Tras conocer del caso desde marzo de este año, el Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aprobó recientemente la expulsión definitiva de dos estudiantes de la carrera de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), acusados de agredir sexualmente a una de sus compañeras.
A cuatro meses de haber denunciado ante las autoridades universitarias las agresiones sexuales, hostigamiento y amenazas de las que fue víctima la también estudiante de Medicina; su madre, reconoce la determinación de la casa de estudios; sin embargo, advierte que esta acción es apenas “un ápice de todo lo que hay que hacer todavía”, pues advierte que, aún queda pendiente que se garanticen medidas de protección y no repetición para su hija y para todas las estudiantes, profesoras y trabajadoras universitarias, además de la elaboración de un verdadero Protocolo Universitario para Atender los Casos de Acoso y Hostigamiento.
Por Dalia Souza /DalhiaSouza
En el mes de mayo, en ZonaDocs le dimos a conocer el caso de Daniela, una joven estudiante de la carrera de Medicina que se vio obligada a denunciar públicamente las agresiones sexuales que sufrió en manos de sus compañeros, luego de haber sido víctima de las omisiones y negligencias de quienes institucionalmente tenían que haberle escuchado y protegido: la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) de la Universidad de Guadalajara y el Centro de Justicia para las Mujeres del Gobierno del estado de Jalisco.
En aquel momento, advertíamos que ambas instancias habían generado condiciones que vulneraban sistemáticamente sus derechos como víctima; entorpecían su acceso a la justicia y la posibilidad de sanción a los responsables.
Este jueves 25 de julio, seis meses después de los hechos que le arrebataron la tranquilidad, la seguridad y una parte de la vida a Daniela, y cuatro meses más tarde de que las autoridades universitarias tuvieran conocimiento por primera vez del hecho, el Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aprobó la expulsión definitiva de sus dos agresores, quienes permanecían como estudiantes de la carrera de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).
De acuerdo con el boletín universitario:
“el dictamen de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones resolvió que los dos alumnos son responsables de las infracciones previstas en las fracciones I, II y VII del artículo 90 de la Ley Orgánica, y del artículo 205, fracciones IX y XI, del Estatuto General”;
Por lo que,
“de conformidad con la fracción I del artículo 95 de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudio, se les sancionó con la expulsión definitiva como alumnos de la UdeG”.
No obstante, es importante advertir que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, los sancionados podrían apelar la orden durante los siguientes 15 días; así lo establece el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara:
“las resoluciones que determinen alguna sanción pueden ser impugnadas a través del recurso de revisión del que conocerá el órgano superior del que la dictó, a excepción de los casos de suspensión por un año, expulsión definitiva o inhabilitación, que son de la competencia del Consejo General Universitario. Las resoluciones de los órganos de gobierno de la Universidad, podrán ser recurridas por quienes resulten directamente afectados, a través del recurso de reconsideración, del que conocerá la propia autoridad que la haya dictado. Los recursos previstos en esta normatividad, deberán interponerse dentro del término de quince días”.
Al respecto, la madre de Daniela, advierte, que esta disposición debería ser eliminada, puesto que, en el caso de su hija:
“No es negociable la revocación de la sanción y tampoco es negociable el delito porque si ya se decidió que se vayan de la escuela como expulsados por los hechos que cometieron, no veo por qué darles el beneficio de poder apelar”
En ese sentido, espera que la casa de estudios permanezca firme frente a la resolución y no dé cabida a este tipo de recursos que limitan el ejercicio del derecho pleno a la justicia:
“Yo espero que la Universidad se mantenga firme en su decisión porque los argumentos de ellos ya fueron escuchados, ellos ya fueron citados a declarar, tengo entendido. Entonces, si la Comisión está decidiendo expulsarlos, es porque encontró culpa en ellos”.
De la mimas manera, la madre de Daniela refiere que, si bien, la casa de estudios reconoce esta acción sancionatoria como “histórica”, ya que, por primera vez se consiguió sancionar una acción que ocurrió fuera de las instalaciones de la Universidad, es importante recordar que, gran parte de que esto sea posible, responde a la presión social y mediática que se dio sobre el caso.
Por lo tanto, para la mamá de Daniela, esta acción “es un ápice de todo lo que hay que hacer todavía”, pues aún queda pendiente que se garanticen las medidas cautelares, de protección y de no repetición para su hija, quien aún se encuentra valorando si éstas son suficientes para regresar con seguridad al plantel y, continuar los estudios que fue obligada a dejar en pausa, luego de que amigos y cómplices de los agresores le amenazaran y hostigaran.
Asimismo, manifiesta que estas mismas garantías de no repetición deben ser concedidas para todas las estudiantes, profesoras y trabajadoras universitarias, para que puedan ejercer una vida libre de violencia dentro de estos espacios.
A ello, se suma la necesidad de que se elabore y/o se ponga en marcha un verdadero Protocolo Universitario para Atender los Casos de Acoso y Hostigamiento, para que ninguna otra mujer que estudie o labore en esta casa de estudios, experimente la indefensión, omisiones, negligencias y exposición innecesaria de la que fue víctima Daniela, cuando decidió denunciar a sus agresores.
