Por Teresa Balcazar/ Somoselmedio
Este fin de semana el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, concedió al ejido de Amilcingo la suspensión de plano sobre la operación del Gasoducto Morelos; así lo informó el Congreso Nacional Indígena.
«Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulsó nuestro hermano Samir, desde el inicio en la comunidad de Amilcingo.»
La suspensión del Gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca, para que no se pueda contaminar el Río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica; las suspensiones de planos de por lo menos 3 ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por 4 comunidades.
El Proyecto Integral de Morelos
El 20 de junio del 2011, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos. El megaproyecto consistía en la construcción de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto para proporcionar energía eléctrica a la industria de la región.
Esta central de ciclo combinado en el estado de Morelos, cuya inversión total se estimó en 1,600 millones de dólares, beneficiaría al país al crear 1,800 empleos durante la etapa de construcción y 30 empleos permanentes.
No obstante, desde que el proyecto se anunció, las comunidades de los tres Estados dijeron no al PIM, al sólo favorecer a las empresas españolas ABENGOA, ELECNOR y ENAGAS.
En 2014, habitantes denunciaron la ocupación ilegal de tierras que realizó el Gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, al instalar un tubo con la presencia de la fuerza pública estatal, federal y ejército, donde resultaron lesionados 5 ejidatarios.
En el mismo año, Comisariados Ejidales señalaron actos de corrupción por parte de la CFE. Asimismo denunció persecuciones y encarcelamientos como el caso de Enedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses, y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante 4 años.
El 27 de febrero de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación No. 3 / 2018 por las violaciones a las garantías de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas y a la información, en relación con el Proyecto Integral Morelos.
Un año más tarde, el 22 de febrero, el activista y fundador de la radio comunitario de Amilcingo fue asesinado. Días antes, el 11 de febrero , el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, había advertido, en una carta pública dirigida a López Obrador, que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua, al anunciar la consulta pública sobre el PIM; podría generar mayor violencia.
Ante la suspensión , el Frente exigió a la CFE, al Presidente de la República y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos, respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el Proyecto Integral Morelos en tierras zapatistas.
«Nosotros decimos que esta pendiente que nos escuche públicamente, esclarecer el asesinato de Samir, castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos, desmantelamiento de los grupos de choque y que se reconozca y respete nuestros derechos plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Esta pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México. Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país.»; concluyeron.
