Por Jonatha Ávila / Editor en @RSurGlobal | @joonathanag
Ilustraciones: Alina Najlis.
Hace tiempo que la “guerra contra el narcotráfico” reconfiguró el grueso de la vida social, política y económica del país. Su nivel de penetración en éstas esferas es tal que no nos alcanzaría una sola narrativa para dar el panorama completo del impacto de esta problemática que, además, supera por mucho las características de un fenómeno puramente nacional.
Frente a este panorama suenan completamente irracionales las expresiones de los gobernantes; las justificaciones a la hora de salvar su pellejo frente a la complejidad de los diversos fenómenos que involucran a la violencia de esta guerra, iniciada en 2006, durante el periodo presidencial de Felipe Calderón.
“Los buenos somos más”, se les escucha decir como una medida de polarización ante algo que sin duda es más serio. La dinámica del enemigo ayuda a pensar que el otro debe ser eliminado, a cualquier costo en tanto atente contra los supuestamente buenos. Y ese discurso se perpetúa hasta hoy, a más de una década de esta guerra, en donde ha quedado demostrado que el impacto del crimen supera a la famosa fórmula retórica del “se están matando entre ellos”.
Desde su toma de protesta Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, recurrió a la demagogia sobre la problemática de la inseguridad. En su discurso, mientras decenas de militares custodiaban las calles del primer cuadro de la ciudad, enfatizó en la división entre “los buenos y los malos”.
Sus funcionarios no se han quedado atrás, como lo recogió Montse Narro en su interesante reflexión sobre la desproporción en el análisis de los casos de desaparición; otros miembros del gabinete como el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, o la propia titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, se han escudado en el señalamiento a la vida o forma de vida de las víctimas para justificar el hecho de que hayan sido desaparecidas.
Esta revictimización, al sostener un discurso que no explica sino que criminaliza las actividades de la víctima de desaparición, evidencia por completo la perspectiva que las autoridades tienen del asunto. La razón de sus investigaciones no es la búsqueda o localización de quienes hayan sido desaparecidos, sino el de llevar a cabo investigaciones penales que generen imputaciones, reflectores, detenidos y demás material tan común en la perspectiva punitiva que hace que las cifras de un “buen gobierno” se engrosen sin importar el fondo de las problemáticas a resolver.
A pesar de lo efectivas que puedan llegar a ser estas perspectivas y discursos que se transmiten desde la lógica mediática de la autoridad y como pretexto a la ineficiencia, hay una clara tendencia u obviedad en cuanto a cómo estas expresiones han sido rebasadas por la propia naturaleza de la violencia que se ejerce en Jalisco y el país.
El caso de los tres estudiantes de cine del CAAV, Marco, Daniel y Salomón, son uno de esos ejemplos donde la casi imposible criminalización llevó a que las autoridades de procuración de justicia dijeran que los jóvenes andaban “en el lugar equivocado”; cuando los jóvenes estaban realizando una tarea y lo cual se desdibuja desde la expresión de una autoridad que no entiende que hace mucho que este país se convirtió en el lugar equivocado a la hora equivocada, donde la vida queda al desnudo frente a la violencia y donde cualquier persona puede ser un potencial blanco de sus mecanismos.
La expresión se repitió en el caso de Karla y Nayeli (desaparecidas desde el 2 de mayo de 2019), cuando la fiscal especial en la materia señaló que ambas mujeres “andaban por lugares peligrosos”, como si la preponderancia del crimen organizado y su alianza con las autoridades no hubiesen convertido a esta ciudad en un permanente estado de sitio. Eso sin duda hace reflexionar sobre los lugares por los que transita uno y lo irracional que puede sonar una expresión como la de la funcionaria del gobierno estatal. A través de entrevistas directas con su familiares supe que Karla vivía por la zona de la Antigua Central Camionera, ahí se había quedado de ver con Nayeli. A ambas se les llegó a ver en un hotel, donde Nayeli llegó a cargar su celular, estaban familiarizadas con el entorno porque habían estado ahí antes.
Yo crecí entre las colonias Oblatos y La Jalisco, viví por un lustro en el centro de Guadalajara, en Mexicaltzingo y a unas calles de Televisa Guadalajara, también por el Refugio y a veces ando por el norte de la zona metropolitana, en Santa Margarita. Bajo la lógica de las autoridades, en caso de ser ‘levantado’ o desaparecido, todo tendría una lógica espacial, estaría en el lugar equivocado, potencialmente peligroso, controlado por plazas y pandillas.
Aunque la realidad es que hace mucho que esos espacios se convirtieron en espacios cotidianos, en entornos normales para la gente de nuestra clase. Porque vaya que esto también tiene una lógica de clase. La violencia la viven los pobres, porque son los pobres quienes tienen el contacto más vulnerable, los que pueden ser potenciales blancos de las organizaciones criminales, de las autoridades cómplices, son los pobres los que pueden ser usados como sicarios a sueldo, como halcones por unos pesos, los que pueden ser forzados al trabajo esclavo en los laboratorios o espacios de exterminio, son las mujeres pobres quienes pueden ser utilizadas en la trata, son los pobres los que consumen y harían cualquier cosa por seguir consumiendo. Eso no lo dice el Estado, esta guerra es una guerra contra los pobres.
Lo peor es que estas lógicas que también son lógicas del mercado, lógicas del capital, son asumidas como inmoralidades por las autoridades y quienes tienen renombradas columnas. Es fácil expresar que se matan entre ellos, como si la historia no demostrara que desde el inicio de la guerra eso ya quedó superado por la realidad. Uno de los primeros multihomicidios en la ciudad de Guadalajara evidenció la vulnerabilidad de la población en general frente a las organizaciones criminales y las autoridades cómplices.
Fue en 2011 cuando 26 cuerpos fueron encontrados en los Arcos del Milenio, en pleno corazón del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, las autoridades se negaban a reconocer el alto grado de violencia en el que se había sumido al país, la guerra “estaba fresca” y las muertes eran anunciadas como “bajas” de dos bandos que se disputaban batallas por la “paz”. Eran, de nuevo, los buenos y los malos, aquellos que también eran reconocidos bajo el “se están matando entre ellos”.
Pero esa información cayó pronto y nos dimos cuenta que la mayoría de esos cuerpos eran de hombres jóvenes, entre los 27, algunos entre los 19 y otro por los 40. Que provenían de colonias como Miravalle, El Sauz, Constitución y Santa Margarita, algunos de poblados conurbados, como San Juan de Ocotán o San Pedro Tlaquepaque. Colonias marginales en una urbe que desde hace mucho había sentido el azote de los grupos del narcotráfico.
Por su condición, por su origen, por sus edades y por su fin la respuesta más cercana era señalarlos como criminales, un “murieron porque en algo andaban”. Pero la realidad fue más cruel, los testimonios familiares recogidos por las autoridades y algunos medios daban cuenta de que estos hombres habían sido asesinados al azar, como blancos espontáneos de una guerra.
Cualquiera está en estado vulnerable. Sus oficios, sus profesiones, sus labores diarias no eran las de un sicario o alguien que trabaja para los cárteles; estos 26 hombres realizaban trabajos diversos, como el ser choferes, repartidores, mecánicos, empleados de tiendas departamentales, panaderos o electricistas. Gente común y corriente que ponía en evidencia la lógica real de una guerra de exterminio donde el eslabón más débil es siempre la población de los estratos más bajos.
Sin embargo, el complejo entramado de relaciones que ha trastocado a las relaciones sociales y humanas es más fino que esto. No basta con señalar la victimización a la que están expuestas las personas en general y plantearlo en términos de quienes no la deben ni la temen. En tanto que quienes crecimos en los entornos de violencia entendemos que hay casos en los que sí hay un involucramiento de las personas en los entornos del narcotráfico, pero aún esto no justifica la violencia ejercida contra estas personas. Como lo señalan quienes buscan a sus desaparecidos o luchan contra la violencia ante la criminalización de sus familiares “si hizo algo que lo pague, pero que primero lo encuentren con vida”.
En ese sentido quienes se han acercado a los entornos de violencia o han participado dentro de las organizaciones criminales también tienen una función y una historia que les liga directamente a estos entramados. Cuando el campo cultural, tal como lo describe el sociólogo francés Pierre Bourdieu, ha estado trastocado por el desarrollo en la venta de la droga y su producción como única fuente de desarrollo individual y colectivo es que la única salida para ser una persona plena parece ser el acercamiento a estos entornos. Es más, existen personas que no conocen otro oficio que el de la participación en el entramado de la droga, en tanto que su historia familiar ha estado fuertemente ligada a la realización de este tipo de trabajos, en su mayoría los llamados dealers, vendedores de droga al menudeo en las colonias.
Incluso estas familias crecen con un trastrocamiento violento en sus relaciones familiares, donde la violencia intrafamiliar es cotidiana, la percepción del uso de armas o el escape de la policía se configura en el imaginario de los niños, el abandono de la educación se vuelve paulatino en tanto que los niños deben ingresar al entorno “laboral” y el uso de las propias drogas se cruza en el camino familiar, afectando los lazos. Estos son apenas unos apuntes, valdrá la pena indagar en estos aspectos de manera más profunda. Pero no hay duda de que esto también se corresponde con la descomposición familiar e individual en la que nos vemos inmersos quienes nos encontramos de cerca a las redes del capitalismo “criminal”.
Además eso no ocurre solo a nivel de las relaciones familiares. Hoy por hoy sabemos que hay poblados o municipios en los que la vida social ha sido completamente trastocada por el tráfico de drogas, donde la presión económica y política también tiene sus efectos y hace que sea inevitable el formar parte de las organizaciones criminales, la otra opción sería el desplazamiento forzado de las comunidades. Zonas de la región Valles, Sur, y Costa Norte, se han visto afectadas por la preponderancia y control de los grupos criminales y su contubernio con las autoridades locales, que ejercen una presión total sobre la vida de las personas. El involucramiento del narcotráfico en el grueso de las actividades de estas zonas rurales también hace que sea inevitable el “trabajar para el cartel”, como se le escucha decir a algunas personas en estos poblados. Las actividades mineras, agrícolas y de transporte, el control de negocios y su intimidación o control a través del uso de la violencia, hacen que muchos de los ciudadanos estén a merced de las actividades criminales sin tener opciones viable para seguir una vida fuera de estos entornos de violencia.
Un ejemplo del complejo entramado en el que se ven las personas que inevitablemente quedan sujetas a este tipo de lógicas, y el más claro que me viene a la mente, fue una reciente manifestación en Ciudad Guzmán, donde algunos manifestantes atacaron a los agentes de la marina y la policía que se encontraban en la zona y se realizaron algunas pintas a favor del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Estas expresiones tienen dos lógicas para poder entenderlas. Por un lado, hay una clara preponderancia y control del CJNG en esa zona, donde el entramado de relaciones sociales se ha visto afectado de forma que muchos de sus pobladores, o un porcentaje importante, se ve involucrado en actividades que tienen que ver con el cartel; y, por otro lado, hay una clara negativa a confiar en las autoridades de seguridad. Hoy por hoy no hay garantía de seguridad por parte de los militares o las policías, toda vez que se alían o hacen pactos de secrecía con los narcotraficantes. Incluso hay zonas o municipios en donde las autoridades son designadas por los propios narcotraficantes o jefes de plaza.
No hay una salida fácil para la violencia en nuestro país. Su lógica, subsumida a las del propio capitalismo tardío, nos muestran que la lucha no es imposible pero sí que es difícil de rastrear. Ya no estamos frente a una lógica normal en donde el enemigo era otro ajeno. Se trata de revivir esa lógica, pero hoy es más compleja que nunca. Las relaciones familiares, incluso, ya se ven trastocadas por ellos, las lógicas colectivas. Estamos ante un escenario de cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. Casi 300 mil personas desplazadas por la violencia y las respuestas de las autoridades no sirven de nada.
Al contrario, informes como el realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, titulado La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 2017, nos dicen claramente que “la militarización se tradujo en la propagación de la violencia generalizada en todo el país, con graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil, tanto a manos de las organizaciones del tráfico de drogas como de las fuerzas gubernamentales”.
Las respuestas a las inevitables preguntas sobre esta realidad que nos queja no son sencillas. Pero vaya que las autoridades están alejadas de entender el complejo entramado que nos tiene subsumidos en la violencia. Frente a su frenética necesidad de dar resultados basados en cifras y buenas lecturas mediáticas, al menos estamos seguros que sus supuestos avances jamás podrán justificar sus tan racionales respuestas ante la ineficiencia. Hoy el entramado complejo de relaciones entre la violencia que vivimos y la complicidad de sus actores es poco rastreable. Pero no hay duda de que estamos muy lejos de un escenario en el que solo se mueven los buenos y los malos.
