A 45 días de la firma del Acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, las organizaciones de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, denunciaron que el convenio unilateral ha costado la seguridad e integridad de vidas humanas, entre ellas, las de más de 50 mil niños, niñas y adolescentes no acompañados que fueron deportados por el Gobierno Mexicano sin respetar su Interés Superior.
Por Dalia Souza/@DalihiaSouza
Han transcurrido los primeros 48 días del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos en materia migratoria; 48 días de un convenio queaseguró el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sería “justo y balanceado para ambas partes”.
Sin embargo, las organizaciones para la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes: Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano; Asylum Access Mexico; Derechos Humanos Integrales en Acción A.C. (Frontera norte); Sin Fronteras, IAP; y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)denunciaron que, hasta ahora, las medidas aplicadas como parte de este acuerdo: “reviven tratos discriminatorios que violan los derechos de las personas migrantes en niveles que no se veían desde 2006”, por lo que, podríamos encontrarnos frente a “un retroceso de casi 10 años en el tema migratorio y de asilo en el país”.
El acuerdo firmado contempla, entre otras acciones de facto para contener la migración centroamericana, lo siguiente:
Apoyo de Estados Unidos para que México lleve a cabo su programa de desarrollo para Centroamérica.
México ejecutará “una versión más extendida” de la disposición unilateral de la sección 235 (a)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, la cual implica la recepción –en territorio mexicano- de migrantes solicitantes de asilo en el país vecino.
El reforzamiento de la frontera sur con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional;
El desmantelamiento de organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como sus redes de financiamiento y de transporte ilegal.
En este contexto, las organizaciones señalan que, en un plazo mínimo de siete meses –periodo de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador- “se pasó de un discurso de política migratoria respetuosa de los derechos humanos, al reforzamiento y continuidad de un enfoque de seguridad policial y militarizada”.
Detenciones sistemáticas; aumento de los operativos migratorios en colaboración con la policía militar en la ruta del sureste del país; redadas masivas en espacios públicos, así como, cateos en hoteles en el estado de Chiapas; obstaculización del libre tránsito en líneas de transporte terrestre; y el hacinamiento en los centros de detención migratoria y espacios habilitados para la población migrante, son algunas de las acciones documentadas por el monitorio del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano.
En ese sentido, sentencian las organizaciones, el Acuerdo Migratorio entre México y Estados Unidos ha dejado tras de sí “costos humanos”, que, a 48 días de su implementación, se contabilizan de la siguiente manera:
Con ello, la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. y Families Belong Together México, manifiestan que tras la puesta en marcha del Protocolo “Quédate en México”, que fue firmado por el gobierno mexicano en diciembre de 2018: “se está dejando a las personas solicitantes de asilo en EUA y migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica, en un estado de indefensión y vulnerabilidad, pues no existe una política pública integral para atender a esta población, ni de sensibilización entre la población mexicana para evitar reacciones xenófobas, como las que ya están ocurriendo”.
“Quédate en México”, esta medida que denuncian las organizaciones: “desconoce la legislación interna y los instrumentos internacionales relativos al asilo” ha devuelto a México, 19 mil 911 personas solicitantes de asilo en Estados Unidos hasta el día 12 de julio de 2019, no obstante, se prevé que esta cifra pueda llegar a más de 60 mil personas a finales del año.
Sumado a la criminalización y persecución de la comunidad migrante, han incrementado los ataques en contra sus defensoras y defensores, así como, hacia las casas y albergues que les ofrecen ayuda humanitaria; en fechas recientes, señalan las organizaciones, se han documentado detenciones arbitrarias, judicializaciones injustificadas, hostigamiento y amenazas por parte de agentes de la Guardia Nacional.
Finalmente, preocupa a las y los defensores, el anunció del gobierno estadounidense sobre el endurecimiento de los criterios de elegibilidad para las personas solicitantes de asilo; de acuerdo con la restricción, quienes crucen México ya no podrán solicitar asilo en Estados Unidos, por lo que, tendrán que hacerlo en un tercer país.
Con esta medida, aseguran las organizaciones “los costos de la administración de los casos de asilo se pasan directamente a México en una clara violación al derecho internacional de asilo”.
Por lo anterior, la sociedad civil organizada en el sur, centro y norte de México, piden al gobierno mexicano atender las siguientes preocupaciones y demandas:
1) Que las autoridades mexicanas no sean partícipes de actos que impidan el acceso al derecho a solicitar asilo en Estados Unidos.
2) Que México no se convierta en un tercer país seguro, por acciones de facto.
3) Diseñar una estrategia clara e integral para proteger a la población solicitante de asilo en los Estados Unidos que permanece en México esperando la resolución de sus casos.
4) Dar un tratamiento civil a la política migratoria y abstenerse de imponer como práctica generalizada: la privación de la libertad de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
En este contexto, organizaciones de la sociedad civil del sur, centro y norte de México hacemos un llamado al gobierno mexicano para no ser copartÍcipe de actos que impidan el acceso al derecho a solicitar asilo en EUA; no permitir que, de facto, México sea un tercer país seguro; a diseñar una estrategia clara e integral para proteger a la población solicitante de asilo en EUA que ha aceptado sea devuelta a México y; a dar un tratamiento civil a la política migratoria y abstenerse de imponer como práctica generalizada la privación de la libertad de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
