Por primera vez en catorce años de oposición al megaproyecto represa El Zapotillo, Temacapulín recibirá la visita de un titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, máxima institución en materia de medio ambiente en México. La visita del secretario Víctor Toledo al poblado significa más que una mesa de trabajo -de esas a las que nadie guarda respeto o esperanza ya-; se trata de un guiño del gobierno federal a los afectados ambientales de la obra más controversial que sexenio tras sexenio desde con Vicente Fox, ha recibido 32 mil millones de pesos desde la CONAGUA sin haberse demostrado ni justificado que se trata de la única alternativa para abastecer de agua a la región, o garantizar que no provocará violaciones a los derechos humanos de los pueblos amenazados de inundación.
Jade Ramírez / @jadercv
En 2011, los helicópteros sobrevolaban Temacapulín cuando lejos estaba la posibilidad de captar señal de telefonía móvil o internet. Se alistaron cuerpos de vigilancia y militares para la llegada de la comitiva del Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Chapala representada por Raúl Antonio Iglesias Benítez -inhabilitado algunos años por la Secretaría de la Función Pública- y la delegada de la Secretaría de Gobernación en Jalisco, Rocío Morgan Franco -ahora académica e integrante de la AMEDI; la irascibilidad entre los pobladores era notoria y natural, acababan de aceptar levantar el campamento de una semana que paró totalmente la construcción de la presa en la delegación Zapotillo frontera con Yahualica, a cambio de mesas de trabajo que loa llevaría a varios acuerdos: salvarse de la inundación, que no se fincaran responsabilidades penales por la acción directa de marzo y se esclareciera si se trataba o no, de la única alternativa de abastecimiento de agua.
Para las dos visitas de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó en autobús a la entrada del pueblo y caminó todo el empedrado en el recorrido guiado por el mismísimo Alfonso Íñiguez Don Poncho, lejos de dobles agentes para el espionaje, reinó el ambiente de camaradería y tranquilidad, hasta que el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez ordenó un operativo de policía estatal de la que, ni en la cabecera de Cañadas de Obregón conocían; se trató de un acto de hostigamiento que repeló Porfirio Muñoz Ledo quien con el temple que le caracterizaba ordenó de pie con vigorosidad a los elementos de seguridad, retirarse de los portales mientras la comitiva pejista refrendó dichos y discursos de campaña en 2006 y 2012: no a la presa El Zapotillo, no a la inundación de los pueblos, sí a las alternativas.
Apretar la pinza: desmantelar o 60 metros de altura
A ocho años de esos episodios el ambiente que se percibe en Temacapulín es de esperanza y carisma por la visita del doctor Víctor Toledo secretario de la SEMARNAT, pero las cartas están echadas en la mesa y la guerra por el agua entre Jalisco y Guanajuato, o entre los gobernadores de estas entidades con los pueblos y los jaliscienses que rechazan el megaproyecto, está más viva que nunca.
Temacapulín quien ha manifestado y exhibido razonamientos éticos, legales y científicos de por qué no a la presa El Zapotillo, tiene la posibilidad de pedir y plantear al secretario: ordenar el desmantelamiento de la obra, iniciar una auditoría a fondo y en el camino del estire y afloja, modificar el convenio de 2005 entre Jalisco y Guanajuato con la Comisión Nacional del Agua para que la cortina quede a una altura de 60 metros. Ya la controversia constitucional que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2013 y se hizo efectiva en julio de 2014, sostiene la invalidez del convenio de 2007 por lo que la presa está detenida a 80 metros de altura, pero aún se puede garantizar la subsistencia de Acasico, Palmarejo y Temacapulin con 20 metros menos.
Solo los empresarios e ingenieros con intereses depositados en la obra como Enrique Dau Flores y Francisco Mayorga, instan a “resolver el problema del agua” con la presa a 105 metros. Incluso en el desplegado de la Universidad de Guadalajara del 29 de julio, la académica Mara Robles ya emecista como diputada en la actual legislatura, quienes integran el Comité de análisis sobre asuntos de interés público en materia de Agua y Energía, se inclinaron por “alternativas responsables al trasvase” y declararon que no hay “elementos objetivos que sostengan la factibilidad de la presa a 105 metros de altura”; por lo que una opción es “reducir 20 metros”, apuntan los asesores legales de los pueblos.
En la reunión que se prevé se celebre en los portales del pueblo, los mismos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la delegación Jalisco determinó como “monumento con valor patrimonial histórico” en el peritaje realizado por el arquitecto Cuauhtémoc de Regil, Temacapulín, tiene la oportunidad de ir más allá y como apuntan los integrantes del Colectivo de Abogados solicitar “nulificarse o modificarse el Convenio del 1 de septiembre de 2005 y que además se redistribuya el agua”.
El funcionario del gabinete federal que recorrerá el poblado este martes 30 de julio, es quien tiene el poder legal de proponer al presidente Andrés Manuel López Obrador un nuevo decreto presidencial que “modifique los decretos presidenciales de 1995 y 1997, firmados por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León” para terminar de una vez por todas con la presión de Guanajuato sobre el aprovechamiento de agua del río Verde, cancelar el trasvase que también afectaría a los ganaderos de los Altos de Jalisco e iniciar un nuevo modelo de gestión integral del agua.
Con la firma del acuerdo de entendimiento entre el emecista Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y el panista Diego Sinhué Rodríguez gobernador de Guanajuato, sobre el aprovechamiento del agua del río Verde, la señal de apostarle a concluir la obra del Zapotillo a 105 metros de altura y con ello inundar tres poblados aunque no se garantice a costos asequibles el acceso al agua, aunado a cómo sofocó el Observatorio Ciudadano del Agua de una declaración en el VII Foro Mundial del Agua celebrado en el ITESO en marzo de este año, sin haber aclarado los procesos del cese de actividades, dejan entrever que la apuesta del gobernador de Jalisco es concluir la obra sí o sí; a este juego de ajedrez se suma el desplegado del Comité técnico sobre asuntos de Agua y Energía de la Universidad de Guadalajara, quienes reconocen que el modelo de presas es obsoleto. La necedad de los pragmáticos se queda sin quorum.
Ya la ingeniera ambientalista Alessia Kachardourin, una de las técnicas invitadas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo a la reunión en la ciudad de México con Víctor Toledo, donde se pactó la visita del funcionario al poblado, anotaba que esta se trata de una oportunidad emblemática e inigualable para soterrar que las presas son la única opción de captación y abastecimiento de agua y, por el contrario, desarrollar una red de pozos con mediciones actualizadas, reales y muy estudiadas que respeten el ciclo hidrológico.
Si se da el paso, se pide y se acuerda este 30 de julio de 2019, habrá que reconocerle a Temacapulín y todos los aliados que no han claudicado en la lucha, que la razón les asiste; probabilidades hay de que este martes atestigüemos el inicio de una nueva administración pública y una eficiente gestión del agua en México.
