Foto: Mario Marlo
El anuncio en redes sociales el gobernador Enrique Alfaro desde lo que parece ser la ex Hacienda La Sepúlveda en Lagos de Moreno, sobre un “nuevo” acuerdo entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, alrededor de la disputa histórica por el agua de rio Verde, resulta más que un mensaje que rinde cuentas, el anuncio del inicio de un bloque político que puede ir en alianza con el presidente AMLO, o darle embestida en el tema del agua o cualquier otra coyuntura que se les presente, a partir del pragmatismo que lo llevó a ganar la gubernatura.
Por Jade Ramírez / @jadercv
Más que una traición a Temacapulin, lo que emerge del acuerdo que hicieron con regla en mano sobre el aprovechamiento de la captación de agua del río Verde a partir del megaproyecto impugnado y detenido desde hace seis años, la presa El Zapotillo, según comunicó vía redes sociales Enrique Alfaro: el 76% para Jalisco y el 24% de aguas para Guanajuato, es una traición al partido por el que ganó la gobernatura -más sus votantes- y la aparente estrategia legal emprendida el 21 de junio de 2018 desde el Congreso de Jalisco donde goza de mayoría Movimiento Ciudadano; hay una controversia constitucional vigente, “viva” como le llaman los abogados, en sentido contrario del mensaje del gobernador.
Como se lee en el archivo que adjunta ZonaDocs, Salvador Caro en calidad de presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco firmó y envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2018, una controversia constitucional sumada a la primera, la 93/2012 -que se resolvió en 2013 y desde entonces la obra está detenida con una cortina de altura a 80 mts- donde desde entonces se impedía el trasvase de agua de Jalisco a Guanajuato porque era parte de la demanda que promovió también el Congreso de Jalisco: ir contra el acuerdo celebrado entre SEMARNAT, la CONAGUA, los gobiernos de Jalisco y el de Guanajuato en 2007.
La misión: controlar la altura de la cortina para impedir subirla a 105 metros, pues con ese incremento se planeaba mayor captura de agua, inundar tres poblados alteños y repartir el embalse a Guanajuato -con mayor aprovechamiento por decreto presidencial- y tener que construir otra represa derivadora, El Purgatorio, en el cruce del rio Verde y el río Santiago, también en Jalisco, para abastecer el área metropolitana de Guadalajara con una línea de bombeo que necesitará mucha energía; energía que deberá costear no el estado, sino los usuarios.
Entonces se ingresó la controversia 116/2018 pero en un principió hubo objeciones del ministro Alberto Pérez Dayán sobre “argumentos endebles”. Fue hasta abril de este año que se admitió sobre la entrega de terrenos y derechos de vía en la carretera 337 en los municipios Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Unión de San Antonio, San Juan de los Lagos; particularmente el máximo tribunal observaría inconstitucionalidad en el acta de entrega-recepción inicial del derecho de vía y terrenos del 7 de octubre de 2014 signada por el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua, con el apoderado general de la empresa Concesionaria del Acueducto El Zapotillo, la multinacional Abengoa.
Contar esta historia legal, se simula a contar una larga telenovela. Para cuando alguien se necesita actualizar es necesario regresar en el tiempo y conectar capítulos, pues aunque Abengoa estaba a un paso de la quiebra, la administración de Jorge Aristóteles Sandoval le otorgó un crédito de 603 millones de pesos del fondo de pensionados en IPEJAL, para salvarlo de la quiebra que, de todas maneras, sucedió.
La relación entre el gobierno de Jalisco con Abengoa emerge de la licitación que ganó este corporativo para construir el acueducto del trasvase de agua del río Verde desde Jalisco hacia Guanajuato.
El megaproyecto que inicialmente en 2008 estaría terminado y en funciones, anunciado desde 2005 y construido fuera de la legalidad en 2013, sigue detenido y corriéndole el tiempo, componente fundamental, pues una represa tiene una vida útil solo de 25 años, activa y con permanente mantenimiento. Lo que no es el caso.
Los que tejen fino
Para Guadalupe Espinoza, asesor jurídico de los pueblos Temacapulín y Acasico contra la presa El Zapotillo y sus derivados: Centro de Población Talicoyunque, expropiaciones, construcción de la obra, agresiones y criminalización de los pueblos afectados ante la Secretaría de Gobernación, e incluso gestor de la controversia constitucional de 2014, entre otros actos de las autoridades en el megaproyecto, le causa sorpresa el anuncio de Enrique Alfaro pues, la oposición a la represa El Zapotillo a favor de la gestión del agua desde una visión no de ingeniería civil, sino de una perspectiva integral, sostiene reuniones con el gabinete de AMLO y su jefe de asesores Cárdenas Batel “llevamos dos y nos falta una tercera y ahorita el acuerdo entre ambos gobernadores no impacta porque tenemos varias suspensiones firmes y una controversia constitucional”.
Para el abogado defensor de pueblos originarios y comunidades rurales, nada por encima de eso, menos un acuerdo entre gobernadores.
Para ser efectivo el acuerdo poco transparente aún entre el gobernador de Jalisco y el de Guanajuato sobre el aprovechamiento del río Verde, Movimiento Ciudadano como mayoría en el Congreso de Jalisco tendría que desdecirse de su propio acuerdo legislativo llevado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación los alcances y acciones ya emprendidas por la Conagua, Semarnat que impactan incluso en autorizaciones de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) de Jalisco sobre obras de avance en la construcción del acueducto ya detenidas y “tendrían que aprobar ese convenio”, resuelve el abogado Espinoza Sauceda.
“Si llegara a pasar eso, que esperamos que no, los afectados y municipios quedan a salvo sus derechos para promover cualquier recurso legal contra esos nuevos actos”, señala Guadalupe Espinoza quien recuerda, además, el derecho a la protesta que los pueblos emprenderán.
Este escenario tampoco sería nuevo. A menos de un seis meses de haber ocupado el cargo como gobernador Enrique Alfaro se enfrentó al vibrante reclamo de colectivos, organizaciones civiles y académicas por la iniciativa que llevó al Congreso de Jalisco de desaparecer el Instituto Jalisciense de las Mujeres; el legislativo de espalda a la lucha feminista aprobó una ley que a los pocos días tuvo que reformular y reformarla.
Para el doctor en Desarrollo Rural, Guadalupe Espinoza, son señales de mala gobernanza “Alfaro está desacreditado ante la opinión pública no solo en Jalisco sino también a nivel nacional porque pretende liderar la oposición contra el gobierno federal al crear e grupo San Miguel: Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Jalisco, núcleo de la Cristiada en 1927 que derivó en el sinarquismo y el partido Demócrata Mexicano nacionalista y católico en el que militó el exgobernador Emilio González Márquez”, sostiene, al hacer la conexión entre el principal promotor de la presa El Zapotillo, acosador de los pueblos opositores al desplazamiento forzado y sus defensores, con el actual gobernador.
Las cúpulas ¿En disputa por el agua o el desarrollo adyacente?
En 2009 cuando aún era rector del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara el doctor Roberto Castelán Rueda, una comitiva de Temacapulín visitó a los alumnos y profesores; contaron las inconsistencias del megaproyecto, cómo se estaban violando sus derechos humanos, la visión de una gestión integral del agua. En visita a su despacho, les transmitió la solidaridad personal a su lucha y el mensaje de aprobación también vía telefónica, del líder de Grupo UDG, Raúl Padilla.
María Esther Avelar, rectora del Centro Universitario de Los Altos, en Tepatitlán, el mismo día, aunque menos cálida, también fue perceptiva; recibió una comitiva y expresó el total apoyo a la lucha. Ella, tampoco se movía sola.
De eso se brincó a una reunión privada con el rector general Carlos Briseño quien para sorpresa de la defensa de Temacapulín, ante la petición de una postura crítica de la Universidad de Guadalajara ante el despojo y el arrebato del caudal del río Verde, la respuesta fue sí. Académicos a nivel individual en cascada, han generado apuntes y precisiones sobre las inconsistencias de la obra, en todos los niveles: ingeniería civil, antropología, estudios culturales, patrimonio, impacto ambiental.
Los discursos ponderados por la representación de la Universidad de Guadalajara al menos en el Observatorio Ciudadano por la Gestión Integral del Agua recayeron en José Antonio Gómez Reyna y Miguel Magaña Virgen; del Instituto Tecnológico Superior de Occidente, en Mario López Ramírez y después en Carlos Peralta. Hasta abril de 2019, el Observatorio representaba la postura crítica al megaproyecto desde la visión científica y social, pero la política ganó: el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al inaugurar el VII Foro Mundial del Agua, anunció que planeaba revisar el observatorio pues “ya está caduco” dijo, y también le pidió al rector jesuita del Iteso su ayuda para extinguirlo.
Lo que parecía una inexacta interpretación de los periodistas que presenciamos esas declaraciones, en realidad era el avistamiento de una estrategia pensada desde los asesores de siempre en materia de agua en Jalisco y algunos de sus súbitos ahí presentes: Enrique Dau Flores quien se mantiene como asesor del gobernador a la vez que es fundador de la Hidroeléctrica Zapotillo SA de CV, empresa que se amplió de dar servicios de energía eléctrica a arrendamiento inmobiliario; y también Francisco Mayorga Castañeda titular del Consejo Nacional del Agua capítulo Jalisco, quien además de haber sido secretario de Agricultura, es empresario ligado al sector agropecuario inclinado a la globalización y la soberanía no alimentaria, sino agroalimentaria, es decir, la industrializada y basada en experimentación tecnológica y transgénicos.
La presa Zapotillo en planteamiento inicial y vigente hasta ahora, no contempla como prioridad el abastecimiento de agua a Jalisco, sino aprovechamiento en León, Guanajuato, Capital de los Negocios.
Salvo que el gobierno federal haga un viraje y se decrete otra distribución y aprovechamiento de agua, manteniendo la altura 80 metros de altura, podría sacarse un litro al embalse hasta ahora, inactivo y sin afectar a los jaliscienses de Temacapulin, Acasico y Palmarejo.
En medio tendría que resolverse todos los juicios con sentencia definitiva, suspensiones y principalmente, la seguridad de Temacapulin que tendría que vivir amurallada entre diques, y una alerta constante de riesgo por el siempre posible mal manejo de las compuertas de la presa; el impacto del caudal en el río a su agricultura y soberanía alimentaria, celebrada y reconocida, incluso, por el Relator Especial de Alimentación en Naciones Unidas, sería otra serie de derechos irreparables.
Pero para Alfaro de Movimiento Ciudadano y Diego Sinhue de Acción Nacional, según las cuentas de vasos medio llenos y medio vacíos, el problema del agua está resuelto, no así el conflicto socio-ambiental.
