A través de un comunicado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) ha manifestado su preocupación ante la emisión de la convocatoria para seleccionar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, luego de que Francisco Javier Ávila Navarro, renunciara al cargo a finales del mes de mayo. Para CEPAD, la convocatoria presenta retrocesos, incluso, más graves que los evidenciados en la primera lanzada en junio de 2018.
La convocatoria fue emitida el pasado 21 de junio: “sin garantizar su debida difusión en las páginas oficiales y los medios de comunicación estatales y nacionales”, señaló CEPAD quien también destaca que las omisiones dentro del documento demuestran que: “no es el interés de este Gobierno Estatal encontrar un perfil más idóneo para el cargo sino realizar el proceso a modo y cerrarlo lo más pronto posible”.
Por Dalia Souza / @DalhiaSouza
Fotos: Christian Cantero / @ChristianCHMalv
El pasado 21 de junio, el Gobierno de Jalisco, a través del Periódico Oficial, emitió la convocatoria para postular, seleccionar y ocupar el puesto de titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. La emisión del documento se da luego de que Francisco Javier Ávila Navarro, renunciara al cargo en mayo pasado, tras haber permanecido en funciones desde junio de 2018 -con el ex gobernador Aristóteles Sandoval- y, posterior a su ratificación con el actual ejecutivo estatal, Enrique Alfaro.
Con un encargado de despacho permanece, hasta el momento, esta institución que obliga desde la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Cometida por Particulares a: “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”, así lo sentencia en un comunicado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
La organización que se dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas en Jalisco, señala en su pronunciamiento fallas en al menos cinco principios fundamentales básicos, dentro de los cuales hay “deficiencias y graves retrocesos” respecto a la emisión de la primera convocatoria para el puesto, emitida en junio de 2018.
1) Difusión y tiempos
Además de no garantizar la debida difusión de la convocatoria en páginas oficiales y medios de comunicación estatales y nacionales, los tiempos contemplados para el desarrollo de las distintas fases del proceso de selección del o la titular, son poco “congruentes” explica el CEPAD en su comunicado en el que agrega: “considerando que el anterior Comisionado de Búsqueda presentó su renuncia a principio de mayo pasado”; es decir, el documento se emitió seis semanas después, mientras que, el plazo estipulado para la recepción de las candidaturas, es de sólo siete días hábiles.
De esta forma, manifiesta la organización, pareciera que el Gobierno Estatal busca: “realizar el proceso a modo y cerrarlo lo más pronto posible”, así lo advierte en entrevista Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de Incidencia del CEPAD, quien asegura que los tiempos limitados dificultan “el encontrar un perfil más idóneo”, incluso, abrir la posibilidad para que apliquen al puesto, otras personas que no sólo son del estado de Jalisco: “pueden dificultar encontrar un perfil más idóneo”.
2) Sin principio de participación conjunta
Aunque dos colectivos de familiares de personas desaparecidas (FUNDEJ y Por Amor a Ellxs) fueron tomados en cuenta para la toma de decisiones en el proceso de selección, advierte el comunicado, el número de actores participantes se redujo a poco menos de la mitad, respecto a la convocatoria de 2018.
La misiva incluye además de un representante de ambos colectivos, la presencia del Secretario General de Gobierno; el Fiscal General del Estado de Jalisco; y la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, lo que dejó fuera no sólo a las organizaciones de la sociedad civil, advierte el CEPAD, sino, además: “a las instituciones que garantizaban la perspectiva de género en los procesos o que trabajarían de manera coordinada con la persona titular de la Comisión de Búsqueda”, tal es el caso de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
3) Faltas a los principios de transparencia y máxima publicidad
Al respecto, precisa Anna Karolina, que el cargo de titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas es muy complejo por lo que resulta incongruente que se busque evaluar los conocimientos, habilidades y capacidades de quienes serán candidatos a través de “simples entrevistas telefónicas”, tal y como lo precisa la actual convocatoria.
Además, explica, es alarmante que no se garanticen condiciones mínimas de transparencia como lo es la publicación de los perfiles y/o el curriculum de quienes estarán compitiendo por el puesto.
El comunicado añade que en el caso de Jalisco no se ha considerado “la tendencia nacional en otros procesos de selección de las personas a cargo de las comisiones de búsqueda”; por ejemplo, la transmisión de las entrevistas realizadas a los participantes; y que sea público el desarrollo de la convocatoria.
4) Criterios y requisitos para encontrar el perfil idóneo
Si bien, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo reconoce que se haya incluido entre los requisitos indispensables para él o la candidata: “no tener algún procedimiento o resolución administrativa o judicial, ni recomendación por parte de organismos públicos de derechos humanos”, por lo que resulta restrictivo y acotado que el perfil idóneo se reduzca a los profesionistas del derecho y las leyes; es decir, de acuerdo con la convocatoria sólo pueden participar aquellos que cuenten con un título de abogado, explica Anna Karolina.
Señala, además, que los requisitos considerados como “deseables” dentro de la convocatoria, tendrían que ser incluidos como elementos indispensables a cumplir por las y los participantes; por ejemplo, en términos de práctica y experiencia; trato digno a las víctimas y conocimiento en protocolos forenses e investigación criminal.
5) Un puesto sin voluntad gubernamental y una Comisión Estatal de Búsqueda desaparecida
Pese a que la organización consideró que esta convocatoria sería una nueva oportunidad para que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Jalisco iniciara a operar de manera adecuada, las expectativas han decaído, pues parece que el Gobierno del estado continúa sin reconocer la relevancia de esta dependencia para atender la problemática de las desapariciones.
Anna Karolina, explica que, desde junio de 2018, luego del proceso de selección del ahora ex comisionado de búsqueda del estado Francisco Javier Ávila, tanto las organizaciones que participaron, como la sociedad civil y las familias, generaron diversas expectativas respecto a la forma de atender la búsqueda de personas en Jalisco; sin embargo, advierte: “lo que vimos desde el comienzo fue que no se le dio suficiente prioridad”.
Ni si quiera la Secretaría General de Gobierno, quien fungió como su superior jerárquico, ofreció condiciones mínimas de subsistencia hacia su interior, tanto en lo operativo como en lo infraestructural: “Fue una comisión muy débil, que no ha contado con suficientes recursos humanos y materiales, tampoco sus oficinas constituyeron el espacio digno para atender a las familias. Y tampoco a nivel de los resultados y las acciones realizadas, logramos ver los avances… no hubo una real difusión de las acciones de esta comisión, por ejemplo, un número de teléfono, una página web de la comisión, no se sabía y no se podía contactar a la comisión. A un año se puede decir que no ha cumplido con su función”, advirtió Chimiak.
El Gobierno de Jalisco continúa simulando
De acuerdo con el CEPAD, “la crisis de desaparición de personas en el estado de Jalisco es cada vez más grave”; según sus registros de documentación, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado “reportó como desaparecidas 27 mil 415 personas, de las cuales 8 mil 540 no han sido encontradas”. En tanto, de las mil 743 personas denunciadas como desaparecidas en los primeros cuatro meses de este año, sólo mil 108 han sido localizadas; es decir, hasta el mes de abril de 2019, permanecen con paradero desconocido 635 personas en Jalisco.
De frente a este contexto, explica Anna Karolina, las acciones que realiza el Gobierno del estado de Jalisco para atender la problemática, en virtud de la implementación de la Ley General de Desaparición, deja mucho qué desear, pues advierte, aunque hay avances: “no hay una seria y adecuada implementación de la ley en el estado”
Si bien, hay una “cierta intención de cumplir con algunos términos”, señala la coordinadora de incidencia del CEPAD, éstos responden en su mayoría a promesas y/o exigencias que el Gobierno Federal ha demandado a las entidades. Pareciera que no existe realmente voluntad política para atender el tema, como un ejemplo claro de esta práctica, precisa, la emisión de esta convocatoria y su serie de deficiencias y retrocesos.
“Sabemos que Jalisco, desde la creación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de personas desaparecidas, siempre ha sido uno de los estados más avanzados en cuanto al cumplimiento de la Ley General de Desaparición; sin embargo, hay una cierta tendencia a que muchos avances se quedan al final en el discurso o se quedan en la creación de las instituciones que no responden a la lógica y los principios que marca la ley” finalizó Anna Karolina Chimiak.
Las exigencias
Aunque en el ideal esta convocatoria tendría que ser declarada desierta, a escasos seis días de su cierre, el CEPAD exige al Gobernador de Jalisco y a la Secretaría General de Gobierno lo siguiente:
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Que se garantice los tiempos adecuados para presentar las candidaturas a ocupar el cargo de la persona titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.
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Que se garantice el proceso de selección abierto, incluyente, público y transparente.
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Que se realicen las entrevistas presenciales con las personas aspirantes al cargo, asegurando su adecuada publicidad mediante las transmisiones en vivo; y
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Que la persona seleccionada cubra el perfil idóneo para el cargo, destacándose por el profesionalismo, honorabilidad y sensibilidad, así como altos conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos y búsqueda de personas desaparecidas. Además, esta persona deberá contar con conocimientos en ciencias forenses y en materia de seguridad, y su actuación deberá ser basada en el enfoque diferenciado y la perspectiva de género.
