuatro casos); empleados (tres casos) o laboraban como: conductor de tráiler, repartidor de pizzas, albañilería o profesiones como abogacía y psicología. En las víctimas también se encontraban un exmilitar y un expolicía. Lamentablemente, de estas personas ocho fueron localizadas sin vida. El resto, 76 personas, no han sido localizadas.
En General, la CEDHJ determinó que las 84 personas desaparecidas contenidas en sus 73 quejas sufrieron de parte de las autoridades de Jalisco una multiplicidad de violaciones, ya que:
“las autoridades no mostraron capacidad institucional que impidiera la consumación de la desaparición y posteriormente se presentaron ineficientes o nulas acciones de búsqueda y de procuración de justicia”.
Casos de desaparición forzada
En el desglose de la recomendación 25/2019, la CEDHJ señaló que en cuatro casos “existen señalamientos de participación de servidores públicos en la desaparición de personas”; éstas se le atribuyen a un mando de la policía de Tlaquepaque; a policías de Tecalitlán, Autlán de Navarro y Guadalajara.
Tlaquepaque
En el caso de Tlaquepaque; el 15 de junio de 2017 se denunció que elementos de la Policía Investigadora del Estado, se habían llevado a su hijo junto con dos compañeros y un cliente del taller mecánico en donde trabajaba, ubicado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
“Los policías municipales de Tlaquepaque atendieron el reporte, pero un mando les ordenó que normalizaran su vigilancia y que acudieran a otro servicio, aduciendo que habían verificado las placas de circulación reportadas y pertenecían a un vehículo de la Fiscalía Estatal, lo que no fue así”, señala la CEDHJ.
Tecalitlán
Raffaele y Antonio Russo, así como Vicenzo Cimmino fueron desaparecidos de manera forzada el 31 de enero de 2018 por policías municipales de Tecalitlán; quienes confesaron haber entregado a los extranjeros a la delincuencia organizada.
En su caso, la CEDHJ precisó que:
“se acreditó que los entonces policías del Ayuntamiento de Tecalitlán tuvieron una participación directa en la desaparición, y presumiblemente también quien se desempeñaba como director de la citada corporación policial (…); así mismo se acreditó la participación de una mujer policía estuvo encargada de las radiocomunicaciones en la comandancia de Tecalitlán y recibió el reporte de uno de los familiares de los ciudadanos italianos desaparecidos. En la carpeta de investigación se señala que la servidora pública hizo del conocimiento de sus compañeros el reporte, escuchó a su vez los reportes generados, y dolosamente ocultó al familiar la retención o revisión hecha por los policías a las personas que buscaba”.
Por estos hechos, el 23 de febrero de 2018, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas solicitó la orden de aprehensión en contra de los policías involucrados, por su participación desaparición forzada de personas. A todos los señalados se les vinculó a proceso por ese delito, y se les impuso un año de prisión preventiva.
Autlán de Navarro
El 1 de febrero de 2018, José Meléndrez Pineda, José Juan Santos Meléndrez, Juan Meléndrez Luna y José Ángel Meléndrez Luna fueron detenidos por elementos de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública de Autlán de Navarro. Los policías que descendieron de las patrullas con número oficial SP46 y A48, se los llevaron y eso fue lo último que se supo de ellos.
Al respecto, la CEDHJ precisó que hay evidencia para:
“acreditar que las patrullas señaladas sí pertenecen a la Comisaría de Autlán de Navarro y que el día de los hechos estaban en servicio, esto lo informó el propio director de esa dependencia. No obstante, en su informe de ley los elementos policiales dijeron desconocer los hechos”.
Guadalajara
El 23 de agosto de 2018, una mujer señaló que su esposo había sido detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara en la colonia San Marcos, en Oblatos; sin embargo, a éste no se le presentó, registró ni llevó a ninguna de las oficinas de esta corporación policial.
Por consecuencia, la CEDHJ investigó el caso encontrando que:
“los elementos policiales tuvieron bajo custodia al ahora agraviado dentro de la patrulla, le tomaron sus datos generales e informaron verbalmente al personal de Fiscalía del Estado tenerlo retenido; después los elementos de fiscalía les indicaron que no había relación del detenido con alguna conducta delictiva, se ordenó que lo dejaron en libertad; sin embargo, en lugar de liberarlo ahí mismo, se lo llevaron en la patrulla a otro lugar, sin haber reportado en el informe policial homologado el registro de su detención y la supuesta liberación en lugar distinto al de los hechos, ni exhibieron ninguna constancia de su libertad”.
Sobre la denuncia de desaparición forzada de los tres estudiantes del CAAV: Jesús Daniel Díaz García, Javier Salomón Aceves Gastelum y Marco Francisco García Ávalos, a quienes presuntamente se llevaron policías municipales de Tonalá; la CEDHJ señaló que no tiene indicios para señalar la posible comisión de desaparición forzada, aunque sí señalaron que diversos integrantes de este corporativo policíaco sí fueron omisos en dar seguimiento a la denuncia telefónica que se generó tras la desaparición de los tres jóvenes.
Las recomendaciones
Como consecuencia de estas violaciones a los derechos humanos, la CEDHJ recomendó, principalmente a la Fiscalía General de Jalisco, así como a las policías municipales señaladas lo siguiente:
- Establecer medidas de no repetición.
- Diseñar y ejecutar un plan especial para la prevención e investigación de los delitos previstos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
- Gestionar la dotación de mayores recursos humanos y materiales para fortalecer las áreas de investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas.
- Continuar con la integración e investigación de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que se iniciaron con motivo de la desaparición de las personas cuyas quejas motivaron la recomendación, esto con el fin de que se esclarezcan los hechos, se identifique a los autores materiales e intelectuales y se sometan al procedimiento respectivo.
- Garantizar el acceso a las familias y víctimas indirectas de las personas desaparecidas a las investigaciones y que puedan participar activamente en estas, aportando información en los términos de las leyes, estableciendo las medidas preventivas necesarias para evitar que sufran una victimización secundaria.
- Garantiza la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas con apego al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense y otros instrumentos normativos, priorizando la localización con vida, generar hipótesis y proponer las acciones para confirmarlas o desecharlas, así como evaluar constantemente la posibilidad de nuevas líneas de investigación.
- Fortalecer los mecanismos de comunicación, mediante un lenguaje claro y accesible con familiares de las personas desaparecidas, con el fin de que estos estén informados de manera oportuna y veraz de las acciones que se estén llevando a cabo para localizar a la persona desaparecida.
En Jalisco, actualmente, existen 8 mil 865 personas que no han logrado regresar a casa, lo cual hace que el estado ocupe el segundo lugar en desapariciones en el país, tan sólo por debajo de Tamaulipas.
Hasta el momento, las diversas instancias señaladas por la CEDHJ señalaron que atenderían las recomendaciones; sin embargo, no se han anunciado ni detenciones ni el inicio de procesos administrativos para determinar la responsabilidad de los presuntos responsables de la desaparición forzada de nueve personas.
