#AMEDIJalisco
Por Rubén Alonso/@jrubenalonsog
Ilustración: INAI
Las llamadas leyes de transparencia nacieron con promesas aspiracionales bajo la premisa de a mayor acceso y disponibilidad de información pública, se sentarían bases y condiciones para una sociedad más democrático-participativa, inhibición de la corrupción, rendición de cuentas mejora de la calidad de vida. De 2001, con la primera ley de transparencia en Jalisco, y en 2002, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pasando con reformas constitucionales y la creación de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, han pasado 18 años, y aún las promesas no sólo son aspiracionales, se ha construido un piso multi referencial cargado de claroscuros.
Hagamos un recorrido, resaltando algunas rutas que resultan tramposas.
1) La transparencia se ha referenciado en el número de solicitudes de información. Tanto a escala nacional como en lo local, en cualquier entidad de la república, el número de solicitudes de información ingresadas y atendidas por los sujetos obligados, lo han convertido en indicador de mayor transparencia, se ser más transparente. Los informes de los organismos locales como el nacional (INAI), destacan sus números de solicitudes, sin embargo, esas mismas solicitudes y el incremento anual, pueden leerse como una muestra de mayor resistencia a la apertura, a la disposición libre de información. A más solicitudes, más resistencia. Mientras no se considere qué solicitan y con mayor frecuencia e intensidad, y se traduzca eso en disposición de información proactiva de información, las solicitudes serán la justificación tramposa de ser más transparentes.
2) Los sujetos obligados han apostado más a contar con organismos fuertes en estructura, presupuesto y facultades, que, en diseñar y construir gobiernos, poderes públicos, instituciones públicas, abiertas. Es imperativo construir gobiernos abiertos, no engrosar organismos que trabajen por la transparencia. Para ello, los sujetos obligados requieren un diseño refundacional básico: abiertos desde la información que generan, gestionan, administran, como parte de su quehacer.
3) Información fundamental muerta. Una dimensión básica de la transparencia está en poner a disposición libre determinada información, la considerada fundamental que establece la ley y a la que cualquier persona puede acceder sin solicitud de por medio. Sin embargo, dicha información es rígida y estática; un repositorio de información, muchas veces incomprensible e inaccesible en su forma y calidad.
Si la información pública fundamental fuese alimento, tendríamos un serio problema de salud, pues se trata de lo mismo todos los días e igual para todas y todos. Si en los alimentos cada organismo requiere determinados nutrientes, ¿por qué la información pública fundamental no parte del principio de ofrecer lo que la comunidad requiere, y luego, poner a disposición el “menú” básico, genérico?
Luego se percibe otro problema más grave. La mayoría de las personas tienen esta sospecha, muchas veces fundada: ¿lo que publican en los portales de transparencia es verdadero?, es decir, corresponde con la realidad. ¿Si le aplicáramos una auditoría de calidad, congruencia de la información fundamental con el ejercicio de las funciones de los sujetos obligados, podríamos constatar que una cosa es lo publicado y otra lo que está en los archivos: ejercido presupuestal, nóminas, etc.?
4) Evaluaciones engañosas y tramposas. Con las leyes de transparencia emergieron grupos de ciudadanos organizados, empresas consultoras, que a la par de los organismos garantes de transparencia, monitorean portales y sitios web de sujetos obligados, aplican evaluaciones, elaboran rankings de transparencia observando lo que a su juicio hace y construye gobiernos transparentes: información fiscal, financiera, mecanismos de participación, aplicación de herramientas tecnológicas, etcétera. Y los sujetos obligados usan los resultados de esas evaluaciones para proclamarse más o menos transparentes.
A la fecha, no se conoce evaluación alguna que verifique la calidad, veracidad, congruencia, de la información ahí publicada. Prácticamente todas terminan indicando: tiene o no tiene determinada información, independientemente del contenido.
La Métrica de Gobierno Abierto, la segunda fase de lo que fue la Métrica de la Transparencia, aplicada por el INAI y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es a la fecha el desarrollo más sistemático de evaluaciones en estas materias, sin embargo, aún no entra a la calidad de los contenidos.
Los organismos garantes locales de transparencia, tomando como referencia la metodología de selección y aplicación de auditorías que realizan los órganos fiscalizadores a las entidades públicas, podrían realizar auditorías aleatorias a los sujetos obligados para verificar la calidad y veracidad de la información publicada.
5) Información viva y dinámica. Mientras los sujetos obligados centren su atención en sólo atender solicitudes de información y publicar sólo lo que la ley establece como información fundamental, todos los esfuerzos en materia de transparencia serán una falacia, tramposos. Los sujetos obligados deben partir de las necesidades de información mediante una “lectura” de lo que sucede en los entornos sociales, en la comunidad, “leer” las solicitudes de información e identificar las áreas de oportunidad al interior de ellos; incluso, con base en sus planes anuales, programas, acciones, y anticiparse poniendo a disposición la información que sustenta las decisiones que han tomado. La información es viva y debe estar a disposición libre y pública lo que la comunidad necesita para seguir, acompañar, evaluar, el actuar de la función pública.
