En 2018, Jalisco registró 2 mil 919 víctimas de homicidio doloso. Con ello se alcanzó una tasa de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por encima de los 29 de la media nacional y de las 10 muertes que pone como máximo la Organización Mundial de la Salud para considerar que existe una “epidemia de violencia”.
Sin embargo, lo que encendió las alarmas de quienes analizan estos acontecimiento violentos es el incremento de las balas. De acuerdo con las recién estructuradas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los asesinatos por arma de fuego en Jalisco fueron la principal causa de muerte en 2018.
¿De dónde provienen todas estas armas? ¿Quién debería de regular su portación, control y registro? ¿Qué pasa con todas las armas que son confiscadas por las autoridades y qué sucede con las personas a las que se les detiene llevando armas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas?
Este reportaje explora la correlación entre el aumento de los homicidios dolosos y el incremento de armas en Jalisco.
Por Jonatha Ávila / Periodista y Editor en @RSurGlobal | @joonathanag
En el último año ha habido una mayor presencia de hechos violentos en los espacios públicos cotidianos de Jalisco. El más reciente y con mayor cobertura fue el ocurrido en Plaza Galerías, donde las informaciones hacen reflexionar sobre la reiterada utilización de armas a nivel local y la presencia de sujetos en lugares públicos fuertemente armados; vulnerando a la población en general.
Las autoridades de Jalisco han intentado minar la magnitud y preocupación de estos hechos, pero su atribución a los grupos criminales ha causado más suspicacias que certezas a la hora de preguntarse qué hacia un “jefe de sicarios” juzgado previamente y cuyo apelación a su sentencia de prisión en el Altiplano fue ganada por sus abogados a finales de 2018.
Eso es lo que ahora sabemos de lo ocurrido en Plaza Galerías, el asesinato de Martín Arzola Ortega, alias El 53, quien fuera supuesto blanco de Bryan Alexander, un presunto sicario de 17 años, y que también fue abatido en ese momento.
El joven entró en el lugar y se dirigió directamente al jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación y le disparó en la cabeza. Más allá de las versiones oficiales que ahora señalan el acto como parte del conflicto entre grupos criminales, lo que se pone de manifiesto es el número de personas armadas en un espacio público, ya que Bryan Alexander fue abatido, según los testimonios, por un tercero en la escena: el escolta de esposa del gobernador de Nayarit.
“Este episodio de sangre, uno más entre los miles que se producen en el país desde hace años, deja varias reflexiones sobre la mesa. La primera es que en México hay un peligro de muerte real para miles de personas que ni la deben ni la temen pero que pueden ser alcanzadas en cualquier instante”.
Así lo describió este lunes el escritor tapatío Antonio Ortuño en su columna en El País, donde recalca que estos hechos están lejos de la retórica oficial de los “lugares peligrosos” en los que se encuentra la gente a la hora de ser víctima de la violencia, pues lo ocurrido, agrega, se dio en “una hamburguesería” de un centro comercial a plena luz del día y no precisamente en un “antro de perdición”.
En medio del cruce de datos entre las autoridades de Jalisco y Nayarit, el saldo fue de dos muertos y seis heridos por armas de fuego. Sin embargo, no fue el único hecho violento, a unos cuantos kilómetros de ahí, en el estacionamiento de una plaza entre avenida Patria y Manuel Clouthier, un hombre al que presuntamente se intentaba asaltar murió a balazos.
De continuar con el recuento de los hechos, los asesinatos se suman y suman, pero lo que encienden las alarmas de quienes analizan estos acontecimientos violentos es el incremento de las balas. De acuerdo con las recién estructuradas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los asesinatos por arma de fuego en Jalisco fueron la principal causa de muerte en 2018.
Ese año esta entidad registró 2 mil 919 víctimas de homicidio doloso; con ello, se registra una tasa de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, muy por encima de los 29 de la media nacional y de las 10 muertes que pone como máximo la Organización Mundial de la Salud para considerar que existe una “epidemia de violencia”.
Frente a estos hechos, el periodista Diego Petersen llamaba la atención en su columna de El Informadorrespecto a la cantidad de armas que puede haber en las calles en los contextos actuales de violencia. Al respecto el sociólogo, Luis Astorga, señala que “la violencia es un recurso potencial de cualquier negocio ilegal”, pero su incremento se asocia regularmente a la “disponibilidad de armas de alto poder”.
Las cotidianas marcas de la violencia (Foto: Pixabay).
Asesinatos y lesiones por el uso de armas
La violencia con armas no sólo se evidencia por los asesinatos, como señala en entrevista el académico y defensor de derechos humanos Francisco Macías Medina, sino también por otras agresiones que muestran cómo este tipo de instrumentos se han presentado de forma común en las escenas de violencia a nivel local.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad muestra que en lo que va de 2019 se han registrado 804 víctimas de homicidio doloso con arma de fuego, en 2018 estos casos sumaron mil 566.
Pero también existen otro tipo de agresiones que son menos expuestas en los medios e, igualmente, reflejan la presencia de las armas; las lesiones dolosas con arma de fuego han dejado el saldo de 411 víctimas entre enero y junio de este año, y 795 en 2018.
Sobre estos últimos datos, Francisco Macías Medina recuerda un estudio en el que se relacionaban las lesiones con el incremento de la violencia, a partir de ahí hay una coincidencia entre la venta y los hechos delictivos.Esto, señala, tiene que ver con los medios para poder ejercer esa violencia, y uno de ellos es el tipo de armas y la capacidad.
Pero además advierte de una apertura en los mercados de las armas, donde influyen varios factores en la proliferación de estos instrumentos de violencia. Uno de ellos es la dinámica económica de los grupos criminales, donde se fuerza a que éstos se armen de forma desproporcionada para cuidar las rutas del trasiego de droga.
No es la única forma de medir las dinámicas del uso de armas en los hechos violentos de Jalisco, Francisco Macías Medina también recuerda cómo éstos pueden ser rastreados a nivel de los eventos aislados en donde se hace uso de las armas de fuego, como las lesiones y que son delitos cuya exposición mediática es menor en comparación con las cifras de personas asesinadas.
En comparación con los homicidios, el Secretariado Ejecutivo muestra que en lo que va del año se abrieron 203 carpetas más por lesiones, aunque las cifras sí muestran una mayor presencia de usos de armas violentas en los asesinatos con respecto a las lesiones dolosas.
Ver la influencia de las armas en la cotidianidad en Jalisco rompe con la idea de la proliferación de muertes por el crimen organizado. “El se están matando entre ellos”al que arguyen las autoridades se pone en entredicho por los análisis que ven la conflictividad del uso de armas en hecho menores de violencia, pero que de cualquier forma evidencian a una sociedad que cada día se va armando más.
“También está el otro parámetro, de que es una sociedad (la de Jalisco) que ha estado caminando a pasos agigantados para convertirse en una sociedad violenta al símil de los Estados Unidos. Una sociedad que ante esta falta de protección a su seguridad se ha estado armando”, señala Macías Medina.
Los reportes por detonaciones de armas en las colonias de la metrópoli son cotidianas. Uno de los más recientes fue atendido por la policía municipal de Zapopan en la colonia Francisco Sarabia, donde varias detonaciones entre las calles Francisco Villa y Emiliano Zapata llamaron la atención de los vecinos. Los municipales llegaron y se encontraron con varios casquillos tirados en la calle. No hubo heridos ni asesinados, pero más allá del reporte, los vecinos no quisieron dar más detalles sobre el origen de la balacera.
Un porcentaje importante de la población en la Zona Metropolitana de Guadalajara dice identificar frecuentemente disparos en los alrededores de su vivienda. En promedio, el 44.9 por ciento de la población en los cinco principales municipios metropolitanos dicen haber identificado estas detonaciones, así lo señala Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al segundo trimestre de 2019; es decir, con datos hasta junio de este año. Tonalá es el municipio donde más personas señalaron que frecuentemente escuchan disparos con un 56.4 por ciento de los encuestados.
Sin embargo, estos escenarios no son reconocidos y se incentiva la informalidad de la oferta de armas y la regulación de la población que asume “de forma violenta sus conflictos”; por ello el defensor de los derechos humanos agrega que estos escenarios requieren de otro tipo de intervenciones para limitar el mercado y atacar la venta abierta.
Jalisco se ubica entre los estados con mayor número de registros y decomisos de armas (Foto: Pixabay).
El flujo ilegal y el registro de armas en Jalisco
La entrada ilegal de armas en la vida cotidiana es un factor crítico para la generación de la violencia. Según cifras de la Fiscalía Estatal de Jalisco, entre 2007 y 2018 se han abierto 2 mil 221 carpetas de investigación o averiguaciones previas por el delito de portación de armas y objetos prohibidos; la mayoría de estas carpetas se abrieron entre 2010 y 2012.
Los municipios en los que más portaciones detectó la fiscalía en sus investigaciones son: Zapopan (con 944 carpetas); Guadalajara (611); San Pedro Tlaquepaque (428); Tlajomulco de Zúñiga (42); Tonalá (40); Puerto Vallarta (31); El Salto (13); Ocotlán (10); Tamazula de Giordano (9) y Lagos de Moreno (8).
Pero también se muestra cómo han disminuido las persecuciones locales de 2016 a la fecha. Los datos de la Fiscalía General del Estado muestran que se pasó de abrir 183 investigaciones en 2015 a 35 en 2016. Para el 2017 esta cifra fue de 48; 22 en 2018 y apenas una carpeta en lo que va de 2019.
En contraste, a finales de octubre de 2018, en las instalaciones del 14 Batallón de Infantería en Zapopan, pertenecientes a la V Región Militar, se destruyeron cerca de tres mil armas de fuego, entre cortas y largas. A decir de los oficiales militares, se trataba de armas aseguradas a la “delincuencia organizada” durante 2018 en Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Colima y Aguascalientes.
Ahí se mostraba de su alto número en esta región, pero a lo largo de la llamada “guerra contra el narcotráfico” también se ha detectado que la importancia de su uso local promovió la generación de una industria clandestina en la metrópoli.
En 2014, se aseguraron dos fincas en las colonias Villa Vicente Guerrero y Ex Penal Oblatos, del municipio de Guadalajara donde se producían desde cero rifles AR-15para presuntamente dotar de armamento al CJNG.
Esto es lo poco que sabemos sobre la información ilegal; sin embargo hay filtros legales que muestran también un alto número en cuanto a quienes registran sus armas en las instancias correspondientes. Los artículos 9 y 15 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Uso Exclusivo, señalan que la entidad que regula el movimiento de armas es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que media la venta de armas a las corporaciones de seguridad y otorga los permisos a las personas físicas.
Cifras de la SEDENA, a las que se tuvo acceso por transparencia, muestran que en 2018 el estado de Jalisco registró un total de cuatro mil 354 armas que circulaban por la entidad, de éstas dos mil 978 eran cortas y mil 376 se denominan como largas. En lo que va de 2019 esta dependencia federal da cuenta de mil 467 armas registradas, 874 son cortas y 593 largas.
Con base en los registros de homicidios del INEGI, una amplia mayoría de estos asesinatos con armas de fuego se realizan usando armas cortas; es decir, pistolas y revólveres.
Sin embargo, la SEDENA no aclara en este caso el destino de estas armas o bajo el control de quiénes están, pues esta entidad no da cuenta de las licencias particulares o su especificación dentro del panorama. Frente al alto registro la dependencia señala que no ha habido permisos individuales en Jalisco.
Pero, a decir de la comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la organización Alto a las armas, en el estudio Graves violaciones de derechos humanos: el tráfico legal e ilegal de armas a México, la gran mayoría de las armas que se venden legalmente en México son para las fuerzas policiales de la federación y los estados.
La única entidad mediadora para el comercio de armas en México es la SEDENA, el informe señala que entre 2010 y 2016 esta entidad federal gastó más de 16 millones de dólares y más de 29 millones de euros en la importación de armas.
Sin especificar lo que esto costó a Jalisco, se da cuenta de que esta entidad adquirió 10 mil 15 armas entre 2010 y 2016 por parte de la SEDENA, compradas para dotar de armamento a la policía estatal.
Jalisco fue el quinto estado que más armas adquirió en el periodo mencionado, pero el informe advierte justamente que las armas fueron vendidas a los estados que tenían “el mayor número de enfrentamientos armados y homicidios con armas de fuego perpetrados en el contexto de la guerra contra las drogas”.
Por otro lado, los niveles de violencia y complicidad a nivel local también ponen en evidencia el uso de armas para el intercambio de la influencia entre los criminales y las autoridades. Casos como el de la empresa Heckler & Kochquien mostró que por algunos territorios circularon armas que no debían ser vendidas en esas regiones.
Por alto nivel de violencia y la posible utilización de las armas para dotar de fuerza a los grupos criminales, las autoridades alemanas prohibieron a este empresa vender rifles de asalto G36 en cuatro entidades de México: Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco.
Finalmente,la prohibición se pasó por alto e ingresaron cuatro mil 796 armas de esta empresa a las corporaciones policiales locales de estos estados, pero el caso tuvo resonancia y judicialización a partir de que uno de estos rifles fuera usado en el Caso Ayotzinapa.
Por otro lado, existen preocupantes registros armas que han sido reportadas como extraviadas o robabas, según lo dado a conocer por las entidades. Entre 2010 y 2016, el 4 por ciento de las armas vendidas a policías estatales del país se habían reportado así.La SEDENA reconoce que de las 20 mil 66 armas reportadas bajo este rubro entre 2006 y agosto de 2017, 793 fueron de equipos que circulaban en Jalisco.
Aunado a esto, el CMDPDH muestra que en Jalisco se localizaron el tres por ciento de las armas de fuego compradas en Estados Unidos y recuperadas en México entre 2007 y 2010, lo que puso a esta entidad en el octavo lugar nacional de incautación de armas que entraron al país de forma ilegal. Lo que sigue poniendo el acento de la violencia en la circulación de armas que carecen de un control en el estado.
