Detenido y confeso, pero sin sentencia, así permanecerá el feminicida de Betsabé García luego de que su defensa no asistiera a la primera audiencia pública sobre el caso, el pasado 12 de agosto en el Juzgado Séptimo de Puente Grande, Jalisco. La familia de la joven ha acusado a los abogados de “dilación intencional del proceso judicial” pues, esta inasistencia posterga y obstruye una vez más su acceso a la justicia de las víctimas.
Mientras tanto, en Jalisco, las sentencias condenatorias por el delito de feminicidio llegan tarde, son “ridículas” y carecen de perspectiva de género, acusa Alejandra Cartagena, abogada coadyuvante del caso y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en México. Denuncia que los jueces a cargo, están dictando sentencias condenatorias por debajo de la pena mínima (25 años) a los responsables de este delito.
Por Dalia Souza / DalhiaSouza
Foto portada: Cortesía Alejandra Cartagena
El pasado 12 de agosto, familiares, amigos y seres queridos de Betsabé García, acudieron al Juzgado Séptimo de Puente Grande, Jalisco para presenciar lo que sería la primera Audiencia Pública para el desahogo de pruebas sobre su feminicidio. Sin embargo, explica Alejandra Cartagena, abogada del caso y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en México, ésta no se llevó a cabo porque el abogado de José Alberto “N”, su ex pareja, padre de sus cinco hijos y su también feminicida, no acudió a la cita, pese a que fue notificado.
Durante esta primera audiencia, advierte la abogada, debía llevarse a cabo el desahogo de las pruebas presentadas por la defensa de José Alberto “N”, así como, las ofrecidas por la coaduyavancia y por el Ministerio Público; además las diligencias para la ratificación de los dictámenes que aparecen en el expediente de investigación.
La inasistencia de la defensa y de los testigos, quienes también fueron notificados para presentarse a la audiencia, manifiesta Alejandra Cartagena, dilata de manera intencional el proceso judicial, con el único objetivo de “cansar a las familias” para mantenerlas “en un proceso eterno” y de nulo acceso a la justicia. Por esta razón, expone la experta, solicitaron al juez lleve a cabo las sanciones pertinentes:
“A nosotros nos parece que es una argucia de los abogados no ir a las audiencias para dilatar estos procesos y cansar a las familias. Finalmente, lo que nosotras solicitamos al ministerio público es que se hiciera por escrito, se solicitara al juez y se llevaran a cabo las medidas de apremio, tanto en contra del abogado como de los testigos”.
Esta situación no es nueva para los padres de Betsabé García, quien fue asesinada por su ex pareja y padre de sus cinco hijos, el día 9 de septiembre de 2015. Según explica la abogada, luego de que éste permaneciera como prófugo por más de tres años, fueron sus familiares -y no la Fiscalía General del Estado- quienes dieron con su paradero a inicios del año 2019 en Ciudad Guzmán, Jalisco.
“Son las familias quienes al final del día tienen que presionar y estar ahí para tener un poquito de justicia”, sentencia Cartagena. De aquí que las familias denuncien una vez más, la dilación y la obstrucción del acceso a la justicia tras los feminicidios de sus hijas.
En el caso particular de Betsabé, advierte Cartagena, es inaudito que a casi cuatro años de su asesinato y con su feminicida detenido y confeso, se busque demorar más los procesos:
“Tenemos un retraso por esta circunstancia y porque estuvo prófugo y nadie lo buscó. Después de más de tres años tenemos a este hombre detenido, tuvo una declaración preparatoria donde acepta que mató a Betsabé y además manifiesta cómo es que la mata. Es un feminicida confeso. Nosotras esperamos que se lleven a cabo lo antes posible las siguientes audiencias que ya estaban citadas para el lunes, para que pronto la familia tenga un poquito de justicia”.
Aunque el proceso judicial pareciera terminar tras obtener una sentencia, señala Alejandra Cartagena, esto no sucede así porque los feminicidas suelen apelar a su condena; por ello, precisa, es urgente que el Juez Séptimo de Distrito, lleve a cabo “una sentencia con perspectiva de género y derechos humanos”.
Sentencias ridículas y sin perspectiva de género
Brenda Panuco y su abuela fueron violentamente agredidas a martillazos en octubre de 2015 por uno de sus vecinos en la colonia Del Carmen, en Guadalajara; Brenda murió aquel día y su abuela un año después producto de las lesiones. Sin embargo, el juez del caso decidió que su feminicida debía cumplir con una pena de 25 años y tres días.
De acuerdo con lo documentado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y por el Colectivo de Familias Unidas contra los Feminicidios en Jalisco, hay 23 sentencias por este delito en el estado; sin embargo, la mayoría de contemplan penas por debajo de la pena mínima estipulada en el Código Penal local.
“Estamos viendo es que los jueces no están haciendo su trabajo… Es una obligación de los jueces juzgar con perspectiva de género y no lo están haciendo; tenemos sentencias ridículas de 25 años, ni siquiera los mínimos, porque el propio artículo 41 del Código Penal especifica que cuando se trata de delitos de violencia de género contra las mujeres se va a aumentar una tercera parte más la pena. Osea (sic) que, si estamos hablando por lo menos de los mínimos, la sentencia mínima para estos feminicidas debería de ser cuando menos de 32 años”.
Si bien, el artículo 232-Bis del Código Penal del estado de Jalisco, establece que, “se impondrán de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión a la persona que cometa el delito de feminicidio”, de acuerdo con la experta, el artículo 41 de la misma normativa refiere que “en los delitos que por cuestiones de género sean cometidos en agravio de mujeres se aumentará la pena privativa de la libertad en una tercera parte”.
Juzgar con perspectiva de género, señala Cartagena, no sólo implica ceñirse al código reglamentario o emitir sentencias a partir de “machotes”; es imprescindible que las y los jueces realicen un análisis exhaustivo de los antecedentes, revisen las carpetas de investigación o expedientes y con ello, sienten un antecedente que ofrezca en Jalisco, sentencias a favor de la justicia y los derechos humanos de las mujeres:
“Si no tenemos sentencias con perspectiva de género, al final del día, esto que hacen los jueces es favorecer a los agresores, qué nos dice esto: finalmente se traduce en impunidad. Que no nos extrañe que las mujeres estamos siendo asesinadas, desaparecidas, violentadas y no pasa nada, porque tenemos jueces que siguen resolviendo desde la ignorancia, desde el machismo y finalmente ahí están las consecuencias”.
Sólo el caso de Imelda Virgen, primer caso de feminicidio reconocido en Jalisco, cuenta con una sentencia condenatoria de 50 años para el agresor; un logro obtenido por las familias y por CLADEM; no obstante, Alejandra Cartagena advierte que la Segunda Sala de Juzgado Décimo Cuarto repuso el proceso y, por lo tanto, se encuentran a la espera de que el juez a cargo -Carlos Fregoso- dicte una sentencia con perspectiva de género.
La crítica y el llamado es contundente para las y los jueces que están a cargo de sentenciar a estos agresores feminicidas, manifiesta la abogada:
“Lo interesante es que estos jueces participan en foros donde se habla de perspectiva de género y de derechos humanos y en la práctica o no tienen conocimiento o les atraviesa el machismo”.
Jalisco invisibiliza la violencia feminicida
De acuerdo con el anuncio de la subsecretaria de Acceso a Mujeres para una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de Igualdad sustantiva, María Elena García, de enero de 2019 a la fecha, se han registrado 154 homicidios violentos en contra mujeres en el estado de Jalisco, de los cuales, sólo 23 son feminicidios.
A decir de CLADEM, estas cifras divergen de la realidad y evidencian la labor de invisibilización de la violencia feminicida que enfrenta el estado:
“Siguen invisibilizando la situación de violencia feminicida que hay en el estado y por lo cual entendemos porque no tenemos política pública de prevención de la violencia y acceso a la justicia de las mujeres cuando las autoridades lo continúan negando”.
Hasta el día de hoy, la organización documenta 156 muertes violentas de mujeres y de éstas 123 han sido un feminicidio.
Familia y compañeras de Betsabé tras la audiencia (Foto: Cortesía Alejandra Cartagena).
